Le exigen 150.000 euros
Efe | Palma
El ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía ha reclamado al juez que rebaje o suprima la fianza penal de 150.000 euros que dictó contra él por el 'caso Ibatur' de supuesta corrupción, al entender que no hay pruebas que sustenten esta medida cautelar.
En su escrito, el abogado de Alía, José Ignacio Herrero, se refiere a las declaraciones de un empresario que testificó ante el juez y acusó a Alía de, entre otras cosas, exigirle comisiones del 15 % a cambio de trabajos del Ibatur.
Después de su declaración, el letrado de Alía pidió que el testigo, dueño de la empresa Comunicación Creativa, volviera a declarar para poder preguntarle sobre sus afirmaciones, pero el empresario presentó un escrito en el que se acogió a su derecho a no declarar.
Para Herrero, es "requisito imprescindible" para una correcta defensa que pueda interrogar al testigo y poner en entredicho sus declaraciones, incluyendo las supuestas comisiones.
También recuerda el abogado que uno de los motivos en los que se apoyó el juez para dictar la fianza contra Alía fue que la Fiscalía dijo que existía una pieza secreta en la que estaba implicado.
Esta pieza gira en torno al Pula Golf, sociedad que recibió del Govern balear 16,2 millones para organizar el torneo Mallorca Classic, y el juez ya levantó el secreto del sumario en torno a ella.
Después de levantar dicho secreto, indica el letrado, "se ha podido comprobar" que Alía "no es mencionado ni una sola vez en toda la investigación", por lo que el argumento del fiscal no se sustenta.
Por todo ello, que supone a juicio del letrado un "cambio exagerado de las circunstancias" que llevaron al juez a dictar esta medida cautelar, se pide que la fianza se elimine o que se reduzca en la cuantía proporcional a este cambio.
Asimismo, el letrado requiere al titular del juzgado de instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, encargado de instruir este caso de supuesta corrupción, que se realice una prueba de escritura al testigo para verificar que su letra es la que figura en unos documentos que aportó al juez.
En este caso se investiga el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno al Instituto Balear de Turismo (Ibatur), un organismo público dependiente de la Conselleria de Turismo, durante la pasada legislatura del PP.
En su escrito, el abogado de Alía, José Ignacio Herrero, se refiere a las declaraciones de un empresario que testificó ante el juez y acusó a Alía de, entre otras cosas, exigirle comisiones del 15 % a cambio de trabajos del Ibatur.
Después de su declaración, el letrado de Alía pidió que el testigo, dueño de la empresa Comunicación Creativa, volviera a declarar para poder preguntarle sobre sus afirmaciones, pero el empresario presentó un escrito en el que se acogió a su derecho a no declarar.
Para Herrero, es "requisito imprescindible" para una correcta defensa que pueda interrogar al testigo y poner en entredicho sus declaraciones, incluyendo las supuestas comisiones.
También recuerda el abogado que uno de los motivos en los que se apoyó el juez para dictar la fianza contra Alía fue que la Fiscalía dijo que existía una pieza secreta en la que estaba implicado.
Esta pieza gira en torno al Pula Golf, sociedad que recibió del Govern balear 16,2 millones para organizar el torneo Mallorca Classic, y el juez ya levantó el secreto del sumario en torno a ella.
Después de levantar dicho secreto, indica el letrado, "se ha podido comprobar" que Alía "no es mencionado ni una sola vez en toda la investigación", por lo que el argumento del fiscal no se sustenta.
Por todo ello, que supone a juicio del letrado un "cambio exagerado de las circunstancias" que llevaron al juez a dictar esta medida cautelar, se pide que la fianza se elimine o que se reduzca en la cuantía proporcional a este cambio.
Asimismo, el letrado requiere al titular del juzgado de instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, encargado de instruir este caso de supuesta corrupción, que se realice una prueba de escritura al testigo para verificar que su letra es la que figura en unos documentos que aportó al juez.
En este caso se investiga el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno al Instituto Balear de Turismo (Ibatur), un organismo público dependiente de la Conselleria de Turismo, durante la pasada legislatura del PP.
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