José Carlos Villanueva | Málaga
elmundo.es
El perito de la Agencia Tributaria que continúa declarando este miércoles en el juicio por el caso 'Malaya', en relación con la operación urbanística Crucero Banús, sostiene que el acusado Juan Hoffman, abogado de profesión, debió alertar en 2002 al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) sobre actos de blanqueo protagonizados, presuntamente, por el principal encausado, Juan Antonio Roca.
Tales revelaciones se han producido a preguntas del letrado defensor de Hoffman, José Manuel Vázquez, que insiste siempre en tratar de demostrar que entre 2001 y 2002, cuando se produjo la compra venta de los terrenos, "Roca no estaba imputado en actos de corrupción y mi cliente no tenía por qué sospechar de sus actividades".
El perito ha enfatizado que Hoffman "pudo haber levantado la mano y comunicar al SEPBLAC que había hecho un negocio extraño con el señor Roca, con aportaciones de dinero que no se habían declarado" a la Agencia Tributaria. Además, ha destacado que "no quedó acreditada su legítima procedencia". El ex asesor urbanístico reconoció al comienzo del juicio que los fondos eran de "origen opaco".
Lo anterior se sustenta en que la detención de Juan Antonio Roca por el caso 'saqueo 1' se produjo en abril de 2002 y "la liquidación de Lispag A.G. fue en noviembre" de ese mismo año, según ha hecho constar el funcionario del Estado.
"¿Cómo puede usted decir que se sabía de qué iba la detención de Roca, si había un secreto de sumario?", ha repreguntado Vázquez al perito. La cuestión tiene fácil respuesta, ya que el 'saqueo1' fue destapado por EL MUNDO en 1999 y hasta la detención de Roca en 2002 se habló ampliamente del mismo, aunque el perito no ha entrado en detalles y ha dicho que "se sabía y era conocido".
De hecho, conviene recordar que en 2001 el juez Guillermo Ruiz Polanco, en funciones de guardia, acudió a Marbella, acompañado de una comisión judicial de la Audiencia Nacional, para llevar a cabo varios registros, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Público había presentado una querella contra Roca y Jesús Gil, entre otros, tras publicar este periódico que entre los años 1991 y 1995 habían desviado a cuentas privadas más de 4.400 millones de las antiguas pesetas del Ayuntamiento de Marbella.
Tales antecedentes le han valido al perito declarante para asegurar ante el tribunal que el dinero aportado por Roca en Lispag A.G., concretamente 91 millones de las antiguas pesetas, "podía provenir de contínuas y reiteradas malversaciones hechas en el Ayuntamiento de Marbella" con anterioridad a 2001. Fue durante ese año cuando se constituyó la sociedad suiza en la que también participaba, como máximo accionista, el acusado Pedro Román, ex primer teniente de alcalde del GIL.
El ex edil Román, antiguo brazo derecho de Jesús Gil, también ha salido bastante mal parado con la declaración del mencionado testigo: "Ocultó a la Hacienda Pública 400 millones de pesetas de todos los españoles". Era el máximo accionista de Lispag, con un 62% del capital; mientras Roca tenía oficialmente un 15% y Hoffman un 7,5%, además de otro 15% del ex comisario de Policía Florencio San Agapito.
Con respecto a la fórmula de la fiducia, utilizada para la estructura de la sociedad Lispag. A.G., mediante testaferros helvéticos, el experto tributario ha explicado que "se utilizó la jurisdicción suiza porque allí decir que el dinero proviene de la defraudación fiscal no supone mayor problema y santas pascuas".
Y es que las autoridades de la Confederación Helvética aceptan, como ingresos en cuentas corrientes de dicha nación, los fondos que proceden de una defraudación fiscal "siempre y cuando no se hayan producido allí", ha detallado el funcionario.
Se da la circunstancia de que cuando los órganos judiciales suizos fueron requeridos para colaborar, en el marco del caso 'Malaya', lo hicieron bajo la premisa de que a los investigados sólo se les acusaría de delitos que no fuesen fiscales y tributarios.
Al hilo del argumento mencionado el perito ha recordado que "cuando en Suiza conocieron -los fiscales y jueces- que no había defraudación fiscal iniciaron un procedimiento, que es público y notorio porque apareció en prensa". Se trata de lo que se dio en llamar la 'Malaya suiza'.
La vista oral se ha ralentizado de tal manera, a preguntas de las defensas, que el juicio se reanudará el lunes de nuevo con la declaración del mencionado perito. Así pues, no ha sido posible que declare aún el principal testigo contra Roca, Jorge González, ex jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella, cuyo testimonio estaba previsto este miércoles.
Tales revelaciones se han producido a preguntas del letrado defensor de Hoffman, José Manuel Vázquez, que insiste siempre en tratar de demostrar que entre 2001 y 2002, cuando se produjo la compra venta de los terrenos, "Roca no estaba imputado en actos de corrupción y mi cliente no tenía por qué sospechar de sus actividades".
El perito ha enfatizado que Hoffman "pudo haber levantado la mano y comunicar al SEPBLAC que había hecho un negocio extraño con el señor Roca, con aportaciones de dinero que no se habían declarado" a la Agencia Tributaria. Además, ha destacado que "no quedó acreditada su legítima procedencia". El ex asesor urbanístico reconoció al comienzo del juicio que los fondos eran de "origen opaco".
Lo anterior se sustenta en que la detención de Juan Antonio Roca por el caso 'saqueo 1' se produjo en abril de 2002 y "la liquidación de Lispag A.G. fue en noviembre" de ese mismo año, según ha hecho constar el funcionario del Estado.
"¿Cómo puede usted decir que se sabía de qué iba la detención de Roca, si había un secreto de sumario?", ha repreguntado Vázquez al perito. La cuestión tiene fácil respuesta, ya que el 'saqueo1' fue destapado por EL MUNDO en 1999 y hasta la detención de Roca en 2002 se habló ampliamente del mismo, aunque el perito no ha entrado en detalles y ha dicho que "se sabía y era conocido".
De hecho, conviene recordar que en 2001 el juez Guillermo Ruiz Polanco, en funciones de guardia, acudió a Marbella, acompañado de una comisión judicial de la Audiencia Nacional, para llevar a cabo varios registros, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Público había presentado una querella contra Roca y Jesús Gil, entre otros, tras publicar este periódico que entre los años 1991 y 1995 habían desviado a cuentas privadas más de 4.400 millones de las antiguas pesetas del Ayuntamiento de Marbella.
Tales antecedentes le han valido al perito declarante para asegurar ante el tribunal que el dinero aportado por Roca en Lispag A.G., concretamente 91 millones de las antiguas pesetas, "podía provenir de contínuas y reiteradas malversaciones hechas en el Ayuntamiento de Marbella" con anterioridad a 2001. Fue durante ese año cuando se constituyó la sociedad suiza en la que también participaba, como máximo accionista, el acusado Pedro Román, ex primer teniente de alcalde del GIL.
El ex edil Román, antiguo brazo derecho de Jesús Gil, también ha salido bastante mal parado con la declaración del mencionado testigo: "Ocultó a la Hacienda Pública 400 millones de pesetas de todos los españoles". Era el máximo accionista de Lispag, con un 62% del capital; mientras Roca tenía oficialmente un 15% y Hoffman un 7,5%, además de otro 15% del ex comisario de Policía Florencio San Agapito.
Con respecto a la fórmula de la fiducia, utilizada para la estructura de la sociedad Lispag. A.G., mediante testaferros helvéticos, el experto tributario ha explicado que "se utilizó la jurisdicción suiza porque allí decir que el dinero proviene de la defraudación fiscal no supone mayor problema y santas pascuas".
Y es que las autoridades de la Confederación Helvética aceptan, como ingresos en cuentas corrientes de dicha nación, los fondos que proceden de una defraudación fiscal "siempre y cuando no se hayan producido allí", ha detallado el funcionario.
Se da la circunstancia de que cuando los órganos judiciales suizos fueron requeridos para colaborar, en el marco del caso 'Malaya', lo hicieron bajo la premisa de que a los investigados sólo se les acusaría de delitos que no fuesen fiscales y tributarios.
Al hilo del argumento mencionado el perito ha recordado que "cuando en Suiza conocieron -los fiscales y jueces- que no había defraudación fiscal iniciaron un procedimiento, que es público y notorio porque apareció en prensa". Se trata de lo que se dio en llamar la 'Malaya suiza'.
La vista oral se ha ralentizado de tal manera, a preguntas de las defensas, que el juicio se reanudará el lunes de nuevo con la declaración del mencionado perito. Así pues, no ha sido posible que declare aún el principal testigo contra Roca, Jorge González, ex jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella, cuyo testimonio estaba previsto este miércoles.
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