* El constuctor se acoge a su derecho de no declarar ante el juez y el fiscal
* Su abogado asegura que Ortiz no recibió jamás 'información privilegiada'
* Niega también que su cliente ofreciera 'dádivas' a autoridades públicas
* Su abogado asegura que Ortiz no recibió jamás 'información privilegiada'
* Niega también que su cliente ofreciera 'dádivas' a autoridades públicas
Efe | Alicante
El constructor Enrique Ortiz ha negado ante el juez de la pieza separada del Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante que los políticos de la ciudad le dieran información privilegiada ni que éstos le pidieran "jamás" dádivas.
Así lo ha expuesto el imputado Ortiz ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, en un breve alegato después de acogerse a su derecho a no declarar para evitar las preguntas del juez, la fiscalía Anticorrupción y los abogados de las partes personas.
Debido a este rechazo a las preguntas, la estancia de Ortiz en el interior del juzgado sólo ha durado poco más de 15 minutos y posteriormente también ha rehusado las preguntas de los periodistas.
Según ha relatado uno de sus abogados, Francisco Ruiz Marco, en su monólogo ante el juez Ortiz "ha dejado constancia de que en ningún momento solicitó y en ningún momento recibió información privilegiada por parte de Sonia Castedo (alcaldesa del PP), Luis Díaz Alperi (exalcalde popular) o de Jesús Quesada (redactor del PGOU".
"En ningún caso le fue solicitado por ningún político ni ninguna autoridad pública ninguna dádiva y nunca jamás él la ofreció", ha recalcado el letrado antes de añadir que el constructor también ha negado los delitos que se le imputan en esta causa, que son el de cohecho, tráfico de influencias y aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario público.
Ruiz Marco también ha sostenido que la defensa no ha hecho planteamiento alguno en torno a la validez de las intervenciones policiales realizadas durante varios años a Ortiz, cuestión que fue recurrida en otra de las ramas del Brugal y que dio pie a que el juez número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, anulara una parte de las citadas escuchas.
Así lo ha expuesto el imputado Ortiz ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, en un breve alegato después de acogerse a su derecho a no declarar para evitar las preguntas del juez, la fiscalía Anticorrupción y los abogados de las partes personas.
Debido a este rechazo a las preguntas, la estancia de Ortiz en el interior del juzgado sólo ha durado poco más de 15 minutos y posteriormente también ha rehusado las preguntas de los periodistas.
Según ha relatado uno de sus abogados, Francisco Ruiz Marco, en su monólogo ante el juez Ortiz "ha dejado constancia de que en ningún momento solicitó y en ningún momento recibió información privilegiada por parte de Sonia Castedo (alcaldesa del PP), Luis Díaz Alperi (exalcalde popular) o de Jesús Quesada (redactor del PGOU".
"En ningún caso le fue solicitado por ningún político ni ninguna autoridad pública ninguna dádiva y nunca jamás él la ofreció", ha recalcado el letrado antes de añadir que el constructor también ha negado los delitos que se le imputan en esta causa, que son el de cohecho, tráfico de influencias y aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario público.
Ruiz Marco también ha sostenido que la defensa no ha hecho planteamiento alguno en torno a la validez de las intervenciones policiales realizadas durante varios años a Ortiz, cuestión que fue recurrida en otra de las ramas del Brugal y que dio pie a que el juez número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, anulara una parte de las citadas escuchas.
Acusación particular
Por el contrario, el abogado de la acción particular ejercida por el PSPV-PSOE, Fernando Montalvo, ha indicado que la defensa de Ortiz sí ha justificado el rechazo a declarar por las dudas sobre la validez de esas escuchas, que constituyen la base de la investigación.
Según este letrado, otro de los argumentos que han dado es que la causa es "muy voluminosa", de más de 8.000 folios, y que el plazo dado por el juez de 20 días no ha sido suficiente para poder estudiarla.
Montalvo ha lamentado que las partes no hayan tenido oportunidad de "interrogar" sobre los hechos y circunstancias investigadas, y ha calificado el breve alegado del constructor como "consideraciones propias al margen de una declaración" con el objetivo de "negar cualquier implicación en cualquiera de los hechos".
Enrique Ortiz, también imputado en la rama del Brugal sobre las supuestas irregularidades en el plan comarcal de residuos de la Vega Baja, es el segundo en declarar en esta causa.
Inició las comparecencias el pasado viernes el redactor del PGOU, el arquitecto Jesús Quesada, quien admitió haberse reunido dos veces con el constructor a instancias de la actual alcaldesa Castedo aunque negó que facilitara información privilegiada o que recibiera dádiva o contraprestación de algún tipo.
Para mañana está previsto que declare la esposa de Enrique Ortiz, María Manuela Carratalá -más conocida como "Maleles"-, imputada como supuesta intermediaria en los regalos de su marido a cargos públicos.
Además de estos tres, el juez Tejada ha citado para el 20 de julio al directivo de Bancaja en 2008 José Cortina y el 21 al de Caja Mediterráneo (CAM) Daniel Gil, así como al empresario Bernardo Campos (día 27) y al abogado Jorge Jacobi (28).
En esta causa, el fiscal Anticorrupción también considera implicados a la actual alcaldesa de Alicante y a su antecesor Díaz Alperi, ambos del PP, por supuestamente haber dado trato de favor a Ortiz en el PGOU.
No obstante por su condición de diputados autonómicos en Les Corts Valencianes, Castedo y Díaz Alperi están aforados y, en principio, sólo podrían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Por el contrario, el abogado de la acción particular ejercida por el PSPV-PSOE, Fernando Montalvo, ha indicado que la defensa de Ortiz sí ha justificado el rechazo a declarar por las dudas sobre la validez de esas escuchas, que constituyen la base de la investigación.
Según este letrado, otro de los argumentos que han dado es que la causa es "muy voluminosa", de más de 8.000 folios, y que el plazo dado por el juez de 20 días no ha sido suficiente para poder estudiarla.
Montalvo ha lamentado que las partes no hayan tenido oportunidad de "interrogar" sobre los hechos y circunstancias investigadas, y ha calificado el breve alegado del constructor como "consideraciones propias al margen de una declaración" con el objetivo de "negar cualquier implicación en cualquiera de los hechos".
Enrique Ortiz, también imputado en la rama del Brugal sobre las supuestas irregularidades en el plan comarcal de residuos de la Vega Baja, es el segundo en declarar en esta causa.
Inició las comparecencias el pasado viernes el redactor del PGOU, el arquitecto Jesús Quesada, quien admitió haberse reunido dos veces con el constructor a instancias de la actual alcaldesa Castedo aunque negó que facilitara información privilegiada o que recibiera dádiva o contraprestación de algún tipo.
Para mañana está previsto que declare la esposa de Enrique Ortiz, María Manuela Carratalá -más conocida como "Maleles"-, imputada como supuesta intermediaria en los regalos de su marido a cargos públicos.
Además de estos tres, el juez Tejada ha citado para el 20 de julio al directivo de Bancaja en 2008 José Cortina y el 21 al de Caja Mediterráneo (CAM) Daniel Gil, así como al empresario Bernardo Campos (día 27) y al abogado Jorge Jacobi (28).
En esta causa, el fiscal Anticorrupción también considera implicados a la actual alcaldesa de Alicante y a su antecesor Díaz Alperi, ambos del PP, por supuestamente haber dado trato de favor a Ortiz en el PGOU.
No obstante por su condición de diputados autonómicos en Les Corts Valencianes, Castedo y Díaz Alperi están aforados y, en principio, sólo podrían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
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