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| Carlos Fabra, abandona los juzgados de Castellón en una foto de archivo. | Efe |
TRIBUNALES | Juicio contra el presidente del PP de Castellón
Está acusado de delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra hacienda
Fabra presentó un recurso por entender que no debía ser imputado por cohecho
Efe | Valencia
La Audiencia Provincial de Castellón ha devuelto al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules la causa sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia, Carlos Fabra, porque no se considera competente para juzgarlo.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Sección Primera de la Audiencia Provincial alega en un auto que la Sección Segunda estimó recientemente un recurso Fabra descartando el delito de cohecho, lo que aleja la causa de este ámbito jurisdiccional.
El juzgado de Nules había remitido el caso a la Audiencia para que procediera a la apertura del juicio oral, pero sin el delito de cohecho, "el caso le corresponde a un juzgado de lo penal, no a una sala de la Audiencia", subrayan las citadas fuentes.
El pasado 20 de enero, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordó la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, al que impuso una fianza de 4,2 millones de euros por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.
Fabra presentó un recurso de apelación contra esta decisión por entender que no debía ser imputado por cohecho, y la Sección Segunda de la Audiencia estimó su petición el pasado 4 de mayo, manteniendo, no obstante, que podría haber existido tráfico de influencias.
El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida el pasado mes de diciembre la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.
Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo Fernández, que eran amigas.
Según el auto, existen indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.
Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según ese auto.
Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del ex presidente y más de 580.000 por parte de su esposa.
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