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| Obras de construcción del Parc Central en 1997. / JOSEP LLUÍS SELLART |
Nueve políticos y empresarios imputados por unos beneficios opacos de 4,8 millones en la construcción de un centro comercial en Tarragona
Mercè Pérez Pons Tarragona
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La sombra de la corrupción sobrevuela antiguos cargos de Convergència Democràtica, además de directivos de empresas de ámbito estatal debido a un presunto pelotazo urbanístico en Tarragona hace más de 15 años por el que obtuvieron beneficios opacos de 4,8 millones de euros. Se trata del caso Parc Central, que tiene nueve imputados entre políticos y empresarios —en un principio había 11 imputados, pero en este tiempo dos personas han fallecido—. La investigación judicial se remonta a finales de la década de 1990, pero el asunto vuelve a la actualidad porque esta semana el juzgado de primera instancia número 6 de Tarragona ha finalizado la instrucción del sumario tras una década y media de indagaciones. Se trata de un sumario que abarca más de 30.000 páginas después de haber pasado por el caso hasta 26 jueces durante este largo lapso de tiempo.
El caso, que parecía estar en vía muerta, aborda la compraventa de unos terrenos donde posteriormente se construyó un gran centro comercial de la sociedad vasca Eroski, bautizado como Parc Central. En la operación, presuntamente ilegal, está imputado Àngel Fernández, exconcejal de Urbanismo y mano derecha del exalcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU). Fernández estuvo implicado en otro caso de corrupción urbanística denominado Terres Cavades, que le obligó a dimitir de su cargo municipal. Además, los tentáculos del escándalo del Parc Central alcanzan a Isidoro Prenafeta Pastor, primo de Lluís Prenafeta, que fuera secretario general de la Presidencia de la Generalitat durante los primeros mandatos de Jordi Pujol e implicado en el caso Pretoria, de corrupción urbanística junto al exconsejero de la Generalitat Macià Alavedra y el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz. Isidoro Prenafeta es presidente de Tipel, una sociedad familiar dedicada al tratamiento y venta de pieles en la que trabajó como economista el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas.
En el proceso están imputados dos altos cargos más de Tipel, los directivos Juan Carretero y José M. Vidal, además del exalcalde de Reus Miquel Colàs, último edil franquista del municipio, y Luis Valero, socio fundador de Consum.
La trama se remonta a 1991, cuando el solar donde ahora se ubica el centro comercial Parc Central fue vendido por Gas Tarraconense a la sociedad Metsport
El sumario de la juez Ainoha Sagardia —que nada más concluirlo cesó para trasladarse al País Vasco— acusa a los imputados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en la compraventa de un terreno y su recalificación posterior. La trama se remonta a 1991, cuando el solar donde ahora se ubica el centro comercial Parc Central fue vendido por Gas Tarraconense a la sociedad Metsport SL. La compra se cifró en 535 millones de pesetas (3,21 millones de euros) y esta empresa tenía como accionistas, entre otros, a la sociedad fantasma Tarantula Beeher, domiciliada en el paraíso fiscal de Curação, una isla de las Antillas Holandesas, y al constructor tarraconense Lluís Carbonell. Metsport vendió solo dos años después los terrenos a Erosmer Valencia, propiedad de Eroski, por un valor mucho más elevado; 1.337 millones de pesetas (8,03 millones de euros). Los beneficios de esta operación, 802 millones de pesetas, es decir, 4,8 millones de euros, supuestamente fueron desviados a cuentas en Holanda posteriormente transferidas a bancos suizos.
El rastro de esta plusvalía se perdió, pero durante el proceso se han constituido numerosas comisiones interrogatorias en estos países, además de en Liechtenstein y Andorra, lo que contribuyó a prolongar el proceso. Además, se investigaron cuantiosas donaciones que recibieron partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Tarragona.
La denuncia del caso Parc Central se interpuso de manera anónima. El complejo se empezó a construir en 1995 y, según consta en la instrucción del caso, fue inaugurado dos años después sin tener permiso de actividad.
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