Los medios están llenos de denominaciones de casos con un contenido común: la corrupción de políticos y cargos públicos. La campaña electoral de las andaluzas, que comienza este fin de semana, va a ser el escenario de un bronco debate en el que el PP va a hostigar al PSOE con la rampante (por ambiciosa) y sórdida (por miserable) corrupción de los ERE en los que la Junta incluyó a intrusos y a propósito de cuya financiación se lucraron cargos públicos que emplearon recursos del fisco para adquirir cocaína, darse a la comida y a la bebida y a los viajes de placer. El llamado caso Campeón, que implica al ex ministro José Blanco en un supuesto tráfico de influencias, completaría el elenco de imprecaciones populares a los socialistas, a los que se atribuirían estas conductas rapiñadoras por el efecto de una perdurabilidad regimental en el gobierno de la comunidad.
Sin embargo, la abundancia en el PP de casos, igualmente de corrupción rampante y sórdida (Brugal, Gürtel, Emarsa, Palma Arena), en varias comunidades, resta autoridad moral para arrojar sobre el PSOE la exclusividad de la emergencia de conductas repugnantes de políticos y responsables públicos de las que creímos nuestra clase dirigente quedó vacunada en aquellos años de plomo de la década de los noventa. Pensamos que episodios como el de Mariano Rubio, Roldán o Filesa habían creado anticuerpos en el sistema. No sólo no ha sido así, sino que, en un periodo histórico de recesión y penalidades, el descubrimiento de enriquecimientos ilícitos y aprovechamientos inmorales de los cargos públicos ofende más a la sociedad e incrementa el descrédito de la política y de quienes se dedican a ella. La abundancia de grabaciones telefónicas y su reproducción pública, o el conocimiento de transcripciones, ha desvelado también la mentecatez ética de algunos dirigentes, la mentira de sus proclamas morales y la doble vida en la que se han instalado con una naturalidad que causa perplejidad.
Puede ser que la corrupción resulte posible por fallos estructurales en los mecanismos de control del sistema en los distintos niveles de las administraciones públicas; también por cierta benignidad en las penas y demasiados paliativos en los enjuiciamientos penales de conductas reprobables. Pero no nos engañemos: el quid de la cuestión reside en acentuar la intolerancia social hacia los corruptos. Resulta un auténtico esoterismo democrático que los electores, a sabiendas de tropelías sin cuento, sigan votando a presuntos delincuentes que se encaraman en listas de partidos a los que no parece importar acogerlos. Es en estos dos aspectos –sociedad permisiva y partidos conniventes– en los que reside el verdadero problema de la corrupción. Y son esos dos aspectos los que configuran un sistema político menos maduro y más tosco democráticamente en relación con los de nuestro entorno. Acabamos de ver como en Alemania dimite el jefe del Estado por una cuestión que en España sería menor y como en Islandia se juzga por imprudencia temeraria a su ex primer ministro, que no actuó ante la explosiva situación de riesgo de los bancos del país. Nos queda mucho por aprender en términos de autenticidad democrática.
Política informativa
Al Gobierno le están lloviendo consejos y urgencias para que resuelva el problema que se ha creado en RTVE, descabezada y con sus profesionales instalados en la incertidumbre. El Ejecutivo está construyendo su política informativa, que, en algunos casos, consiste en no tenerla, sabiendo que se carece de ella a ciencia y conciencia. El nombramiento de José Antonio Vera en la agencia Efe parece que constituiría la antesala de una inmediata negociación con el PSOE para acordar el nombre del responsable de la radio y la televisión públicas. Consenso en el que es muy conveniente que esté CiU. RTVE es cuestión de Estado.
Política autonómica
El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido el instrumento de homogeneización de la política autonómica. Con la obligatoriedad de cumplir un déficit del 1,5% en el 2012, las autonomías van a tener que desplegar políticas de ajuste muy uniformes. El autogobierno se queda sin margen de albedrío político. Por la crisis, a la homogeneización. La oposición andaluza es testimonial y la abstención catalana mira a los presupuestos, en los que la Generalitat quiere ver como se cumplen compromisos con Catalunya. Es el Estado postautonómico.
Artículo publicado en lavanguardia.com el 8 de marzo de 2012
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