ALMERÍA | El fallo obliga a demoler 12 viviendas
Miguel Cabrera | Almería
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| Trabalón y quien fue su delegado de Urbanismo, Francisco Tijeras. | M.C. |
Cándido Trabalón también ha sido inhabilitado 9 años como cargo público
El fallo condena a otros seis ex ediles, los constructores y promotores
Dieron licencia y construyeron viviendas en suelo no urbanizable
La sentencia cae 'como una bomba' en el municipio y toda la comarca
'El barrio de los Carasoles existe de toda la vida', afirma el alcalde
Miguel Cabrera | Almería
Candido Trabalón, ex alcalde andalucista y actual concejal de Obras Públicas de Zurgena, ha sido condenado a 21 meses de prisión y a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por autorizar en 2005 la construcción de 12 viviendas unifamiliares en la barriada de Los Carasoles, a sabiendas, según la sentencia del Juzgado de lo Penal número dos de Almería, de que el suelo no era urbanizable. Además, la juez Ana Salmerón ordena la demolición de las 12 casas, algunas de las cuales –si no todas- están ocupadas, según fuentes municipales.
Junto a Trabalón también han sido condenados a la misma pena por un delito contra la ordenación del territorio otros siete concejales de la Corporación municipal en la fecha que se concedió la licencia, entre ellos el ex edil de Urbanismo Francisco Tijeras, por votar a favor de la misma en pleno.
Según la sentencia, tanto el alcalde como los concejales eran conocedores de un informe emitido por el técnico municipal Carlos Domingo B.F., también condenado, que "recogía con claridad que el suelo era no urbanizable".
La juez desestima las declaraciones realizadas por los ahora condenados, que aseguraron que su formación les eximía "tener conciencia de la ilegalidad" y sostiene que las versiones que dieron en sala no son "en absoluto creíbles, ya que quedan desmentidas por el informe técnico no favorable". En este sentido, ahonda en que el técnico que lo emitió, Carlos Domingo B.F., reconoció en juicio los hechos y mostró conformidad con la pena interesada por el fiscal.
La sentencia también señala como elemento probatorio contra los cargos públicos un segundo informe emitido por la jefa de servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía en el que "se evidencia la construcción de urbanizaciones en suelo no urbanizable, que sin duda supone la formación de asentamientos no permitida en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en esta clase de suelo por ausencia de sistemas generales y suministros básicos".
La resolución condena, asimismo, a 21 meses de prisión y al pago de multas de 24 meses a razón de 50 euros al día, al administrador de la mercantil Construcciones La Jacinta SL, Antonio L.R., y al administrador de la empresa constructora Procomag SL, Manuel M.C., como autores de delitos contra la ordenación del territorio.
Núcleo urbano consolidado
La magistrada rechaza como elemento de descargo un informe pericial de parte, al entender que "fue encargado a posteriori tratando de dar apariencia de legalidad a una resolución injusta" y, además, concluye "peculiarmente que en el citado paraje había un núcleo urbano consolidado con red eléctrica, referentes inmobiliarios e incluso bares, cuestión que ha quedado absolutamente desmentida por testigos imparciales que acudieron a la zona".
Estas afirmaciones de la sentencia contrastan, sin embargo, con otras fuentes recogidas por ELMUNDO.es, como la del actual alcalde, Francisco Ramos (PP), quien asegura que "el barrio de Los Carasoles existe desde hace muchísimos años" y afirma que, efectivamente, en la zona hay un bar, que recuerda desde que él era pequeño. "Me ha sorprendido mucho esta sentencia –de la que le informó este diario- porque Los Carasoles es un barrio de toda la vida, al igual que El Cucador", donde también se dio licencia y se construyeron casas denunciadas por la Junta como ilegales y por las que, sin embargo, Cándido Trabalón fue absuelto recientemente, al no quedar demostrado que el suelo no era urbanizable, según la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número cuatro de Almería. En esa misma sentencia se decía que responsables de la Junta habían admitido en el juicio que la propia Administración autonómica había promovido viviendas de protección oficial en una zona idéntica.
"La verdad, esperaba que la resolución fuera similar a la de El Cucador porque son dos barriadas muy similares de Zurgena", declara el alcalde, quien a la vez ha expresado su preocupación por la orden de demolición dictada por la juez respecto a 12 viviendas en las que, según dice, viven vecinos del pueblo.
Ramos considera que al margen de todo, la orden de demolición puede caer como una bomba en el pueblo y en toda la comarca del Almanzora, por contribuir de nuevo a ahondar en la "inseguridad jurídica" generada en torno a las construcciones ilegales. Ante todo ello, el equipo de gobierno consultará con sus servicios jurídicos sobre la posibilidad de presentarse en la causa para "intentar defender a estos vecinos".
Fuentes municipales también han expresado su "extrañeza" por el hecho de que las denuncias se refirieran a estas casas y, sin embargo, no a otras situadas en la misma calle, "aunque en la acera de enfrente".
Criterios partidistas
Muchos de los responsables municipales de la comarca han denunciado en los últimos años los criterios "partidistas" que han llevado a la Junta a denunciar construcciones ilegales en municipios gobernados por partidos que no son el PSOE.
De esta forma, el alcalde de Zurgena considera que se han denunciado construcciones en barriadas habitadas desde hace muchos años, hasta el punto de que existen viviendas centenarias. "Se encuentran en suelo urbano, pero la Junta siempre ha perseguido a este municipio, mientras que ha hecho la vista gorda con otros de la comarca que estaban gobernados por el PSOE y donde se han construido muchas viviendas en zonas idénticas a las que luego denunciaba en Zurgena", lamenta Francisco Ramos.
Hasta el momento, en el Almanzora sólo ha sido demolida una casa, la del matrimonio británico formado por Helen y Leonard Prior. Sobre este caso, hace sólo unos meses la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Justicia a indemnizar a ambos por un "anormal funcionamiento de la Justicia", al entender que el proceso contencioso-administrativo que acabó con la orden de demolición de su casa en Vera, en 2008, se realizó sin "haberse siquiera intentado" su emplazamiento en la causa.
El 'caso Costurero'
El ex alcalde zurgenero Cándido Trabalón se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación por el conocido como caso 'Costurero', en el que ha tenido que prestar fianza civil de 571.147 euros, y en el que también están procesadas otras 23 personas, entre ellas ex ediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios.
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