En un colegio de Benamocarra
Europa Press | Málaga
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El delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, Antonio Escámez, ha sido citado a declarar en calidad de imputado por el titular del juzgado de instrucción número 11 de Málaga en relación con el nombramiento de un concejal socialista como director del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 'La Maroma' de la localidad malagueña de Benamocarra, en la Axarquía.
Junto a Escámez, que deberá acudir al juzgado el próximo 22 de marzo, ha sido citado el secretario general de la Delegación, según publica este sábado el diario Sur, que señala que el delegado está acusado como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, mientras que el secretario de la Delegación Provincial de Educación lo está por falsedad documental, según fuentes jurídicas.
La denuncia que dio origen al caso fue presentada por el Ayuntamiento de Benamocarra. El caso se inició en julio de 2008 cuando se produjo el nombramiento del equipo directivo del nuevo instituto de esta localidad. El Consistorio, presidido por Abdeslam Lucena -entonces en las filas del PA y ahora candidato del PP a la Alcaldía-, no vio con buenos ojos la designación del entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento, Manuel Ruiz Cazorla, primero como jefe de estudios delegado -provisional- y, luego, como director.
Este profesor de Educación Física ocupó el número cuatro en la candidatura del PSOE en las elecciones municipales de 2007 y accedió a la portavocía tras la renuncia de los tres primeros de la lista; en julio de 2010 dejó su acta de concejal en el Consistorio.
Cuando se produjo este nombramiento el regidor de Benamocarra colocó dos vallas frente al centro educativo criticando la politización. Por este caso Lucena está imputado como presunto autor de un delito de desobediencia a la autoridad al no acatar una orden judicial que le ordenaba la retirada de las mismas y por injurias y calumnias. Un asunto que está a la espera de la celebración de juicio oral y por el que el Ministerio Fiscal le pide nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el sufragio pasivo. El Ayuntamiento, por su parte, presentó una denuncia por el procedimiento para nombrar al edil socialista.
Al parecer, en la documentación judicial no figura ni el escrito de solicitud pidiendo el puesto ni el acta de toma de posesión ni si esa plaza fue ofertada a otros docentes, pero sí hay sendos documentos oficiales de la Delegación Provincial de Educación en los que Antonio Escámez firma, el mismo día --el 18 de febrero de 2009-- el nombramiento, que se produjo el 1 de julio de 2008; y la destitución, el 31 de agosto de 2008, de Ruiz Cazorla como delegado jefe de estudios de dicho instituto. Resoluciones que se adoptan con un carácter retroactivo.
El actual delegado de Educación fue nombrado para el cargo el 30 de diciembre de 2008 y que en las fechas para las que él nombra y destituye a Ruiz Cazorla el responsable de la Delegación Provincial de Educación era José Nieto.
El propio Escámez afirma que todo este asunto responde a un ataque directo del alcalde y precisa que el nombramiento oficial se produjo con posterioridad a petición del interesado, ya que hasta esa fecha sólo le constaba a efectos de currículum un certificado y no un documento oficial que le acreditara como jefe de estudios desde 2008. "Me veo en esto por entregarle un funcionario un documento que pide", aclara el delegado.
Junto a Escámez, que deberá acudir al juzgado el próximo 22 de marzo, ha sido citado el secretario general de la Delegación, según publica este sábado el diario Sur, que señala que el delegado está acusado como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, mientras que el secretario de la Delegación Provincial de Educación lo está por falsedad documental, según fuentes jurídicas.
La denuncia que dio origen al caso fue presentada por el Ayuntamiento de Benamocarra. El caso se inició en julio de 2008 cuando se produjo el nombramiento del equipo directivo del nuevo instituto de esta localidad. El Consistorio, presidido por Abdeslam Lucena -entonces en las filas del PA y ahora candidato del PP a la Alcaldía-, no vio con buenos ojos la designación del entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento, Manuel Ruiz Cazorla, primero como jefe de estudios delegado -provisional- y, luego, como director.
Este profesor de Educación Física ocupó el número cuatro en la candidatura del PSOE en las elecciones municipales de 2007 y accedió a la portavocía tras la renuncia de los tres primeros de la lista; en julio de 2010 dejó su acta de concejal en el Consistorio.
Cuando se produjo este nombramiento el regidor de Benamocarra colocó dos vallas frente al centro educativo criticando la politización. Por este caso Lucena está imputado como presunto autor de un delito de desobediencia a la autoridad al no acatar una orden judicial que le ordenaba la retirada de las mismas y por injurias y calumnias. Un asunto que está a la espera de la celebración de juicio oral y por el que el Ministerio Fiscal le pide nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el sufragio pasivo. El Ayuntamiento, por su parte, presentó una denuncia por el procedimiento para nombrar al edil socialista.
Al parecer, en la documentación judicial no figura ni el escrito de solicitud pidiendo el puesto ni el acta de toma de posesión ni si esa plaza fue ofertada a otros docentes, pero sí hay sendos documentos oficiales de la Delegación Provincial de Educación en los que Antonio Escámez firma, el mismo día --el 18 de febrero de 2009-- el nombramiento, que se produjo el 1 de julio de 2008; y la destitución, el 31 de agosto de 2008, de Ruiz Cazorla como delegado jefe de estudios de dicho instituto. Resoluciones que se adoptan con un carácter retroactivo.
El actual delegado de Educación fue nombrado para el cargo el 30 de diciembre de 2008 y que en las fechas para las que él nombra y destituye a Ruiz Cazorla el responsable de la Delegación Provincial de Educación era José Nieto.
El propio Escámez afirma que todo este asunto responde a un ataque directo del alcalde y precisa que el nombramiento oficial se produjo con posterioridad a petición del interesado, ya que hasta esa fecha sólo le constaba a efectos de currículum un certificado y no un documento oficial que le acreditara como jefe de estudios desde 2008. "Me veo en esto por entregarle un funcionario un documento que pide", aclara el delegado.
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