La Fiscalía que lleva la acusación de la ‘operación Malaya’ señala a José María González de Caldas como autor del soborno al principal imputado en la trama de corrupción urbanística, Juan Antonio Roca.
“Para saldar tu deuda, te damos una parcela de 2.000 millones de pesetas. Los técnicos municipales la valoran en 1.800 y los otros 200 para mí”. En esos términos le habló Juan Antonio Roca, principal imputado en la Operación Malaya, al empresario José María González de Caldas. O al menos eso declaró el ex presidente del Sevilla ante el juez encargado del caso, Miguel Ángel Torres, tras su detención el pasado 14 de noviembre. Según sus palabras, Roca le ofreció el sustancioso convenio para saldar una deuda pendiente. La mordida era de 1,2 millones de euros, que corrían a cuenta de las arcas municipales, con una valoración fraudulenta de los terrenos entregados a De Caldas.
Pero el empresario sevillano no pasó por el aro. Eso es lo que asegura en su comparecencia, en la que niega por completo cualquier relación con el pago de sobornos al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella. Frente al juez, De Caldas reconoció que se marchó de la ciudad de las grúas ante las constantes peticiones de Juan Antonio Roca y que “la mayoría de los promotores han tenido que pagar”. De Caldas, ex pareja de la modelo Sofía Mazagatos, dejó además otro apunte en su testimonio para José María del Nido, su sucesor al frente del Sevilla: “También le han dicho que en la época de Julián Muñoz y José María del Nido, la cosa era todavía peor, porque se tenía que pagar más dinero que con Roca”, registra el funcionario encargado de transcribir la declaración.
Dentro del maletín
Su nombre estaba entre los invitados. José María González de Caldas aparece por primera vez en la operación Malaya en un registro informático de Juan Antonio Roca. El 20 de marzo de 2006, el empresario estaba invitado a una comida en el conocido restaurante marbellí El Rodeíto. Un año después, la mayoría de los asistentes –una veintena– están entre los 83 detenidos en la operación Malaya. Pero la prueba fundamental para su detención llegó un mes después, cuando la policía apresó a Salvador Gardoqui. En el momento de su detención, éste último, testaferro de Roca, portaba un maletín con documentación. En ella, aparece reflejado en febrero de 2006 un pago de 60.000 euros con la leyenda “Aportación Miguel López [Caldas]”.
La policía cruzó la información con la agenda de direcciones de Roca. Así identificaron a los supuestos donantes: Miguel López Benjumea y José María González de Caldas. Ambos aparecen vinculados a la misma dirección en la sevillana calle del Silencio, donde se encuentran domiciliadas 25 empresas relacionadas con González de Caldas, según los datos de la Agencia Tributaria. Además, Miguel López Benjumea, arquitecto de profesión, formó parte del Consejo de Administración del Sevilla FC en la época en la que el empresario detenido estaba al frente del club.
Los informes policiales relacionan el pago de 60.000 euros atribuido a De Caldas y López Benjumea con la obtención de una licencia de primera ocupación para una promoción urbanística realizada fuera de ordenamiento. El empresario y su socio, acusado de cohecho, construyeron dos bloques de pisos en una zona destinada a 18 viviendas unifamiliares. La licencia de primera ocupación es un documento vital para los edificios construidos de forma ilegal en Marbella, una garantía de supervivencia. Hasta el momento, ningún juez ha ordenado la demolición de viviendas o edificios con residentes en ellos, ya que la ejecución de la sentencia perjudicaría a un tercero que no cometió el delito, el particular que compró el inmueble.
La operación comenzó en 1997. González de Caldas asegura en su declaración jurada que Jesús Gil le propuso la permuta de un edificio, valorado en 1.500 millones de pesetas, por varios terrenos municipales. El inmueble era propiedad de dos sociedades vinculadas al empresario: Huelva Business General y Marina del Rey. Para hacerse con la completa titularidad del edificio, ambas sociedades tuvieron que comprar varios pisos a una empresa del entramado societario de Roca, llamada Vanda Agropecuaria, por 1.6 millones de euros. Esta compró las propiedades a CCF21, controlada por Carlos Sánchez, otro de los empresarios imputados en el caso Malaya, por cuatro veces menos. González de Caldas reconoce ante el juez que compró varios locales a CCF21, pero asegura que nunca supo que Juan Antonio Roca estaba tras Vanda Agropecuaria. “Si lo hubiera sabido, no hubiera verificado la permuta”, destaca.
Las sospechas sobre el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Marbella y las sociedades de González de Caldas comenzaron con el Tribunal de Cuentas. El informe de fiscalización del organismo para los años 1990 a 1999 detecta varias irregularidades en el acuerdo. Como ejemplo, varios inmuebles fueron adquiridos por Huelva Business General después de que se firmara el acuerdo, que los traspasaba a titularidad municipal. El mismo día, el consistorio marbellí empleó el edificio para abonar una deuda pendiente con La Caixa. El Tribunal de Cuentas encontró también varias irregularidades en ese convenio, como el incumplimiento de los trámites administrativos o las contradicciones en la valoración de los inmuebles. Según los agentes encargados de la investigación del caso, “ambos convenios, tanto el de La Caixa como el de Huelva Business y Marina del Rey se formalizan el mismo día [27-2-97] cuando ni las sociedades de González de Caldas ni el Ayuntamiento disponían de la propiedad de los bienes permutados”.
El que calla, otorga
El silencio administrativo equivalía en Marbella a un permiso en toda regla. Y sobre todo en lo referente a las licencias de primera ocupación. Para no incurrir en delito (la concesión de autorización para una vivienda construida fuera de ordenamiento es perseguible en los juzgados), el Ayuntamiento decidió no pronunciarse cuando un constructor pedía este documento, así que simplemente se olvidaban del asunto. En diciembre del 2005, el Ayuntamiento instauró la concesión de licencias por silencio positivo. Así, todos contentos. Los políticos no se manchaban las manos y los constructores podían ver sus pisos habitados. Pasado un tiempo prudencial, la licencia se concedía por dejadez de las instituciones.
El 12 de julio de 2005, Huelva Business pide la licencia de primera ocupación para los edificios construidos por González de Caldas y sus socios. Los inmuebles pasan a manos de Hoturan SL, representada por el empresario Rafael Márquez Carrascal y domiciliada en la misma dirección que la mayoría de las empresas de González de Caldas. “A juicio policial –explica un informe que figura en la Operación Malaya–, ha de entenderse como un intento de González de Caldas de ocultar tras el velo societario de Hoturan SL las maniobras para la consecución de la Licencia de Primera Ocupación de su interés por silencio positivo”. El último documento sobre esta licencia se tramita en el Ayuntamiento el 11 de enero de 2006. Ese día, la petición pasa a los servicios jurídicos. A partir de ahí, no hay nada. No hay resolución positiva, ni negativa. Simplemente silencio. El 16 de marzo del mismo año, la contabilidad de Roca registra el pago: 60.000 euros. Como concepto, la leyenda ya mencionada “Aportación Miguel López [Caldas]”.
Nada que ver
En su testimonio judicial, el ex presidente del Sevilla asegura desconocer el motivo de la anotación en la contabilidad del principal imputado en la Operación Malaya. Su socio, Miguel López Benjumea, reconoce ante el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, que el 16 de marzo visitó el despacho de Roca, pero niega que le entregara dinero alguno. El ex directivo del Sevilla apunta como posible causa del pago la relación amistosa y comercial entre Roca y González de Caldas: “Se prestan animales y tienen negocios entre sí, e incluso recuerda que un semental de Roca estuvo cubriendo yeguas en la finca de González de Caldas”, comentó Benjumea en su declaración. Ambos empresarios fueron imputados por un delito de cohecho y quedaron en libertad bajo fianza. Los abogados de González de Caldas aseguran que “en el supuesto hipotético de que lo que se le imputara fuera real, hecho que niega, estaríamos hablando de un supuesto claro de extorsión, tal y como se desprende de la declaración efectuada. Y que además dicho supuesto sería también extrapolable a muchísimos empresarios de esta misma causa”. Una extorsión con beneficios millonarios.
interviu.es
Pero el empresario sevillano no pasó por el aro. Eso es lo que asegura en su comparecencia, en la que niega por completo cualquier relación con el pago de sobornos al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella. Frente al juez, De Caldas reconoció que se marchó de la ciudad de las grúas ante las constantes peticiones de Juan Antonio Roca y que “la mayoría de los promotores han tenido que pagar”. De Caldas, ex pareja de la modelo Sofía Mazagatos, dejó además otro apunte en su testimonio para José María del Nido, su sucesor al frente del Sevilla: “También le han dicho que en la época de Julián Muñoz y José María del Nido, la cosa era todavía peor, porque se tenía que pagar más dinero que con Roca”, registra el funcionario encargado de transcribir la declaración.
Dentro del maletín
Su nombre estaba entre los invitados. José María González de Caldas aparece por primera vez en la operación Malaya en un registro informático de Juan Antonio Roca. El 20 de marzo de 2006, el empresario estaba invitado a una comida en el conocido restaurante marbellí El Rodeíto. Un año después, la mayoría de los asistentes –una veintena– están entre los 83 detenidos en la operación Malaya. Pero la prueba fundamental para su detención llegó un mes después, cuando la policía apresó a Salvador Gardoqui. En el momento de su detención, éste último, testaferro de Roca, portaba un maletín con documentación. En ella, aparece reflejado en febrero de 2006 un pago de 60.000 euros con la leyenda “Aportación Miguel López [Caldas]”.
La policía cruzó la información con la agenda de direcciones de Roca. Así identificaron a los supuestos donantes: Miguel López Benjumea y José María González de Caldas. Ambos aparecen vinculados a la misma dirección en la sevillana calle del Silencio, donde se encuentran domiciliadas 25 empresas relacionadas con González de Caldas, según los datos de la Agencia Tributaria. Además, Miguel López Benjumea, arquitecto de profesión, formó parte del Consejo de Administración del Sevilla FC en la época en la que el empresario detenido estaba al frente del club.
Los informes policiales relacionan el pago de 60.000 euros atribuido a De Caldas y López Benjumea con la obtención de una licencia de primera ocupación para una promoción urbanística realizada fuera de ordenamiento. El empresario y su socio, acusado de cohecho, construyeron dos bloques de pisos en una zona destinada a 18 viviendas unifamiliares. La licencia de primera ocupación es un documento vital para los edificios construidos de forma ilegal en Marbella, una garantía de supervivencia. Hasta el momento, ningún juez ha ordenado la demolición de viviendas o edificios con residentes en ellos, ya que la ejecución de la sentencia perjudicaría a un tercero que no cometió el delito, el particular que compró el inmueble.
La operación comenzó en 1997. González de Caldas asegura en su declaración jurada que Jesús Gil le propuso la permuta de un edificio, valorado en 1.500 millones de pesetas, por varios terrenos municipales. El inmueble era propiedad de dos sociedades vinculadas al empresario: Huelva Business General y Marina del Rey. Para hacerse con la completa titularidad del edificio, ambas sociedades tuvieron que comprar varios pisos a una empresa del entramado societario de Roca, llamada Vanda Agropecuaria, por 1.6 millones de euros. Esta compró las propiedades a CCF21, controlada por Carlos Sánchez, otro de los empresarios imputados en el caso Malaya, por cuatro veces menos. González de Caldas reconoce ante el juez que compró varios locales a CCF21, pero asegura que nunca supo que Juan Antonio Roca estaba tras Vanda Agropecuaria. “Si lo hubiera sabido, no hubiera verificado la permuta”, destaca.
Las sospechas sobre el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Marbella y las sociedades de González de Caldas comenzaron con el Tribunal de Cuentas. El informe de fiscalización del organismo para los años 1990 a 1999 detecta varias irregularidades en el acuerdo. Como ejemplo, varios inmuebles fueron adquiridos por Huelva Business General después de que se firmara el acuerdo, que los traspasaba a titularidad municipal. El mismo día, el consistorio marbellí empleó el edificio para abonar una deuda pendiente con La Caixa. El Tribunal de Cuentas encontró también varias irregularidades en ese convenio, como el incumplimiento de los trámites administrativos o las contradicciones en la valoración de los inmuebles. Según los agentes encargados de la investigación del caso, “ambos convenios, tanto el de La Caixa como el de Huelva Business y Marina del Rey se formalizan el mismo día [27-2-97] cuando ni las sociedades de González de Caldas ni el Ayuntamiento disponían de la propiedad de los bienes permutados”.
El que calla, otorga
El silencio administrativo equivalía en Marbella a un permiso en toda regla. Y sobre todo en lo referente a las licencias de primera ocupación. Para no incurrir en delito (la concesión de autorización para una vivienda construida fuera de ordenamiento es perseguible en los juzgados), el Ayuntamiento decidió no pronunciarse cuando un constructor pedía este documento, así que simplemente se olvidaban del asunto. En diciembre del 2005, el Ayuntamiento instauró la concesión de licencias por silencio positivo. Así, todos contentos. Los políticos no se manchaban las manos y los constructores podían ver sus pisos habitados. Pasado un tiempo prudencial, la licencia se concedía por dejadez de las instituciones.
El 12 de julio de 2005, Huelva Business pide la licencia de primera ocupación para los edificios construidos por González de Caldas y sus socios. Los inmuebles pasan a manos de Hoturan SL, representada por el empresario Rafael Márquez Carrascal y domiciliada en la misma dirección que la mayoría de las empresas de González de Caldas. “A juicio policial –explica un informe que figura en la Operación Malaya–, ha de entenderse como un intento de González de Caldas de ocultar tras el velo societario de Hoturan SL las maniobras para la consecución de la Licencia de Primera Ocupación de su interés por silencio positivo”. El último documento sobre esta licencia se tramita en el Ayuntamiento el 11 de enero de 2006. Ese día, la petición pasa a los servicios jurídicos. A partir de ahí, no hay nada. No hay resolución positiva, ni negativa. Simplemente silencio. El 16 de marzo del mismo año, la contabilidad de Roca registra el pago: 60.000 euros. Como concepto, la leyenda ya mencionada “Aportación Miguel López [Caldas]”.
Nada que ver
En su testimonio judicial, el ex presidente del Sevilla asegura desconocer el motivo de la anotación en la contabilidad del principal imputado en la Operación Malaya. Su socio, Miguel López Benjumea, reconoce ante el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, que el 16 de marzo visitó el despacho de Roca, pero niega que le entregara dinero alguno. El ex directivo del Sevilla apunta como posible causa del pago la relación amistosa y comercial entre Roca y González de Caldas: “Se prestan animales y tienen negocios entre sí, e incluso recuerda que un semental de Roca estuvo cubriendo yeguas en la finca de González de Caldas”, comentó Benjumea en su declaración. Ambos empresarios fueron imputados por un delito de cohecho y quedaron en libertad bajo fianza. Los abogados de González de Caldas aseguran que “en el supuesto hipotético de que lo que se le imputara fuera real, hecho que niega, estaríamos hablando de un supuesto claro de extorsión, tal y como se desprende de la declaración efectuada. Y que además dicho supuesto sería también extrapolable a muchísimos empresarios de esta misma causa”. Una extorsión con beneficios millonarios.
interviu.es
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