El PP arrasó en Murcia en las elecciones europeas. Seis de cada diez votantes confiaron en ese partido, comandado por el presidente autonómico Ramón Luis Valcárcel. Nada importa la larga lista de escándalos judiciales que acumula el partido.
Daniel Montero
Torre Pacheco es la zona cero de la crisis económica. Allí donde el espejismo inmobiliario creó riqueza en los eriales, el frenazo de la construcción ha dejado sin trabajo a miles de familias. Algunos no trabajan desde hace meses. Son las cinco de la tarde y las tiendas están abiertas. Pero nadie compra. No se mueve ni un alma en este pueblo de 30.000 habitantes. Javier cruza una esquina: “Yo de toda la vida soy del PP”, reconoce sorprendido por la pregunta, mientras juguetea con sus anillos, anillos de oro. El joven es cristalero. Y no encuentra trabajo desde que el PSOE llegó al poder. Crisis económica y gobierno socialista: dos conceptos que Javier liga sin remisión. “Desde que está Zapatero en el Gobierno yo no he tenido trabajo. Y tengo la FP y carné de conducir”, explica. “Así que por eso voto al PP”, afirma seguro.
Hace 14 meses que la Guardia Civil llegó al pueblo de Javier a buscar al alcalde. El popular Daniel García Madrid fue arrestado el 3 de abril de 2008 y acusado de participar en una presunta trama de corrupción urbanística que supuso importantes pérdidas para el patrimonio del ayuntamiento. Junto a él fueron imputadas otras 13 personas. El escándalo salpicó también a los principales constructores de la zona: Facundo Armero y José Luis Hernández, presidente de la firma de turismo residencial Polaris World. La Justicia le echó mano al motor económico de la región. Y el caso todavía está a la espera de juicio.
Las elecciones europeas del 7 de junio fueron el primer examen electoral para Torre Pacheco tras el escándalo. Al contrario de lo que cabría esperar, el PP arrasó. El alcalde pasó por el calabozo, pero no sufre desgaste electoral ni de popularidad en su pueblo. Está por encima del 69 por ciento. Sólo dos de cada diez personas confían en los socialistas en el pueblo. “Yo veo normal que la gente vote al PP, porque el alcalde sólo está imputado. Y mientras la Justicia no diga nada, él sigue siendo inocente. Aquí no se ha condenado a nadie”, argumenta Noelia, vecina de Torre Pacheco, sentada en un banco frente al ayuntamiento.
La situación se reproduce en toda Murcia. Y es que en 26 municipios de la comunidad autónoma –sobre un total de 45 ayuntamientos– tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus cargos, la inmensa mayoría del PP. Hasta 26 cargos populares acumulan imputaciones por presuntos delitos urbanísticos, compra de votos, cobro ilegal de comisiones, prevaricación o falsedad documental. También hay dos imputados que pertenecen al PSOE murciano. Algunos alcaldes llevan años a la espera de juicio. Años con la sospecha de corrupción. Y años sin la confirmación o rechazo de esas sospechas que aporta la Justicia. Pero poco importan las sospechas. En las pasadas elecciones europeas, la formación del presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, se consolidó como la más votada de España con el 61,55 por ciento de los votos. Por el contrario, el PSOE de Murcia es el segundo grupo socialista menos votado del país, sólo detrás de los vascos, comunidad con fuerte peso nacionalista inexistente en Murcia. La campaña electoral de los populares se basó en dos pilares: la relación entre la crisis económica y el Gobierno socialista y su apuesta tajante por el trasvase del Ebro. “El agua se ha convertido en un tema determinante. Y mientras el PSOE tiene que ser tibio en sus declaraciones porque el Gobierno derogó el trasvase del Ebro, el PP se puede permitir ser tajante y apostar desde Murcia por el trasvase”, explican fuentes ecologistas. “Al final, los votos que el PSOE pierde en Murcia los recupera en Castilla-La Mancha, contraria al trasvase”, añaden.
Polémica regional
El 24 de junio se celebró en Cartagena el debate sobre el estado de la región. Allí, PP y PSOE volvieron a enfrentarse en el asunto del agua: “¿Usted no se ha enterado de que no soy un político felpudo?”, preguntó el presidente Valcárcel a Pedro Saura, líder de la oposición socialista. Valcárcel incluso presumió de rebeldía ante el PP nacional: “Ya le he dicho a [María Dolores de] Cospedal [contraria al trasvase del Ebro, como el PP de Castilla-La Mancha] no, no y no. Aprendan ustedes a decir que no, que es muy fácil. ¿O acaso el gobierno de Zapatero no tiene competencia sobre el tema?”.
Sobre la gestión de Ramón Luis Valcárcel –presidente autonómico desde 1995– suma con fuerza el hecho incontestable de que Murcia haya sido la región de España que más ha crecido económicamente en los últimos diez años, con un incremento del Producto Interior Bruto del 3,94 por ciento desde la entrada del nuevo siglo, medio punto por encima de la media nacional. Un crecimiento empujado por la construcción y que se ha frenado de golpe con el estallido de la burbuja inmobiliaria. El paro se ha doblado en Murcia en los primeros tres meses de este año. Según la Encuesta de Población Activa, la comunidad cuenta ya con 28.800 desempleados. “La especulación inmobiliaria ha dejado muchos nuevos ricos en Murcia. Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones. Eso ha calado en la gente, que aquí todo el mundo se creyó el espejismo de que se iban a hacer ricos con las tierras”, explican fuentes ecologistas. “Y ahora echan la culpa a los socialistas de que esa burbuja se rompa”, sentencian.
Un cartel de “agua para todos” pende del balcón municipal de Totana. Y obreros vestidos con colores chillones sudan la mañana en la plaza del pueblo. Es la resaca del Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como el plan Zapatero. El Gobierno ha inyectado 7.999 millones de euros en toda España para realizar obras públicas que fomenten el empleo. Y ha dejado cinco millones en el pueblo. El Ayuntamiento de Totana se ha convertido en el principal empleador de la región, azotada por el paro. Quinientas familias locales tienen alguno de sus miembros trabajando y cobrando de la corporación, sacudida en 2007 por la operación Tótem de la Guardia Civil.
Allí fue detenido hace 19 meses el alcalde, José Martínez Andreo, pendiente de juicio por nueve presuntos delitos relacionados con la corrupción: desde prevaricación hasta violación de correspondencia. La misma instrucción terminó también con la carrera política del ex edil y diputado autonómico del PP Juan Morales y puso de relieve la bonanza económica de su novia, una joven brasileña sin empleo conocido. En aquellas fechas, desde las filas populares se tachó la actuación de la Guardia Civil como un ataque al pueblo. Los ciudadanos afines crearon incluso una plataforma en defensa del alcalde, mientras el sumario destapaba las presuntas irregularidades. El juzgado que lleva el caso está a menos de quinientos metros de la oficina del alcalde. Año y medio después, la instrucción todavía no está cerrada.
Tras pasar dos meses en prisión y pagar una fianza de 70.000 euros, Martínez Andreo se incorporó de nuevo a su puesto de alcalde. Pidió la baja temporal del partido, pero ha participado en la campaña de las elecciones europeas, donde el PP ha vuelto a ganar. Y con más votos si cabe. A pesar de la mancha sobre los dos últimos alcaldes, el 63,5 por ciento de los electores en Totana confiaron en los populares el pasado 7 de junio.
“Desde el ayuntamiento se han anulado todos los colectivos críticos”, considera Juan José Cánovas, concejal de Izquierda Unida en Totana. Tras salir de prisión, el equipo de gobierno retiró las dos plazas de liberado para los concejales de la oposición, mientras ocho ediles del PP siguen dedicados en exclusiva al ayuntamiento, y cobrando por ello. El consistorio ha gastado 100.000 euros en publicidad para los medios locales. Y controla la mayoría de las subvenciones a las que acceden las asociaciones locales, las agrupaciones de fiestas e incluso las entidades de recreo para la tercera edad, muy importantes en los municipios con población envejecida. Totana será incluso la sede del encuentro mundial de peñas del Fútbol Club Barcelona en septiembre. El presidente de la peña barcelonista es el número dos del ayuntamiento, Juan Carrión, que prepara una exposición en el pueblo con los tres trofeos que ha ganado el Barcelona esta temporada.
“Aquí la gente se ha hecho toda del PP”, constata Paco mientras departe en una terraza de Librilla. Es la hora de comer y el calor ataca. El alcalde de este pueblo, José Martínez García, ha sido el único retirado del partido tras su detención, en noviembre de 2008. Martínez García sigue como alcalde, pero ha quedado fuera de las listas populares. En Librilla, el apoyo electoral al PP ha bajado, pero de una forma muy leve. Todavía cuenta con el 60 por ciento de los votos. “¿Sabes lo que pasa? Que aquí el PSOE no pinta nada”, constata Paco. “Así que muchos socialistas no fuimos a votar. La mayoría de la gente que puede votar eso se fue a la playa”.
interviu.es
Hace 14 meses que la Guardia Civil llegó al pueblo de Javier a buscar al alcalde. El popular Daniel García Madrid fue arrestado el 3 de abril de 2008 y acusado de participar en una presunta trama de corrupción urbanística que supuso importantes pérdidas para el patrimonio del ayuntamiento. Junto a él fueron imputadas otras 13 personas. El escándalo salpicó también a los principales constructores de la zona: Facundo Armero y José Luis Hernández, presidente de la firma de turismo residencial Polaris World. La Justicia le echó mano al motor económico de la región. Y el caso todavía está a la espera de juicio.
Las elecciones europeas del 7 de junio fueron el primer examen electoral para Torre Pacheco tras el escándalo. Al contrario de lo que cabría esperar, el PP arrasó. El alcalde pasó por el calabozo, pero no sufre desgaste electoral ni de popularidad en su pueblo. Está por encima del 69 por ciento. Sólo dos de cada diez personas confían en los socialistas en el pueblo. “Yo veo normal que la gente vote al PP, porque el alcalde sólo está imputado. Y mientras la Justicia no diga nada, él sigue siendo inocente. Aquí no se ha condenado a nadie”, argumenta Noelia, vecina de Torre Pacheco, sentada en un banco frente al ayuntamiento.
La situación se reproduce en toda Murcia. Y es que en 26 municipios de la comunidad autónoma –sobre un total de 45 ayuntamientos– tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus cargos, la inmensa mayoría del PP. Hasta 26 cargos populares acumulan imputaciones por presuntos delitos urbanísticos, compra de votos, cobro ilegal de comisiones, prevaricación o falsedad documental. También hay dos imputados que pertenecen al PSOE murciano. Algunos alcaldes llevan años a la espera de juicio. Años con la sospecha de corrupción. Y años sin la confirmación o rechazo de esas sospechas que aporta la Justicia. Pero poco importan las sospechas. En las pasadas elecciones europeas, la formación del presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, se consolidó como la más votada de España con el 61,55 por ciento de los votos. Por el contrario, el PSOE de Murcia es el segundo grupo socialista menos votado del país, sólo detrás de los vascos, comunidad con fuerte peso nacionalista inexistente en Murcia. La campaña electoral de los populares se basó en dos pilares: la relación entre la crisis económica y el Gobierno socialista y su apuesta tajante por el trasvase del Ebro. “El agua se ha convertido en un tema determinante. Y mientras el PSOE tiene que ser tibio en sus declaraciones porque el Gobierno derogó el trasvase del Ebro, el PP se puede permitir ser tajante y apostar desde Murcia por el trasvase”, explican fuentes ecologistas. “Al final, los votos que el PSOE pierde en Murcia los recupera en Castilla-La Mancha, contraria al trasvase”, añaden.
Polémica regional
El 24 de junio se celebró en Cartagena el debate sobre el estado de la región. Allí, PP y PSOE volvieron a enfrentarse en el asunto del agua: “¿Usted no se ha enterado de que no soy un político felpudo?”, preguntó el presidente Valcárcel a Pedro Saura, líder de la oposición socialista. Valcárcel incluso presumió de rebeldía ante el PP nacional: “Ya le he dicho a [María Dolores de] Cospedal [contraria al trasvase del Ebro, como el PP de Castilla-La Mancha] no, no y no. Aprendan ustedes a decir que no, que es muy fácil. ¿O acaso el gobierno de Zapatero no tiene competencia sobre el tema?”.
Sobre la gestión de Ramón Luis Valcárcel –presidente autonómico desde 1995– suma con fuerza el hecho incontestable de que Murcia haya sido la región de España que más ha crecido económicamente en los últimos diez años, con un incremento del Producto Interior Bruto del 3,94 por ciento desde la entrada del nuevo siglo, medio punto por encima de la media nacional. Un crecimiento empujado por la construcción y que se ha frenado de golpe con el estallido de la burbuja inmobiliaria. El paro se ha doblado en Murcia en los primeros tres meses de este año. Según la Encuesta de Población Activa, la comunidad cuenta ya con 28.800 desempleados. “La especulación inmobiliaria ha dejado muchos nuevos ricos en Murcia. Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones. Eso ha calado en la gente, que aquí todo el mundo se creyó el espejismo de que se iban a hacer ricos con las tierras”, explican fuentes ecologistas. “Y ahora echan la culpa a los socialistas de que esa burbuja se rompa”, sentencian.
Un cartel de “agua para todos” pende del balcón municipal de Totana. Y obreros vestidos con colores chillones sudan la mañana en la plaza del pueblo. Es la resaca del Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como el plan Zapatero. El Gobierno ha inyectado 7.999 millones de euros en toda España para realizar obras públicas que fomenten el empleo. Y ha dejado cinco millones en el pueblo. El Ayuntamiento de Totana se ha convertido en el principal empleador de la región, azotada por el paro. Quinientas familias locales tienen alguno de sus miembros trabajando y cobrando de la corporación, sacudida en 2007 por la operación Tótem de la Guardia Civil.
Allí fue detenido hace 19 meses el alcalde, José Martínez Andreo, pendiente de juicio por nueve presuntos delitos relacionados con la corrupción: desde prevaricación hasta violación de correspondencia. La misma instrucción terminó también con la carrera política del ex edil y diputado autonómico del PP Juan Morales y puso de relieve la bonanza económica de su novia, una joven brasileña sin empleo conocido. En aquellas fechas, desde las filas populares se tachó la actuación de la Guardia Civil como un ataque al pueblo. Los ciudadanos afines crearon incluso una plataforma en defensa del alcalde, mientras el sumario destapaba las presuntas irregularidades. El juzgado que lleva el caso está a menos de quinientos metros de la oficina del alcalde. Año y medio después, la instrucción todavía no está cerrada.
Tras pasar dos meses en prisión y pagar una fianza de 70.000 euros, Martínez Andreo se incorporó de nuevo a su puesto de alcalde. Pidió la baja temporal del partido, pero ha participado en la campaña de las elecciones europeas, donde el PP ha vuelto a ganar. Y con más votos si cabe. A pesar de la mancha sobre los dos últimos alcaldes, el 63,5 por ciento de los electores en Totana confiaron en los populares el pasado 7 de junio.
“Desde el ayuntamiento se han anulado todos los colectivos críticos”, considera Juan José Cánovas, concejal de Izquierda Unida en Totana. Tras salir de prisión, el equipo de gobierno retiró las dos plazas de liberado para los concejales de la oposición, mientras ocho ediles del PP siguen dedicados en exclusiva al ayuntamiento, y cobrando por ello. El consistorio ha gastado 100.000 euros en publicidad para los medios locales. Y controla la mayoría de las subvenciones a las que acceden las asociaciones locales, las agrupaciones de fiestas e incluso las entidades de recreo para la tercera edad, muy importantes en los municipios con población envejecida. Totana será incluso la sede del encuentro mundial de peñas del Fútbol Club Barcelona en septiembre. El presidente de la peña barcelonista es el número dos del ayuntamiento, Juan Carrión, que prepara una exposición en el pueblo con los tres trofeos que ha ganado el Barcelona esta temporada.
“Aquí la gente se ha hecho toda del PP”, constata Paco mientras departe en una terraza de Librilla. Es la hora de comer y el calor ataca. El alcalde de este pueblo, José Martínez García, ha sido el único retirado del partido tras su detención, en noviembre de 2008. Martínez García sigue como alcalde, pero ha quedado fuera de las listas populares. En Librilla, el apoyo electoral al PP ha bajado, pero de una forma muy leve. Todavía cuenta con el 60 por ciento de los votos. “¿Sabes lo que pasa? Que aquí el PSOE no pinta nada”, constata Paco. “Así que muchos socialistas no fuimos a votar. La mayoría de la gente que puede votar eso se fue a la playa”.
interviu.es
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