La fiebre por el ladrillo y el cemento sube imparable. Y al mismo ritmo, las denuncias en los tribunales, los casos de corrupción y los desmanes urbanísticos. Sólo en 2005, la Guardia Civil denunció la existencia de casi 13.000 viviendas ilegales.
A. GAYO/ C. SUÁREZ / J. VIDAL
Cuando algo es inabarcable, es necesario tirar de comparaciones. Por ejemplo, pensar en 570 kilos de cemento cada año para cada español. Éste es el consumo de nuestro país del elemento clave en la construcción. El de mayor incremento de demanda en términos absolutos de toda la Unión Europea. El fenómeno del ladrillo en España ha ido convirtiéndose en una bola de nieve que ha acabado estrellándose en los tribunales de Justicia.
La Guardia Civil denunció el año pasado 12.832 construcciones ilegales, por medio del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Sin embargo, la actuación estrella de la policía ha sido la operación Malaya. Además de los programas del co- razón, esta investigación policial y judicial ha llenado las cárceles de Málaga de políticos, constructores y urbanistas de Marbella. Se ha descubierto una trama de corrupción de hondas raíces que probablemente se desarrolló con plenitud bajo la alcaldía de Jesús Gil. Marbella ha roto los esquemas: el 95 por ciento del suelo está urbanizado y hay abiertos más de 330 expedientes sancionadores. Marbella es la punta de un iceberg formado por más de cien casos abiertos por la Justicia por corrupción que afectan a alcaldes y concejales por todo el país. Es el efecto pernicioso de un consumo desaforado de cemento y ladrillos que se va a convertir, en 2006, en casi un millón y medio de viviendas, 303 campos de golf y 116 puertos deportivos que se han aprobado para este año. No hay habitantes para tanto despliegue, ya que la población española sólo creció en la última década un 5 por ciento, mientras que la construcción lo hizo en casi un 26 por ciento. Pero es que una tercera parte del primer kilómetro de litoral Mediterráneo está ya construido. El 59 por ciento de la costa andaluza está urbanizada, aunque no sin coste: hay 4.000 expedientes abiertos. Evidentemente no se trata de casas para que los jóvenes tengan su primera vivienda. Expertos como Domingo Jiménez Beltrán alertan del disparate de esta enloquecida carrera urbanizadora. El modelo de desarrollismo y urbanización a toda costa no es sostenible en un país con severas carencias de un recurso indispensable: el agua. Aunque ya se ha logrado construir ciudades en lugares que carecen de agua. Lo hizo Francisco Hernando, El pocero, con su macrourbanización en Seseña para 40.000 personas, aprobada por gobiernos socialistas a pesar de que no tiene previsto el suministro de agua. Ahora, un ayuntamiento y un Gobierno del PP (Cullera y la Generalitat de Valencia) aprueban un Manhattan de 35 rascacielos junto al mar. Y estos dos ejemplos, también, son sólo la punta del iceberg de un mapa con cada vez más ladrillos.
Murcia, la familia y uno más
Si algo bueno se puede decir del urbanismo en Murcia, es que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel siempre dejó claras sus intenciones. Y si algo puede resumir el urbanismo en esta comunidad, es la investigación de la Fiscalía sobre por qué el padre del arquitecto municipal de la capital, Joaquín Peñalver, ha tramitado la casi totalidad de las urbanizaciones de la región, hasta un total de 460. Peñalver es socio de uno de los hombres bandera del ladrillo murciano: Pedro García Meroño. Un nombre que sólo dice algo acompañado de su empresa: Polaris Golf. ¿Por qué no ha engañado el PP en Murcia? Su plan estratégico turístico preveía, desde mediados de los 90, un ciclópeo esfuerzo para construir campos de golf y urbanizaciones por todo el territorio. Y así está pasando, sin cortapisa alguna por los angustiosos apuros por falta de agua –acaban de recibir de urgencia del Tajo para abastecer a la población–, y a pesar de que el proyecto de trasvase desde el Ebro –el Plan Hidrológico Nacional del PP– fue derogado. Urbanizaciones, campos de golf. Recalificaciones, alguna salpicada por el escándalo, como la de Alhama de Murcia, en donde se denunciaron las presiones de una empresa, Polaris Golf, para que se aprobara un plan nuevo por el que ya había pagado al Ayuntamiento. Además, un caso único. El propio Gobierno autónomo promueve nuevos proyectos faraónicos, incluso por encima de sus propias leyes. En Cabo Cope, el Gobierno de Valcárcel ha desafectado casi el 40 por ciento de un parque natural para edificar 11.000 viviendas, 23.000 plazas de hotel, cinco campos de golf y una marina interior. En un espacio protegido. La conexión constructoras-poder político es tan grande que el PP ha cedido la televisión autonómica a una empresa neófita en la materia que han creado los constructores de la región. En Murcia hay una autopista que se desvía a un bosque para poder hacer 20.000 viviendas; un padre firmador; ya sólo faltaba uno más: Juan Antonio Roca. Y, efectivamente, en otra polémica actuación, en el término de Lo Poyo, ha aparecido como intermediario el principal implicado en la operación Malaya.
Baleares de isla a isla, chanchullos a la vista
Un ex ministro de Medio Ambiente –Jaume Matas– gobierna un archipiélago donde las mayores críticas se dirigen a la escasa protección, curiosamente, del medio ambiente. Además, la ruta por las viviendas ilegales, los pelotazos millonarios y los desórdenes urbanísticos lleva camino de alcanzar más fama que sus calas y las noches de desenfreno discotequero. Ahora se ha unido la polémica autopista de Ibiza, con una importante oposición ciudadana y la sombra de las empresas de Matutes planeando. La Fiscalía hace horas extra desde hace años intentando empapelar a un nutrido grupo de dirigentes locales –la mayoría del PP– especializados en saltarse leyes urbanísticas y también las éticas. En Mallorca, el municipio de Andratx es conocido como territorio comanche: las construcciones en zonas protegidas y las viviendas irregulares campana sus anchas. El alcalde, el popular Eugenio Hidalgo, acumula al menos cuatro causas judiciales. En Ibiza, dos alcaldes en activo del PP y otro que lo fue hasta 2003 están imputados en causas penales por corrupción urbanística. La crisis en el sector turístico y el incremento del suelo edificable (urbano pero también superficies en estado virgen) no auguran un futuro esperanzador por mucho estudio que se haga desde el Gobierno central sobre el número de fincas que incumplen la Ley de Costas.
Cornisa Cantábrica, comienza la cuenta atrás
Esa imagen paradisiaca de una costa verde y rocosa, sazonada con construcciones tradicionales y pocas veces saturada por el ladrillo invasor puede tener los días contados. Si desde Cataluña a Huelva el índice de suelo urbanizado crece al mismo ritmo que el de la corrupción, en la cornisa cantábrica y Galicia la cuenta atrás ha comenzado ya. Cantabria parece la mejor situada para convertirse en el santuario norteño de especuladores y compinches. Planes urbanísiticos anulados, urbanizaciones levantadas en espectaculares y protegidos parajes naturales han sido declaradas ilegales por los tribunales e incluso hay órdenes de demolición que afectarían a más de 400 viviendas y a más de 2.000 personas. Según Greenpeace, “Cantabria no valora la riqueza que aporta su costa, lo que se ha traducido en políticas irracionales que han permitido desmanes urbanísticos en su litoral”. En Asturias, 18 pequeños municipios gestionan más del 80 por ciento del litoral, lo que supone una disparidad total de políticas urbanísticas y una buena presa para constructoras y promotores. Por el momento, un proceso lento de urbanización le salva de la quema, algo parecido a lo que ocurre en el País Vasco, a pesar de que algunas poblaciones costeras cercanas a los grandes núcleos urbanos comienzan a sentir la presión. Los tribunales y las condenas han empezado a caer en la castigada Galicia, donde asusta la recalificación de suelo no urbanizable –y sus consiguientes pelotazos– y la actuación de alcaldes-promotores.
España interior: bajo el síndrome de Madrid
Todo marchaba de perlas hasta que los tribunales declararon ilegal la recalificación que permitía al promotor Francisco Gómez, alias El paloma, construir en un pinar protegido 1.600 viviendas, tres campos de golf y dos hoteles: un proyecto lleno de sombras, apoyado por las administraciones pese a varios informes técnicos en contra y adjudicado después de un concurso irregular. El hecho de que un bello paraje de Las Navas del Marqués (Ávila) ostentara la clasificación de Zona Especial de Protección de Aves no supuso un obstáculo para pergeñar la ambiciosa operación. En la sierra de Gredos, a una hora de Madrid por carretera, el complejo se pensó como reducto de madrileños pudientes. Un patrón que se repite en Villanueva de Gómez (Ávila), donde además de planear 7.800 viviendas se construye un campo de golf en un pinar protegido. “Castilla y León no puede ser una reserva”, señala la Junta para defender estos proyectos. En el municipio toledano de Seseña, justo en la linde con la Comunidad de Madrid, se alza en medio del páramo manchego un foco de construcción aislado de cualquier otro núcleo urbano. La controvertida ciudad dormitorio de Francisco Hernando, El pocero, tendrá 13.000 viviendas en bloques de hasta diez plantas. Tres datos: una empresa de El pocero tenía en nómina a dos concejales del PSOE; el 44 por ciento del terreno se compró 14 días antes de su recalificación; la macrourbanización se ha proyectado sin planificación de servicios públicos en un lugar con graves problemas de abastecimiento de agua.
Madrid: el ‘Lobby’ del tiralíneas
Dice un veterano investigador de la corrupción urbanística que los órganos financiadores de los partidos políticos “van a por los billetes grandes: las millas de oro de las ciudades”. Ya no hay muchas de éstas en las ciudades de la Comunidad de Madrid. Quedan dos mirlos blancos por explotar en las cercanías de la capital de España: las zonas naturales y las ciudades dormitorio. En estos contextos han surgido algunos de los escándalos que han retumbado en la vida política madrileña. Quizá la ola de sospechas de corrupción naciera con dos sonoras ausencias: las de los dos diputados tránsfugas del PSOE que dieron la espantada en la que iba a ser investidura de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid en 2003. Hasta la fecha había un nombre grande en el urbanismo madrileño, Leopoldo Arnaiz. Arquitecto y consultor, está detrás de operaciones que fueron polémicas, como la de la Ciudad Financiera del BSCH, en Boadilla del Monte. Pero a Arnaiz le ha sucedido otro arquitecto, Enrique Porto. El responsable del Urbanismo del Gobierno de Esperanza Aguirre ha tenido que dimitir por un pelotazo de su sociedad y familia en Villanueva de la Cañada. Una localidad que une cercanía a Madrid y a un parque natural. Para qué pedir más. Los nombres y las sospechas se han ido desgranado, poco a poco: Ciempozuelos, Tres Cantos, Torrelodones... Y otros que surgen a la sombra de una autopista, otro mecanismo recalificador. Una autopista polémica, porque los ecologistas aseguran que perjudicará al lince. Gallardón no quiso hacerla. Y ahora Aguirre ha dado un golpe de autoridad y ha comenzado a construir: la carretera de los pantanos. Cerca de ella, en sus cunetas, crecen los planes recalificadores. De momento, un pueblecito, Quijorna, ya está en los tribunales. También en Brunete hay sospechas. Es la última oleada especuladora, cerca de la sierra.
Canarias urbanizando la isla bonita
Los palmeros andan muy agitados en los últimos meses ante los planes urbanísticos que el Cabildo y varios municipios quieren poner en marcha en su isla, que es Reserva de la Biosfera. El Plan Turístico Especial (PTE) proyecta la construcción de cuatro campos de golf. El más grande –y el que más apoyo ha recibido de los redactores del plan– va a construirse en el Paisaje Protegido de Tamanca. “El campo de golf es una excusa para construir hoteles donde no se puede”, apunta Pedro Díaz, de Ecologistas en Acción. Y es que el PTE permite la construcción de quinientas plazas hoteleras en las inmediaciones de este campo de golf. “Los espacios protegidos no son santuarios –defiende el presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, de Coalición Canaria–. Además, los promotores tenían un acuerdo anterior para construir 8.000 plazas hoteleras, y las que hemos permitido serán muchas menos”. Otro proyecto polémico es el puerto deportivo de Fuencaliente –600 amarres y un centro comercial anejo–, proyectado por el alcalde del municipio, que alberga la única Reserva Marina de la isla. El Ministerio de Agricultura y Pesca ya ha advertido al edil de que “el puerto es incompatible con la condición de reserva natural de la zona”, porque “atenta contra la regeneración de los recursos pesqueros y contra las condiciones de un litoral muy bien conservado”. Éste es uno de los espacios en los que se ha fundamentado la Unesco para distinguir a La Palma como Reserva de la Biosfera.
Andalucía, alcaldes en el banquillo
L os cuatro últimos alcaldes del Ayuntamiento de Marbella han dado con sus huesos en la cárcel. Es el paradigma de un urbanismo feroz: 95 por ciento del territorio municipal urbanizado, 20.000 viviendas ilegales. Pero la metástasis se ha extendido por la región: los alcaldes de Manilva, Camas, Benalmádena y Rota están también imputados por delitos urbanísticos. Recientemente, el fiscal de Medio Ambiente de Almería ha imputado a ediles de seis municipios de la provincia por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. Los consistorios de Albox, Zurgena, Partaloa, Cantoria y Oria han hecho la vista gorda a la construcción y venta irregular de al menos 6.000 villas –chalés con piscina– destinadas a un mercado boyante: el de los ingleses que buscan su residencia junto al Mediterráneo. Las villas se construyen en terreno rústico barato urbanizado sin permiso y se venden a ingleses incautos con garantía de legalidad. Ahora los compradores se enfrentan a la posible demolición de sus viviendas.
interviu.es
La Guardia Civil denunció el año pasado 12.832 construcciones ilegales, por medio del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Sin embargo, la actuación estrella de la policía ha sido la operación Malaya. Además de los programas del co- razón, esta investigación policial y judicial ha llenado las cárceles de Málaga de políticos, constructores y urbanistas de Marbella. Se ha descubierto una trama de corrupción de hondas raíces que probablemente se desarrolló con plenitud bajo la alcaldía de Jesús Gil. Marbella ha roto los esquemas: el 95 por ciento del suelo está urbanizado y hay abiertos más de 330 expedientes sancionadores. Marbella es la punta de un iceberg formado por más de cien casos abiertos por la Justicia por corrupción que afectan a alcaldes y concejales por todo el país. Es el efecto pernicioso de un consumo desaforado de cemento y ladrillos que se va a convertir, en 2006, en casi un millón y medio de viviendas, 303 campos de golf y 116 puertos deportivos que se han aprobado para este año. No hay habitantes para tanto despliegue, ya que la población española sólo creció en la última década un 5 por ciento, mientras que la construcción lo hizo en casi un 26 por ciento. Pero es que una tercera parte del primer kilómetro de litoral Mediterráneo está ya construido. El 59 por ciento de la costa andaluza está urbanizada, aunque no sin coste: hay 4.000 expedientes abiertos. Evidentemente no se trata de casas para que los jóvenes tengan su primera vivienda. Expertos como Domingo Jiménez Beltrán alertan del disparate de esta enloquecida carrera urbanizadora. El modelo de desarrollismo y urbanización a toda costa no es sostenible en un país con severas carencias de un recurso indispensable: el agua. Aunque ya se ha logrado construir ciudades en lugares que carecen de agua. Lo hizo Francisco Hernando, El pocero, con su macrourbanización en Seseña para 40.000 personas, aprobada por gobiernos socialistas a pesar de que no tiene previsto el suministro de agua. Ahora, un ayuntamiento y un Gobierno del PP (Cullera y la Generalitat de Valencia) aprueban un Manhattan de 35 rascacielos junto al mar. Y estos dos ejemplos, también, son sólo la punta del iceberg de un mapa con cada vez más ladrillos.
Murcia, la familia y uno más
Si algo bueno se puede decir del urbanismo en Murcia, es que el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel siempre dejó claras sus intenciones. Y si algo puede resumir el urbanismo en esta comunidad, es la investigación de la Fiscalía sobre por qué el padre del arquitecto municipal de la capital, Joaquín Peñalver, ha tramitado la casi totalidad de las urbanizaciones de la región, hasta un total de 460. Peñalver es socio de uno de los hombres bandera del ladrillo murciano: Pedro García Meroño. Un nombre que sólo dice algo acompañado de su empresa: Polaris Golf. ¿Por qué no ha engañado el PP en Murcia? Su plan estratégico turístico preveía, desde mediados de los 90, un ciclópeo esfuerzo para construir campos de golf y urbanizaciones por todo el territorio. Y así está pasando, sin cortapisa alguna por los angustiosos apuros por falta de agua –acaban de recibir de urgencia del Tajo para abastecer a la población–, y a pesar de que el proyecto de trasvase desde el Ebro –el Plan Hidrológico Nacional del PP– fue derogado. Urbanizaciones, campos de golf. Recalificaciones, alguna salpicada por el escándalo, como la de Alhama de Murcia, en donde se denunciaron las presiones de una empresa, Polaris Golf, para que se aprobara un plan nuevo por el que ya había pagado al Ayuntamiento. Además, un caso único. El propio Gobierno autónomo promueve nuevos proyectos faraónicos, incluso por encima de sus propias leyes. En Cabo Cope, el Gobierno de Valcárcel ha desafectado casi el 40 por ciento de un parque natural para edificar 11.000 viviendas, 23.000 plazas de hotel, cinco campos de golf y una marina interior. En un espacio protegido. La conexión constructoras-poder político es tan grande que el PP ha cedido la televisión autonómica a una empresa neófita en la materia que han creado los constructores de la región. En Murcia hay una autopista que se desvía a un bosque para poder hacer 20.000 viviendas; un padre firmador; ya sólo faltaba uno más: Juan Antonio Roca. Y, efectivamente, en otra polémica actuación, en el término de Lo Poyo, ha aparecido como intermediario el principal implicado en la operación Malaya.
Baleares de isla a isla, chanchullos a la vista
Un ex ministro de Medio Ambiente –Jaume Matas– gobierna un archipiélago donde las mayores críticas se dirigen a la escasa protección, curiosamente, del medio ambiente. Además, la ruta por las viviendas ilegales, los pelotazos millonarios y los desórdenes urbanísticos lleva camino de alcanzar más fama que sus calas y las noches de desenfreno discotequero. Ahora se ha unido la polémica autopista de Ibiza, con una importante oposición ciudadana y la sombra de las empresas de Matutes planeando. La Fiscalía hace horas extra desde hace años intentando empapelar a un nutrido grupo de dirigentes locales –la mayoría del PP– especializados en saltarse leyes urbanísticas y también las éticas. En Mallorca, el municipio de Andratx es conocido como territorio comanche: las construcciones en zonas protegidas y las viviendas irregulares campana sus anchas. El alcalde, el popular Eugenio Hidalgo, acumula al menos cuatro causas judiciales. En Ibiza, dos alcaldes en activo del PP y otro que lo fue hasta 2003 están imputados en causas penales por corrupción urbanística. La crisis en el sector turístico y el incremento del suelo edificable (urbano pero también superficies en estado virgen) no auguran un futuro esperanzador por mucho estudio que se haga desde el Gobierno central sobre el número de fincas que incumplen la Ley de Costas.
Cornisa Cantábrica, comienza la cuenta atrás
Esa imagen paradisiaca de una costa verde y rocosa, sazonada con construcciones tradicionales y pocas veces saturada por el ladrillo invasor puede tener los días contados. Si desde Cataluña a Huelva el índice de suelo urbanizado crece al mismo ritmo que el de la corrupción, en la cornisa cantábrica y Galicia la cuenta atrás ha comenzado ya. Cantabria parece la mejor situada para convertirse en el santuario norteño de especuladores y compinches. Planes urbanísiticos anulados, urbanizaciones levantadas en espectaculares y protegidos parajes naturales han sido declaradas ilegales por los tribunales e incluso hay órdenes de demolición que afectarían a más de 400 viviendas y a más de 2.000 personas. Según Greenpeace, “Cantabria no valora la riqueza que aporta su costa, lo que se ha traducido en políticas irracionales que han permitido desmanes urbanísticos en su litoral”. En Asturias, 18 pequeños municipios gestionan más del 80 por ciento del litoral, lo que supone una disparidad total de políticas urbanísticas y una buena presa para constructoras y promotores. Por el momento, un proceso lento de urbanización le salva de la quema, algo parecido a lo que ocurre en el País Vasco, a pesar de que algunas poblaciones costeras cercanas a los grandes núcleos urbanos comienzan a sentir la presión. Los tribunales y las condenas han empezado a caer en la castigada Galicia, donde asusta la recalificación de suelo no urbanizable –y sus consiguientes pelotazos– y la actuación de alcaldes-promotores.
España interior: bajo el síndrome de Madrid
Todo marchaba de perlas hasta que los tribunales declararon ilegal la recalificación que permitía al promotor Francisco Gómez, alias El paloma, construir en un pinar protegido 1.600 viviendas, tres campos de golf y dos hoteles: un proyecto lleno de sombras, apoyado por las administraciones pese a varios informes técnicos en contra y adjudicado después de un concurso irregular. El hecho de que un bello paraje de Las Navas del Marqués (Ávila) ostentara la clasificación de Zona Especial de Protección de Aves no supuso un obstáculo para pergeñar la ambiciosa operación. En la sierra de Gredos, a una hora de Madrid por carretera, el complejo se pensó como reducto de madrileños pudientes. Un patrón que se repite en Villanueva de Gómez (Ávila), donde además de planear 7.800 viviendas se construye un campo de golf en un pinar protegido. “Castilla y León no puede ser una reserva”, señala la Junta para defender estos proyectos. En el municipio toledano de Seseña, justo en la linde con la Comunidad de Madrid, se alza en medio del páramo manchego un foco de construcción aislado de cualquier otro núcleo urbano. La controvertida ciudad dormitorio de Francisco Hernando, El pocero, tendrá 13.000 viviendas en bloques de hasta diez plantas. Tres datos: una empresa de El pocero tenía en nómina a dos concejales del PSOE; el 44 por ciento del terreno se compró 14 días antes de su recalificación; la macrourbanización se ha proyectado sin planificación de servicios públicos en un lugar con graves problemas de abastecimiento de agua.
Madrid: el ‘Lobby’ del tiralíneas
Dice un veterano investigador de la corrupción urbanística que los órganos financiadores de los partidos políticos “van a por los billetes grandes: las millas de oro de las ciudades”. Ya no hay muchas de éstas en las ciudades de la Comunidad de Madrid. Quedan dos mirlos blancos por explotar en las cercanías de la capital de España: las zonas naturales y las ciudades dormitorio. En estos contextos han surgido algunos de los escándalos que han retumbado en la vida política madrileña. Quizá la ola de sospechas de corrupción naciera con dos sonoras ausencias: las de los dos diputados tránsfugas del PSOE que dieron la espantada en la que iba a ser investidura de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid en 2003. Hasta la fecha había un nombre grande en el urbanismo madrileño, Leopoldo Arnaiz. Arquitecto y consultor, está detrás de operaciones que fueron polémicas, como la de la Ciudad Financiera del BSCH, en Boadilla del Monte. Pero a Arnaiz le ha sucedido otro arquitecto, Enrique Porto. El responsable del Urbanismo del Gobierno de Esperanza Aguirre ha tenido que dimitir por un pelotazo de su sociedad y familia en Villanueva de la Cañada. Una localidad que une cercanía a Madrid y a un parque natural. Para qué pedir más. Los nombres y las sospechas se han ido desgranado, poco a poco: Ciempozuelos, Tres Cantos, Torrelodones... Y otros que surgen a la sombra de una autopista, otro mecanismo recalificador. Una autopista polémica, porque los ecologistas aseguran que perjudicará al lince. Gallardón no quiso hacerla. Y ahora Aguirre ha dado un golpe de autoridad y ha comenzado a construir: la carretera de los pantanos. Cerca de ella, en sus cunetas, crecen los planes recalificadores. De momento, un pueblecito, Quijorna, ya está en los tribunales. También en Brunete hay sospechas. Es la última oleada especuladora, cerca de la sierra.
Canarias urbanizando la isla bonita
Los palmeros andan muy agitados en los últimos meses ante los planes urbanísticos que el Cabildo y varios municipios quieren poner en marcha en su isla, que es Reserva de la Biosfera. El Plan Turístico Especial (PTE) proyecta la construcción de cuatro campos de golf. El más grande –y el que más apoyo ha recibido de los redactores del plan– va a construirse en el Paisaje Protegido de Tamanca. “El campo de golf es una excusa para construir hoteles donde no se puede”, apunta Pedro Díaz, de Ecologistas en Acción. Y es que el PTE permite la construcción de quinientas plazas hoteleras en las inmediaciones de este campo de golf. “Los espacios protegidos no son santuarios –defiende el presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, de Coalición Canaria–. Además, los promotores tenían un acuerdo anterior para construir 8.000 plazas hoteleras, y las que hemos permitido serán muchas menos”. Otro proyecto polémico es el puerto deportivo de Fuencaliente –600 amarres y un centro comercial anejo–, proyectado por el alcalde del municipio, que alberga la única Reserva Marina de la isla. El Ministerio de Agricultura y Pesca ya ha advertido al edil de que “el puerto es incompatible con la condición de reserva natural de la zona”, porque “atenta contra la regeneración de los recursos pesqueros y contra las condiciones de un litoral muy bien conservado”. Éste es uno de los espacios en los que se ha fundamentado la Unesco para distinguir a La Palma como Reserva de la Biosfera.
Andalucía, alcaldes en el banquillo
L os cuatro últimos alcaldes del Ayuntamiento de Marbella han dado con sus huesos en la cárcel. Es el paradigma de un urbanismo feroz: 95 por ciento del territorio municipal urbanizado, 20.000 viviendas ilegales. Pero la metástasis se ha extendido por la región: los alcaldes de Manilva, Camas, Benalmádena y Rota están también imputados por delitos urbanísticos. Recientemente, el fiscal de Medio Ambiente de Almería ha imputado a ediles de seis municipios de la provincia por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. Los consistorios de Albox, Zurgena, Partaloa, Cantoria y Oria han hecho la vista gorda a la construcción y venta irregular de al menos 6.000 villas –chalés con piscina– destinadas a un mercado boyante: el de los ingleses que buscan su residencia junto al Mediterráneo. Las villas se construyen en terreno rústico barato urbanizado sin permiso y se venden a ingleses incautos con garantía de legalidad. Ahora los compradores se enfrentan a la posible demolición de sus viviendas.
interviu.es
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