@Antonio Fernández. Barcelona
Foto de archivo de Luis García Saez (Efe).
“¡A dónde nos llevan estos tíos! ¡Qué imagen estamos dando!”, fue la exclamación de un importante empresario de la capital catalana con despacho en la zona alta de Barcelona después del último terremoto judicial que ha acabado con Lluís Prenafeta y con Macià Alavedra en los calabozos. Los dos prohombres habían sido estrechos colaboradores de Jordi Pujol cuando éste era presidente de la Generalitat. De hecho, el primero era su alter ego, el hombre que manejaba todos los resortes del poder, mientras que el segundo llegó a sonar como el sustituto de Pujol al frente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y, por ende, de potencial candidato a la presidencia.
La Operación Pretoria viene ahora a poner las cosas en su sitio. Ambos, junto con el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi en el mundo de los negocios, son los tres exponentes de la trama empresarial. No es que la sociovergencia haya llegado al terreno económico: ellos no trabajaban para los partidos, sino para engordar sus cuentas bancarias, cosa que iban logrando a fuerza de comisiones.
Pero el gran golpe a la burguesía viene dado por la detención de Macià Alavedra, que había sido consecutivamente consejero de Gobernación, de Industria y de Economía bajo el mandato de Jordi Pujol (abandonó este último cargo en el año 1997). Alavedra es el presidente de una compañía denominada Webline Invest que pretende gestionar las principales fortunas catalanas. El consejo de esta Webline integra algunos prohombres que han caído en desgracia durante los últimos meses. El principal de ellos es Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música, que entró en la compañía en representación de la Agrupació Mútua del Comerç i de la Industria, la aseguradora que recientemente fue intervenida por la Administración.
En el consejo figura también la sociedad Iniciatives Anesco, de la que son administradores mancomunados Albert Costafreda, propietario de Panrico, y Rafael Español, recientemente defenestrado de la presidencia de La Seda de Barcelona y contra el que su antigua empresa ha iniciado acciones penales. Invercartera, sociedad de Caixa Catalunya, está también representada en este espejo de las finanzas, lo mismo que la familia Lara, que a través de Inversiones Hemisferio sienta en la cúpula a José Crehueras.
La familia Godia está presente con Rafael Tous Godia en representación de G3T, mientras que Javier Ferrero Jordi, uno de los dueños de Nutrexpa, lo hace en representación de Inversora Serge, Francisco Sandalinas por Miralb Management y Antonio Vila Casas por Invest Fontanillas. A título personal, forman parte del consejo dos pesos pesados de la economía catalana: Javier Juncadella y José Luis Díaz-Varela, propietario de Indukern, empleador también del propio Macià Alavedra y ex presidente del lobby de empresarios gallegos en Cataluña.
Un diputado molesto
Pieza importante en la trama es Luis García. “Luigi es un hombre que inspira poca confianza, un mentiroso compulsivo, un déspota con sus compañeros y un tío que no tiene palabra”. Así define a este intermediario un empresario que tuvo la “desgracia” de hacer negocios con él. Siendo diputado del PSC, García creó en 1987 junto a su compañero de escaño Xavier Guitart y al militante socialista (y actual concejal en El Masnou) Jordi Maset, la sociedad Centre d’Estudis i Assessorament, cuyo objeto social era la prestación de “todo tipo de servicios, estudios, asssoramiento y asistencia de carácter jurídico y/o económico, a personas físicas o jurídicas, a sindicatos de trabajadores, a empresas y Administraciones públicas”. La aventura duró sólo cuatro años, porque sus socios partieron peras con él en 1992 y la sociedad se disolvió.
Guitart continuó con su carrera política (que acabó como director general del Juego y Espectáculos con el Tripartito en la Generalitat) y García siguió realizando sus negocios y ufanándose de sus excelentes relaciones al más alto nivel en cualquiera de las administraciones. Y algo debía tener, además de labia, porque en algunos círculos era conocido como El Conseguidor. Pero su buen feeling político se terminó en 1999, cuando ocho empresarios presentaron una querella contra él porque su grupo, AGT, les había subcontratado obras por valor de 240 millones de pesetas (casi 1,5 millones de euros) y no les había pagado.
Con posterioridad, se añadieron a la querella otra veintena de empresas cuya situación era similar a la de los denunciantes. Estas obras eran producto de las adjudicaciones de diversos ayuntamientos catalanes. El PSC acabó expulsándole y, en palabras de un alto dirigente socialista, “nos temíamos que un día u otro nos podía dar un disgusto a causa de sus trapicheos. Por eso era una persona non grata en la calle Nicaragua [sede del PSC]”.
Negocios en el Puerto de Badalona
Luis García centró desde entonces sus actividades en la empresa City Actividades Inmobiliarias, creada en el 2001 como epicentro de su holding. A través de ella, creó un pequeño holding, que integra las inmobiliarias Capital City Consulting y Projecte Danded y la dedicada a la compra venta de obras de arte Stefany Art Gallery.
Sus relaciones, no obstante, parecen haber sido claves para que los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet (Garzón detuvo al alcalde de esta localidad, Bartomeu Muñoz, al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al director de servicios, Pascual Vela), Badalona y Sant Andreu de Llavaneres se viesen mezclados en el escándalo. Los primeros indicios apuntan a que Luigi podría haber intermediado para destinar terrenos a promociones urbanísticas de Proinosa y de Espais, cuyos presidentes, Josep Singla y Lluís Casamitjana respectivamente, también fueron detenidos.
Este último es uno de los promotores del sector del Puerto de Badalona y está asociado en la compañía Badalona Building Waterfront (absorbida el año pasado por Espais Catalunya Inversions Inmobiliàries) con el bufete de abogados Petrus, que resultó implicado en el escándalo de Privanza el año 2005, cuando se descubrieron cuentas secretas de esta firma en paraísos fiscales. Francisco Alejandro Petrus también está vinculado a la sociedad Niesma Corporació, una inmobiliaria que actualmente es administrada por Luis García.
elconfidencia.com
La Operación Pretoria viene ahora a poner las cosas en su sitio. Ambos, junto con el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi en el mundo de los negocios, son los tres exponentes de la trama empresarial. No es que la sociovergencia haya llegado al terreno económico: ellos no trabajaban para los partidos, sino para engordar sus cuentas bancarias, cosa que iban logrando a fuerza de comisiones.
Pero el gran golpe a la burguesía viene dado por la detención de Macià Alavedra, que había sido consecutivamente consejero de Gobernación, de Industria y de Economía bajo el mandato de Jordi Pujol (abandonó este último cargo en el año 1997). Alavedra es el presidente de una compañía denominada Webline Invest que pretende gestionar las principales fortunas catalanas. El consejo de esta Webline integra algunos prohombres que han caído en desgracia durante los últimos meses. El principal de ellos es Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música, que entró en la compañía en representación de la Agrupació Mútua del Comerç i de la Industria, la aseguradora que recientemente fue intervenida por la Administración.
En el consejo figura también la sociedad Iniciatives Anesco, de la que son administradores mancomunados Albert Costafreda, propietario de Panrico, y Rafael Español, recientemente defenestrado de la presidencia de La Seda de Barcelona y contra el que su antigua empresa ha iniciado acciones penales. Invercartera, sociedad de Caixa Catalunya, está también representada en este espejo de las finanzas, lo mismo que la familia Lara, que a través de Inversiones Hemisferio sienta en la cúpula a José Crehueras.
La familia Godia está presente con Rafael Tous Godia en representación de G3T, mientras que Javier Ferrero Jordi, uno de los dueños de Nutrexpa, lo hace en representación de Inversora Serge, Francisco Sandalinas por Miralb Management y Antonio Vila Casas por Invest Fontanillas. A título personal, forman parte del consejo dos pesos pesados de la economía catalana: Javier Juncadella y José Luis Díaz-Varela, propietario de Indukern, empleador también del propio Macià Alavedra y ex presidente del lobby de empresarios gallegos en Cataluña.
Un diputado molesto
Pieza importante en la trama es Luis García. “Luigi es un hombre que inspira poca confianza, un mentiroso compulsivo, un déspota con sus compañeros y un tío que no tiene palabra”. Así define a este intermediario un empresario que tuvo la “desgracia” de hacer negocios con él. Siendo diputado del PSC, García creó en 1987 junto a su compañero de escaño Xavier Guitart y al militante socialista (y actual concejal en El Masnou) Jordi Maset, la sociedad Centre d’Estudis i Assessorament, cuyo objeto social era la prestación de “todo tipo de servicios, estudios, asssoramiento y asistencia de carácter jurídico y/o económico, a personas físicas o jurídicas, a sindicatos de trabajadores, a empresas y Administraciones públicas”. La aventura duró sólo cuatro años, porque sus socios partieron peras con él en 1992 y la sociedad se disolvió.
Guitart continuó con su carrera política (que acabó como director general del Juego y Espectáculos con el Tripartito en la Generalitat) y García siguió realizando sus negocios y ufanándose de sus excelentes relaciones al más alto nivel en cualquiera de las administraciones. Y algo debía tener, además de labia, porque en algunos círculos era conocido como El Conseguidor. Pero su buen feeling político se terminó en 1999, cuando ocho empresarios presentaron una querella contra él porque su grupo, AGT, les había subcontratado obras por valor de 240 millones de pesetas (casi 1,5 millones de euros) y no les había pagado.
Con posterioridad, se añadieron a la querella otra veintena de empresas cuya situación era similar a la de los denunciantes. Estas obras eran producto de las adjudicaciones de diversos ayuntamientos catalanes. El PSC acabó expulsándole y, en palabras de un alto dirigente socialista, “nos temíamos que un día u otro nos podía dar un disgusto a causa de sus trapicheos. Por eso era una persona non grata en la calle Nicaragua [sede del PSC]”.
Negocios en el Puerto de Badalona
Luis García centró desde entonces sus actividades en la empresa City Actividades Inmobiliarias, creada en el 2001 como epicentro de su holding. A través de ella, creó un pequeño holding, que integra las inmobiliarias Capital City Consulting y Projecte Danded y la dedicada a la compra venta de obras de arte Stefany Art Gallery.
Sus relaciones, no obstante, parecen haber sido claves para que los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet (Garzón detuvo al alcalde de esta localidad, Bartomeu Muñoz, al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al director de servicios, Pascual Vela), Badalona y Sant Andreu de Llavaneres se viesen mezclados en el escándalo. Los primeros indicios apuntan a que Luigi podría haber intermediado para destinar terrenos a promociones urbanísticas de Proinosa y de Espais, cuyos presidentes, Josep Singla y Lluís Casamitjana respectivamente, también fueron detenidos.
Este último es uno de los promotores del sector del Puerto de Badalona y está asociado en la compañía Badalona Building Waterfront (absorbida el año pasado por Espais Catalunya Inversions Inmobiliàries) con el bufete de abogados Petrus, que resultó implicado en el escándalo de Privanza el año 2005, cuando se descubrieron cuentas secretas de esta firma en paraísos fiscales. Francisco Alejandro Petrus también está vinculado a la sociedad Niesma Corporació, una inmobiliaria que actualmente es administrada por Luis García.
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