En 2010, la Fiscalía cursó 3.874 avisos sobre casos sospechosos
M. Casado
MADRID- La corrupción política se ha convertido en una lacra difícil de erradicar, venga de donde venga y más allá de siglas y partidismos. En 2010, a petición del Congreso de los Diputados, el fiscal general del Estado por aquel entonces, Cándido Conde-Pumpido, informó a sus señorías de que la Justicia había tramitado nada menos que 730 causas en las que se investigaba a cargos públicos por corrupción. Lo de menos era si el PSOE tenía más (264) o el PP tenía menos (200), lo importante era el número desorbitado de casos.
En ese informe, que hacía referencia a datos de 2009, la Fiscalía General del Estado ya avisó de que la corrupción no era «un fenómeno generalizado, pero sí preocupante». Y no se equivocaba. Ante el volumen de casos que iban surgiendo, se vieron obligados a crear una Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada que, sólo en 2010, recibió 249 denuncias y cursó 3.874 comunicaciones. Así figura en la última memoria presentada por la Fiscalía, que no duda en mostrar su perplejidad ante las nuevas «armas» de corrupción.
Atrás quedaron ya las grandes tramas urbanísticas. Ahora, está en alza el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, la prevaricación, el abuso o uso indebido de información privilegiada... e, incluso, sorprende la capacidad de algunos cargos públicos para idear nuevos delitos, como el de fraude contra el empleo. Y es que el caso de los ERE irregulares en Andalucía ha marcado un antes y un después a muchos niveles.
Es un hecho. La actividad de esta Fiscalía es vertiginosa, si bien es cierto que también contempla los delitos contra el crimen organizado. En 2010 presentó 28 escritos de acusación, frente a los 17 del año anterior, y asumió 14 nuevos procedimientos judiciales, seis más que en 2009. Pero quizá sean los 35 procesos penales en los que interviene donde más se haya notado su trabajo. De hecho, a lo largo de 2010 se dictaron siete sentencias, todas ellas condenatorias.
Y como no todo se reduce a datos, desde la Fiscalía del Estado han denunciado presiones. En su última memoria, destacan su firme acción contra la corrupción política, «pese a los permanentes intentos de ejercer presión sobre la Fiscalía tratando de desligitimar, por interés político» su actividad en este terreno. Un esfuerzo, el de cerca de 40 fiscales repartidos por toda España, que ha dado como fruto el «afloramiento de conductas que con anterioridad permanecían ocultas e impunes».
Ante el Congreso, Conde-Pumpido, quizá con ánimo de echar un capote a la clase política, dijo que la corrupción sólo afectaba al uno por ciento de los cargos públicos españoles. Pero lo que trasciende no es eso. Lo llamen como lo llamen: Malaya, Andratx, Gürtel, ERE falsos, Pretoria, Palau, Nóos, Campeón... y lo enmascaren como lo enmascaren, todo se reduce a lo mismo, corrupción. Desde ministros a concejales, pasando por presidentes autonómicos y alcaldes, los casos se acumulan.
Llegan las sanciones
La futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que pasó su primer trámite en el Consejo de Ministros del pasado viernes, pretende marcar un punto de inflexión en la lucha contra esta lacra y establece una serie de sanciones para los cargos públicos, impensables hasta ahora. Los contratos irregulares, las adjudicaciones o subvenciones a dedo y el desvío de fondos a amiguetes tienen los días contado. Este anteproyecto determina que aquel cargo público que oculte facturas o falsee datos contables podrá ser sancionado con hasta diez años de inhabilitación. La pena máxima contempla inhabilitación y multa, pero si ésta última no se paga, la pena se transforma en cárcel. Un último detalle: para que haya delito tiene que ser «a sabiendas» y «causar un perjuicio económico».
«Caso Malaya»
Trama de corrupción urbanística, dirigida por Juan Antonio Roca, que desvió fondos municipales, concedió licencias y blanqueó capital en Marbella.
«Caso ERES FALSOS»
Fraude llevado a cabo en Andalucía durante el mandato socialista, en el que se subvencionó, de manera irregular, a más de 68 empresas por un valor de 1.400 millones de euros
«Caso Matas»
El ex presidente balear y ex ministro del PP ha sido condenado a 6 años de prisión por delitos de fraude a la Administración, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos.
«Caso Palau»
Felix Millet, ex presidente del Palau de la Música, junto a otros cargos de esta entidad, desvió más de 10 millones de euros a empresas que supuestamente realizaban trabajos para el Palau.
«Caso SGAE»
De los más recientes casos de evasión de capitales, esta vez, dirigido por el ex presidente de la SGAE, Teddy Bautista y otros cargos de la cúpula, imputados también por apropiacion indebida.
«Caso GESCARTERA»
En 2001 fue intervenida esta sociedad de inversión al descubrirse un agujero patrimonial de 50 millones de euros.
«Caso ROLDÁN»
Luis Roldán ex director de la Guardia Civil, se enriqueció ilícitamente con el robo de fondos reservados y cobro de comisiones en obras por valor de 13 millones de euros.
«Caso GUERRA»
El hermano del ex vicepresidente socialista Alfonso Guerra fue condenado por delitos como cohecho, fraude fiscal, prevaricación y malversación de fondos.
«Caso FILESA»
El PSOE cobró una gran cantidad de dinero por unos supuestos asesoramientos para bancos y empresas importantes, que nunca llegaron a producirse.
«caso FONDOS»
Desvío de 5 millones de euros, destinados inicialmente a la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, para uso privado y sobresueldos de 7 funcionarios socialistas.
El debate de la transparencia
Francisco Rodríguez Adrados, Académico
«No se han tomado las medidas necesarias a tiempo, no es más que un resultado marginal de la crisis. Estamos todos escandalizados».
Enrique López, magistrado
«Tenemos que reforzar nuestras normas penales y administrativas para combatir los procesos de corrupción. Combatirla en todos los ámbitos»
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