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| Camps abandona el TSJ tras declarar ante el juez en mayo de 2009. | Vicent Bosch |
Se instruirán separada de la financiación
* El TSJ rechaza acumular la causa con el proceso sobre la financiación del PP
* Asegura que vincular las causas retrasaría la resolución de la primera de ellas
* Ha nombrado al magistrado José Ceres como instructor de la segunda causa
Rodrigo Terrasa | Valencia
El próximo martes, 12 de julio, se celebrará la audiencia preliminar por la denominada "causa de los trajes", en la que está imputado por un presunto delito de cohecho pasivo Francisco Camps, presidente de la Generalitat, junto a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, y Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell.
Así lo ha anunciado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tras hacer público el auto por el que cual rechaza acumular dicha causa con el proceso que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano, remitida por el TSJ de Madrid, tal y como habían solicitado tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, representada por los socialistas valencianos.
El Tribunal valenciano ha decidido instruir ambas causas por separado y ha nombrado al magistrado José Ceres como instructor del proceso de la financiación.
Tanto Camps como Costa, Campos y Betoret están imputados desde mayo de 2009 por, presuntamente, haber recibido varios trajes pagados por la empresa Orange Market. El presidente valenciano compareció ante el juez el 20 de mayo de hace dos años y aseguró que los trajes los había pagado en metálico y que no conservaba las facturas. El TSJ archivó la causa en principio pero el Supremo la reabrió más tarde.
Paralelamente se inició la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano. El pasado 25 de mayo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial del TSJ de Madrid y asumió la investigación contra la cúpula del PP valenciano por prevaricación y cohecho en la adjudicación de la Generalitat valenciana a la empresa Orange Market, gestionada por Álvaro Pérez 'El Bigotes', así como por falsedad mercantil en las elecciones de 2008 y un posible delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007.
* Ha nombrado al magistrado José Ceres como instructor de la segunda causa
Rodrigo Terrasa | Valencia
El próximo martes, 12 de julio, se celebrará la audiencia preliminar por la denominada "causa de los trajes", en la que está imputado por un presunto delito de cohecho pasivo Francisco Camps, presidente de la Generalitat, junto a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, y Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell.
Así lo ha anunciado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tras hacer público el auto por el que cual rechaza acumular dicha causa con el proceso que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano, remitida por el TSJ de Madrid, tal y como habían solicitado tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, representada por los socialistas valencianos.
El Tribunal valenciano ha decidido instruir ambas causas por separado y ha nombrado al magistrado José Ceres como instructor del proceso de la financiación.
Tanto Camps como Costa, Campos y Betoret están imputados desde mayo de 2009 por, presuntamente, haber recibido varios trajes pagados por la empresa Orange Market. El presidente valenciano compareció ante el juez el 20 de mayo de hace dos años y aseguró que los trajes los había pagado en metálico y que no conservaba las facturas. El TSJ archivó la causa en principio pero el Supremo la reabrió más tarde.
Paralelamente se inició la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano. El pasado 25 de mayo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial del TSJ de Madrid y asumió la investigación contra la cúpula del PP valenciano por prevaricación y cohecho en la adjudicación de la Generalitat valenciana a la empresa Orange Market, gestionada por Álvaro Pérez 'El Bigotes', así como por falsedad mercantil en las elecciones de 2008 y un posible delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007.
Una 'no justificada dilación'
El auto hecho público este martes reconoce que "si nos encontráramos en el momento procesal inicial" sí resultaría "razonable" acceder a la "tramitación inicial conjunta", pero recuerda que vincular las causas en el momento procesal actual, ya muy avanzado, "implicaría afectar seriamente al estado procesal y originar una posible no justificada dilación de dicho procedimiento del jurado, que sin perjuicio de lo que resulte tras la audiencia preliminar, aparece con un objeto procesal ya conformado".
También alega que el juez José Flors, instructor del caso de los trajes, ya tomó declaración a un importante número de personas, altos cargos y funcionarios de concluyó que no había relación directa "entre el pago de las prendas y los concretos actos de contratación la Generalitat, y realizados por las autoridades y funcionarios de cada uno de los organismos, ni que existiera constancia de relación entre los agasajos a las cuatro personas a que se refiere el procedimiento y la concreta adjudicación de contratos".
El auto justifica además la decisión de no vincular las causas porque asegura que la presunta "financiación dual" que Orange Market pudiera haber realizado al PP valenciano en la campañas electorales de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008, así como las "irregularidades documentales" que el partido pudiera haber cometido en sus pagos o los "pagos que terceras empresas pudieran haber realizado por cuenta del citado partido político" no revisten los "caracteres de una necesaria e ineludible tramitación conjunta que pudiera afectar necesariamente a la continencia de la causa respecto de los hechos relativos a la recepeción de concretas dádivas (en formas de prensas de vestir)".
En el caso especial de Rafael Betoret, al que además del cohecho pasivo se le atribuye "otros posibles delitos de cohecho y prevaricación presuntamente cometidos en la contratación de FITUR de los años 2005 a 2009", el auto reconoce una "mayor dificultad" para decidir sobre la posible acumulación de causas y deja abierta la puerta a que el juez instructor valore durante la vista preliminar y posteriores diligencias "si pudiera resultar procedente acordar la apertura de una pieza separada" o "la apertura de un nuevo procedimiento".
Además
* Corrupción y alta costura
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