Juan M. Blanco (30-01-2013)
Pocas condenas por corrupción se han dictado en España y en ningún caso se ha recuperado toda la cantidad estafada. Sin embargo, aunque parezca paradójico, el dinero detraído no es el elemento más grave de la actividad corrupta.
Aunque todos los saqueadores del Presupuesto restituyeran hasta el último euro sustraído, nuestros males no se resolverían. Llegaría, eso sí, un inmenso caudal dorado desde Suiza, Islas Caimán, Liechtenstein, Islas Vírgenes y otros paraísos fiscales para remiendo de presupuesto, alivio de deuda y bálsamo contra la crisis. Y también para quiebra de la lujosa jubilación de muchos dirigentes. Sin embargo, no compensarían, ni de lejos, todo el perjuicio causado.
Los corruptos no se asemejan a ese elegante carterista de guante blanco que birla limpiamente el efectivo pero restituye tarjetas y documentos. Actúan como esos torpes ladrones que, para desvalijar la vivienda, ocasionan destrozos por un valor muy superior a lo sustraído. Para detraer un millón de euros, la corrupción puede generar a la sociedad perjuicios desproporcionadamente mayores aunque el daño resulte menos visible que el palpable estropicio de los cacos.
Duele e indigna el expolio de los fondos pero resultan mucho más nocivos ciertos elementos que van inexorablemente unidos a la corrupción: los favores concedidos, las decisiones políticas tomadas, el ejemplo ofrecido y el ambiente creado. Una nación moderna y próspera requiere instituciones que garanticen una combinación armoniosa de competencia y cooperación entre sus miembros. Pero un régimen de cleptocracia, además de detraer fondos, impide la competencia, entorpece la eficiencia y desanima la cooperación. Lo que se observa a primera vista en la corrupción no es más que la punta del iceberg de una grave enfermedad, que corroe todo el cuerpo político y contagia al resto de la sociedad.
Quedan lejanos aquellos tiempos en que se consideraba la corrupción un lubricante, facilitador o catalizador de la economía. Ante un sinnúmero de trabas burocráticas, normas y regulaciones, unos oportunos sobornos agilizarían los trámites, permitiendo la actividad industrial, la apertura de nuevas empresas y la creación de empleo. Esta benigna visión se desvaneció al comprobar que esas normas y regulaciones no eran más que barreras establecidas deliberadamente por los políticos con el fin de crearse oportunidades de enriquecimiento inconfesable. Las trabas se dirigen a restringir la competencia, garantizando así sustanciosos beneficios a esos amigos que pagarán bien el favor concedido. Los sobornos y comisiones no agilizan nada: se parecen más a la protección que venden los mafiosos contra la amenaza creada por ellos mismos.
Un auténtico océano de leyes
Como señaló el senador e historiador romano Publio Cornelio Tácito: “corruptissima republica plurimae leges". Los gobernantes corruptos multiplican las leyes hasta el límite, creando en el sistema económico auténticos cuellos de botella donde colocar sus particulares “peajes”. Como símbolo de este contumaz latrocinio se alza una colosal pirámide formada por más de 700.000 páginas de Boletines Oficiales Autonómicos, con la friolera de 100.000 leyes, normas y regulaciones, muchas veces contradictorias e imposibles de cumplir. Esta gigantesca y enrevesada selva legal, plagada de trampas y arenas movedizas para quien no pague los “peajes”, genera en la economía nacional unas pérdidas muy superiores a los sobornos recaudados pues destruye tejido industrial y dificulta la creación de empresas.
La corrupción organizada lesiona la competencia y distorsiona el mercado pues no permite prosperar a las empresas más eficientes, ni a las que proporcionan mejor servicio, sino a aquéllas con mayor disposición a pagar sobornos. Por ello, cuando la administración contrata corruptamente servicios de empresas privadas, no solo infla el precio con las comisiones, también proporciona menos calidad. Y la omnipresente arbitrariedad genera enorme incertidumbre, desalentando la inversión productiva.
Pero el problema no se reduce sólo a empresas inadecuadas: los corruptos también impulsan proyectos inapropiados, con tremendo despilfarro de recursos escasos. Las líneas de AVEs sin viajeros, las autovías sin coches o los aeropuertos peatonales, suelen surgir de decisiones políticas que no priman las partidas con mayor rentabilidad social sino, más bien, aquéllas que mayor flujo de comisiones proporcionan. Por ello, la corrupción tiende a sesgar el gasto de las administraciones hacia proyectos faraónicos, de escasa utilidad para el ciudadano. Llamativos e inútiles monumentos salpican las Comunidades Autónomas como recuerdo, para generaciones venideras, de esta desaforada y particular fiebre del oro… ajeno.
Por todo ello, la recaudación opaca de 22 millones de euros requiere muchas decisiones dañinas para la economía, que perjudican mucho más allá de su mera repercusión en el precio pagado por los contribuyentes. Los políticos habrían favorecido a empresas poco eficientes, construido carísimas e inútiles infraestructuras o promulgado normas perniciosas para el establecimiento de nuevas de empresas y para la creación de empleo. No sorprendería que la obtención de estos 22 millones hubiera ocasionado a la sociedad un coste económico diez o veinte veces superior.
Puntilla a la confianza y a la legitimidad
Desgraciadamente, los males causados por la corrupción ni siquiera se limitan a los ya descritos: el deterioro se extiende a las percepciones y a las actitudes de los ciudadanos. Un régimen de cleptocracia suele destruir la confianza que los ciudadanos tienen en los demás, ese delicado material con el que se teje el capital social, que permite la cooperación. Y lesiona gravemente la legitimidad de las instituciones, esa argamasa que mantiene unidas las vigas maestras del sistema político.
Los estudios muestran que, en países con líderes corruptos, los ciudadanos tienden a desconfiar de las personas ajenas a su entorno. La imagen que cada individuo se crea de los demás, de la gente en general, se encuentra muy influida por aquello que percibe en sus políticos. “¿Por qué “la gente” no va a ser capaz de hacer lo mismo que los gobernantes?”. Si los líderes son tramposos, embusteros o incumplen su palabra, los sujetos se inclinan también a recelar de sus conciudadanos, generando así una conducta poco cooperativa y una tendencia a incluirse en grupos cerrados.
Por ello, es falso el razonamiento de que los políticos son corruptos porque la gente también lo es. La causalidad es distinta: cuando la gente percibe que los políticos no son honrados, se inclina a pensar que los ciudadanos desconocidos tampoco lo son. Y el individuo tiene incentivo a comportarse de manera no cooperativa cuando cree que los demás actúan también así, con grave quebranto del capital social.
Por último, la percepción de la corrupción deteriora gravemente la legitimidad de un régimen, esa noción que impulsa a las personas a respetar las normas que emanan de la autoridad, no por temor al castigo sino por convicción. La legitimidad se refuerza cuando los ciudadanos consideran que la autoridad se ejerce de manera justa y equitativa. Pero tiende a desvanecerse cuando observan que el comportamiento de sus líderes, incluyendo el monarca, no resulta constructivo ni ejemplar. Cuando advierten que impera el privilegio, el abuso, la arbitrariedad y la corrupción. Y el fenómeno reviste muchísima gravedad: la pérdida de la legitimidad a ojos de los ciudadanos suele ser una de las señales más inequívocas de que un régimen toca a su fin.
Últimos posts24.01.2013
16.01.2013
09.01.2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario