Europa Press | Málaga
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Empresarios acusados en el caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística en Alhaurín el Grande, han negado este viernes que desde el Ayuntamiento de dicho municipio se les pidiera dinero para dar licencias supuestamente ilegales o que se condicionara la concesión del permiso al pago de cantidad alguna. Han rechazado que hablaran con los responsables municipales para aumentar la edificabilidad.
La Fiscalía de Málaga acusa, además de al alcalde, Juan Martín Serón, al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, y dos asesores municipales, a 16 empresarios por delitos de cohecho activo y como cooperadores necesarios o inductores de un delito contra la ordenación del territorio. Los promotores han asegurado que no saben a qué se refieren las anotaciones intervenidas, que supuestamente recogen presuntos pagos por parte de éstos para las licencias.
Así, varios de los acusados han declarado ante el Tribunal que presentaron proyectos para la construcción de un número determinado de viviendas y les fueron concedidas menos de las que inicialmente se solicitaron. Además, en general, han indicado que en lo referente a la tramitación de las licencias y de los parámetros urbanísticos eran cuestiones de las que se encargaban los arquitectos que contrataron y no de ellos.
Asimismo, algunos empresarios han explicado que realizaron patrocinios para determinados eventos que se celebraron en la localidad, pero que éstos fueron de forma "completamente voluntaria", con el fin de "promocionar" sus empresas; pagos que, según ha manifestado uno de los promotores, están recogidos "en facturas" y documentados, señalando éste que desde el Ayuntamiento "no nos pidieron nada".
Han añadido, además, que "nadie" les advirtió de que estuvieran cometiendo irregularidades urbanísticas ni se les comunicó pega alguna respecto a las licencias. También, han indicado que las construcciones que se han llegado a realizar están acorde con otras edificaciones ubicadas en la zona, aunque en al menos otro caso no se ha llegado a construir en esa parcela porque se desistió de la promoción, según ha indicado un acusado.
Uno de los constructores procesado ha indicado que le llamaron para declarar como testigo ante los investigadores y que le dijeron: "tenemos una nota de que le han pedido dinero, pero también sabemos que usted no ha dado nada, si usted nos dice que le han pedido dinero en el Ayuntamiento, se va a su casa y le dejamos tranquilo, ahora, sino, la próxima vez viene usted como imputado". "Y aquí estoy", ha apostillado.
En la sesión de este viernes, también ha declarado otro acusado, que era asesor jurídico en la Oficina Técnica Municipal, quien emitió un informe sobre una licencia investigada. Así, ha indicado que en la localidad se entendía en general que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) estaba en vigor, insistiendo en que "nadie tenía en mente, ni tampoco la más mínima sospecha de que ese plan no estaba vigente".
Ha justificado su informe y ha explicado que existe un proyecto de obra visado y el cumplimiento de la "ordenanza". Además, ha señalado que "no se me proporcionaba ninguna información que me llevara a informar denegando la licencia, eso sí lo hubiera considerado injusto". "Yo al terminar de hacer este informe, desde luego no tuve el más mínimo pensamiento de terminar hoy aquí haciendo esta declaración como acusado", ha apuntado.
La Fiscalía de Málaga acusa, además de al alcalde, Juan Martín Serón, al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, y dos asesores municipales, a 16 empresarios por delitos de cohecho activo y como cooperadores necesarios o inductores de un delito contra la ordenación del territorio. Los promotores han asegurado que no saben a qué se refieren las anotaciones intervenidas, que supuestamente recogen presuntos pagos por parte de éstos para las licencias.
Así, varios de los acusados han declarado ante el Tribunal que presentaron proyectos para la construcción de un número determinado de viviendas y les fueron concedidas menos de las que inicialmente se solicitaron. Además, en general, han indicado que en lo referente a la tramitación de las licencias y de los parámetros urbanísticos eran cuestiones de las que se encargaban los arquitectos que contrataron y no de ellos.
Asimismo, algunos empresarios han explicado que realizaron patrocinios para determinados eventos que se celebraron en la localidad, pero que éstos fueron de forma "completamente voluntaria", con el fin de "promocionar" sus empresas; pagos que, según ha manifestado uno de los promotores, están recogidos "en facturas" y documentados, señalando éste que desde el Ayuntamiento "no nos pidieron nada".
Han añadido, además, que "nadie" les advirtió de que estuvieran cometiendo irregularidades urbanísticas ni se les comunicó pega alguna respecto a las licencias. También, han indicado que las construcciones que se han llegado a realizar están acorde con otras edificaciones ubicadas en la zona, aunque en al menos otro caso no se ha llegado a construir en esa parcela porque se desistió de la promoción, según ha indicado un acusado.
Uno de los constructores procesado ha indicado que le llamaron para declarar como testigo ante los investigadores y que le dijeron: "tenemos una nota de que le han pedido dinero, pero también sabemos que usted no ha dado nada, si usted nos dice que le han pedido dinero en el Ayuntamiento, se va a su casa y le dejamos tranquilo, ahora, sino, la próxima vez viene usted como imputado". "Y aquí estoy", ha apostillado.
En la sesión de este viernes, también ha declarado otro acusado, que era asesor jurídico en la Oficina Técnica Municipal, quien emitió un informe sobre una licencia investigada. Así, ha indicado que en la localidad se entendía en general que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) estaba en vigor, insistiendo en que "nadie tenía en mente, ni tampoco la más mínima sospecha de que ese plan no estaba vigente".
Ha justificado su informe y ha explicado que existe un proyecto de obra visado y el cumplimiento de la "ordenanza". Además, ha señalado que "no se me proporcionaba ninguna información que me llevara a informar denegando la licencia, eso sí lo hubiera considerado injusto". "Yo al terminar de hacer este informe, desde luego no tuve el más mínimo pensamiento de terminar hoy aquí haciendo esta declaración como acusado", ha apuntado.
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