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| Una vidriera del Palau de la Música (Súnion vía Flickr) |
EL FISCAL YA HABÍA ACUSADO A CUATRO EMPRESAS POR DESVÍO DE 40 MILLONES
Cataluña | Generalitat | obras | carreteras | GISA | adjudicaciones | Construcciones Rubau | Copisa
@A. Fernández
El negocio de la construcción puede resultar peligroso. Eso es lo que se desprende de las vicisitudes legales que padecen algunas de las empresas que se dedican al ladrillo y, especialmente, a la ejecución de obra civil licitada por las Administraciones públicas. El cártel de empresas que formaban un pool en la provincia de Gerona y que investiga el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona así lo acredita, ya que algunas de estas compañías tienen procesos abiertos por prácticas supuestamente delictivas. Al menos tres de ellas figuran en otro sumario que sigue el mismo juzgado y que se abrió tras la querella de la Fiscalía, que las acusaba de un desvío de dinero de más de 40 millones de euros.
Estas empresas son Construcciones Rubau, Copisa y Moviterra. Esta última está controlada por FCC Construcción, lo mismo que Servià Cantó. La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Generalitat, hace algunas semanas, documentación sobre adjudicaciones que han obtenido tanto Construcciones Rubau como Copisa, Servià Cantó y Moviterra. En algunos informes que obran en el sumario, se especifica que estas dos últimas pertenecen a FCC.
Construcciones Rubau, una empresa familiar gerundense que preside Jorge Rubau Comalada, es una de las más importantes que aparecen en la trama ahora descubierta en Gerona. En 2001, formó una UTE con FCC Construcción, Ferrovial y Copisa (otra de las compañías ahora investigadas) para la construcción del Dique Este del Puerto de Barcelona, una obra casi faraónica adjudicada en aquel mismo año. Cuando el Tripartito llegó al poder, las constructoras intentaron cobrar 40 millones de euros más por la plataforma adosada al dique, que supuestamente ya estaba presupuestada en la adjudicación de la obra inicial.
La dirección de la institución se negó y entabló un pleito con ellas. Al final, el hasta hace poco presidente del Puerto, Jordi Valls, realizó un informe que acabó entregando al fiscal y éste, a su vez, presentó una querella por supuesto desvío de más de 40 millones de euros contra las cuatro constructoras que formaban la UTE.
Paralelamente, Hacienda descubrió supuestas facturas falsas de entrega de material. Resulta que los bloques de piedra que se habían comprado eran tantos que podrían dar para “varias pirámides”, según manifestaron a El Confidencial fuentes del Puerto de Barcelona. De ello se deducía que no habían comprado realmente ese material, sino que habían utilizado empresas pantalla para confeccionar las facturas y simular la entrega de los bloques. El tema está todavía bajo investigación.
Estas empresas son Construcciones Rubau, Copisa y Moviterra. Esta última está controlada por FCC Construcción, lo mismo que Servià Cantó. La Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Generalitat, hace algunas semanas, documentación sobre adjudicaciones que han obtenido tanto Construcciones Rubau como Copisa, Servià Cantó y Moviterra. En algunos informes que obran en el sumario, se especifica que estas dos últimas pertenecen a FCC.
Construcciones Rubau, una empresa familiar gerundense que preside Jorge Rubau Comalada, es una de las más importantes que aparecen en la trama ahora descubierta en Gerona. En 2001, formó una UTE con FCC Construcción, Ferrovial y Copisa (otra de las compañías ahora investigadas) para la construcción del Dique Este del Puerto de Barcelona, una obra casi faraónica adjudicada en aquel mismo año. Cuando el Tripartito llegó al poder, las constructoras intentaron cobrar 40 millones de euros más por la plataforma adosada al dique, que supuestamente ya estaba presupuestada en la adjudicación de la obra inicial.
La dirección de la institución se negó y entabló un pleito con ellas. Al final, el hasta hace poco presidente del Puerto, Jordi Valls, realizó un informe que acabó entregando al fiscal y éste, a su vez, presentó una querella por supuesto desvío de más de 40 millones de euros contra las cuatro constructoras que formaban la UTE.
Paralelamente, Hacienda descubrió supuestas facturas falsas de entrega de material. Resulta que los bloques de piedra que se habían comprado eran tantos que podrían dar para “varias pirámides”, según manifestaron a El Confidencial fuentes del Puerto de Barcelona. De ello se deducía que no habían comprado realmente ese material, sino que habían utilizado empresas pantalla para confeccionar las facturas y simular la entrega de los bloques. El tema está todavía bajo investigación.
Adjudicación de la T1 del Prat
Según la documentación del juzgado número 5, Construcciones Rubau recibió, sólo en los dos últimos años, unos 10 millones de euros en obras públicas de la demarcación de Gerona. Pero eso es una bagatela para lo que se ha embolsado en esta última década. Para empezar, también formó parte de la UTE -junto a Ferrovial y FCC Construcción- que se adjudicó el edificio de la terminal 1 del aeropuerto del Prat (525.500 metros cuadrados más 12.000 plazas de aparcamiento, 1.285 millones de presupuesto), que comenzó en el 2004. Allí trabajaron también otras dos UTES en las que se encuadraban, entre otras, Necso, OHL, Copcisa, Dragados y Comsa.
En Gerona, se adjudicó la construcción de la Audiencia Provincial en mayo de 2009 por más de 2 millones de euros, la construcción del Polígono industrial Sur de Figueres, en la misma provincia o la construcción del colegio La Draga en Banyoles. Pero su actividad no se circunscribe a la capital catalana y a Gerona, sino que se extiende más allá: en febrero de 2009, el Ayuntamiento de Reus (Tarragona) le encargó la construcción del instituto Pi del Burgar por 4,76 millones de euros y en esta localidad también edificó el año pasado el centro de asistencia primaria, presupuestado en más de 5 millones. También remodeló la carretera de Reus a Salou por 735.000 euros. Recientemente, se hizo con el proyecto de nuevas áreas infantiles y la pista de patinaje del Parque Güell en Barcelona, contrato concedido por el Ayuntamiento de la ciudad, por algo más de medio millón de euros.
No se queda ahí la cosa: en mayo de 2006, Construcciones Rubau le robó el director general de Construcción a Ferrovial, Pedro Buenaventura, que hoy forma parte del consejo de la constructora gerundense y es consejero delegado solidario. Sería un fichaje más si no fuese porque en el año 2009 estalló el escándalo del Palau de la Música. Y salieron a la luz las cartas cruzadas entre Pedro Buenaventura y Fèlix Millet, el ex presidente del Palau, sobre adjudicaciones de obras y el pago del 4% de comisión a la institución musical.
Parte de este dinero podría haber acabado en la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Buenaventura tuvo que ir a declarar incluso a la comisión de investigación parlamentaria abierta el año pasado, ya que de los correos y las cartas cruzadas se deducía que la constructora recompensaba generosamente las adjudicaciones que le concedía la Generalitat. El juez debe decidir en breve si imputa al ex ejecutivo de Ferrovial, tal y como solicitó el fiscal.
Por su parte, Copisa, de la que la Fiscalía ha pedido también documentación al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, es una de las más potentes que operan en Cataluña. En 2007, por ejemplo, construyó la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Vilanova i la Geltrú. Una de sus obras más emblemáticas, sin embargo, es el Hospital Transfronterizo de Puigcerdà, que construyó juntamente con Agefred. Esta obra fue presupuestada en casi 27 millones de euros. El ex consejero y actual líder de Reagrupament, Joan Carretero, fue nombrado por Pasqual Maragall codirector de este hospital incluso antes de comenzar su construcción, por lo que se embolsaba casi 30.000 euros anuales. Cuando supo que iba a estallar el escándalo de que cobraba estos emolumentos además de su sueldo de más de 90.000 euros anuales como médico que sólo estaba obligado a trabajar dos horas al día, abandonó el cargo.
En julio del año pasado, Copisa también resultó agraciada por la adjudicación de una variante en el pueblo pirenaico de Gerri de la Sal, donde formó UTE con TAU Ingeniería y Construcciones Especiales. Se trata de construir un túnel de 980 metros, un viaducto de 96 metros, un puente de 33,80 metros y un paso inferior. Todo por 46,2 millones de euros. Paralelamente, concurre a obras locales de mucha menos envergadura: En Canet de Mar, logró las obras de la riera Gavarra en febrero del 2009 por 2,8 millones de euros, realizó diversos acondicionamientos de carreteras y hace seis meses se adjudicó la construcción de un jardín en el recinto de Llar Mundet, en Barcelona, por 222.000 euros.
Según la documentación del juzgado número 5, Construcciones Rubau recibió, sólo en los dos últimos años, unos 10 millones de euros en obras públicas de la demarcación de Gerona. Pero eso es una bagatela para lo que se ha embolsado en esta última década. Para empezar, también formó parte de la UTE -junto a Ferrovial y FCC Construcción- que se adjudicó el edificio de la terminal 1 del aeropuerto del Prat (525.500 metros cuadrados más 12.000 plazas de aparcamiento, 1.285 millones de presupuesto), que comenzó en el 2004. Allí trabajaron también otras dos UTES en las que se encuadraban, entre otras, Necso, OHL, Copcisa, Dragados y Comsa.
En Gerona, se adjudicó la construcción de la Audiencia Provincial en mayo de 2009 por más de 2 millones de euros, la construcción del Polígono industrial Sur de Figueres, en la misma provincia o la construcción del colegio La Draga en Banyoles. Pero su actividad no se circunscribe a la capital catalana y a Gerona, sino que se extiende más allá: en febrero de 2009, el Ayuntamiento de Reus (Tarragona) le encargó la construcción del instituto Pi del Burgar por 4,76 millones de euros y en esta localidad también edificó el año pasado el centro de asistencia primaria, presupuestado en más de 5 millones. También remodeló la carretera de Reus a Salou por 735.000 euros. Recientemente, se hizo con el proyecto de nuevas áreas infantiles y la pista de patinaje del Parque Güell en Barcelona, contrato concedido por el Ayuntamiento de la ciudad, por algo más de medio millón de euros.
No se queda ahí la cosa: en mayo de 2006, Construcciones Rubau le robó el director general de Construcción a Ferrovial, Pedro Buenaventura, que hoy forma parte del consejo de la constructora gerundense y es consejero delegado solidario. Sería un fichaje más si no fuese porque en el año 2009 estalló el escándalo del Palau de la Música. Y salieron a la luz las cartas cruzadas entre Pedro Buenaventura y Fèlix Millet, el ex presidente del Palau, sobre adjudicaciones de obras y el pago del 4% de comisión a la institución musical.
Parte de este dinero podría haber acabado en la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Buenaventura tuvo que ir a declarar incluso a la comisión de investigación parlamentaria abierta el año pasado, ya que de los correos y las cartas cruzadas se deducía que la constructora recompensaba generosamente las adjudicaciones que le concedía la Generalitat. El juez debe decidir en breve si imputa al ex ejecutivo de Ferrovial, tal y como solicitó el fiscal.
Por su parte, Copisa, de la que la Fiscalía ha pedido también documentación al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, es una de las más potentes que operan en Cataluña. En 2007, por ejemplo, construyó la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Vilanova i la Geltrú. Una de sus obras más emblemáticas, sin embargo, es el Hospital Transfronterizo de Puigcerdà, que construyó juntamente con Agefred. Esta obra fue presupuestada en casi 27 millones de euros. El ex consejero y actual líder de Reagrupament, Joan Carretero, fue nombrado por Pasqual Maragall codirector de este hospital incluso antes de comenzar su construcción, por lo que se embolsaba casi 30.000 euros anuales. Cuando supo que iba a estallar el escándalo de que cobraba estos emolumentos además de su sueldo de más de 90.000 euros anuales como médico que sólo estaba obligado a trabajar dos horas al día, abandonó el cargo.
En julio del año pasado, Copisa también resultó agraciada por la adjudicación de una variante en el pueblo pirenaico de Gerri de la Sal, donde formó UTE con TAU Ingeniería y Construcciones Especiales. Se trata de construir un túnel de 980 metros, un viaducto de 96 metros, un puente de 33,80 metros y un paso inferior. Todo por 46,2 millones de euros. Paralelamente, concurre a obras locales de mucha menos envergadura: En Canet de Mar, logró las obras de la riera Gavarra en febrero del 2009 por 2,8 millones de euros, realizó diversos acondicionamientos de carreteras y hace seis meses se adjudicó la construcción de un jardín en el recinto de Llar Mundet, en Barcelona, por 222.000 euros.
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