La Fiscalía Anticorrupción encuentra indicios de delito en la venta de terrenos entre el Grupo San Román y varios concejales del municipio de Quijorna (Madrid). El fiscal jefe de Madrid ha trasladado al caso a los juzgados de Móstoles.
Daniel MONTERO
La Fiscalía Anticorrupción tenía dos opciones. Podía archivar la documentación presentada por la oposición municipal en el Ayuntamiento de Quijorna, o darle curso. La segunda opción implica que los fiscales especializados en asuntos de corrupción urbanística ven indicios de delito en las relaciones comerciales entre los varios cargos electos del Ayuntamiento de Quijorna y el Grupo San Román.
Tras meses de estudio de la documentación, presentada por el Grupo Independiente de Quijorna, la Fiscalía Anticorrupción ha dado luz verde a la instrucción judicial del caso, que ha pasado al Juzgado número 4 de Móstoles, según una orden firmada el pasado 13 de febrero por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix Blázquez. La fiscalía considera conveniente su traslado a esta sala, ya que instruye otras diligencias previas sobre supuestos delitos relacionados con el equipo de gobierno municipal.
Se abre así un nuevo frente en los juzgados para la alcaldesa del municipio madrileño, la popular María de las Mercedes García, que ha sido denunciada además por prevaricación y malversación de fondos en relación con la contratación del bufete del abogado Javier Gómez de Liaño para su defensa personal en otra querella criminal sobre cuestiones urbanísticas. Gómez de Liaño defiende a la ex concejala marbellí Isabel García Marcosoperación Malaya al igual que el empresario Fidel San Román, vinculado a una de las constructoras con mayor actividad en Quijorna.
En agosto de 2006, la alcaldesa se vio envuelta en un caso de especulación inmobiliaria por la aprobación de 37 convenios urbanísticos, que reducían en un 40 por ciento el número de viviendas protegidas de las zonas afectadas. Parte de los terrenos eran propiedad de una empresa vinculada al Grupo San Román. Uno de sus responsables, Fidel San Román, ha sido procesado por supuestos pagos a Juan Antonio Roca en el transcurso de la operación Malaya, instruida desde hace ahora más de un año. interviú se hizo eco de la noticia con un extenso reportaje, publicado en el número 1.582 (21-8-2006). El caso terminó en los juzgados y la alcaldesa contrató los servicios legales del ex juez Gómez de Liaño. María de las Mercedes García autorizó una factura de 29.696 euros para la contratación del letrado, cerca del límite estipulado por ley para requerir una licitación pública, fijado en 30.000 euros. La denuncia presentada por la oposición municipal explica que “con cargo a los presupuestos del ayuntamiento no puede contratarse la defensa y representación de uno de sus concejales”, ya que la defensa no es para el ayuntamiento, sino para uno de sus miembros en particular y por una responsabilidad personal en el ejercicio de sus funciones. El texto aduce además que “los hechos son mucho más graves porque la contratación del letrado, el reconocimiento del gasto y el pago de su importe lo ha hecho la alcaldesa al margen de todo procedimiento y vulnerando su deber de abstención”. La misma denuncia, presentada en el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles, explica que la alcaldesa quiso “aprovechar la mayoría municipal para adoptar un acuerdo que de modo flagrante pretende utilizar fondos públicos en beneficio directo de los propios concejales que adoptan el acuerdo”.
La denuncia cursada por la Fiscalía Anticorrupción alude de forma específica a la venta de varios terrenos protegidos por parte de la alcaldesa y dos concejales socialistas de Quijorna a una sociedad perteneciente al Grupo San Román, de nombre Sanedi. Con posterioridad, ese mismo suelo fue propuesto para una recalificación municipal.
Según la documentación en poder de la Fiscalía, Mercedes García era propietaria de una alameda de 3.750 metros cuadrados, calificada por el actual ordenamiento del municipio como zona protegida por su valor ambiental. La regidora vendió el suelo a la promotora de San Román
La alcaldesa del municipio ha asegurado públicamente que la venta de estos terrenos ha cumplido siempre con la máxima legalidad, y que se encuentra “harta” de las denuncias del Grupo Independiente de Quijorna. Sin embargo, sus comparecencias en el juzgado continúan, y el apoyo de los concejales socialistas a sus decisiones urbanísticas ha abierto un cisma en las filas del partido, controlado en Madrid por Rafael Simancas.
Los dos concejales socialistas firmantes de los polémicos convenios –Juan José Cerrato y Fernando Díaz Guerra– han sido expedientados por su partido por apoyar decisiones “poco éticas y que contradicen las líneas seguidas por el partido”, según explican los responsables socialistas. Ambos concejales apoyaron los planes parciales de tres sectores urbanísticos de Quijorna. En ellos, la vivienda protegida se reducía un 40 por ciento. A cambio, el ayuntamiento obtenía el 22 por ciento de aprobechamiento lucrativo en lugar del portentaje estipulado por ley, marcado en un 10 por ciento.
El portavoz de urbanismo del PSOE en la Comunidad de Madrid, Modesto Nolla, presentó una serie de alegaciones al plan, que no fueron atendidas. Y pese a ello, los concejales socialistas votaron a favor de la iniciativa, presentada por los ediles del Partido Popular. La dirección del PSOE consideró entonces que la decisión de sus concejales contradecía la línea política marcada por el partido en materia de urbanismo y vivienda pública. La documentación remitida por el Grupo Municipal de Quijorna a la Audiencia Nacional cuestionaba también la adjudicación de la reacción del Plan General de Ordenación Urbana de Quijorna, concedida a la empresa Plarquin Consultores, sociedad vinculada con el ex director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
interviu.es
Tras meses de estudio de la documentación, presentada por el Grupo Independiente de Quijorna, la Fiscalía Anticorrupción ha dado luz verde a la instrucción judicial del caso, que ha pasado al Juzgado número 4 de Móstoles, según una orden firmada el pasado 13 de febrero por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix Blázquez. La fiscalía considera conveniente su traslado a esta sala, ya que instruye otras diligencias previas sobre supuestos delitos relacionados con el equipo de gobierno municipal.
Se abre así un nuevo frente en los juzgados para la alcaldesa del municipio madrileño, la popular María de las Mercedes García, que ha sido denunciada además por prevaricación y malversación de fondos en relación con la contratación del bufete del abogado Javier Gómez de Liaño para su defensa personal en otra querella criminal sobre cuestiones urbanísticas. Gómez de Liaño defiende a la ex concejala marbellí Isabel García Marcosoperación Malaya al igual que el empresario Fidel San Román, vinculado a una de las constructoras con mayor actividad en Quijorna.
En agosto de 2006, la alcaldesa se vio envuelta en un caso de especulación inmobiliaria por la aprobación de 37 convenios urbanísticos, que reducían en un 40 por ciento el número de viviendas protegidas de las zonas afectadas. Parte de los terrenos eran propiedad de una empresa vinculada al Grupo San Román. Uno de sus responsables, Fidel San Román, ha sido procesado por supuestos pagos a Juan Antonio Roca en el transcurso de la operación Malaya, instruida desde hace ahora más de un año. interviú se hizo eco de la noticia con un extenso reportaje, publicado en el número 1.582 (21-8-2006). El caso terminó en los juzgados y la alcaldesa contrató los servicios legales del ex juez Gómez de Liaño. María de las Mercedes García autorizó una factura de 29.696 euros para la contratación del letrado, cerca del límite estipulado por ley para requerir una licitación pública, fijado en 30.000 euros. La denuncia presentada por la oposición municipal explica que “con cargo a los presupuestos del ayuntamiento no puede contratarse la defensa y representación de uno de sus concejales”, ya que la defensa no es para el ayuntamiento, sino para uno de sus miembros en particular y por una responsabilidad personal en el ejercicio de sus funciones. El texto aduce además que “los hechos son mucho más graves porque la contratación del letrado, el reconocimiento del gasto y el pago de su importe lo ha hecho la alcaldesa al margen de todo procedimiento y vulnerando su deber de abstención”. La misma denuncia, presentada en el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles, explica que la alcaldesa quiso “aprovechar la mayoría municipal para adoptar un acuerdo que de modo flagrante pretende utilizar fondos públicos en beneficio directo de los propios concejales que adoptan el acuerdo”.
La denuncia cursada por la Fiscalía Anticorrupción alude de forma específica a la venta de varios terrenos protegidos por parte de la alcaldesa y dos concejales socialistas de Quijorna a una sociedad perteneciente al Grupo San Román, de nombre Sanedi. Con posterioridad, ese mismo suelo fue propuesto para una recalificación municipal.
Según la documentación en poder de la Fiscalía, Mercedes García era propietaria de una alameda de 3.750 metros cuadrados, calificada por el actual ordenamiento del municipio como zona protegida por su valor ambiental. La regidora vendió el suelo a la promotora de San Román
La alcaldesa del municipio ha asegurado públicamente que la venta de estos terrenos ha cumplido siempre con la máxima legalidad, y que se encuentra “harta” de las denuncias del Grupo Independiente de Quijorna. Sin embargo, sus comparecencias en el juzgado continúan, y el apoyo de los concejales socialistas a sus decisiones urbanísticas ha abierto un cisma en las filas del partido, controlado en Madrid por Rafael Simancas.
Los dos concejales socialistas firmantes de los polémicos convenios –Juan José Cerrato y Fernando Díaz Guerra– han sido expedientados por su partido por apoyar decisiones “poco éticas y que contradicen las líneas seguidas por el partido”, según explican los responsables socialistas. Ambos concejales apoyaron los planes parciales de tres sectores urbanísticos de Quijorna. En ellos, la vivienda protegida se reducía un 40 por ciento. A cambio, el ayuntamiento obtenía el 22 por ciento de aprobechamiento lucrativo en lugar del portentaje estipulado por ley, marcado en un 10 por ciento.
El portavoz de urbanismo del PSOE en la Comunidad de Madrid, Modesto Nolla, presentó una serie de alegaciones al plan, que no fueron atendidas. Y pese a ello, los concejales socialistas votaron a favor de la iniciativa, presentada por los ediles del Partido Popular. La dirección del PSOE consideró entonces que la decisión de sus concejales contradecía la línea política marcada por el partido en materia de urbanismo y vivienda pública. La documentación remitida por el Grupo Municipal de Quijorna a la Audiencia Nacional cuestionaba también la adjudicación de la reacción del Plan General de Ordenación Urbana de Quijorna, concedida a la empresa Plarquin Consultores, sociedad vinculada con el ex director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
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