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| Encarnación Poto, a su llegada al juzgado para declarar. | Jesús Morón |
TRAMA DE LOS ERE | Se ha negado a declarar ante la juez
Poto Monge está imputada por obtención indebida de subvenciones y cohecho
Se le acusa de estar incluida en un ERE y seguir trabajando
La imputada niega que usara ayudas sociolaborales para pagar deudas
Efe | Sevilla
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles una fianza de 3,5 millones de euros para Encarnación Poto Monge, ex presidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO), que se ha negado a declarar ante la juez que investiga los ERE fraudulentos.
Fuentes del caso han informado de que Poto ha sido imputada de presuntos delitos de obtención indebida de subvenciones, cohecho y prevaricación al ser incluida en el ERE de su empresa pese a que siguió trabajando como presidenta y por haber consentido la inclusión de dos intrusos.
La empresaria se ha remitido a su declaración ante la Guardia Civil, cuando aseguró que se prejubiló como directora de ACYCO y tres meses después fue contratada por el grupo SOS cuando compró la empresa y puso como condición que ella siguiera de presidente, dado su conocimiento del sector.
Aseguró entonces que consultó su situación con los servicios jurídicos y le dijeron que se trataba de una posibilidad permitida por la ley.
Facturas de la defensa
Poto también niega la acusación de la juez Mercedes Alaya de haber destinado 109.620 euros recibidos de la Junta para ayudas sociolaborales a pagar sus deudas con el bufete Garrigues y afirma que está documentado que ese dinero se destinó a contratar a personal eventual, cuyos contratos ha aportado, y que la factura de Garrigues salió de la tesorería de la empresa, según ha informado a los periodistas su abogado, Javier Gimeno Puche.
Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción, el letrado de la Junta y la acusación particular del PP han solicitado una fianza de 3,5 millones de euros para hacer frente a sus futuras responsabilidades civiles y ninguna de las partes ha pedido prisión, como sí hicieron con los imputados ya encarcelados, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández.
Poto está acusada de haber permitido la inclusión en la póliza de ACYCO de dos "intrusos" que nunca trabajaron en la empresa: Andrés Carrasco, que era amigo del ex director de Trabajo encarcelado Francisco Javier Guerrero y también vecino de El Pedroso (Sevilla), quien percibió 120.201 euros, y Domingo Martínez Castillo, exalcalde del PSOE en San Nicolás del Puerto (Huelva), que obtuvo 104.885 euros.
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