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| El empresario Enrique Ortiz (en el centro), a su llegada al juzgado. / JOSÉ OLIVARES |
El empresario Ortiz esquivó también las preguntas del fiscal y las acusaciones
Artur Balaguer Alicante
El empresario Enrique Ortiz se acogió ayer a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, donde estaba citado como imputado por los supuestos delitos de uso de información privilegiada facilitada por funcionario público, cohecho y tráfico de influencias durante el periodo que estuvo tramitándose la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, una pieza separada del llamado caso Brugal.
Sin embargo, Ortiz pidió al juez hacer un alegato en defensa propia, que no puede considerarse una declaración judicial, en el que se confesó inocente de cuantos cargos se le imputan.
El caso depende de que la Audiencia valide las escuchas
Al salir del juzgado, su abogado, Francisco Ruiz Marco, explicó que “Ortiz ha dejado constancia de que en ningún momento solicitó, ni en ningún momento recibió, información privilegiada por parte de Sonia Castedo (alcaldesa de Alicante y exconcejal de Urbanismo), Luis Díaz Alperi (exalcalde) o de Jesús Quesada (redactor del PGOU). Y añadió: “En ningún caso le fue solicitada ninguna dádiva, nunca jamás y nunca él la ofreció. Y no ha cometido ninguno de los hechos respecto a los cuales se le formula acusación”.
El abogado de la acusación particular que representa al PSPV-PSOE, Fernando Montalvo, confirmó que Ortiz negó “cualquier implicación en cualquiera de los hechos que aquí se están investigando, pero no ha permitido interrogarle sobre esos hechos ni sobre las circunstancias”. Según este letrado, “están alegando que la causa es muy voluminosa y que no ha dado tiempo en los 20 días que ha dado el juez para estudiarla”. Además, está por resolver “la discusión sobre la validez de las escuchas”. El último juez de Orihuela que ha instruido el caso Brugal antes de ramificarlo en diversas piezas separadas, Carlos San Martín, decidió anular aproximadamente un 20% de las escuchas telefónicas que avalaron sus predecesores en el juzgado, pero ese auto será recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, que pretende su validación. Los letrados de los acusados, por su parte, persiguen la anulación de todas, lo que dejaría el caso a las puertas de su archivo por falta de pruebas.
El abogado de Ortiz: “No le fue solicitada ninguna dádiva y él nunca la ofreció”
El desfile de imputados continuará esta mañana con la declaración de Manuela Carratalá, la esposa de Enrique Ortiz, a la que el ministerio público le atribuye los supuestos delitos de uso privilegiado de información y cohecho por dar cobertura a su marido en la larga relación de regalos que distribuyó el promotor entre multitud de políticos del PP.
El juez Manrique Tejada también ha citado a declarar el día 20 de este mes a José Cortina Orriols, subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat, SL en 2008, acusado por el fiscal de “cooperador necesario y máximo beneficiado de las gestiones irregulares” del promotor. La fiscalía sostiene que el ejecutivo de la caja financió a Ortiz la compra de suelo a través de la mercantil Deproinmed, SL, en cuyo consejo estaban representados el Banco de Valencia y Bancaja Habitat. Deproinmed, mediante sucesivas ampliaciones de capital, “sería la actual propietaria de las zonas urbanísticas que más valor adquirirán una vez se haya aprobado dicho plan”, sostiene el fiscal.
El día 21 comparecerá Daniel Gil, exdirector de inversiones inmobiliarias de la CAM, acusado de tramar operaciones de compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad.
El día 27 acudirá al juzgado el empresario Bernardo Campos, un posible inversor al que Ortiz quería venderle suelo en la zona de La Condomina de la ciudad. En una de las conversaciones interceptadas, Ortiz le dice a Campos: “El plan general ya está hecho, yo tengo copia, vamos, te puedo enseñar copia”.
El último de los citados a declarar, el día 28, es el abogado Jorge Jacobi. De momento no lo han sido la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, a los que la fiscalía achaca la comisión de los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias. Ambos están aforados por su condición de diputados y deberían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Sin embargo, Ortiz pidió al juez hacer un alegato en defensa propia, que no puede considerarse una declaración judicial, en el que se confesó inocente de cuantos cargos se le imputan.
El caso depende de que la Audiencia valide las escuchas
Al salir del juzgado, su abogado, Francisco Ruiz Marco, explicó que “Ortiz ha dejado constancia de que en ningún momento solicitó, ni en ningún momento recibió, información privilegiada por parte de Sonia Castedo (alcaldesa de Alicante y exconcejal de Urbanismo), Luis Díaz Alperi (exalcalde) o de Jesús Quesada (redactor del PGOU). Y añadió: “En ningún caso le fue solicitada ninguna dádiva, nunca jamás y nunca él la ofreció. Y no ha cometido ninguno de los hechos respecto a los cuales se le formula acusación”.
El abogado de la acusación particular que representa al PSPV-PSOE, Fernando Montalvo, confirmó que Ortiz negó “cualquier implicación en cualquiera de los hechos que aquí se están investigando, pero no ha permitido interrogarle sobre esos hechos ni sobre las circunstancias”. Según este letrado, “están alegando que la causa es muy voluminosa y que no ha dado tiempo en los 20 días que ha dado el juez para estudiarla”. Además, está por resolver “la discusión sobre la validez de las escuchas”. El último juez de Orihuela que ha instruido el caso Brugal antes de ramificarlo en diversas piezas separadas, Carlos San Martín, decidió anular aproximadamente un 20% de las escuchas telefónicas que avalaron sus predecesores en el juzgado, pero ese auto será recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, que pretende su validación. Los letrados de los acusados, por su parte, persiguen la anulación de todas, lo que dejaría el caso a las puertas de su archivo por falta de pruebas.
El abogado de Ortiz: “No le fue solicitada ninguna dádiva y él nunca la ofreció”
El desfile de imputados continuará esta mañana con la declaración de Manuela Carratalá, la esposa de Enrique Ortiz, a la que el ministerio público le atribuye los supuestos delitos de uso privilegiado de información y cohecho por dar cobertura a su marido en la larga relación de regalos que distribuyó el promotor entre multitud de políticos del PP.
El juez Manrique Tejada también ha citado a declarar el día 20 de este mes a José Cortina Orriols, subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat, SL en 2008, acusado por el fiscal de “cooperador necesario y máximo beneficiado de las gestiones irregulares” del promotor. La fiscalía sostiene que el ejecutivo de la caja financió a Ortiz la compra de suelo a través de la mercantil Deproinmed, SL, en cuyo consejo estaban representados el Banco de Valencia y Bancaja Habitat. Deproinmed, mediante sucesivas ampliaciones de capital, “sería la actual propietaria de las zonas urbanísticas que más valor adquirirán una vez se haya aprobado dicho plan”, sostiene el fiscal.
El día 21 comparecerá Daniel Gil, exdirector de inversiones inmobiliarias de la CAM, acusado de tramar operaciones de compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad.
El día 27 acudirá al juzgado el empresario Bernardo Campos, un posible inversor al que Ortiz quería venderle suelo en la zona de La Condomina de la ciudad. En una de las conversaciones interceptadas, Ortiz le dice a Campos: “El plan general ya está hecho, yo tengo copia, vamos, te puedo enseñar copia”.
El último de los citados a declarar, el día 28, es el abogado Jorge Jacobi. De momento no lo han sido la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, a los que la fiscalía achaca la comisión de los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias. Ambos están aforados por su condición de diputados y deberían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
“Si me dejaran hablar”
Mañana hará justo un año que Enrique Ortiz fue detenido por su vinculación con el caso Brugal, originariamente vinculado a una trama para conseguir la adjudicación de la construcción y explotación de una planta de basura en la comarca de La Vega Baja alicantina. Ese día también fue detenido, entre otros, José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, la institución que debía adjudicarla.
Más de cuatro meses después de su detención, el 14 de noviembre, Ortiz accedió a ser entrevistado por EL PAÍS. “Pero es que claro, lo de las grabaciones. Si me dejaran hablar. Yo hablo así. Es que no conocen ese mundo. Si usted supiera las preguntas que me hizo el juez. Lo que quiero es volver a declarar, que me vuelvan a llamar para declarar”, dijo. Debe haber cambiado de opinión, visto que ayer ni siquiera le preguntó su abogado.
En la entrevista, publicada en el suplemento Domingo, el contratista alicantino dejó muy clara su forma de proceder. Aunque arrancó con —“mi conducta es honesta, me esfuerzo en ser una buena persona”— en seguida descubrió su trayectoria: “He hecho muchos favores toda la vida a políticos de todos los colores”. “Cómo le voy a decir que no a un político”, fue otra de sus frases.
Seguramente por el carácter de sus relaciones con los cargos públicos llegó a confesar: “Yo, por Navidades, ya sé lo que me espera”, aunque “no se trata de sobornar al alcalde; si piensas que haces algo mal, te escondes y yo no me escondo”.
Aunque negó haber financiado campañas electorales de partidos políticos, sí reconoció: “Lo único que he hecho ha sido portarme bien”. Y tanto. En su yate han viajado los políticos más relevantes del PP alicantino. “Yo soy así, no me ha importado compartirlo con gente con la que me llevo bien”.
“Conscientemente no he cometido un error. Soy un buen comercial”, añadió un día que ni sospechaba que lo seguían.
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