Guardias civiles y numerosas personas en la puerta del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet tras la detención del alcalde (Efe).@Antonio Fernández.17 votos)
“Ha llegado un momento en que los negocios de Lluís Prenafeta y los de Macià Alavedra han acabado coincidiendo. En un país pequeño como el nuestro parece que no había demasiado lugar para dos tiburones que se mordiesen por separado”. Esta frase está sacada de un informe confidencial elaborado en la primavera del año 1990, donde consta un amplio capítulo dedicado a lo que entonces se comenzaba a conocer como “sector de los negocios” de Convergència i Unió (CiU). Este informe fue el detonante de que Lluís Prenafeta, durante una década secretario general de la Presidencia de la Generalitat, dimitiese de su puesto. En una comida de despedida celebrada en un restaurante de la calle Avinyó de Barcelona, Prenafeta aludió, días después, a los “traidores” que desde su mismo partido habían alentado el informe y que destacaban la coincidencia de que simultaneaba su cargo político con otro en la empresa familiar Tipel, que recibía cuantiosas subvenciones de fondos públicos del gobierno catalán. Prenafeta diseccionó y masacró verbalmente a los inspiradores del informe, anunciando que se iba, pero que no estaba hundido.
Diecinueve años después, los dos personajes vuelven a ser carnaza de la más rabiosa actualidad. Y lo que decía el denostado informe tiene más vigencia que nunca. Sus inspiradores no fueron rivales políticos o enemigos personales, sino que fueron dirigentes de Convergència i Unió (CiU) dolidos por la deriva que tomaban algunas determinaciones de la Generalitat, que entonces estaba presidida por Jordi Pujol i Soley. Los negocios particulares de algunos de los más destacados dirigentes de CiU se mezclaban espuriamente con algunas determinaciones de la administración, viciando el resultado final.
Ahora, pues, el juez Baltasar Garzón les ha unido de nuevo, al implicarlos y detenerlos en una operación contra la corrupción que lleva el sugerente nombre de Operación Pretoria. Según algunas fuentes, la operación que desencadenó las detenciones se originó tras las pesquisas del “caso Privanza”, que descubrieron cuentas secretas del BBVA en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey. Con motivo de estas averiguaciones, fueron registrados varios despachos de Barcelona, entre ellos los de los abogados Petrus, donde se encontró documentación que llevó hasta los ahora detenidos. Uno de los flecos de esta investigación del caso Privanza fue una operación urbanística realizada en el municipio de Sant Andreu de Llavaneres, una localidad residencial para bolsillos muy forrados cuyo alcalde, Víctor Ros, era el puntal municipal del PP en Cataluña hasta las últimas municipales, en las que perdió la alcaldía frente a CiU a pesar de obtener cuatro concejales (CiU obtuvo cinco). El convenio urbanístico, según las primeras indicaciones, fue aprobado por el consistorio y los buenos oficios de Prenafeta y Alavedra, permitieron traer fondos del extranjero para realizar las inversiones necesarias. Un concejal socialista de Sant Andreu, con vinculaciones en Santa Coloma de Gramenet está también siendo investigado por las responsabilidades que puediera tener en el caso.
Otro de los flecos, derivaba hacia la localidad de Santa Coloma de Gramenet, lindante con Barcelona, donde varias adjudicaciones a Proinosa y Espais son también sospechosas de contener irregularidades, motivo por el cual el juez Baltasar Garzón ordenó detener al alcalde, Bartomeu Muñoz, al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarro, y al gerente del Ayuntamiento, Pascual Vela. En las operaciones realizadas en el complejo Cubics (el nexo entre el barrio Centre y el barrio de Singuerlín) estarían, según algunas fuentes, implicadas las empresas municipales Gramepark y Grameimpuls. Este complejo, que todavía se está construyendo, pretende ser la zona más VIP de Santa Coloma, con un centenar y medio de pisos de 800.000 euros para arriba y una zona de servicios envidiable (multicine de 12 salas, hotel de 146 habitaciones, la mayor plaza de Santa Coloma...), aunque también contará con un centenar de viviendas de protección oficial. Total: 65.000 metros cuadrados construidos, de los que más de 10.000 son de uso público. La zona fue visitada el pasado 18 de septiembre por el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, al que acompañó por las obras el alcalde Bartomeu Muñoz. La promoción y construcción corre a cargo de la firma Prosavi.
Los otros damnificados del escándalo son los presidentes de las compañías que se beneficiaron de los convenios urbanísticos: Josep Singla, de Proinosa, y Lluís Casamitjana, de Espais. El último implicado es el ex diputado socialista Luis García, un avispado intermediario conocido en el mundo de los negocios como Luigi que se ufanaba en todos los foros de mantener excelentes relaciones con las cúpulas de las administraciones.
La estrategia del calamar
La detención de los políticos y los intermediarios es, hoy por hoy, una aventura incierta cuyo final nadie sabe con certeza, pero que ha puesto en un brete a Convergència. “”Reclamamos la presunción de inocencia sin distinción de condición y la máxima diligencia judicial”, clamó ayer Felip Puig, secretario general adjunto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Quiso subrayar que Prenafeta no ocupa cargos de responsabilidad en la administración de CiU desde hace 19 años y Alavedra también cesó como consejero de Economía hace 12 años. Como buen político, aplicó la estrategia del calamar y, haciendo honor el nombre de la operación judicial, realizó una defensa pretoriana de los prohombres convergentes: “No quiero insistir, pero al mismo tiempo que Prenafeta y Alavedra no tienen cargos en Convergència, sí que hay cargos electos socialistas implicados. El señor Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma, es miembro de la ejecutiva del PSC, es la mano derecha de José Zaragoza [secretario de Organización del PSC] y lleva veinte años en la comisión de control y Finanzas del PSC”. Pero, al mismo tiempo que Zaragoza anunciaba mano dura de su partido contra los implicados, negó saber a qué se dedicaban los antiguos dirigentes de CiU, destacados hombres de negocios de la capital catalana. En resumen, medias verdades y medias mentiras que sólo confunden al oyente no informado.
Porque, en realidad, tanto Prenafeta como Alavedra son dos activos militantes de CDC, y eso le puede pasar factura a su partido. Es más: los dos personajes detenidos son puntales básicos de la Fundació Catalunya Oberta, la entidad donde se encuentra la crême de la crême del sector soberanista de CDC, aunque Felip Puig marcó ayer distancia con ella y puso como ejemplo el que nunca le habían invitado a dar una conferencia. Cada mes, los cerebros de la fundación mantienen discretas reuniones -comidas- en reservados de los mejores restaurantes de Barcelona y elaboran estrategias para determinadas acciones. En su patronato se encuadran los ex consejeros Joan Guitart y Andreu Mas-Colell o destacados dirigentes convergentes como Arcadi Calzada, Roger Albinyana, Daniel Clivillé, Joaquim Maluquer, Alfons López Tena, Marc Prenafeta (hijo de Lluís), Xavier Sala i Martín, Vicenç Villatoro, Joan Uriach o Joan Oliver, actual director general del Barça. Entre las adhesiones, cabe destacar el responsable de Internacional de CDC, Carles Llorens, el empresario Antoni García Maltas, el economista Joaquim Muns, el escritor Oriol Pi de Cabanyes o el pintor Antoni Vives Fierro.
La trayectoria de Prenafeta ha sido muy irregular en las últimas dos décadas. Lo cierto es que después de haberse arruinado en los años 90, con arriesgadas operaciones en el naciente mercado ruso o de algunas repúblicas del Este (donde le llegaron a falsificar un boletín oficial para dar verosimilitud a una adjudicación presidencial), renació de sus cenizas y retomó contactos con países sudamericanos, en los que en tiempos había realizado suculentos negocios. “Prenafeta es un simple comisionista, intermediario en operaciones que no tienen mayor misterio”, señala a El Confidencial un ex socio del que fue la mano derecha de Jordi Pujol. Y ése ha sido su talón de Aquiles.
La carrera de Alavedra ha sido más metódica, aunque ha sido un político que siempre ha estado en el ojo del huracán, especialmente por sus relaciones con el polémico Javier de la Rosa y con el ex juex Lluís Pasqual Estevill, ante el que intermedió para que suavizase su investigación sobre el Banco Central, que entonces presidía Alfonso Escámez. Bon vivant y esposo de pintora, también mantuvo estrechas relaciones con John Rosillo, polémico empresario envuelto en varios escándalos que murió hace casi dos años en Panamá, donde se encontraba huido. En los últimos tiempos, ha estado vinculado a empresas como Grupo Indukern, Promo Grup Deu, Spiker Telefonia, Abertis Logística, Autopistas de Catalunya y Majorica.
elconfidencial.com
Diecinueve años después, los dos personajes vuelven a ser carnaza de la más rabiosa actualidad. Y lo que decía el denostado informe tiene más vigencia que nunca. Sus inspiradores no fueron rivales políticos o enemigos personales, sino que fueron dirigentes de Convergència i Unió (CiU) dolidos por la deriva que tomaban algunas determinaciones de la Generalitat, que entonces estaba presidida por Jordi Pujol i Soley. Los negocios particulares de algunos de los más destacados dirigentes de CiU se mezclaban espuriamente con algunas determinaciones de la administración, viciando el resultado final.
Ahora, pues, el juez Baltasar Garzón les ha unido de nuevo, al implicarlos y detenerlos en una operación contra la corrupción que lleva el sugerente nombre de Operación Pretoria. Según algunas fuentes, la operación que desencadenó las detenciones se originó tras las pesquisas del “caso Privanza”, que descubrieron cuentas secretas del BBVA en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey. Con motivo de estas averiguaciones, fueron registrados varios despachos de Barcelona, entre ellos los de los abogados Petrus, donde se encontró documentación que llevó hasta los ahora detenidos. Uno de los flecos de esta investigación del caso Privanza fue una operación urbanística realizada en el municipio de Sant Andreu de Llavaneres, una localidad residencial para bolsillos muy forrados cuyo alcalde, Víctor Ros, era el puntal municipal del PP en Cataluña hasta las últimas municipales, en las que perdió la alcaldía frente a CiU a pesar de obtener cuatro concejales (CiU obtuvo cinco). El convenio urbanístico, según las primeras indicaciones, fue aprobado por el consistorio y los buenos oficios de Prenafeta y Alavedra, permitieron traer fondos del extranjero para realizar las inversiones necesarias. Un concejal socialista de Sant Andreu, con vinculaciones en Santa Coloma de Gramenet está también siendo investigado por las responsabilidades que puediera tener en el caso.
Otro de los flecos, derivaba hacia la localidad de Santa Coloma de Gramenet, lindante con Barcelona, donde varias adjudicaciones a Proinosa y Espais son también sospechosas de contener irregularidades, motivo por el cual el juez Baltasar Garzón ordenó detener al alcalde, Bartomeu Muñoz, al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarro, y al gerente del Ayuntamiento, Pascual Vela. En las operaciones realizadas en el complejo Cubics (el nexo entre el barrio Centre y el barrio de Singuerlín) estarían, según algunas fuentes, implicadas las empresas municipales Gramepark y Grameimpuls. Este complejo, que todavía se está construyendo, pretende ser la zona más VIP de Santa Coloma, con un centenar y medio de pisos de 800.000 euros para arriba y una zona de servicios envidiable (multicine de 12 salas, hotel de 146 habitaciones, la mayor plaza de Santa Coloma...), aunque también contará con un centenar de viviendas de protección oficial. Total: 65.000 metros cuadrados construidos, de los que más de 10.000 son de uso público. La zona fue visitada el pasado 18 de septiembre por el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, al que acompañó por las obras el alcalde Bartomeu Muñoz. La promoción y construcción corre a cargo de la firma Prosavi.
Los otros damnificados del escándalo son los presidentes de las compañías que se beneficiaron de los convenios urbanísticos: Josep Singla, de Proinosa, y Lluís Casamitjana, de Espais. El último implicado es el ex diputado socialista Luis García, un avispado intermediario conocido en el mundo de los negocios como Luigi que se ufanaba en todos los foros de mantener excelentes relaciones con las cúpulas de las administraciones.
La estrategia del calamar
La detención de los políticos y los intermediarios es, hoy por hoy, una aventura incierta cuyo final nadie sabe con certeza, pero que ha puesto en un brete a Convergència. “”Reclamamos la presunción de inocencia sin distinción de condición y la máxima diligencia judicial”, clamó ayer Felip Puig, secretario general adjunto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Quiso subrayar que Prenafeta no ocupa cargos de responsabilidad en la administración de CiU desde hace 19 años y Alavedra también cesó como consejero de Economía hace 12 años. Como buen político, aplicó la estrategia del calamar y, haciendo honor el nombre de la operación judicial, realizó una defensa pretoriana de los prohombres convergentes: “No quiero insistir, pero al mismo tiempo que Prenafeta y Alavedra no tienen cargos en Convergència, sí que hay cargos electos socialistas implicados. El señor Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma, es miembro de la ejecutiva del PSC, es la mano derecha de José Zaragoza [secretario de Organización del PSC] y lleva veinte años en la comisión de control y Finanzas del PSC”. Pero, al mismo tiempo que Zaragoza anunciaba mano dura de su partido contra los implicados, negó saber a qué se dedicaban los antiguos dirigentes de CiU, destacados hombres de negocios de la capital catalana. En resumen, medias verdades y medias mentiras que sólo confunden al oyente no informado.
Porque, en realidad, tanto Prenafeta como Alavedra son dos activos militantes de CDC, y eso le puede pasar factura a su partido. Es más: los dos personajes detenidos son puntales básicos de la Fundació Catalunya Oberta, la entidad donde se encuentra la crême de la crême del sector soberanista de CDC, aunque Felip Puig marcó ayer distancia con ella y puso como ejemplo el que nunca le habían invitado a dar una conferencia. Cada mes, los cerebros de la fundación mantienen discretas reuniones -comidas- en reservados de los mejores restaurantes de Barcelona y elaboran estrategias para determinadas acciones. En su patronato se encuadran los ex consejeros Joan Guitart y Andreu Mas-Colell o destacados dirigentes convergentes como Arcadi Calzada, Roger Albinyana, Daniel Clivillé, Joaquim Maluquer, Alfons López Tena, Marc Prenafeta (hijo de Lluís), Xavier Sala i Martín, Vicenç Villatoro, Joan Uriach o Joan Oliver, actual director general del Barça. Entre las adhesiones, cabe destacar el responsable de Internacional de CDC, Carles Llorens, el empresario Antoni García Maltas, el economista Joaquim Muns, el escritor Oriol Pi de Cabanyes o el pintor Antoni Vives Fierro.
La trayectoria de Prenafeta ha sido muy irregular en las últimas dos décadas. Lo cierto es que después de haberse arruinado en los años 90, con arriesgadas operaciones en el naciente mercado ruso o de algunas repúblicas del Este (donde le llegaron a falsificar un boletín oficial para dar verosimilitud a una adjudicación presidencial), renació de sus cenizas y retomó contactos con países sudamericanos, en los que en tiempos había realizado suculentos negocios. “Prenafeta es un simple comisionista, intermediario en operaciones que no tienen mayor misterio”, señala a El Confidencial un ex socio del que fue la mano derecha de Jordi Pujol. Y ése ha sido su talón de Aquiles.
La carrera de Alavedra ha sido más metódica, aunque ha sido un político que siempre ha estado en el ojo del huracán, especialmente por sus relaciones con el polémico Javier de la Rosa y con el ex juex Lluís Pasqual Estevill, ante el que intermedió para que suavizase su investigación sobre el Banco Central, que entonces presidía Alfonso Escámez. Bon vivant y esposo de pintora, también mantuvo estrechas relaciones con John Rosillo, polémico empresario envuelto en varios escándalos que murió hace casi dos años en Panamá, donde se encontraba huido. En los últimos tiempos, ha estado vinculado a empresas como Grupo Indukern, Promo Grup Deu, Spiker Telefonia, Abertis Logística, Autopistas de Catalunya y Majorica.
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