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| Francisco Camps, en una sesión en las Cortes Valencianas. / CARLES FRANCESC |
El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, pide al presidente de la Generalitat valenciana que reflexione sobre si está en disposición de gobernar
María Fabra Castellón
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, conocerá el próximo día 12 las peticiones de pena que reclamarán la fiscalía y la acusación popular por la conocida como “causa de los trajes”. Será el día que se celebrará la conocida como “vistilla” dentro del procedimiento de los juicios con jurado, un acto en el que cada una de las partes expondrá sus calificaciones provisionales y a partir del que el juez decidirá si se inicia el juicio al presidente del PP valenciano.
Las acusaciones ya adelantaron en febrero sus conclusiones que, en el caso de la Fiscalía, acusaba al presidente del PP valenciano de un delito continuado de cohecho, por el que solicitaba una multa de cinco meses y quince días, hasta un total de 41.250 euros por haber recibido trajes de la trama Gürtel por valor de 14.021,5 euros. Por su parte, la acusación popular consideró que los regalos no son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en función del cargo que ostenta) sino de cohecho propio (recibirlas a cambio de adjudicar contratos), por lo que reclamó tres años de cárcel y ocho de inhabilitación.
La decisión ha sido adoptada después de que, tal como se preveía, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya rechazado acumular la denominada “causa de los trajes”, en la que está imputado Camps por un presunto delito de cohecho impropio, con la causa que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano, que fue iniciada posteriormente. De hecho, en el auto dado a conocer hace unas horas, la sala de la civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) señala sobre la acumulación podría haberse decidido en un principio. “Podría estimarse razonable que, si nos encontráramos en el momento procesal inicial y se tratara de decidir sobre la incoación conjunta de ambos presuntos hechos delictivos (posibles irregularidades en la contratación administrativa y la aceptación por diversas autoridades de dádivas), resultaría razonable poderse acceder a la tramitación inicial conjunta de ambos hechos para valorar la posible existencia y en qué grado de la relación que pudiera existir entre dicha contratación y la percepción de dádivas, y todo ello con independencia de lo que tras dicha investigación resultara”, indica. Pero señala que, “valorando el estado y tramitación de ambos procedimientos y el tiempo de duración de la instrucción, la decisión no puede dejar de considerar las concretas diligencias y actuaciones practicadas, especialmente las derivadas de la causa tramitada por la Ley del Jurado”.
La resolución admite el origen común de ambos procedimientos, “los presuntos hechos delictivos cometidos esencialmente en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia por parte presuntamente de personas y empresas pertenecientes al denominado Grupo Correa (entre ellas la denominada Orange Market SL, con implantación en Valencia), que al parecer pretendían obtener favores en la contratación pública por parte de algunas personas y autoridades vinculadas a las administraciones públicas donde gobernaba el Partido Popular, para lo cuál realizarían diversos obsequios a dicha personas” pero descarta que las dos causas se unan en una sola. Para ello rechaza las argumentaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular, que representa a los socialistas valencianos que sostenían la existencia de “una estrecha relación entre todas las conductas, ya que el delito de cohecho está relacionado con las adjudicaciones (prevaricación), y estas han dado lugar a una financiación irregular del Partido Popular, y por tal motivo, se han elaborado facturas falsas (delito de falsedad en documento mercantil), que han dado lugar a su vez, a un delito fiscal”.
El Tribunal valenciano, según el auto hecho público este martes, ha decidido instruir ambas causas por separado y ha nombrado al magistrado José Ceres como instructor del proceso de la financiación.
Las acusaciones ya adelantaron en febrero sus conclusiones que, en el caso de la Fiscalía, acusaba al presidente del PP valenciano de un delito continuado de cohecho, por el que solicitaba una multa de cinco meses y quince días, hasta un total de 41.250 euros por haber recibido trajes de la trama Gürtel por valor de 14.021,5 euros. Por su parte, la acusación popular consideró que los regalos no son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en función del cargo que ostenta) sino de cohecho propio (recibirlas a cambio de adjudicar contratos), por lo que reclamó tres años de cárcel y ocho de inhabilitación.
La decisión ha sido adoptada después de que, tal como se preveía, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya rechazado acumular la denominada “causa de los trajes”, en la que está imputado Camps por un presunto delito de cohecho impropio, con la causa que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano, que fue iniciada posteriormente. De hecho, en el auto dado a conocer hace unas horas, la sala de la civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) señala sobre la acumulación podría haberse decidido en un principio. “Podría estimarse razonable que, si nos encontráramos en el momento procesal inicial y se tratara de decidir sobre la incoación conjunta de ambos presuntos hechos delictivos (posibles irregularidades en la contratación administrativa y la aceptación por diversas autoridades de dádivas), resultaría razonable poderse acceder a la tramitación inicial conjunta de ambos hechos para valorar la posible existencia y en qué grado de la relación que pudiera existir entre dicha contratación y la percepción de dádivas, y todo ello con independencia de lo que tras dicha investigación resultara”, indica. Pero señala que, “valorando el estado y tramitación de ambos procedimientos y el tiempo de duración de la instrucción, la decisión no puede dejar de considerar las concretas diligencias y actuaciones practicadas, especialmente las derivadas de la causa tramitada por la Ley del Jurado”.
La resolución admite el origen común de ambos procedimientos, “los presuntos hechos delictivos cometidos esencialmente en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia por parte presuntamente de personas y empresas pertenecientes al denominado Grupo Correa (entre ellas la denominada Orange Market SL, con implantación en Valencia), que al parecer pretendían obtener favores en la contratación pública por parte de algunas personas y autoridades vinculadas a las administraciones públicas donde gobernaba el Partido Popular, para lo cuál realizarían diversos obsequios a dicha personas” pero descarta que las dos causas se unan en una sola. Para ello rechaza las argumentaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular, que representa a los socialistas valencianos que sostenían la existencia de “una estrecha relación entre todas las conductas, ya que el delito de cohecho está relacionado con las adjudicaciones (prevaricación), y estas han dado lugar a una financiación irregular del Partido Popular, y por tal motivo, se han elaborado facturas falsas (delito de falsedad en documento mercantil), que han dado lugar a su vez, a un delito fiscal”.
El Tribunal valenciano, según el auto hecho público este martes, ha decidido instruir ambas causas por separado y ha nombrado al magistrado José Ceres como instructor del proceso de la financiación.
¿Disposición para gobernar?
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, considera que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, “tiene que reflexionar sobre si está en disposición de gobernar” y “no en disposición de acudir permanentemente a citaciones judiciales" del caso Gürtel. Frente a esto, los socialistas “sí estamos en disposición de realizar propuestas”, ha afirmado. Alarte se ha expresado de esta manera al ser preguntado por la decisión del TSJCV de no acumular la conocida como la “causa de los trajes” con la que investigará una presunta financiación irregular del PPCV y otros delitos, ha mostrado su “respeto” por esta decisión.
El dirigente socialista ha remarcado que Camps ha ganado las elecciones y “suya es la legitimidad” para gobernar, pero “no podemos estar todo el día para ver cuál es su última citación judicial”, después de que el tribunal haya señalado para el próximo día 12 la fecha en la que las partes darán a conocer sus conclusiones provisionales sobre el delito de cohecho impropio del que se acusa al presidente del PP valenciano.
Alarte ha pedido que “se investigue todo” y se “depuren todas las responsabilidades y todo el mundo” y ha indicado que la decisión del TSJCV es “un paso más en la necesidad de que Camps reflexione” sobre su situación y que la realidad y los problemas de los valencianos “no son sus problemas judiciales”.
Los “problemas judiciales” del presidente de la Generalitat son un “problema más para nosotros”, ha agregado Alarte, quien ha asegurado que el “problema” para la Comunidad Valenciana es el desempleo, que se ha reducido la mitad que en el resto de España. Asimismo, ha considerado que Camps "debe reflexionar sobre lo que tendrá que decir si abren juicio”.
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