La sociedad pública de depuración fue saqueada hasta llevarla a la quiebra
IGNACIO ZAFRA - Valencia
El saqueo de Emarsa, la sociedad que depuraba las aguas residuales de Valencia, se ha convertido, por la magnitud del vaciado de fondos públicos y por la zafiedad con que se llevó a cabo, en el mayor caso de corrupción destapado en la ciudad en las últimas décadas. Las estimaciones sobre el desfalco, que el proceso judicial deberá determinar, oscilan entre 17 y 40 millones de euros.
El dinero rapiñado venía de la tasa que los vecinos pagan en la factura del agua
El exgerente apunta al alcalde de Mislata como 'cerebro' del vaciado de fondos
La factura del agua que pagan los hogares de Valencia y otros 18 pueblos cercanos incluye una cantidad destinada al "canon de saneamiento". De ahí provenía el dinero rapiñado. Y de ahí saldrán los 17 millones de euros necesarios para taponar el agujero con que la empresa fue liquidada en 2010 por el PP, el partido que ha controlado el negocio los últimos 16 años.
La investigación que dirige el juez Víctor Ríos, titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, ha revelado que la sociedad de depuración costeó viajes de placer a directivos y sus familias, pagó relojes, joyas, iPod, accesorios de automóvil, bolígrafos Montblanc, bolsos y cazadoras de Loewe. Mucho más gravoso económicamente, Emarsa abonó 30 millones de euros a las empresas inicialmente investigadas por servicios y suministros inverosímiles. El tratamiento de más toneladas de lodos de las que generaba la planta de Pinedo y a un precio muy superior al del mercado. Reparaciones en edificios y maquinaria que nunca existieron. Teóricas partidas de 174 teclados y 149 ratones para una empresa con solo 30 puestos de trabajo informatizados. Facturas de mano de obra que habrían exigido a los supuestos albañiles jornadas laborales de más de 20 horas durante meses enteros... El saqueo corrió en paralelo al desmoronamiento patrimonial de la sociedad, según ha constatado el juez: Emarsa fue exprimida por sus responsables hasta llevarla a la quiebra.
Hasta hace unos días el principal protagonista del escándalo era Esteban Cuesta. Un enfermero a quien la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, nombró alcalde pedáneo de Benimàmet. Y a quien aún hoy, tras haber sido imputado por malversación, estafa continuada y delitos societarios y haber reconocido ante el juez buena parte de las irregularidades, Barberá lo mantiene como dirigente local del Partido Popular de Valencia.
Desde que Cuesta empezó a hablar ante el juez la presión se ha trasladado, sin embargo, hacia quien fuese su jefe, el expresidente y ex consejero delegado de Emarsa, Enrique Crespo, que es actualmente alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, también del PP. El exgerente ha señalado a Crespo como cerebro del saqueo. El que decidía con qué empresas contratar. Cuándo pagar. A quién enchufar en la planta (incluidas cuatro personas que nunca aparecían por allí). Qué artículos de lujo había que adquirir por cuenta de la sociedad y quiénes los recibían.
Crespo, imputado esta semana por los mismos supuestos delitos, ha negado los hechos y ha acusado a Cuesta de intentar salvar el cuello implicándolo con falsedades. Eso no explica, sin embargo, por qué nombró gerente a Cuesta, un hombre que, en palabras del juez, "carecía de la preparación exigible para administrar y gestionar una empresa de la naturaleza de Emarsa". Por qué vetó aumentar los controles sobre la sociedad. Por qué desoyó seis años seguidos las advertencias de los auditores sobre las irregularidades. O por qué cargó a Emarsa, en cuatro días, 3.780 euros en comidas y cenas que, según el dueño del restaurante de Manises eran en realidad banquetes falleros para 20 comensales.
Las declaraciones de Cuesta han salpicado a otros cargos del PP en Valencia y Montcada que, o bien eran al mismo tiempo directivos de la depuradora o bien cobraron un salario sin ir nunca por allí. Ha abierto una nueva vía de investigación al indicar que la entidad de saneamiento de la Generalitat, Epsar, que controlaba y financiaba a la depuradora, impuso a la empresa de tratamiento de lodos ahora investigada, estableciendo un precio por tonelada desorbitado. Y ha advertido que el sistema corrupto ya funcionaba antes de que él y Crespo empezaran a trabajar allí. Los anteriores presidentes de Emarsa fueron Silvestre Senent y Vicente Jurado, hoy concejales del equipo de gobierno de Rita Barberá.
El rastro que apunta a la Generalitat
El PP, que controlaba Emarsa desde los años 90 gracias fundamentalmente al peso que el Ayuntamiento de Valencia tiene en sus órganos de gestión, disolvió la sociedad pública el año pasado cuando su situación económica era ya terminal y la oposición socialista había puesto sobre la mesa las sospechas de irregularidades. Emarsa se encargaba de gestionar la planta de Pinedo, la mayor depuradora valenciana y una de las más grandes de España, cuya gestión ha sido concedida ahora al sector privado.
La planta recoge las aguas residuales de Valencia y parte de los municipios de su área metropolitana. Al día, es capaz de tratar unos 350.000 metros cúbicos. Buena parte va de allí directamente al mar. Otra, sometida a un proceso terciario, abastece a L'Albufera y permite reutilizarla para el riego.
La explotación de la planta la sufragan los usuarios: en una factura de 40 euros, nueve van al llamado canon de saneamiento. Esa tasa es recaudada por Epsar, la entidad de la Generalitat que reparte los fondos a las depuradoras y, según fuentes del sector, conoce bien su funcionamiento. Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa ha afirmado que el exgerente de Epsar, José Juan Morenilla, le impuso contratar a una de las firmas ahora investigadas por estafa y que, además, estableció que se le pagase un precio muy por encima de los del mercado por tratar los lodos. Morenilla abandonó Epsar en julio y fue contratado por Facsa, empresa de Castellón cuyos administradores están acusados de financiar ilegalmente al PP en el caso Gürtel.
El PP, que controlaba Emarsa desde los años 90 gracias fundamentalmente al peso que el Ayuntamiento de Valencia tiene en sus órganos de gestión, disolvió la sociedad pública el año pasado cuando su situación económica era ya terminal y la oposición socialista había puesto sobre la mesa las sospechas de irregularidades. Emarsa se encargaba de gestionar la planta de Pinedo, la mayor depuradora valenciana y una de las más grandes de España, cuya gestión ha sido concedida ahora al sector privado.
La planta recoge las aguas residuales de Valencia y parte de los municipios de su área metropolitana. Al día, es capaz de tratar unos 350.000 metros cúbicos. Buena parte va de allí directamente al mar. Otra, sometida a un proceso terciario, abastece a L'Albufera y permite reutilizarla para el riego.
La explotación de la planta la sufragan los usuarios: en una factura de 40 euros, nueve van al llamado canon de saneamiento. Esa tasa es recaudada por Epsar, la entidad de la Generalitat que reparte los fondos a las depuradoras y, según fuentes del sector, conoce bien su funcionamiento. Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa ha afirmado que el exgerente de Epsar, José Juan Morenilla, le impuso contratar a una de las firmas ahora investigadas por estafa y que, además, estableció que se le pagase un precio muy por encima de los del mercado por tratar los lodos. Morenilla abandonó Epsar en julio y fue contratado por Facsa, empresa de Castellón cuyos administradores están acusados de financiar ilegalmente al PP en el caso Gürtel.
Un dirigente del PP implica a varios cargos en las irregularidades de la entidad
- EXGERENTE DE EMARSA. ESTEBAN CUESTA, DIRIGENTE DEL PP DE VALENCIA, IMPUTADO POR MALVERSACIÓN, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS HA IMPLICADO EN EL CASO A VARIOS CARGOS DEL PARTIDO EN SU DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ.
- ALCALDE DE MANISES. ENRIQUE CRESPO, QUE ES TAMBIéN VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIóN DE VALENCIA, DEL PP, FUE SEGúN CUESTA EL INSTIGADOR DE LA MAYOR PARTE DE LAS ILEGALIDADES COMETIDAS EN EMARSA. EL JUEZ LO HA IMPUTADO.
- SECRETARIO GENERAL DEL PP EN EL DISTRITO DE PATRAIX (VALENCIA): SANTOS PERAL ERA EL JEFE DE CONTABILIDAD DE EMARSA. CUESTA HA CONTADO AL JUEZ QUE LOS CONTRATOS Y LAS FACTURAS INVESTIGADAS QUE éL FIRMABA ERAN PREPARADAS POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y POR EL QUE DIRIGíA PERAL.
- SECRETARIO GENERAL DEL PP EN EL DISTRITO DE TRàNSITS (VALENCIA). IGNACIO MARTíNEZ, JEFE DE COMPRAS DE EMARSA. SEGúN CUESTA, EL DíA QUE EMPEZó A TRABAJAR EN EMARSA SIN TENER NINGUNA FORMACIóN PARA ELLO, EN SU DESPACHO LE ESPERABAN CRESPO Y MARTíNEZ. AMBOS LE HABRíAN DICHO QUE NO PODíA HACER CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y QUE DEBíA MANTENER A SUS DIRECTIVOS.
- CONCEJAL DE URBANISMO DE MONTCADA. LUIS BOTELLA, EDIL DEL PP Y ABOGADO DE PROFESIóN, FUE SEGúN CUESTA UNO DE LOS CUATRO ENCHUFADOS QUE CRESPO LE ORDENó CONTRATAR Y QUE SOLO SE PASABAN POR LA PLANTA EL DíA QUE TENíAN QUE COBRAR.
- EXCONCEJAL DE MONTCADA: ENRIQUE ARNAL, DIRECTOR FINANCIERO DE EMARSA, TAMBIéN IMPUTADO, LLEVABA EN LA SOCIEDAD DESDE MEDIADOS DE LOS 90. CUESTA LE HA SEñALADO COMO RESPONSABLE DE REDACTAR LOS CONTRATOS IRREGULARES.
- EXGERENTE DE LA ENTIDAD DE SANEAMIENTO DEL CONSELL. JOSé JUAN MORENILLA IMPUSO, SEGúN CUESTA, A UNA DE LAS EMPRESAS AHORA INVESTIGADAS Y FIJó QUE SE LE PAGARAN PRECIOS DESORBITADOS.
elpaís.com
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