Acciones en bolsa, tasaciones falsas, cheques al portador, testaferros… Los concejales marbellíes implicados en la ‘Operación Malaya’ emplearon un abanico de trucos para ocultar su patrimonio.
David Montero
Todavía faltaban dos años para que estallara la Operación Malaya cuando, en 2004, el Tribunal de Cuentas declaró el Ayuntamiento de Marbella en quiebra técnica. Mientras la deuda crecía, los concejales hacían caja. Sus sueldos se aumentaron un 20 por ciento tras la moción de censura a Julián Muñoz que llevó a Marisol Yagüe a la alcaldía, y las cuentas empezaron a cantar. Acciones en bolsa, fondos de pensiones, cuentas en el extranjero e incluso inversiones en Fórum Filatélico: todo servía para disimular un patrimonio conjunto superior a los 25 millones de euros (4.000 millones de pesetas). Ésa es la cantidad que suman los distintos bienes que declararon ante el Fisco los 18 ediles y la esposa del ex alcalde, Mayte Zaldívar, según los datos que obran en poder del juez tras una investigación patrimonial de Hacienda y de la policía. Es, claro, sólo la punta del iceberg. Los peones de Roca en Marbella sólo declaraban las migajas del botín que estaban consiguiendo.
Las investigaciones elaboradas por agentes de la policía para la Operación Malaya desvelan las irregularidades contables y los mecanismos empleados por numerosos concejales para evadir la acción del Fisco y no levantar sospechas por una vida ostentosa. Pero el dinero siempre deja rastro. Y más con gastos como los coches deportivos o la compra de relojes millonarios. Las cuentas no casan: muchos de los concejales detenidos hasta ahora gastaban cada año mucho más de lo que declaraban ingresar. El mayor desfase lo protagonizaba Julián Muñoz, que gastó en 2003 la cantidad de 155.354 euros por encima de su renta declarada. Pero el dinero hace milagros y sirve para contratar buenos gestores: a los peones del caso Malaya las declaraciones del IRPF les salían negativas. Pese a las cifras que figuran en el recuadro de las páginas siguientes, es difícil encontrar entre ellos alguien a quien, tras la declaración de la renta, el fisco no le devolviera menos de mil euros al año.
Un sistema empleado por varios ediles para encubrir el patrimonio es inscribir la compra de viviendas o la fundación de sociedades a nombre de los hijos. La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, registró varias propiedades en la ciudad a nombre de sus hijos Antonio José, Jorge y Roberto. Los tres, de 20, 21 y 17 años, carecen de ingresos durante la época investigada (2004 y 2005). El mayor, Jorge Becerra Yagüe, hipotecó a su nombre en 2004 una casa de 152 metros cuadrados. Para su compra pidió un crédito de 422.000 euros, lo que supone una cuota de 2.070 euros al mes. Un gasto fijo insalvable para un joven sin una fuente oficial de ingresos. Y ellos no la tenían. Los especialistas tributarios de la Policía destacan en sus informes “la temprana atribución de cuentas bancarias, inversiones en acciones o hipotecas (…) a pesar de que los datos indican que ninguno de los tres hijos ha trabajado ni vivido independientemente de sus padres”. También figuraba a nombre de los hijos un paquete de acciones de Metrovacesa.
El mismo escondite emplearon Julián Muñoz y Mayte Zaldívar para la compra de la vivienda familiar. Las hijas de la pareja –de 16 años de edad en aquel momento– fueron inscritas como compradoras en 1997 de una vivienda en la urbanización marbellí Las Petunias. Para ello, pese a su corta edad, aparecen como peticionarias de un préstamo de 14,5 millones de pesetas. En todo el proceso, la pareja implicada en la Operación Malaya aparece como representante de la operación. Años después una de las hijas, Eloísa Muñoz Zaldívar, compró con su marido una finca en Ubrique (Cádiz) por 154.000 euros. No figura hipoteca alguna sobre la casa, por lo que cabe deducir que pagara al contado.
El desfase en las cuentas de la familia Muñoz-Zaldívar llama la atención de los investigadores. El último año de Muñoz al frente del Ayuntamiento arroja pagos de 52.000 euros en una conocida joyería de Marbella e inversiones en Fórum Filatélico por 41.000 euros. Los movimientos bancarios del ex edil reflejan el cobro continuado de cheques bancarios a cuenta del Ayuntamiento. Esa era otra práctica extendida entre los concejales. Como ejemplo, Carlos Fernández cobró durante años de esta manera todo su sueldo municipal. Además, el concejal fugado retiró en la Navidad de 2003 un total de 200.000 euros en dos cheques a cuenta del Ayuntamiento. El ex responsable del Partido Andalucista de Marbella carece por completo de propiedades o participaciones accionariales a su nombre, por lo que la policía ha analizado con lupa su entorno familiar.
Isabel García Marcos declaró el incremento de su patrimonio como fruto de una herencia. Además, entre sus ingresos figuran, por ejemplo, 6.300 euros por apariciones en televisión. Las cuentas de la ex responsable del PSOE en Marbella cuadran… en apariencia. La implicada en la Operación Malaya mantiene cuentas conjuntas con su ex marido, Moisés González García. El 29 de diciembre de 2005, González, empleado de la Junta de Andalucía, remitió desde una de sus cuentas 100.000 euros a Bélgica para una inversión en obligaciones del tesoro. Veinte días después, envió 36.000 euros a Luxemburgo.
La policía sospecha además que Isabel García Marcos utilizó la Fundación Plan de Innovación de Marbella para encubrir parte de su patrimonio. A la Agencia Tributaria no le consta quiénes son los patrocinadores y financiadores de la Fundación, que no ha presentado cuentas desde su nacimiento, en 2001. El análisis de esta entidad afecta también a otro de los concejales, José Jaén, que aparece también en su junta directiva. Además, los cónyuges de ambos ediles son socios al 50 por ciento en la firma Icara Málaga SL, creada en marzo de 2005 para elaborar estudios jurídicos.
Dinero bajo los ladrillos
La construcción es la segunda actividad para muchos de los concejales detenidos. Y en algunos casos, parece ser la primera, a juzgar por el número de empresas que controlan en el sector. Más de la mitad de los concejales detenidos participan o tienen intereses en empresas de este campo. Es el caso de Victoriano Rodríguez Martínez, que tras sus comienzos como agricultor ha amasado un patrimonio a su nombre que ronda los 1,4 millones de euros. La policía vincula directamente una de sus sociedades –Dilar SL– con los negocios de Juan Antonio Roca, principal imputado en la trama de corrupción urbanística. Además, el concejal del GIL cobraba su sueldo municipal siempre mediante cheques bancarios, hasta un total de 40.683 euros al año. Era común que varios concejales dispusieran de dinero en efectivo con cargo a las arcas municipales. En 2005, Francisco Javier Lendínez cobró ocho talones del banco de Andalucía, entidad con la que trabaja el Ayuntamiento de Marbella. Cada cheque ascendía a más de 3.000 euros y fueron girados sin causa justificada, según reza el sumario. El dinero no podía proceder del sueldo del político, que era de 6.224 euros brutos al año, ya que no ostentaba un puesto de responsabilidad. La empresa Incoservice Marbella SL, propiedad de Lendínez y sus padres a partes iguales, operó hasta 2003 con el consistorio marbellí como principal cliente. Cuando el edil y propietario salió del equipo de gobierno, la sociedad dejó prácticamente de tener actividad.
El trato de favor en los bancos alcanza también a varios concejales. Es el caso de María José Lanzat. La concejala del Partido Andalucista pidió una hipoteca de 164.000 euros para la compra de una vivienda que le costó mucho menos, según las escrituras. La Policía invita en su informe a investigar el paradero de 44.000 euros del préstamo, que al parecer no fueron destinados al pago del inmueble. Belén Carmona, ex integrante del Grupo Socialista y con un sueldo anual cercano a los 60.000 euros brutos, accedió a la compra de una vivienda de protección oficial en Marbella por 22.292 euros. Una ayuda municipal para una persona que cobra un 700 por cien sobre el salario mínimo interprofesional.
Coque `veloz´ Calleja
La investigación patrimonial de la policía recoge once multas de tráfico que acumula el ex concejal de Urbanismo de Marbella, Rafael Calleja Villacampa, conocido como Coque Calleja. El político del GIL es aficionado a los coches de alto nivel, y parece que también a la velocidad. Una de las infracciones a su nombre fue cometida con un BMW M-3, que el concejal del equipo de Marisol Yagüe conducía a 198 kilómetros por hora. Otra de las sanciones de tráfico fue interpuesta en 2003, cuando Calleja conducía un todo terreno matriculado a nombre de Construcciones Salamanca, “empresa constructora que ha realizado aportaciones monetarias para el cohecho de los miembros del Ayuntamiento”, según figura en el sumario de la Operación Malaya.
Los agentes encargados de investigar su patrimonio analizaron los pedidos de material veterinario de Calleja al extranjero para obtener indicios de la existencia de una actividad económica encubierta relacionada con los caballos, otra de las aficiones del ex edil de Marbella, socio del exclusivo club de polo Santa María, ubicado en Sotogrande (Cádiz). En 2004 y 2005, el concejal de urbanismo con Marisol Yagüe cobró varios cheques girados desde dos cuentas del Banco de Andalucía. El dinero provenía de Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000 SL, una sociedad municipal. Para los efectivos policiales, las cifras no casan, ya que Calleja no tenía atribución salarial alguna en esta empresa.
interviu.es
Las investigaciones elaboradas por agentes de la policía para la Operación Malaya desvelan las irregularidades contables y los mecanismos empleados por numerosos concejales para evadir la acción del Fisco y no levantar sospechas por una vida ostentosa. Pero el dinero siempre deja rastro. Y más con gastos como los coches deportivos o la compra de relojes millonarios. Las cuentas no casan: muchos de los concejales detenidos hasta ahora gastaban cada año mucho más de lo que declaraban ingresar. El mayor desfase lo protagonizaba Julián Muñoz, que gastó en 2003 la cantidad de 155.354 euros por encima de su renta declarada. Pero el dinero hace milagros y sirve para contratar buenos gestores: a los peones del caso Malaya las declaraciones del IRPF les salían negativas. Pese a las cifras que figuran en el recuadro de las páginas siguientes, es difícil encontrar entre ellos alguien a quien, tras la declaración de la renta, el fisco no le devolviera menos de mil euros al año.
Un sistema empleado por varios ediles para encubrir el patrimonio es inscribir la compra de viviendas o la fundación de sociedades a nombre de los hijos. La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, registró varias propiedades en la ciudad a nombre de sus hijos Antonio José, Jorge y Roberto. Los tres, de 20, 21 y 17 años, carecen de ingresos durante la época investigada (2004 y 2005). El mayor, Jorge Becerra Yagüe, hipotecó a su nombre en 2004 una casa de 152 metros cuadrados. Para su compra pidió un crédito de 422.000 euros, lo que supone una cuota de 2.070 euros al mes. Un gasto fijo insalvable para un joven sin una fuente oficial de ingresos. Y ellos no la tenían. Los especialistas tributarios de la Policía destacan en sus informes “la temprana atribución de cuentas bancarias, inversiones en acciones o hipotecas (…) a pesar de que los datos indican que ninguno de los tres hijos ha trabajado ni vivido independientemente de sus padres”. También figuraba a nombre de los hijos un paquete de acciones de Metrovacesa.
El mismo escondite emplearon Julián Muñoz y Mayte Zaldívar para la compra de la vivienda familiar. Las hijas de la pareja –de 16 años de edad en aquel momento– fueron inscritas como compradoras en 1997 de una vivienda en la urbanización marbellí Las Petunias. Para ello, pese a su corta edad, aparecen como peticionarias de un préstamo de 14,5 millones de pesetas. En todo el proceso, la pareja implicada en la Operación Malaya aparece como representante de la operación. Años después una de las hijas, Eloísa Muñoz Zaldívar, compró con su marido una finca en Ubrique (Cádiz) por 154.000 euros. No figura hipoteca alguna sobre la casa, por lo que cabe deducir que pagara al contado.
El desfase en las cuentas de la familia Muñoz-Zaldívar llama la atención de los investigadores. El último año de Muñoz al frente del Ayuntamiento arroja pagos de 52.000 euros en una conocida joyería de Marbella e inversiones en Fórum Filatélico por 41.000 euros. Los movimientos bancarios del ex edil reflejan el cobro continuado de cheques bancarios a cuenta del Ayuntamiento. Esa era otra práctica extendida entre los concejales. Como ejemplo, Carlos Fernández cobró durante años de esta manera todo su sueldo municipal. Además, el concejal fugado retiró en la Navidad de 2003 un total de 200.000 euros en dos cheques a cuenta del Ayuntamiento. El ex responsable del Partido Andalucista de Marbella carece por completo de propiedades o participaciones accionariales a su nombre, por lo que la policía ha analizado con lupa su entorno familiar.
Isabel García Marcos declaró el incremento de su patrimonio como fruto de una herencia. Además, entre sus ingresos figuran, por ejemplo, 6.300 euros por apariciones en televisión. Las cuentas de la ex responsable del PSOE en Marbella cuadran… en apariencia. La implicada en la Operación Malaya mantiene cuentas conjuntas con su ex marido, Moisés González García. El 29 de diciembre de 2005, González, empleado de la Junta de Andalucía, remitió desde una de sus cuentas 100.000 euros a Bélgica para una inversión en obligaciones del tesoro. Veinte días después, envió 36.000 euros a Luxemburgo.
La policía sospecha además que Isabel García Marcos utilizó la Fundación Plan de Innovación de Marbella para encubrir parte de su patrimonio. A la Agencia Tributaria no le consta quiénes son los patrocinadores y financiadores de la Fundación, que no ha presentado cuentas desde su nacimiento, en 2001. El análisis de esta entidad afecta también a otro de los concejales, José Jaén, que aparece también en su junta directiva. Además, los cónyuges de ambos ediles son socios al 50 por ciento en la firma Icara Málaga SL, creada en marzo de 2005 para elaborar estudios jurídicos.
Dinero bajo los ladrillos
La construcción es la segunda actividad para muchos de los concejales detenidos. Y en algunos casos, parece ser la primera, a juzgar por el número de empresas que controlan en el sector. Más de la mitad de los concejales detenidos participan o tienen intereses en empresas de este campo. Es el caso de Victoriano Rodríguez Martínez, que tras sus comienzos como agricultor ha amasado un patrimonio a su nombre que ronda los 1,4 millones de euros. La policía vincula directamente una de sus sociedades –Dilar SL– con los negocios de Juan Antonio Roca, principal imputado en la trama de corrupción urbanística. Además, el concejal del GIL cobraba su sueldo municipal siempre mediante cheques bancarios, hasta un total de 40.683 euros al año. Era común que varios concejales dispusieran de dinero en efectivo con cargo a las arcas municipales. En 2005, Francisco Javier Lendínez cobró ocho talones del banco de Andalucía, entidad con la que trabaja el Ayuntamiento de Marbella. Cada cheque ascendía a más de 3.000 euros y fueron girados sin causa justificada, según reza el sumario. El dinero no podía proceder del sueldo del político, que era de 6.224 euros brutos al año, ya que no ostentaba un puesto de responsabilidad. La empresa Incoservice Marbella SL, propiedad de Lendínez y sus padres a partes iguales, operó hasta 2003 con el consistorio marbellí como principal cliente. Cuando el edil y propietario salió del equipo de gobierno, la sociedad dejó prácticamente de tener actividad.
El trato de favor en los bancos alcanza también a varios concejales. Es el caso de María José Lanzat. La concejala del Partido Andalucista pidió una hipoteca de 164.000 euros para la compra de una vivienda que le costó mucho menos, según las escrituras. La Policía invita en su informe a investigar el paradero de 44.000 euros del préstamo, que al parecer no fueron destinados al pago del inmueble. Belén Carmona, ex integrante del Grupo Socialista y con un sueldo anual cercano a los 60.000 euros brutos, accedió a la compra de una vivienda de protección oficial en Marbella por 22.292 euros. Una ayuda municipal para una persona que cobra un 700 por cien sobre el salario mínimo interprofesional.
Coque `veloz´ Calleja
La investigación patrimonial de la policía recoge once multas de tráfico que acumula el ex concejal de Urbanismo de Marbella, Rafael Calleja Villacampa, conocido como Coque Calleja. El político del GIL es aficionado a los coches de alto nivel, y parece que también a la velocidad. Una de las infracciones a su nombre fue cometida con un BMW M-3, que el concejal del equipo de Marisol Yagüe conducía a 198 kilómetros por hora. Otra de las sanciones de tráfico fue interpuesta en 2003, cuando Calleja conducía un todo terreno matriculado a nombre de Construcciones Salamanca, “empresa constructora que ha realizado aportaciones monetarias para el cohecho de los miembros del Ayuntamiento”, según figura en el sumario de la Operación Malaya.
Los agentes encargados de investigar su patrimonio analizaron los pedidos de material veterinario de Calleja al extranjero para obtener indicios de la existencia de una actividad económica encubierta relacionada con los caballos, otra de las aficiones del ex edil de Marbella, socio del exclusivo club de polo Santa María, ubicado en Sotogrande (Cádiz). En 2004 y 2005, el concejal de urbanismo con Marisol Yagüe cobró varios cheques girados desde dos cuentas del Banco de Andalucía. El dinero provenía de Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000 SL, una sociedad municipal. Para los efectivos policiales, las cifras no casan, ya que Calleja no tenía atribución salarial alguna en esta empresa.
interviu.es
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