El juez le retira el pasaporte
* Al igual que a Guillem Riera, el juez le retira el pasaporte
* Su declaración se prolongó hasta la madrugada
* Era el último de los detenidos por la Operación Cloaca
* Al igual que a Guillem Riera, el juez le retira el pasaporte
* Su declaración se prolongó hasta la madrugada
* Era el último de los detenidos por la Operación Cloaca
Hugo Sáenz | Palma
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, ha acordado esta madrugada libertad provisional para Simón Galmés, empresario del sector de residuos en la Part Forana y que fue detenido en la denominada operación 'cloaca', después de tomarle declaración.
Como medidas cautelares solicitadas por el fiscal, el magistrado ordenó la presentación quincenal ante la autoridad judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de no abandonar el territorio nacional. Horas antes, acordó Idénticas medidas contra el ex director general de residuos del Consell, Guillem Riera, que también pasó anoche a disposición judicial.
Durante esta nueva operación contra la corrupción en Mallorca, en la que se han detenido a seis personas, de las que cinco ya han sido puestas en libertad (el último Guillem Riera anoche sin fianza), se investiga una presunta trama de desvío de fondos en la gestión de residuos en la Part Forana de la isla.
Las personas que quedaron en libertad con cargos, son María Mascaró, directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró; Maria Morey, economista del servicio de Residuos de la Institución Insular; Gabriel Perelló, funcionario e ingeniero técnico de profesión encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva y de controlar la ubicación y gestión de los contenedores en la isla; y un responsable de la Unión Temporal de Empresas FCC (E.F.A). Las mismas fuentes aclaran que la operación sigue abierta y no se descantan nuevos detenidos.
El caso, bautizado como Operación Cloaca, investiga una trama urdida desde el Consell con la connivencia necesaria de varias empresas concesionarias del servicio de recogidas de residuos sólidos urbanos en la que se habrían inflado y duplicado facturas. Este caso de supuesta corrupción, que afecta a la gestión en la Conselleria de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, llegó a la Fiscalía después de que este verano los servicios jurídicos de la Institución Insular encargaran una auditoría al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente que podía superar el millón de euros.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Palma tiene abiertas unas diligencias por esta causa, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Está decretado el secreto de sumario.
Como medidas cautelares solicitadas por el fiscal, el magistrado ordenó la presentación quincenal ante la autoridad judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de no abandonar el territorio nacional. Horas antes, acordó Idénticas medidas contra el ex director general de residuos del Consell, Guillem Riera, que también pasó anoche a disposición judicial.
Durante esta nueva operación contra la corrupción en Mallorca, en la que se han detenido a seis personas, de las que cinco ya han sido puestas en libertad (el último Guillem Riera anoche sin fianza), se investiga una presunta trama de desvío de fondos en la gestión de residuos en la Part Forana de la isla.
Las personas que quedaron en libertad con cargos, son María Mascaró, directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró; Maria Morey, economista del servicio de Residuos de la Institución Insular; Gabriel Perelló, funcionario e ingeniero técnico de profesión encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva y de controlar la ubicación y gestión de los contenedores en la isla; y un responsable de la Unión Temporal de Empresas FCC (E.F.A). Las mismas fuentes aclaran que la operación sigue abierta y no se descantan nuevos detenidos.
El caso, bautizado como Operación Cloaca, investiga una trama urdida desde el Consell con la connivencia necesaria de varias empresas concesionarias del servicio de recogidas de residuos sólidos urbanos en la que se habrían inflado y duplicado facturas. Este caso de supuesta corrupción, que afecta a la gestión en la Conselleria de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, llegó a la Fiscalía después de que este verano los servicios jurídicos de la Institución Insular encargaran una auditoría al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente que podía superar el millón de euros.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Palma tiene abiertas unas diligencias por esta causa, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Está decretado el secreto de sumario.
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