La Audiencia Nacional recibe un informe sobre la operación en una urbanización de lujo
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| Imagen de la urbanización Bermudas Beach, en Estepona. |
La trama Gürtel, presuntamente, no solo repartía comisiones por obras, proyectos y contratos que sus sociedades lograban firmar con distintas administraciones. Su cabecilla, Francisco Correa, también facilitaba provechosos negocios a dirigentes del PP como Ricardo Galeote (concejal en Estepona), Gerardo Galeote (eurodiputado) o Benjamín Martín Vasco (exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid) según sostiene la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que instruye el grueso del caso Gürtel.
La operación diseccionada en este caso es la detectada en la urbanización Bermuda Beach de Estepona (Málaga). El objetivo no era otro, según indica la policía que el de adquirir los derechos de compra de las viviendas y, posteriormente, venderlos. Es decir, realizar el conocido como “pase” en la época del boom inmobiliario.
Correa, a través de una de sus sociedades, Inversiones Kintamani, invirtió en la promoción “Las Terrazas de Bermuda Beach” “cuyos beneficiarios reales fueron José Gerardo Galeote, Joaquín Martín Vasco, Pablo Crespo y Ricardo Galeote”, señala el informe. La policía sostiene que fue el propio Francisco Correa la “persona encargada de realizar la reserva de los apartamentos” y de gestionar “de manera conjunta la venta de los derechos de compra adquiridos”.
La trama calculó un beneficio de 13.504 euros por la venta de los derechos de compra de cada vivienda
Según documentación incautada en los registros de las empresas de la trama, la estimación del beneficio que se podía obtener por la venta de esos derechos de compra por cada apartamento era de 13.504,15 euros. Sin embargo, la venta no se produjo tal como se preveía y finalmente las viviendas acabaron escrituradas a nombre de otra mercantil que, en contestación al requerimiento remitido por el juzgado no hizo alusión “al pago de ninguna cantidad adicional a los compradores iniciales como contraprestación por la cesión de los derechos”, tal como destaca el informe policial.
La investigación se realizó a petición del juzgado y en alusión precisa a los contratos firmados por Gerardo Galeote, el eurodiputado implicado en el grueso del caso Gürtel que no llegó a ser imputado y que también se vio salpicado por la rama del causa que llegó al Tribunal Superior de Castilla y León, ante la posibilidad de que hubiera cobrado comisiones ilegales por la adjudicación de la variante de Olleros de Alba. Su implicación, finalmente, se archivó porque consideraba prescrito el delito de cohecho y sin pruebas suficientes el de prevaricación.
El análisis de la contabilidad de la trama refleja, según la policía, que la señal que se pagó por los dos apartamentos que se reservaron a nombre de Galeote figura como “una salida de la caja B, cuyo concepto es el pago de la reserva de dos apartamentos vinculados a Gerardo Galeote”. Una de ellas fue escriturada, directamente, a nombre de terceras personas. Sobre la segunda, Galeote sí llegó a firmar una escritura de compraventa a la que, posteriormente, renunció para ceder a una sociedad.
Respecto a Martín Vasco, el apartamento fue reservado a nombre de Joaquín Martín Vasco a quien la policía ha identificado en alguna ocasión como “el que sería hermano” del exdiputado de la Asamblea de Madrid, ya que no es la primera vez que aparece en el sumario de Gürtel. Sin embargo, es el propio Benjamín Martín Vasco, tal como recoge la policía, quien interviene en nombre de la sociedad de Correa “en calidad de vendedor” en un intento por vender, en bloque, los derechos de compra de los chales.
En el caso de la vivienda reservado a nombre de Ricardo Galeote, la señal fue abonada por Correa, el desembolso por el contrato de compraventa pagado por el concejal pero avalado por Pablo Crespo, número dos de la trama, y, finalmente, el chalé se escrituró a nombre de un tercero.
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