POLÍTICOS BAJO SOSPECHA | En 2005
La hija del ex ministro era consellera de Vías y Obras del Consell de Ibiza
Votó en 2005 a favor de la aprobación del nuevo Plan Territorial de la isla
Votó en 2005 a favor de la aprobación del nuevo Plan Territorial de la isla
Ricardo F. Colmenero | Eduardo Colom | Ibiza
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha dictaminado la apertura de juicio oral contra Stella Matutes, ex consellera de Vías y Obras de Ibiza y Formentera durante el Gobierno del popular Pere Palau, por el caso ses Variades.
Un jurado popular será el encargado de dictaminar si la hija del ex ministro Abel Matutes favoreció a empresas de su familia al votar en 2005 a favor de la aprobación del nuevo Plan Territorial de la isla, que cambiaba la calificación de terrenos de su familia en esta zona de San Antonio.
La Audiencia imputa a Stella Matutes, que ya se encuentra alejada del mundo de la política, por un presunto delito de "negociaciones prohibidas a funcionarios", invalidando el archivo previo de un juzgado de Ibiza.
El senador del PP José Sala, defendido por el Bufete Valdivia y Campaner, y que entonces era alcalde de San Antonio y conseller de Pere Palau, ha mantenido su desimputación de todos los presuntos delitos.
De acuerdo con el auto del presidente de la Sala, la entonces consellera tenía "interés familiar directo y personal" con la empresa Marina de San Antonio Abad S.A. de la que Stella Matutes tenía "participaciones o acciones a través de otras sociedades que la integraba". Entre ellas el Tribunal nombra Obras y Construcciones ibicencas S.A. (de la que la consellera fue miembro del consejo de administración), Pitiusa de desarrollo S.A., Matur S.L, y Realia Business S.A; así como "relación con parientes y familiares que eran socios de dicha entidad a través de las entidades citadas".
La Sección Segunda recuerda que apenas un año antes de aprobar el Plan Territorial las empresas de su familia vendieron a Realia Business S.A. (sociedad que formaba parte de la anónima Marina de San Antonio Abad), determinados terrenos de ses Variades por 41 millones de euros. Sin embargo, con la condición de que en el plazo de tres años esos terrenos fueran declarados urbanizables en el nuevo Plan Territorial.
La Sala destaca que la entonces consellera de Vías y Obras estaba "obligada a haberse abstenido de la votación", para no infringir el régimen de incompatibilidades.
El informe de la Fiscalía había pedido la desimputación de la ex consellera al considerar que no habría podido cometer el presunto delito de "negociaciones prohibidas" porque no era administradora de la sociedad vendedora Marina de San Antonio Abad S.A., ni estaba en el consejo de administración, ni en las otras entidades socias de la misma.
Sin embargo, la Audiencia considera que, para cometer este delito, "basta con que el funcionario que vota a favor del acuerdo o contrato en el que intervenga tenga un interés personal, ya sea directo o indirecto en el mismo". Y por ello subraya que para Stella Matutes "el interés parecía evidente, ya que era socia, a través de otras sociedades, de la entidad vendedora de las parcelas (de ses Variades) a Marina de San Antonio Abad, y que en tales entidades estaban integrados familiares suyos con parentesco directo".
Por otro lado, desimputa a Stella Matutes, en el mismo caso, de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias e información privilegiada.
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