"CASO ARENA"; EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN LEVANTA EL SECRETO DE SUMARIO

Vista aérea del puerto interior de Ferrol. | Autoridad Portuaria

El TSXG devuelve el caso a Ferrol

* El Puerto remite al juzgado informes de los materiales empleados por Manmer
* Pide que la justicia diga a qué lugar trasladar los áridos contaminantes
* Aseguran que las obras realizadas con los áridos han seguido el procedimiento

Raúl Salgado | Ferrol

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol ha levantado este lunes el secreto de sumario sobre la parte del 'caso Arena' cuya instrucción permanece en la urbe naval. El anuncio se produce después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmase en esta misma jornada que devolverá a ese juzgado la totalidad de la causa, que hasta ahora instruía en parte el alto tribunal gallego por la condición de aforado de uno de los implicados, el ya ex diputado autonómico por el PP Javier Escribano.

En Ferrol, el juez Alejandro Morán Llordén mantiene abierto un procedimiento contra el empresario Fermín Duarte, natural de Pontedeume, por un presunto delito medioambiental. Duarte, titular de la firma Manmer, fue detenido el pasado jueves y puesto en libertad apenas 24 horas después. La empresa no sólo cuenta con instalaciones en la comarca ferrolana, sino que, además, recibía materiales para su actividad cotidiana a través del puerto exterior de Caneliñas.

Una parte de la causa abierta inicialmente en el Palacio de Justicia de Ferrol fue desgajada a favor del TSXG, ante la condición de aforado de una de las personas cuyo nombre salió a relucir durante la investigación: Javier Escribano. Se considera que la conducta del dirigente del PP en A Coruña podría corresponderse con sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Fuentes de la investigación han indicado a ELMUNDO.es que, además de una posible nueva toma de declaración a Escribano, también habrá que aguardar por los resultados que se puedan extraer de las muestras de acopios recogidas del material supuestamente contaminante que habría empleado Manmer.

El juzgado ferrolano procedió, tras la denuncia ahora en curso, a la intervención del teléfono de Duarte. Durante las llamadas recogidas, el empresario acordó con Javier Escribano que el ahora ex diputado mediase ante administraciones afines con el fin de que su mercancía pudiese ser adquirida por las adjudicatarias de obras públicas.

El informe que obra en manos de la investigación indica que Fermín Duarte regaló un vehículo de alta gama al parlamentario, que vendería poco después. En esas mismas llamadas, ambos pactaron la entrega de dinero en metálico a modo de comisiones ilegales a cambio de lograr lo prometido.
Precedentes

La causa que ahora se instruye no es la primera que puso a Fermín Duarte en el punto de mira. La Fiscalía de Medio Ambiente archivó una primera denuncia presentada por la Asociación Galega de Áridos en el 2009, que lo acusaba de vender residuos potencialmente peligrosos a compañías del sector de la construcción. El fiscal, Álvaro García Ortiz, se limitó a recomendar, en abril del 2010, que esos materiales no se usasen y que fuesen sometidos a análisis.

Tras la denuncia inicial, la Consellería de Medio Ambiente decretó la paralización cautelar del uso de los áridos en obras, pero Manmer recurrió la decisión. Estimaba que únicamente se basaba "en sospechas" y que podía derivar en "daños y perjuicios". Deducía, además, un intento de boicot hacia su actividad por parte de las asociaciones gallega y nacional de empresas del sector al cursar dicha denuncia y reiteraba que los materiales eran "inocuos".

Y es que, de modo paralelo a la queja de la confederación gallega, la Xunta ya había abierto un expediente a la compañía por apilar materiales en las proximidades de un cauce fluvial en el municipio coruñés de Mugardos. Varios años antes, el Gobierno gallego ya había involucrado a la compañía, junto a otras dos, en hechos semejantes.

Aunque optó por mantenerse al margen, en aquel arranque del 2010 el Puerto de Ferrol se limitó a matizar que la mercancía que Manmer desembarcaba en la dársena exterior cumplía con "los requisitos exigibles". En el verano de ese mismo año, Duarte responsabilizaba a la Administración autonómica del posible cierre de la firma de la que era titular.
 

Puerto
El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se ha pronunciado este lunes en torno a la actividad en la dársena ferrolana de Manmer. Ángel del Real ha recordado que la Fiscalía no dedujo delito en las acciones de la empresa tras la primera denuncia cursada en su contra por la Asociación Galega de Áridos, aunque sí reclamó la ejecución de análisis de los materiales empleados.

Del Real ha detallado que la empresa presentó en todo momento certificados europeos que acreditarían el carácter no contaminante de los materiales. El Puerto ferrolano remitió a la Fiscalía –"al enterarnos del problema", según su presidente- informes sobre todas las obras ejecutadas en zona portuaria con los áridos presuntamente contaminados que Manmer importaba desde Holanda.

El presidente del puerto ferrolano ha dicho estar "a la espera" de que la justicia avance en la investigación del caso y pueda llegar a requerir más información al organismo que dirige. Sobre los materiales actualmente acopiados en el puerto exterior de Caneliñas, se ha limitado a avanzar que "no pueden quedarse allí" y que será el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que tendrá que decir "a dónde hay que llevarlos". No en vano, Del Real asumió que el presunto contenido contaminante de los áridos obligaría a que su traslado tuviese como destino un gestor autorizado y concreto de este tipo de residuos.

Son unas 350.000 las toneladas que actualmente mantiene la empresa Manmer en la dársena ferrolana, aunque, tal y como ha concretado el presidente de la Autoridad Portuaria, no habría riesgo de contaminación, al permanecer "en una zona de decantación". "Eran áridos no contaminantes procedentes de Holanda, pero ahora parece que sí lo son", ha dicho Ángel del Real, que ha dejado claro que las obras ejecutadas con materiales de esta compañía han seguido los requerimientos legales, con el empleo de "plásticos y de una capa de riego asfáltico por encima".

Apelando a la presunción de inocencia, el presidente portuario no se ha pronunciado en profundidad sobre el caso, aunque sí ha declarado que "cuando algo está en el Juzgado, hay que esperar".

elmundo.es

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL TSXG SE INHIBE POR "FALTA DE COMPETENCIA"

Fernado Blanco (izq.) y Pablo Cobián (dcha.), ex parlamentarios dimitidos. | EL MUNDO

Por la pérdida de la condición de aforados de Cobián y Blanco

* La causa de los dos ex parlamentarios regresará al Juzgado nº3 de Lugo
* El levantamiento del secreto de sumario está previsto para el 12 de noviembre

Europa Press | Santiago de Compostela

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado inhibirse en la 'Operación Campeón' y devolver al Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo la causa relativa a los ex parlamentarios Fernando Blanco, del BNG, y Pablo Cobián, del PP.

Según han informado fuentes judiciales, la Sala de lo Civil y Penal "ha declarado falta de competencia" por la "pérdida de condición de aforados" de Fernando Blanco y Pablo Cobián, quienes renunciaron a sus actas en el parlamento tras conocerse su imputación en esta causa.

Las mismas fuentes judiciales han precisado que, en concreto, la decisión de inhibirse en la causa vinculada con Fernando Blanco fue adoptada el pasado 24 de octubre y notificada a las partes.

Por su parte, este lunes se ha adoptado la decisión relativa al auto del ex parlamentario Pablo Cobián, que será notificada a las partes en próximos días.

De este modo, la causa relativa a los dos ex parlamentarios regresará al Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, que dirige Estela San José, quien coordina la 'Operación Campeón' sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones.

En el marco de esta operación habían sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario lucense Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.

La juez instructora ha ampliado el secreto de sumario de la 'Operación Campeón' hasta mediados de noviembre, cuando la magistrada decidirá si se levanta esta medida o la prorroga nuevamente en vista de la evolución de las investigaciones.

elmundo.es

"OPERACIÓN OSSIFAR"; "LE LLAMAMOS DE EMAYA, VOTE A UM"

* Una ex secretaria del partido en Cort entregó un listado de móviles públicos que el partido 'usó para captar votos en las elecciones'

Eduardo Colom | María J. García | Palma

La exhaustiva investigación a tres bandas puesta en marcha por la Fiscalía Anticorrupción, el Grupo de Delincuencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil va dejando al descubierto el complejo engranaje que, según las numerosas delaciones que han recabado los investigadores, UM había instalado en las tripas de Emaya para retroalimentar su estructura con cargo al erario público. No sólo montando una oficina fantasma de colocación en la mismísima sede de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma. Sino llegando incluso a utilizar sus líneas telefónicas pagadas por el presupuesto municipal para hacer proselitismo y llamadas al voto a favor de la formación en épocas electorales.

Utilizando palabras del auto judicial que dio pie a la primera gran operación contra esta trama, dictado por el titular del Juzgado de Instrucción 8 Antoni Rotger, los dirigentes de UM en Palma se dedicaron así "a destinar ingentes cantidades de dinero público para desarrollar actividades que en nada revertían al interés público".

Entre esos testimonios con los que ha contado la Fiscalía Anticorrupción para actuar contra la red de desvío de fondos figura el de una ex secretaria del área de Medio Ambiente de Cort en la era UM que relató las prácticas que supuestamente le imponían para desviar fondos en favor de las siglas. Según este testimonio, al que ha tenido acceso este diario, "para las elecciones europeas se utilizaron teléfonos móviles de Emaya, del Ayuntamiento y teléfonos fijos desde los que se llamaba a los simpatizantes de UM para instarles a que fuesen a votar y a que llevasen gente·.

elmundo.es

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL EMPRESARIO DORRIBO PAGÓ 200.000 EUROS AL PRIMO DE BLANCO AL LADO DEL COCHE DEL MINISTRO

La entrega del dinero en la gasolinera de servicio era la condición para poder subirse al coche oficial
clipping

Aduanas ha comprobado que el dinero se transfirió desde Andorra y se sacó en metálico

 

Dorribo anotó esos 200.000 en su libro como 'IEB': Incentivos Europeos Bran-Blanco
 
Ese 5 de febrero de 2011, en la gasolinera de Guitiriz (Lugo), pasaron muchas cosas. Y ninguna es buena para el ministro José Blanco, portavoz del Gobierno y pieza clave en la campaña electoral de Rubalcaba.

Revela este 31 de octubre de 2011 el diario 'El Mundo' que Manuel Bran, el primo del ministro José Blanco, se encontró en esa estación de servicio con el empresario Jorge Dorribo media hora antes de que llegase el portavoz del Gobierno en su coche oficial. Y, allí mismo, Dorribo le habría entregado 200.000 euros en metálico a Bran.

Esa cantidad, según declaró Dorribo a la juez, era la condición que le impusieron a cambio de que Blanco le permitiera subir en el coche oficial y pedirle favores.

Los agentes de Aduanas han comprobado que, efectivamente, Dorribo transfirió 200.000 euros desde una sociedad de Andorra -Salud Innovació 12- a una de sus empresas de Lugo, y que después sacó ese dinero del banco en metálico.

Según explica Casimiro García Abadillo en 'El Mundo', el empresario reflejo en libro donde llevaba la contabilidad B de sus empresas ese 'soborno' como IEB: Incentivos Europeos Bran-Blanco.

Los datos son apabullantes y dejan al ministro socialista, antigua azote de la 'Gürtell', al pie de los caballos.

Cabe la posibilidad, como alega desesperadamente el PSOE que lo que dice Dorribo sea falso, pero no se entiende por qué habría de mentir con una autoimputación en la que reconoce que ha cometido un grave delito de cohecho.

El Servicio de Vigilancia de Aduanas, al que la juez ha encomendado la investigación para evitar filtraciones ya que probablemente no se fía de la Policía Nacional, ha comprobado que la versión de Dorribo tiene una base sólida. Éste transfirió 200.000 euros desde una empresa de Andorra a otra suya en Lugo. Luego sacó el dinero en efectivo. Y posteriormente él reflejó esa operación en su contabilidad como un pago a «IEB». Según el código de Dorribo, esas siglas significan Incentivos Europeos Bran-Blanco, los apellidos del primo y del ministro.

Las fechas y las siglas encajan, aunque alguien podría argumentar que todo apuntaba también a la culpabilidad de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, dado que en las cuentas de la trama de Gürtel aparecían las anotaciones «Luis el Cabrón» y «L. B.», pero ello no fue suficiente para seguir con una acusación que fue archivada.

En este asunto, dado que el propio Blanco reconoce que su primo estuvo en la gasolinera, no hay más que dos hipótesis. La primera es que, aun suponiendo que Blanco dijera la verdad y no haya cobrado ni un solo euro, estaríamos ante un caso de tráfico de influencias y nepotismo.

El ministro sería culpable de haber hecho un favor a un familiar.

La segunda de las hipótesis es que Dorribo estuviera diciendo la verdad y la responsabilidad sería, por tanto, penal. No somos quien para determinar cual de las dos explicaciones se ajusta a lo sucedido. De momento, Blanco tiene a su favor la presunción de inocencia. Pero todo indica que la juez va a remitir el caso al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si hay indicios suficientes para abrir una investigación sobre la conducta del ministro.

Por el contrario, resulta casi seguro que el fiscal se va a oponer a enviar este asunto al Supremo.

Sería inaudito que con todos estos elementos de juicio el ministerio fiscal se manifestara en contra de que el Alto Tribunal decida si hay que investigar, máxime teniendo en cuenta que sí lo apoyó en el asunto de Bárcenas.

A nadie se le escapa la amistad personal entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el propio Blanco, al igual que la sospechosa actuación del fiscal jefe de Lugo, que sustituyó al fiscal del caso.

A la espera de que se dilucide si el ministro tiene que responder ante la Justicia, lo que sí está ya muy claro son sus responsabilidades políticas.

Haberse citado en una gasolinera con un empresario es, como poco, muy imprudente. Y que el primo del ministro estuviera allí agrava el asunto, porque todo apesta a favor a un familiar.

Blanco se ha negado a dar explicaciones. Rehuyó comparecer en sede parlamentaria y ha rechazado en varias ocasiones responder ante los medios.

Pero si se aplica la lógica que el PSOE ha impuesto sin piedad a sus rivales del PP en casos mucho menos serios, el ministro tiene que dimitir o ser cesado por el presidente y, además, no debe ir en las listas socialistas a las próximas elecciones.

Los indicios que recaen sobre él son mucho más graves que los que había sobre Bárcenas, que dimitió como senador, sobre Fernández Bermejo, que dejó de ser ministro por no tener una licencia válida de caza, sobre Pla, que renunció a su cargo en el partido porque le habían pagado unas obras en su casa, sobre Camps, que dejo la Generalitat por unos trajes de los que no se sabe ni el color o sobre el ex alcalde de León, que se ha retirado de la política por un crédito.

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"OPERACIÓN ARENA"; DIMITE UN DIPUTADO DEL PP AL QUE UN EMPRESARIO REGALÓ UN PORCHE

El Superior ve indicios de cohecho y tráfico de influencias en Escribano - El industrial fue detenido por la policía en las últimas horas

JOSÉ PRECEDO / LORENA BUSTABAD - Santiago / Ferrol
   

El empresario eumés Fermín Duarte, detenido por la policía en las últimas horas dentro de la Operación Arena, vio el cielo abierto cuando la fiscalía de medio ambiente archivó de mala gana una denuncia de la Asociación Gallega de Áridos (AGA) contra su firma Manmer, S L, por vender residuos no reciclados y potencialmente peligrosos a empresas constructoras. Pese a que el fiscal no vio indicios de relevancia penal, desaconsejó el uso de esos materiales con restos de alquitrán y betunes importados de Holanda, y exigió análisis cada vez que fuera utilizado, una instrucción que el empresario decidió ignorar. Pronto volvió a comercializarlos como zahorra, lo que motivó una segunda denuncia por utilizar materiales contaminantes de AGA, que aglutina a empresas de la competencia de Manmer, y arrancó la Operación Arena que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Ferrol con la intervención del teléfono móvil de Fermín Duarte.

Según la policía, el diputado puso el coche a nombre de una tía y lo vendió

Decenas de conversaciones grabadas al empresario pusieron a la Brigada de Delitos Económicos de la policía sobre la pista del diputado autonómico del PP Javier Escribano, quien ayer presentó su dimisión. Según los informes policiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS, Escribano se comprometió a mediar ante administraciones del PP -la Consellería de Medio Ambiente se había negado a autorizar la venta de esos residuos- para que adjudicatarias de obra pública le comprasen la mercancía a Manmer. A cambio, y según se deduce de los pinchazos telefónicos, Duarte regaló un Porsche a Escribano quien, casi sin darle uso, decidió venderlo en Internet. Esos y otros muchos indicios que figuran en el sumario, cuyo secreto se levantó el pasado jueves, llevaron al juzgado ferrolano a trasladar parte del caso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que abrió una causa separada y vio pruebas suficientes para imputar a Escribano los delitos de cohecho y tráfico de influencias. El prolijo informe de la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía que figura en el sumario que instruye el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia detalla cómo, en una conversación telefónica de hace unos meses, el empresario Fermín Duarte cuenta a una familiar directa que ha tenido que regalar uno de sus tres coches a un diputado del PP para que le ayude en sus negocios. En esa charla a través de su móvil, Duarte dice a su interlocutora: "He regalado uno de los tres coches, el Porsche, a un político del PP. No te enteras de nada, así es como se hacen las cosas y yo si fuera él [por Escribano] haría lo mismo". La policía cuenta con decenas de grabaciones y, en varias de ellas, el empresario y el diputado pactan distintas cantidades de dinero, comisiones ilegales, que Escribano iba a percibir a medida que sus contactos empezasen a dar frutos.

La investigación policial corroboró que, en efecto, el regalo del Porsche no solo se produjo, sino que Escribano decidió ponerlo a nombre de una tía suya, de más de 60 años, para no levantar sospechas si el Parlamento gallego, como era previsible desde que sucedió en el Congreso de los Diputados, decidía hacer públicos los bienes de los diputados. En el sumario consta que a las pocas semanas de recibir el deportivo, Escribano, siguiendo el consejo de sus allegados, decidió deshacerse de él y venderlo en Internet.

Esas y otras pruebas de las supuestas comisiones ilegales (en otras hablan de cantidades de dinero concretas) son las que llevaron al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a pedir el pasado jueves al Parlamento que ratificase la condición de diputado y por tanto de aforado de Javier Escribano. Esa comunicación desató todas las alarmas en el Partido Popular y motivó la renuncia de Escribano, que lleva fecha de ese día, en que se levantó el secreto de sumario, aunque no fue tramitada hasta ayer en el Parlamento. Es la segunda dimisión que se produce en el grupo parlamentario del PP en el último mes por casos relacionados con la corrupción (la anterior fue la de Pablo Cobián, inmerso en la Operación Campeón, por la que dimitió la cúpula del Igape y que también se llevó por delante al parlamentario nacionalista, Fernando Blanco).

El gerente de la firma que dio origen a este caso, Fermín Duarte Rodríguez, se quejó amargamente por la alarma social que generó la primera investigación a su empresa archivada por la fiscalía y arremetió contra la campaña de "acoso y derribo" orquestada a su entender por AGA para "satanizar" un material "con todas las verificaciones". Aseguró entonces que varias empresas y Administraciones, entre ellas la Consellería de Medio Ambiente, habían cancelado sus pedidos ocasionándole unas pérdidas de unos cuatro millones de euros. Para resarcirse, Duarte empezó entonces a tocar a sus contactos políticos.

Nadie del PP quiso hablar sobre la dimisión de su diputado, a pesar de que la cúpula nacional y gallega del partido, con Rajoy y Feijóo a la cabeza, se citaron ayer en un mitin en A Coruña, al que ya no acudió Escribano. El BNG pidió a Feijóo que ofrezca una explicación sobre este escándalo y lamentó el escaso tratamiento de la noticia en la televisión autonómica.
 
Una denuncia de empresas de áridos desató el caso
El caso de corrupción que investigan el Tribunal Superior de Xustiza y un juzgado de Ferrol parte de la denuncia presentada por la Asociación Gallega de Áridos (AGA) contra la constructora eumesa Manmer, S L. Esta sociedad de Pontedeume importa residuos asfálticos desde Holanda a través del puerto exterior de Ferrol y los vende como zahorra (áridos no triturados). Sirven como base granular para asfaltar carreteras y obras civiles a precios bajos. El material de Manmer se comercializa como producto reciclado de la firma holandesa Bentum Recycling Centrale, pero según la fiscalía no lo es. Contiene restos de betún, alquitrán y trozos de asfalto de viejas carreteras del norte de Europa con sustancias prohibidas desde los noventa por tóxicas.

La primera denuncia contra Manmer la interpuso AGA (que agrupa a 56 empresas) el 22 de diciembre de 2009. La acompañaron dos analíticas y un informe de la Universidade de Santiago que alertaba de la alta toxicidad del material. Técnicos de la Consellería de Medio Ambiente tomaron muestras en la empresa en Vilar do Colo (Fene) y en el puerto exterior y las remitieron al Instituto Nacional de Toxicología. Cuatro meses después, la fiscalía de delitos contra el medio ambiente archivaba el caso al no hallar indicios "suficientes". El fiscal advertía, sin embargo, que el aglomerado asfáltico de Manmer contaminaba (dentro de los límites), era nocivo para la salud y desaconsejaba su uso. "Contiene sustancias que pueden ser peligrosas para el medio ambiente y pueden llegar al hombre a través de la cadena alimentaria ya que se acumula en los aceites", alertaba en su informe.

Precios bajos
El material se siguió comercializando y una segunda denuncia contra Manmer llegó al juzgado ferrolano, que abrió nuevas diligencias para determinar si Manmer incurría en delito ambiental. Durante la investigación policial apareció el nombre del desde ayer exdiputado popular Javier Escribano y parte de la causa se elevó al Tribunal Superior por su condición de aforado.

La zahorra de Manmer continuó su trasiego desde el puerto de Rotterdam hasta la dársena de Caneliñas y se apila en grandes montañas en los terrenos de la consignataria COP Galicia. Entre junio y diciembre del 2009, según datos de AGA, Manmer había importado 400.000 tolenadas de este material nocivo de residuos de hidrocarburos. Con la misma progresión, en los últimos dos años ya habría descargado en la rada ferrolana dos millones de toneladas de aglomerado asfáltico a precios muy competitivos, unos 2,6 euros la tonelada, la mitad que la competencia.
 

"Para defenderse como cualquiera"
El Parlamento tuvo notificación de la renuncia de Escribano el jueves, cuando el Tribunal Superior se dirigió a la Cámara para solicitar que acreditase su condición de diputado, paso previo para abrir diligencias a un aforado. La carta de renuncia lleva fecha de ese mismo día, pero no fue presentada hasta primera hora de la mañana de ayer en el registro oficial de la Cámara. En el documento, firmado por Escribano, consta su envío desde un fax particular a las 9.01 horas. Era día inhábil en O Hórreo y es preceptivo que la Mesa se reúna para dar por efectiva la dimisión. A toda prisa se convocó a sus cinco miembros, aunque los dos de la oposición, el socialista Ricardo Varela y la nacionalista Carme Adán, estaban lejos de Santiago y se limitaron a dar su aquiescencia por teléfono.

El PP hizo pública la renuncia de Escribano en un comunicado a la una y media de la tarde, cuando los dirigentes del partido acompañaban a Mariano Rajoy en una comida en A Coruña. Informaba de que el ya exdiputado está sometido a un "procedimiento judicial" y justificaba su abandono por el deseo de "defenderse como cualquier gallego". El sustituto del dimisionario será Manuel Martínez Cereijo, un cirujano de Santiago.

   
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REPORTAJE: EMARSA, LA CLOACA DEL PP

La sociedad pública de depuración fue saqueada hasta llevarla a la quiebra

IGNACIO ZAFRA - Valencia

El saqueo de Emarsa, la sociedad que depuraba las aguas residuales de Valencia, se ha convertido, por la magnitud del vaciado de fondos públicos y por la zafiedad con que se llevó a cabo, en el mayor caso de corrupción destapado en la ciudad en las últimas décadas. Las estimaciones sobre el desfalco, que el proceso judicial deberá determinar, oscilan entre 17 y 40 millones de euros.

El dinero rapiñado venía de la tasa que los vecinos pagan en la factura del agua

El exgerente apunta al alcalde de Mislata como 'cerebro' del vaciado de fondos

La factura del agua que pagan los hogares de Valencia y otros 18 pueblos cercanos incluye una cantidad destinada al "canon de saneamiento". De ahí provenía el dinero rapiñado. Y de ahí saldrán los 17 millones de euros necesarios para taponar el agujero con que la empresa fue liquidada en 2010 por el PP, el partido que ha controlado el negocio los últimos 16 años.

La investigación que dirige el juez Víctor Ríos, titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, ha revelado que la sociedad de depuración costeó viajes de placer a directivos y sus familias, pagó relojes, joyas, iPod, accesorios de automóvil, bolígrafos Montblanc, bolsos y cazadoras de Loewe. Mucho más gravoso económicamente, Emarsa abonó 30 millones de euros a las empresas inicialmente investigadas por servicios y suministros inverosímiles. El tratamiento de más toneladas de lodos de las que generaba la planta de Pinedo y a un precio muy superior al del mercado. Reparaciones en edificios y maquinaria que nunca existieron. Teóricas partidas de 174 teclados y 149 ratones para una empresa con solo 30 puestos de trabajo informatizados. Facturas de mano de obra que habrían exigido a los supuestos albañiles jornadas laborales de más de 20 horas durante meses enteros... El saqueo corrió en paralelo al desmoronamiento patrimonial de la sociedad, según ha constatado el juez: Emarsa fue exprimida por sus responsables hasta llevarla a la quiebra.

Hasta hace unos días el principal protagonista del escándalo era Esteban Cuesta. Un enfermero a quien la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, nombró alcalde pedáneo de Benimàmet. Y a quien aún hoy, tras haber sido imputado por malversación, estafa continuada y delitos societarios y haber reconocido ante el juez buena parte de las irregularidades, Barberá lo mantiene como dirigente local del Partido Popular de Valencia.

Desde que Cuesta empezó a hablar ante el juez la presión se ha trasladado, sin embargo, hacia quien fuese su jefe, el expresidente y ex consejero delegado de Emarsa, Enrique Crespo, que es actualmente alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, también del PP. El exgerente ha señalado a Crespo como cerebro del saqueo. El que decidía con qué empresas contratar. Cuándo pagar. A quién enchufar en la planta (incluidas cuatro personas que nunca aparecían por allí). Qué artículos de lujo había que adquirir por cuenta de la sociedad y quiénes los recibían.

Crespo, imputado esta semana por los mismos supuestos delitos, ha negado los hechos y ha acusado a Cuesta de intentar salvar el cuello implicándolo con falsedades. Eso no explica, sin embargo, por qué nombró gerente a Cuesta, un hombre que, en palabras del juez, "carecía de la preparación exigible para administrar y gestionar una empresa de la naturaleza de Emarsa". Por qué vetó aumentar los controles sobre la sociedad. Por qué desoyó seis años seguidos las advertencias de los auditores sobre las irregularidades. O por qué cargó a Emarsa, en cuatro días, 3.780 euros en comidas y cenas que, según el dueño del restaurante de Manises eran en realidad banquetes falleros para 20 comensales.

Las declaraciones de Cuesta han salpicado a otros cargos del PP en Valencia y Montcada que, o bien eran al mismo tiempo directivos de la depuradora o bien cobraron un salario sin ir nunca por allí. Ha abierto una nueva vía de investigación al indicar que la entidad de saneamiento de la Generalitat, Epsar, que controlaba y financiaba a la depuradora, impuso a la empresa de tratamiento de lodos ahora investigada, estableciendo un precio por tonelada desorbitado. Y ha advertido que el sistema corrupto ya funcionaba antes de que él y Crespo empezaran a trabajar allí. Los anteriores presidentes de Emarsa fueron Silvestre Senent y Vicente Jurado, hoy concejales del equipo de gobierno de Rita Barberá.

 

El rastro que apunta a la Generalitat
El PP, que controlaba Emarsa desde los años 90 gracias fundamentalmente al peso que el Ayuntamiento de Valencia tiene en sus órganos de gestión, disolvió la sociedad pública el año pasado cuando su situación económica era ya terminal y la oposición socialista había puesto sobre la mesa las sospechas de irregularidades. Emarsa se encargaba de gestionar la planta de Pinedo, la mayor depuradora valenciana y una de las más grandes de España, cuya gestión ha sido concedida ahora al sector privado.

La planta recoge las aguas residuales de Valencia y parte de los municipios de su área metropolitana. Al día, es capaz de tratar unos 350.000 metros cúbicos. Buena parte va de allí directamente al mar. Otra, sometida a un proceso terciario, abastece a L'Albufera y permite reutilizarla para el riego.

La explotación de la planta la sufragan los usuarios: en una factura de 40 euros, nueve van al llamado canon de saneamiento. Esa tasa es recaudada por Epsar, la entidad de la Generalitat que reparte los fondos a las depuradoras y, según fuentes del sector, conoce bien su funcionamiento. Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa ha afirmado que el exgerente de Epsar, José Juan Morenilla, le impuso contratar a una de las firmas ahora investigadas por estafa y que, además, estableció que se le pagase un precio muy por encima de los del mercado por tratar los lodos. Morenilla abandonó Epsar en julio y fue contratado por Facsa, empresa de Castellón cuyos administradores están acusados de financiar ilegalmente al PP en el caso Gürtel.

Un dirigente del PP implica a varios cargos en las irregularidades de la entidad
- EXGERENTE DE EMARSA. ESTEBAN CUESTA, DIRIGENTE DEL PP DE VALENCIA, IMPUTADO POR MALVERSACIÓN, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS HA IMPLICADO EN EL CASO A VARIOS CARGOS DEL PARTIDO EN SU DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ.

- ALCALDE DE MANISES. ENRIQUE CRESPO, QUE ES TAMBIéN VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIóN DE VALENCIA, DEL PP, FUE SEGúN CUESTA EL INSTIGADOR DE LA MAYOR PARTE DE LAS ILEGALIDADES COMETIDAS EN EMARSA. EL JUEZ LO HA IMPUTADO.

- SECRETARIO GENERAL DEL PP EN EL DISTRITO DE PATRAIX (VALENCIA): SANTOS PERAL ERA EL JEFE DE CONTABILIDAD DE EMARSA. CUESTA HA CONTADO AL JUEZ QUE LOS CONTRATOS Y LAS FACTURAS INVESTIGADAS QUE éL FIRMABA ERAN PREPARADAS POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y POR EL QUE DIRIGíA PERAL.

- SECRETARIO GENERAL DEL PP EN EL DISTRITO DE TRàNSITS (VALENCIA). IGNACIO MARTíNEZ, JEFE DE COMPRAS DE EMARSA. SEGúN CUESTA, EL DíA QUE EMPEZó A TRABAJAR EN EMARSA SIN TENER NINGUNA FORMACIóN PARA ELLO, EN SU DESPACHO LE ESPERABAN CRESPO Y MARTíNEZ. AMBOS LE HABRíAN DICHO QUE NO PODíA HACER CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y QUE DEBíA MANTENER A SUS DIRECTIVOS.

- CONCEJAL DE URBANISMO DE MONTCADA. LUIS BOTELLA, EDIL DEL PP Y ABOGADO DE PROFESIóN, FUE SEGúN CUESTA UNO DE LOS CUATRO ENCHUFADOS QUE CRESPO LE ORDENó CONTRATAR Y QUE SOLO SE PASABAN POR LA PLANTA EL DíA QUE TENíAN QUE COBRAR.

- EXCONCEJAL DE MONTCADA: ENRIQUE ARNAL, DIRECTOR FINANCIERO DE EMARSA, TAMBIéN IMPUTADO, LLEVABA EN LA SOCIEDAD DESDE MEDIADOS DE LOS 90. CUESTA LE HA SEñALADO COMO RESPONSABLE DE REDACTAR LOS CONTRATOS IRREGULARES.

- EXGERENTE DE LA ENTIDAD DE SANEAMIENTO DEL CONSELL. JOSé JUAN MORENILLA IMPUSO, SEGúN CUESTA, A UNA DE LAS EMPRESAS AHORA INVESTIGADAS Y FIJó QUE SE LE PAGARAN PRECIOS DESORBITADOS.

elpaís.com

LA JUEZA DE LOS ERE EXTIENDE A OTRAS TRES CONSEJERÍAS DE LA JUNTA SU INVESTIGACIÓN

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* La fiscalía pide a la juez de los ERE que exija fianza a todos los intrusos

Javier Martín-Arroyo Sevilla

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha exigido a la Junta de Andalucía que le informe de si el método para las ayudas directas a empresas que utilizó la Consejería de Empleo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) fue seguido por otras tres consejerías: Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca y Turismo. Esta nueva área de investigación supone un salto cualitativo en el caso y supone que las pesquisas y sospechas de irregularidades por parte de Alaya salpican de este modo a cuatro de las 13 consejerías del Gobierno andaluz. Además, la juez pide a la Junta de Andalucía en un auto comunicado hoy a las partes que le aclare si además de esas cuatro hay otras consejerías que utilizaron las “transferencias de financiación a través del IFA o IDEA” para dar ayudas a empresas.

Con esta fórmula el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y mediante estas órdenes de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, según denunció en un informe la policía. Ahora Alaya quiere aclarar cuántas consejerías eludieron el control de la Intervención General desde que en 2001 Empleo generó un fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones.

La juez avanza “una nueva línea de investigación” que encomienda a la Guardia Civil para que detalle los 13,7 millones de euros que recibió el exedil socialista de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo a través de múltiples empresas. Rosendo es hijo del exalcalde Rafael Rosendo y a través de sus empresas en la Sierra Norte sevillana recibió ayudas millonarias de manera discrecional y sin controles de seguimiento de las ayudas a posteriori. “La concentración en las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un número tan importante de ayudas públicas, realizadas a través de las transferencias de financiación, lo que implica la ausencia de procedimiento, de control de gasto y del destino de las cantidades aplicadas, obliga necesariamente a investigar” a estas empresas, destaca el auto.

Hace escasas semanas el PP denominó como la “trama Viera” el conjunto de ayudas concedidas a la Sierra Norte sevillana, consecuencia según los populares de los vínculos con estas empresas beneficiadas que mantuvo el líder de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, que les concedió como consejero de Empleo la gran mayoría de las controvertidas ayudas millonarias.

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elpaís.com

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; DIMITE UN DIPUTADO AUTONÓMICO DEL PP GALLEGO POR CORRUPCIÓN

Javier Escribano (izquierda) junto a Borja Carro, presidente de Nuevas Generaciones en Ferrol, el pasado marzo, en la presentación de unas caretas para el carnaval de la organización juvenil del PP. / GABRIEL TIZÓN

El dirigente de Nuevas Generaciones iba a ser investigado por cohecho y tráfico de influencias
 

José Precedo Santiago de Compostela

Otro caso de presunta corrupción se ha llevado por delante a un diputado del Parlamento gallego, el tercero que dimite en el último mes por estar sometido a una investigación penal. La Mesa de la Cámara autónoma se ha reunido de urgencia esta mañana para aceptar la renuncia al escaño del diputado coruñés del PP Javier Escribano, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) se disponía a abrirle un procedimiento por supuesto cohecho y tráfico de influencias. Escribano, de 30 años, fue hasta el pasado julio presidente provincial de Nuevas Generaciones en A Coruña. La renuncia de ayer se une a las que presentaron los pasados 4 y 5 de octubre los parlamentarios Pablo Cobián, también del PP, y Fernando Blanco, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), antiguo consejero de Industria de la Xunta, por su implicación en la Operación Campeón, un supuesto fraude en subvenciones públicas urdido por un empresario de Lugo.

El Tribunal Superior se dirigió el pasado jueves al Parlamento gallego para que acreditase la condición de diputado de Escribano, después de que un juzgado le remitiese unas diligencias en las que apreciaba indicios de corrupción en las relaciones del parlamentario con un empresario sometido a investigación. Antes de que el asunto trascendiese a la opinión pública, con la campaña electoral a punto de comenzar, el diputado optó por presentar su escrito de renuncia esta mañana. Escribano ya no asisitió este mediodía a un acto de Mariano Rajoy en A Coruña, la ciudad donde reside y la provincia donde dirigió la organización juvenil del partido durante cuatro años.

El dimisionario fue presidente provincial de Nuevas Generaciones, y miembro de las ejecutivas gallega y nacional de la rama juvenil del PP, entre 2007 y el pasado julio. Un encontronazo interno le descabalgó del cargo y le reemplazó por una gestora. Escribano había llegado al partido de la mano del anterior presidente provincial y exalcalde de Ferrol Juan Juncal. Mantiene además una estrecha relación personal con el actual alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela.

El grupo del PP en el Parlamento gallego confirmó este mediodía la renuncia del diputado "por estar incurso en un procedimiento judicial y para poder adoptar las medidas necesarias para defenderse como cualquier gallego". Escribano logró su escaño en el Parlamento de Galicia tras las elecciones autonómicas de 2009 en las que Alberto Núñez Feijóo alcanzó la presidencia de la Xunta. No iba en puestos de salida, pero entró en la Cámara por las renuncias de otros parlamentarios electos que abandonaron sus escaños para integrarse en el nuevo Gobierno. Era uno de los diputados populares con menos protagonismo en la actividad de la Cámara.
 

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"CASO OSSIFAR"; CRISTINA CERDÓ QUEDA EN LIBERTAD CON CARGOS TRAS DECLARAR DURANTE TODO EL DÍA

Cristina Cerdó a su salida de dependencias de la Guardia Civil | Alberto Vera

Desvío de fondos públicos

* La ex secretaria de Nadal ya ha terminado de declarar

Europa Press | Palma

La ex número 2 de Unió Mallorquina en el Ayuntamiento de Palma y expresidenta de Emaya, Cristina Cerdó, ha quedado en libertad con cargos tras ser interrogada, en el marco de la segunda fase de la Operación Ossifar, en torno a la contratación de presuntos agentes electorales de la extinta formación nacionalista que, a pesar de estar a sueldo de la empresa municipal, en realidad se dedicaban en exclusiva a labores de partido y a la captación de votos para UM.

Así lo han señalado fuentes de la investigación, que han precisado que sobre Cerdó pesan en concreto presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración. La que fuese teniente de alcalde de Medio Ambiente en la pasada legislatura ha sido detenida esta mañana por agentes del Instituto Armado, que la han conducido en un vehículo hasta la comandancia.

Por su parte, Antonia Vidal, exsecretaria del exvicepresidente del Consell de Mallorca y exportavoz de UM en el Ayuntamiento, Miquel Nadal, quien fue citada como imputada, terminó su declaración hace alrededor de una hora. De esta forma, ya son seis los encausados dentro de esta segunda fase del caso.

Cabe recordar que Cerdó ya fue arrestada el pasado mes de febrero en el marco del caso Picnic, que de forma paralela investiga si UM utilizó fondos públicos del Ayuntamiento para captar nuevos afiliados y futuros votantes de UM en este caso a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Fomento (Imfof), y dentro del cual Cerdó se encuentra bajo fianza de 300.000 euros, una de las cauciones más altas impuestas para un político en Baleares, tan sólo por detrás de la impuesta al expresidente del Govern, Jaume Matas (tres millones de euros, reciemente rebajada a 2,5 millones) y la expresidenta del Parlament y de UM, Maria Antònia Munar (350.000 euros).

De hecho, en el auto que decretaba prisión provisional bajo fianza para Cerdó, el magistrado Francisco José Pérez aludía a la existencia de indicios que apuntaban a que la exregidora daba las "oportunas órdenes" para indicar qué personas debían ser contratadas por el Ayuntamiento como agentes medioambientales que en realidad habrían realizado labores particulares "única y exclusivamente en claro beneficio de UM".

Pese a que la propia Cerdó rechazó su participación en estos hechos al ser interrogada por el magistrado, el auto señalaba que Cerdó era "conocedora" de que el trabajo de los agentes iba dirigido a la "retención de potenciales votantes". "Con la contratación de gente afín la formación se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil", recalcaba el juez.

Mientras tanto, Cerdó también se encuentra encausada en un tercer proceso de presunta corrupción, el caso Maquillaje, en el marco del cual fue interrogada en torno al programa de mejora del entorno denominado Agenda Local 21, cuyos informadores iban puerta por puerta presuntamente para atraer simpatizantes.

Hasta el momento ya son seis los imputados dentro de la segunda fase de la Operación Ossifar, ya que junto a Cerdó también fue arrestada, el pasado miércoles, L.J.Z., exjefa de un departamento supuestamente 'fantasma' de Emaya, conocido como Oficina de Atención a la Ciudadanía, en el que UM colocaba a sus presuntos agentes electorales.

Asimismo, también se les ha tomado declaración como imputados al el alcalde de Porreres, Bernat Bauzá, y a la exgerente de Emaya, Malen Tortella, así como a la consejera ejecutiva de Melchor Mascaró, Antonia Mascaró, si bien no se descartan nuevas imputaciones a lo largo de este viernes.

El arresto de L.J.Z. se produjo después de que el ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, se prestase a colaborar con las investigaciones y, en dependencias de la Guardia Civil, manifestase que dentro de la compañía se comentaba que la labor de los empleados que trabajaban en el departamento orientado a la ciudadanía estaba relacionada con UM. La sociedad municipal ya se encontraba bajo la lupa judicial por haber sido presuntamente utilizada para favorecer a personas afines a la formación nacionalista mediante su colocación en esta empresa

Además

    * Declara como imputada la ex secretaria de Miquel Nadal

elmundo.es

LA JUEZA DE LOS ERE FALSOS DIRIGE SU INVESTIGACIÓN HACIA OTRAS CONSEJERÍAS DE LA JUNTA

Pide información sobre la prejubilación del ex consejero Fernández

* Pregunta si las subvenciones se otorgaron en otros departamentos
* Abre una nueva línea de investigación sobre el hijo de un ex alcalde
* Recaba información sobre el ERE de González Byass del ex consejero Fernández

Europa Press | Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, ha requerido a la Junta de Andalucía para que "informe si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través" del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) se han realizado, además de en la Consejería de Empleo, "en otras consejerías; a saber, Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca o Turismo".

La juez instructora indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo IFA, al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis.

Según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

En un auto de 44 páginas notificado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya requiere, además, a la secretaría general técnica de la Consejería de Empleo para que aclare numerosos puntos sobre la documentación remitida en relación con el ERE de la empresa González Byass, en el que se prejubió el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, mientras que también acuerda librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "a fin de que inicie una nueva línea de investigación" sobre las empresas vinculadas a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y "a su entonces persona de confianza" José María Sayago Lozano.

La juez asevera que el importe total de las ayudas recibidas a una serie de empresas vinculadas al hijo del exprimer edil "y su persona de confianza" asciende a 13.757.483 euros, "dándose la curiosa circunstancia de que los pagos se realizan habitualmente con repetición de las mismas fechas".

La magistrada asevera que "la concentración en las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un número tan importante de ayudas públicas, realizadas a través de las transferencias de financiación, lo que implica la ausencia de procedimiento, de control del gasto y del destino de las cantidades aplicadas, obliga necesariamente a investigar" determinados extremos sobre estas empresas.

elmundo.es

EL FISCAL DE BRUGAL PIDE UNA PRUEBA CALIGRÁFICA DEL HERMANO DE CASTEDO

El abogado declara que no hizo trabajos para Ortiz en el PGOU de Alicante

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

El abogado urbanista José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su socio el exedil socialista Javier Gutiérrez, declararon ayer ante el juez que no hicieron ningún trabajo para el promotor Enrique Ortiz vinculado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Al término del interrogatorio, el fiscal Anticorrupción pidió al juez una prueba caligráfica de los urbanistas para cotejar anotaciones manuscritas supuestamente realizadas por éstos en documentos incluidos en el sumario.

El hermano de la alcaldesa de Alicante tilda de "infantil" el informe de la policía

Gutiérrez dice que su trabajo era "motivar" las alegaciones

José Luis Castedo compareció, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que instruye la rama del caso Brugal sobre un presunto amaño del planeamiento urbano en favor de los intereses del promotor Ortiz. Junto a José Luis Castedo, el magistrado también tomó declaración como imputado a su socio en el despacho Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez. El fiscal acusa a ambos de los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. Castedo y Gutiérrez solo respondieron a las preguntas de sus abogados y rechazaron contestar al resto de las partes personadas, el fiscal Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen el PSPV y EU.

El fiscal Anticorrupción y la policía mantienen que Salvetti Abogados fue el puente del que se valió el promotor Ortiz para modificar el planeamiento en función de sus interes urbanísticos en la ciudad. La investigación también señala que desde el despacho canalizaron decenas de alegaciones que fueron estimadas y que les generó un beneficio de un millón de euros.

Al igual que su hermana, José Luis Castedo esgrimió la tesis del, en su opinión, "deficiente, erróneo e interpretativo" informe policial que implica a los dos abogados urbanistas en la supuesta trama corrupta que anidó en la recta final de la redacción del Plan General, entre marzo de 2008 y mayo de 2010. Castedo, según fuentes del caso, calificó así la investigación policial: "Es una infantilización que hace la policía de un proceso muy complejo".

El exedil socialista Javier Gutiérrez también negó que hubiera realizado ningún trabajo para Ortiz vinculado al PGOU de Alicante. En un momento de su declaración, según fuentes del caso, Gutiérrez llegó a asegurar que "jamás" ha trabajado "para un monopolista del suelo". Enrique Ortiz posee el 70% del suelo urbanizable en el término municipal de Alicante. Gutiérrez aseguró que el objeto social del despacho Salvetti Abogados era la gestión del suelo, "aunque de manera lícita".

Castedo y Gutiérrez sólo reconocieron una gestión para Enrique Ortiz, pero relacionada con un programa urbanístico en la población de Santa Pola. Por ese trabajo aseguraron que facturaron al empresario 60.000 euros.

Respecto a las alegaciones al Plan General que, según el informe policial, elaboró el despacho Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez señaló que no tenían la autonomía que la investigación les atribuye para plantear su estimación, sino que era un trabajo de mera asesoría, "su motivación jurídica". Según los abogados, la competencia para estimar las alegaciones era una cuestión exclusiva de los técnicos municipales y del equipo redactor del PGOU.

Por otro lado, Antonio Ángel Fenoll, hijo del industrial Ángel Fenoll, imitó ayer a su padre y se negó a declarar ante el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que instruye otra rama del caso Brugal sobre un supuesto soborno al presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la contrata de la planta de basuras del Plan Zonal de La Vega Baja.
 

"Son las que son: 19 alegaciones y 11 clientes"
En su declaración ante el juez, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez se mostraron parcos. El grueso de su explicación para contrarrestar la acusación de la policía y el fiscal Anticorrupción en la trama del PGOU ya lo adelantaron, por escrito, la víspera de su comparencia ante el juez.

A largo de un extenso escrito (167 páginas) los abogados responden a las acusaciones y tesis del informe elaborado por la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaria de Alicante tras el registro de su despacho (Salvetti Abogados). En el escrito hacen hincapié en que solo tramitaron 19 alegaciones para 11 clientes de las 3.834 presentadas al documento. "Son las que son y no hay más. Y resulta que realizar el 0,45% de las mismas supone una trama organizada para el investigador", señalan.

Castedo y Gutiérrez aseguran que el beneficio que obtuvieron por los trabajos relacionados con las alegaciones fue de 20.000 euros, el 2% de la facturación del despacho en 2009. La policía eleva esa cifra hasta el millón de euros. Según los abogados, la estimación de la policía es "errónea" porque atribuye todos los pagos de esos 11 clientes al concepto de elaboración de alegaciones. Según ellos, el grueso de las cantidades es por otros servicios ajenos a las alegaciones.

Igualmente niegan, como mantiene la policía a través de datos recabados en la Agencia Tributaria, que hubieran recibido dos pagos de Enrique Ortiz (uno de 90.000 euros y otro 69.600). Los abogados aseveran que la primera factura fue anulada y la segunda era "una mera proforma que jamás ha sido emitida".

Castedo y Gutiérrez rechazan imputación de la policía de que las personas al frente de la sociedad que realizan las alegaciones (la firma G&M Gestión del Suelo, propiedad de Gutiérrez) y las personas que las estiman "son las mismas". Gutiérrez asegura que nunca firmó un contrato con la empresa adjudicataria del PGOU, la mercantil Laboratorio de Proyectos, SL. "No existe [el contrato] pues nunca se ha firmado", recoge el escrito. "El documento al que se refiere el investigador es un mero borrador de contrato que nunca fue suscrito por las partes", añade.

Y, por último, recalcan que sólo "informaban jurídicamente" las alegaciones pero no se pronunciaban sobre su estimación, competencia de los técnicos municipales y el equipo redactor del PGOU. "Gutiérrez no formaba parte de ese equipo sino que era un colaborador externo del mismo".

elpaís.com

LA JUEZA ABRE JUICIO ORAL POR EL COHECHO EN MERCASEVILLA

J. M.-A. - Sevilla

"Las maneras en que se reclamaron los pagos son tan expresivas, tan directas, tan burdas, que a juicio de esta instructora representan de manera probable un claro ejemplo de corrupción". Con esa frase resume la juez Mercedes Alaya el intento de comisiones ilegales por parte de la anterior cúpula de Mercasevilla en un auto por el que ha decretado la apertura del juicio oral.

El exdirector de la empresa municipal, Fernando Mellet, el exsubdirector Daniel Ponce, la exdirectora de estructuras Regla Pereira y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas afrontarán un juicio con jurado popular por un delito de cohecho tras la supuesta petición de 450.000 euros como comisión ilegal a dos empresarios hoteleros a cambio de concederles una escuela de hostelería. La juez sostiene que Rivas instó a Mellet y Ponce a pedir el pago en dinero b a los dos empresarios, y fue este último quien en dos reuniones y en presencia de Pereira reclamó que el dinero se dejara en un maletín en un despacho.

"La intervención del señor Mellet como ideador del proyecto (...) la actuación del señor Ponce respaldando y colaborando con el anterior en las diversas reuniones; la de la señora Pereira (...) asistiendo igualmente a las reuniones (...) y finalmente el señor Rivas, impulsor del proyecto en el ámbito institucional por razón de su cargo, quien encauza la solicitud de la subvención", detalla el auto sobre los cuatro acusados. La magistrada subraya que los imputados "deslizaron sutilmente una supuesta financiación ilegal del PSOE" y admite que la acusación contra Rivas solo se basa en declaraciones de Mellet y Ponce. Pero sostiene que "resulta poco probable" que la comisión ilegal fuera decidida por los dos directivos.

elpaís.com

EL EXGERENTE DE EMARSA ADMITE QUE HIZO VIAJES CON SU FAMILIA CON CARGO A LA EMPRESA PÚBLICA

Cuesta asegura que el alcalde de Manises, entonces presidente de la entidad, autorizó los pagos

EL PAÍS / EP - Valencia 

El exgerente de Emarsa Esteban Cuesta ha declarado de nuevo hoy en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar el presunto fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo, y ha admitido ante el juez que hizo diferentes viajes con su familia con cargo a los fondos de la empresa pública. Según Cuesta, el expresidente de la entidad metropolitana de saneamiento (responsable también de la depuradora), Enrique Crespo, autorizó ese gastó. El alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia también ha sido imputado por el agujero de más de 17 millones de euros en Emarsa, que fue disuelta el año pasado. Aunque aún no ha prestado declaración, ha rechazado en varios comunicados la responsabilidad en la gestión que le achaca el exgerente.

Cuesta ha acudido a prestar declaración en esta causa -abierta por delitos de estafa, malversación y delitos societarios- varias veces, pero todavía no se ha dado por concluida su comparecencia. El exgerente ha señalado a Crespo como responsable del descontrol en Emarsa. El origen del procedimiento fue una denuncia del PSPV en octubre de 2010. Los socialistas denunciaron que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones.

En su comparecencia de hoy, Cuesta ha señalado, respecto a un viaje a París en agosto de 2007 con su mujer y sus hijos, que como nunca tenía un mes entero de vacaciones, le pidió permiso a Crespo para cargar los gastos a Emarsa, y este se lo concedió.

Preguntado por si Crespo le concedía el permiso para hacerlo con cargo a sus fondos particulares o a Emarsa, ha manifestado textualmente: "El presidente sabe que lo hacía con cargo a los fondos de Emarsa y era una especie de pago en especie". No obstante, ha indicado que no tiene ningún justificante de esta autorización, y tampoco de otros viajes, muchos de ellos a Andorra con cargo también a su entidad. Sobre ellos ha dado la misma explicación que la ofrecida por el viaje a París. También se fue a Málaga en agosto de 2008 de la misma manera, o a Madrid con su hermano y con su hijo. Sin embargo, hay de otros viajes de los que Cuesta no se acuerda o desconoce, como uno a Estocolmo de febrero de 2009, que no recuerda. Preguntado por otro viaje a Bilbao, ha manifestado que no lo hizo y que solo ha estado allí en una ocasión con el jefe de planta para ver una feria relacionada con tecnología. Junto a estos, hay otros viajes que ha justificado por razones de trabajo.

El juez también ha pedido aclaraciones sobre facturas emitidas a cargo de Emarsa por Viajes Benimamet, pero que que nada tienen que ver con viajes o alojamientos, sino que se corresponden con la compra de entradas para la fórmula uno o el Open 500 de Tenis. Cuesta ha afirmado que no tenía ni idea de estas facturas.

Por otro lado, ha insistido en que él desconocía que se estuvieran falsificando facturas por parte de algunas empresas como Ageiron o Arrima.

   

Más información:
* El alcalde de Manises soslayó seis años las irregularidades de Emarsa
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"CASO PRETORIA"; EL JUEZ REBAJA A LA MITAD LA FIANZA AL PRESUNTO "CEREBRO"

Ruz accede a devolver la fianza de 25.000 euros depositada por el también imputado Pasqual Vela

EFE - Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rebajado de 500.000 a 250.000 euros la fianza impuesta al presunto cerebro del caso Pretoria, el exdiputado del PSC Luis García Saez, Luigi, que se encuentra en libertad desde el 12 de abril de 2010. Así lo han informado hoy fuentes jurídicas, que han señalado que el magistrado adoptó esta decisión, con la que pretende "adecuar" la cuantía de la fianza a las impuestas al resto de los imputados, en un auto dictado el pasado 20 de octubre y tras recibir un informe favorable de la Fiscalía. Además, Ruz ha accedido a devolver la fianza de 25.000 euros depositada por el también imputado Pasqual Vela, exgerente de los servicios municipales de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que solicitó recuperar el dinero al haberse quedado en paro.

El juez que inició la investigación, Baltasar Garzón, imputó a Luis García los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental al considerarlo el "nexo de unión" de los demás imputados con el Ayuntamiento de Santa Coloma y, "especialmente", con su exalcalde, Bartomeu Muñoz. A este último se le impuso inicialmente una fianza de 500.000 euros, rebajada posteriormente a 150.000 euros.

La causa cuenta con una veintena de imputados, entre ellos los exaltos cargos de la Generalitat en la anterior etapa de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, a los que Garzón dejó en libertad bajo fianza de un millón de euros en diciembre de 2009, aunque la Audiencia Nacional rebajó esa cantidad a 200.000 euros dos meses después. La presunta trama de corrupción investigada defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

   

Más información:
* La Audiencia Nacional avala las escuchas del 'caso Pretoria' ordenadas por Garzón
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elpaís.com

EL "CASO SCALA" LLEGA A LA AUDIENCIA

Desvío de fondos públicos

* La Fiscalía pide 115 años y medio de prisión para sus 18 encausados

Europa Press | Palma

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma será la encargada de enjuiciar a los 18 acusados del caso Scala, una compleja trama de presunta corrupción centrada en el desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) cuyo principal inculpado es el ex conseller de Industria, Comercio y Energía, Josep Juan Cardona, para quien la Fiscalía y la Comunidad Autónoma solicitan 21 años de cárcel.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) después de que el proceso haya entrado este jueves en la Audiencia y, por turno de reparto, haya sido asumido por la Sección Primera, que precisamente será también la encargada de juzgar en enero al expresidente del Govern, Jaume Matas, así como la pieza número 1 del caso Voltor, cuyo principal acusado el exconseller de Turismo del Govern y expresidente de UM, Miquel Nadal. Por el momento no se ha fijado fecha para la vista oral del caso Scala.

Una causa en el marco de la cual la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de acusación de más de 400 páginas, y la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitan un total de 115 años y medio de prisión para sus 18 acusados, de los cuales Cardona y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, se enfrentan a las peticiones más elevadas de cárcel (21 y 20 años de privación de libertad, respectivamente).

Además de los dos exaltos cargos, las acusaciones reclaman 10 años de prisión para el empresario Arnaldus Van Den Hurk; 8 y medio para el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; 7 para la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló; 6 para el empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -quien junto a Ordinas ha colaborado con la justicia y ha confesado los hechos- y para el publicista Joan Rosselló; 5 para la ex secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario Pedro Veny.

Por otro lado, piden 4 años para el administrador de Taller Grafic, Jaime Gil; dos años para el empresario Miguel Mauri; uno y medio para el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera, y Antonio Munar, y seis meses para los empresarios Manuel Carmelo y Antoni Vicens.

En el marco de estas pesquisas, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau achacan a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.

La Fiscalía apunta al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.

"Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación. Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas, Ferré y el empresario Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio para provecho propio.
 

Los delitos
Por todo ello, sobre Cardona pesan los presuntos delitos de asociación ilícita (por el que piden cuatro años de cárcel), malversación continuada en concurso con prevaricación, falsedad en documento mercantil y oficial, cohecho y fraude a la administración, al tiempo que la Fiscalía solicita el comiso del tercio de los 1,2 millones que habría percibido en concepto de comisiones junto a Viaene y Ordinas, quienes se enfrentan a los mismos tipos penales.

Cabe recordar que en su auto de apertura de juicio oral, la titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, acordaba una fianza de responsabilidad civil de 7,3 millones de euros para Cardona, Viaene y Ordinas, los tres principales imputados de la causa, y de la que también debían responder de forma solidaria otros ocho acusados. De forma paralela, exigía 14.113 euros a Cardona, Viaene y Munar, así como al PP como responsable civil subsidiario, mientras que Ordinas debía prestar otros 23.473 euros.

Por su parte, en su escrito la Fiscalía reclama elevadas indemnizaciones por parte de los acusados en favor del Ejecutivo autonómico, y entre ellas solicita un total de 5.491.283 euros para Cardona, Viaene y Ordinas. En esta misma línea, pide que Cardona, Viaene y el empresario Antonio Munar, así como el PP como responsable civil subsidiario, paguen a la Conselleria de Comercio 10.585 euros.

Esta última cantidad es la que, según las investigaciones, se desvió desde el CDEIB para financiar el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló. Transporte que se efectuó a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'.

La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular

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DOS IMPUTADO MÁS EN LA SEGUNDA FASE DE LA "OPERACIÓN OSSIFAR"

Emaya

* Los investigadores han tomado ya declaración a una docena de testigos

Efe | Palma

Otras dos personas han sido imputadas en la segunda fase de la operación Ossifar, que se inició ayer con la detención de una empleada de Emaya, informan fuentes de la Guardia Civil.

Con estas dos nuevas imputaciones, ya son tres las personas acusadas en la nueva fase de investigación de esta supuesta trama de corrupción vinculada a la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma.

L.J.Z., empleada de esta empresa, fue ayer detenida y tras declarar en la comandancia de la Guardia Civil de Palma quedó en libertad con cargos.

Desde ayer viernes, los investigadores del instituto armado han tomado ya declaración a una docena de testigos y continuarán hoy a lo largo de la tarde.

La operación Ossifar fue iniciada el pasado agosto en torno a supuestas irregularidades detectadas en la citada empresa municipal durante el pasado mandato, cuando estaba controlada por Unió Mallorquina (UM) y era presidida por Cristina Cerdó.

El supuesto "departamento fantasma" que se investiga en esta segunda parte de Ossifar es la Oficina de Atención a la Ciudadanía, del que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que se creó para contratar a personas afiliadas o simpatizantes de UM, pero pagadas con dinero de Emaya.

Además
* La detenida trabajaba a sueldo en un departamento 'fantasma'
* Imputan a la consejera ejecutiva de Melchor Mascaró

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