El fraude de la cooperación es el cuarto escándalo del PP en el alto tribunal
Adolf Beltran / Joaquín Ferrandis Valencia
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Se declaró competente, decidió continuar la instrucción y designó a la magistrada María Pía Calderón para llevar la causa. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se hizo cargo ayer de la investigación del caso que implica al actual portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, por el fraude en las ayudas de la Generalitat a la cooperación al desarrollo entre 2008 y 2010, cuando él era consejero de Solidaridad y Ciudadanía.
La decisión del alto tribunal es consecuencia de la condición de aforado de Blasco, cuya imputación solicitaron la titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que instruyó el caso; el fiscal, que lo denunció ante el juzgado, y hasta la propia Generalitat, personada como acusación en un escándalo que fue denunciado a la fiscalía anticorrupción en octubre de 2010 por las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís.
Se trata de la cuarta pieza abierta en el TSJ por escándalos de corrupción que afectan al PP valenciano, dado que ya se investigan, también debido a la presencia de cargos aforados entre los implicados, tres asuntos derivados del caso Gürtel: un presunto delito electoral del PP por la financiación irregular de las campañas electorales municipal y autonómica de 2007, un supuesto delito de falsedad por la campaña de las elecciones generales de 2008 y delitos de prevaricación y cohecho en la contratación de los pabellones de la Generalitat en la feria Fitur con la empresa de la trama de corrupción Orange Market entre 2005 y 2009.
Desde el PP se apuntó ayer que la decisión del TSJ no cambia la situación de Blasco
Todavía pueden recalar en el TSJ otros dos escándalos del PP, la investigación de las comisiones ilegales obtenidas de RTVV por la trama Gürtel de la sonorización y retransmisión de la visita del Papa a Valencia en 2006 y la parte del caso Brugal que se refiere al amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, en el que están implicados la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados autonómicos del PP.
El auto del TSJCV recuerda que la juez Nieves Molina detectó en la actuación de Blasco como consejero “sólidos indicios de participación delictiva”. Blasco habría facilitado que una trama organizada saqueara fondos de las subvenciones de los proyectos de cooperación que otorgaba su propia consejería y, según la titular del juzgado número 21, habría incurrido en fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
La investigación judicial del fraude, una vez se hizo pública, tras una investigación preliminar de la fiscalía especial sobre las denuncias presentadas por las diputadas Tirado y Mollà, dio lugar a la detención el pasado mes de febrero de hasta 14 personas y a la imputación de un total de 26. Entre ellas, seis responsables de la consejería que gestionaba Blasco, como el que fue director general, Josep Maria Felip, o el subsecretario, Alexandre Català. Sólo permanece en prisión Augusto César Tauroni, persona relacionada con Blasco que encabezaba una trama en la que estaban involucradas fundaciones, pequeñas organizaciones no gubernamentales y empresas controladas por el propio Tauroni que manejaron ayudas por más de 6 millones.
Es evidente que la actuación de Fabra lo hace cómplice de Blasco”, dice Clara Tirado
Es indiscutible que Blasco ha tenido una participación directa en el entramado corrupto”, señala Mireia Mollà
Es indiscutible que Blasco ha tenido una participación directa en el entramado corrupto”, señala Mireia Mollà
Desde el PP se apuntó ayer que la decisión del TSJ no cambia la situación de Blasco, que formalmente todavía debe ser imputado y sigue siendo portavoz en las Cortes Valencianas, aunque en la práctica le haya sustituido “provisionalmente” Rafael Maluenda. De todas maneras, la imputación formal de Blasco es cosa de días tras la apertura de la investigación en el alto tribunal. Las diputadas que denunciaron el fraude en su momento coincidieron en criticar a Alberto Fabra por mantener a Blasco todavía y no haberle destituido.
“Es evidente que la actuación de Fabra lo hace cómplice de Blasco”, dijo la socialista Clara Tirado, que añadió: “Hay tantas razones para que Blasco se vaya a su casa como millones de euros se robaron en el fraude”. La parlamentaria sostiene que el aún portavoz del PP no sólo debe dimitir como tal sino que ha de abandonar su cargo de diputado. “Es indiscutible que Blasco ha tenido una participación directa en el entramado corrupto”, señaló a su vez Mireia Mollà, de Compromís. “Prolongar más su permanencia revela la complicidad del PP y del Gobierno de Fabra”.
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