Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León
Efe | Madrid
La Policía ha pedido al juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, que solicite a seis empresarios de la construcción que supuestamente pagaron comisiones a la trama un listado de los contratos firmados entre 2001 y 2004 en las comunidades de Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León.
El oficio que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha remitido al magistrado también pide que se reclame a la Agencia Tributaria los datos de las operaciones con terceras personas que declararon dichas empresas durante el mismo periodo.
Con esta información, los investigadores policiales buscan esclarecer el origen de una parte de los fondos de los que se nutría la llamada 'caja B' de la 'trama Gürtel', presuntamente dirigida por Francisco Correa, que hasta ahora no ha podido determinarse.
Así, la Policía indica que si bien la documentación de la "carpeta azul" incautada al presunto contable de la red, José Luis Izquierdo, ha permitido concretar la entrada de fondos de empresas constructoras y su distribución a personas concretas, "en su mayoría responsables políticos", aún no ha podido averiguarse la procedencia de otra parte de los fondos que se refleja en los documentos.
En concreto, el oficio policial menciona a la sociedad Teconsa, de los empresarios José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, que en otros informes de la UDEF aparece relacionada con el pago de comisiones al grupo de Correa, con origen en adjudicaciones de contratos públicos en Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Parte de ese dinero, explican los investigadores, es destinado al pago de obras de carácter particular del propio Correa en Ibiza, "al igual que ocurre con la mercantil Begar SA vinculada al empresario José Luis Ulibarri, quien igualmente aporta fondos para tal fin".
Martínez Núñez, Martínez Parra y Ulibarri -que ya está imputado en la causa- son tres de los empresarios a los que, según la Policía, el juez Pedreria debe pedir un listado de los contratos adjudicados a sus empresas entre 2001 y 2004 por cualquier ente, público o privado, en Galicia, Madrid, Castilla y León y la Comunitat Valenciana.
El informe solicita que el mandamiento se expida también a los empresarios Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica SL); Plácido Ramón Vázquez (Sufi SA y Ros Roca, entre otras) y Enrique Carrasco (FCC Construcción), todos ellos imputados por supuestamente haber pagado comisiones ilegales a la 'trama Gürtel' para obtener la adjudicación de contratos.
Uno de los citados, José Luis Ulibarri, que el pasado 12 de enero pidió a Pedreira que archive la causa en lo que a él respecta, ha pedido esta semana al magistrado que le llame a declarar para "exponer y justificar personalmente (...) los motivos por los que entiende que procede decretar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones", según un escrito de su defensa.
El oficio que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha remitido al magistrado también pide que se reclame a la Agencia Tributaria los datos de las operaciones con terceras personas que declararon dichas empresas durante el mismo periodo.
Con esta información, los investigadores policiales buscan esclarecer el origen de una parte de los fondos de los que se nutría la llamada 'caja B' de la 'trama Gürtel', presuntamente dirigida por Francisco Correa, que hasta ahora no ha podido determinarse.
Así, la Policía indica que si bien la documentación de la "carpeta azul" incautada al presunto contable de la red, José Luis Izquierdo, ha permitido concretar la entrada de fondos de empresas constructoras y su distribución a personas concretas, "en su mayoría responsables políticos", aún no ha podido averiguarse la procedencia de otra parte de los fondos que se refleja en los documentos.
En concreto, el oficio policial menciona a la sociedad Teconsa, de los empresarios José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, que en otros informes de la UDEF aparece relacionada con el pago de comisiones al grupo de Correa, con origen en adjudicaciones de contratos públicos en Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Parte de ese dinero, explican los investigadores, es destinado al pago de obras de carácter particular del propio Correa en Ibiza, "al igual que ocurre con la mercantil Begar SA vinculada al empresario José Luis Ulibarri, quien igualmente aporta fondos para tal fin".
Martínez Núñez, Martínez Parra y Ulibarri -que ya está imputado en la causa- son tres de los empresarios a los que, según la Policía, el juez Pedreria debe pedir un listado de los contratos adjudicados a sus empresas entre 2001 y 2004 por cualquier ente, público o privado, en Galicia, Madrid, Castilla y León y la Comunitat Valenciana.
El informe solicita que el mandamiento se expida también a los empresarios Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica SL); Plácido Ramón Vázquez (Sufi SA y Ros Roca, entre otras) y Enrique Carrasco (FCC Construcción), todos ellos imputados por supuestamente haber pagado comisiones ilegales a la 'trama Gürtel' para obtener la adjudicación de contratos.
Uno de los citados, José Luis Ulibarri, que el pasado 12 de enero pidió a Pedreira que archive la causa en lo que a él respecta, ha pedido esta semana al magistrado que le llame a declarar para "exponer y justificar personalmente (...) los motivos por los que entiende que procede decretar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones", según un escrito de su defensa.
Además
* Para entender el 'caso Gürtel'
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