VALME CORTÉS - Granada
Antonio Morales, ex alcalde de Armilla (Granada), y quien fuera su concejal de Urbanismo cuando se tramitó el parque comercial Nevada, Gabriel Cañavate, se escudaron ayer en un acuerdo verbal con la Junta de Andalucía para eludir su responsabilidad por las supuestas irregularidades cometidas puesto que las "objeciones" que planteó al plan parcial la Consejería de Obras Públicas quedaron "subsanadas" antes de su aprobación definitiva.
El promotor dice que amplió el proyecto porque lo sugirió la Junta
En la primera sesión del juicio por este caso, que se celebra en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, el ex regidor de Armilla explicó que, en una reunión entre ambas administraciones tras aprobar inicialmente el plan del centro comercial, acordaron tres consideraciones que fueron atendidas por el Consistorio. En concreto, se referían a la ampliación de 11 a 12 metros de un vial, a que los aparcamientos fueran públicos y también que lo construido bajo rasante se destinara a aparcamientos.
"Ese plan no se ha recurrido hasta hoy", detalló el ex alcalde socialista, quien aseguró que estaba "convencido de la legalidad" tanto del plan como del proyecto comercial, que posteriormente le costaron su salida del Ayuntamiento y del PSOE. El ex edil de Urbanismo argumentó lo mismo. Esas "objeciones" se aclararon en una reunión con los técnicos de Obras Públicas, aunque luego no se emitió un informe que lo reflejara.
De ahí que la concesión de la licencia de obras del centro comercial se considerara ajustada a la legalidad por el equipo de gobierno de Armilla: se basaba en un plan parcial que no había sido recurrido y los técnicos municipales no habían apuntado su posible ilegalidad, sostienen los acusados. La Junta sí que hizo algunos requerimientos sobre la licencia de obras y advirtió de su posible nulidad, pero el Ayuntamiento entendió que se amparaba en un plan parcial legal. "Voté en conciencia y convencido de que era un proyecto bueno para Armilla", subrayó.
Ambos, que se enfrentan a penas de dos años de cárcel y 20 de inhabilitación por prevaricación y contra la ordenación del territorio, coincidieron también en negar que el secretario municipal les advirtiera de la existencia de un informe jurídico en contra del Nevada emitido por el letrado del Consistorio. "Dijo que no había informe del letrado, pero en ningún momento advirtió de una posible ilegalidad".
El informe, desfavorable para el proyecto, no formaba parte del expediente cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la licencia, aunque se halló durante la fase de instrucción en un registro en dependencias municipales que ordenó el juez encargado de investigar los hechos. El fiscal entiende que fue "deliberadamente sustituido". Morales Cara lo niega y dice que si recurrió a los servicios jurídicos de Diputación, que aportaron un informe favorable, fue para aportar "más claridad". Cañavate era entonces vicepresidente de dicha institución.
El promotor del centro, Tomás Olivo, que también está acusado, aseguró al fiscal que lo construido ahora se adapta a lo inicialmente proyectado (1996) y que fue por una sugerencia de la Comisión Asesora de Comercio Interior de la Junta por la que tuvo que comprar más suelo para que el centro fuera "más grande" y diera servicio al área metropolitana. Al principio "nos lo denegaron por pequeño", aseguró. La vista oral continúa hoy con la declaración de otros tres de los 11 acusados.
elpaís.com
El promotor dice que amplió el proyecto porque lo sugirió la Junta
En la primera sesión del juicio por este caso, que se celebra en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, el ex regidor de Armilla explicó que, en una reunión entre ambas administraciones tras aprobar inicialmente el plan del centro comercial, acordaron tres consideraciones que fueron atendidas por el Consistorio. En concreto, se referían a la ampliación de 11 a 12 metros de un vial, a que los aparcamientos fueran públicos y también que lo construido bajo rasante se destinara a aparcamientos.
"Ese plan no se ha recurrido hasta hoy", detalló el ex alcalde socialista, quien aseguró que estaba "convencido de la legalidad" tanto del plan como del proyecto comercial, que posteriormente le costaron su salida del Ayuntamiento y del PSOE. El ex edil de Urbanismo argumentó lo mismo. Esas "objeciones" se aclararon en una reunión con los técnicos de Obras Públicas, aunque luego no se emitió un informe que lo reflejara.
De ahí que la concesión de la licencia de obras del centro comercial se considerara ajustada a la legalidad por el equipo de gobierno de Armilla: se basaba en un plan parcial que no había sido recurrido y los técnicos municipales no habían apuntado su posible ilegalidad, sostienen los acusados. La Junta sí que hizo algunos requerimientos sobre la licencia de obras y advirtió de su posible nulidad, pero el Ayuntamiento entendió que se amparaba en un plan parcial legal. "Voté en conciencia y convencido de que era un proyecto bueno para Armilla", subrayó.
Ambos, que se enfrentan a penas de dos años de cárcel y 20 de inhabilitación por prevaricación y contra la ordenación del territorio, coincidieron también en negar que el secretario municipal les advirtiera de la existencia de un informe jurídico en contra del Nevada emitido por el letrado del Consistorio. "Dijo que no había informe del letrado, pero en ningún momento advirtió de una posible ilegalidad".
El informe, desfavorable para el proyecto, no formaba parte del expediente cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la licencia, aunque se halló durante la fase de instrucción en un registro en dependencias municipales que ordenó el juez encargado de investigar los hechos. El fiscal entiende que fue "deliberadamente sustituido". Morales Cara lo niega y dice que si recurrió a los servicios jurídicos de Diputación, que aportaron un informe favorable, fue para aportar "más claridad". Cañavate era entonces vicepresidente de dicha institución.
El promotor del centro, Tomás Olivo, que también está acusado, aseguró al fiscal que lo construido ahora se adapta a lo inicialmente proyectado (1996) y que fue por una sugerencia de la Comisión Asesora de Comercio Interior de la Junta por la que tuvo que comprar más suelo para que el centro fuera "más grande" y diera servicio al área metropolitana. Al principio "nos lo denegaron por pequeño", aseguró. La vista oral continúa hoy con la declaración de otros tres de los 11 acusados.
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