Juicio
José Carlos Villanueva | Málaga
Tres directivos de la empresa CTSA-Portillo, filial de la compañía FCC, han declarado este martes, como procesados en el caso 'Malaya', haber sido objeto de una extorsión por parte del que fuera edil de Tráfico con el GIL en Marbella, así como en el gobierno tripartito de Marisol Yagüe, Victoriano Rodríguez, ya fallecido.
El primero en relatar la petición del soborno, cifrado en "65 millones de pesetas", ha sido Julio de Marco, ex gerente de la empresa. A preguntas del fiscal ha negado en todo momento haber consumado el pago, también calificado como "mordida", al que le sometió Rodríguez -entre febrero y marzo de 2006- para conseguir la explotación de la terminal de autobuses de Marbella.
"Me dijo que si queríamos ser los adjudicatarios de la contrata debíamos entregar ese dinero, a él o a su amigo Ismael Pérez Peña", en alusión al empresario de automoción que ya pactó con Anticorrupción una rebaja considerable de la pena solicitada, para no entrar en prisión. A cambio reconoció haber regalado a Yagüe tres vehículos de lujo, así como un pago de 180.000 euros para ella y Juan Antonio Roca.
Durante el interrogatorio se han podido escuchar varias conversaciones entre De Marco y Rodríguez, interceptadas por la Policía. En ellas el ex directivo de Portillo llega a preguntarle al entonces edil "dónde te llevo el dinero". El que fuera hombre de confianza de Jesús Gil le contesta lo siguiente: "No me hables de dinero por teléfono".
Julio de Marco, que se enfrenta a un año de prisión y 600.000 euros de multa, ya declaró durante la instrucción que el pago del soborno no llegó a consumarse, al ser detenido Victoriano Rodríguez el 29 de marzo de 2006.
El fiscal Juan Carlos López Caballero le ha recordado al ex gerente de Portillo que él reflejó una "contraoferta", consistente en entregar a Rodríguez 125 millones de las antiguas pesetas antes de dicha adjudicación, y otros 15 millones después.
El ex directivo Joaquín Martínez Vilanova ha declarado que estuvo al corriente de todo, como superior directo de De Marco. Tanto Vilanova como José María Pérez Lozano han denunciado "presiones insoportables" por parte del ex edil ya fallecido. Uno de ellos ha llegado a calificar a Rodríguez de "persona desquiciada". La pretensión de Portillo era renovar por tercera vez la explotación del servicio, ocho años más.
También ha declarado como imputado el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta. Él lideraba el bufete de letrados que hicieron las veces de testaferros de sociedades de Roca, tal y como desveló EL MUNDO en abril de 2003.
El auténtico protagonista de la jornada ha sido el ex alcalde Julián Muñoz. Su declaración estaba prevista para este martes, pero finalmente las comparecencias de los responsables de Portillo la han retasado hasta el miércoles.
El fiscal acusa al ex regidor del GIL de haber cobrado 162.000 euros en sobornos de Roca. El ex asesor urbanístico ya declaró que las siglas J.M. de su contabilidad no se correspondían con la identidad del ex primer edil, sino con el nombre de un asesor electoral.
Muñoz se enfrenta a 10 años de prisión y 400.000 euros de multa por los delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos.
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