El ex alcalde popular del municipio riojano de Santurde ha sido condenado a tres años de inhabilitación y suspensión y a pagar una multa de 73.000 euros por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios públicos” cometido en 2005. El ex edil, Jesús Montoya, firmó la compra de un terreno calificado como suelo dotacional con uso privado por parte de una empresa de la que era administrador solidario. Poco después aprobó la recalificación del terreno como suelo urbano con uso residencial y una empresa de su propiedad construyó allí una promoción de 47 viviendas. La sentencia subraya la “triple condición” de Montoya como alcalde, promotor y constructor, y duplica la pena solicitada por el fiscal.
Durante doce años (cuatro con el Partido Riojano y ocho con el PP) gobernó Jesús Montoya el municipio de Santurde (La Rioja). En 2007 dejó la alcaldía y ahora tendrá que rendir cuentas con la Justicia por su mala actuación en sus años de mandato. El juzgado de lo Penal número 1 de La Rioja ha dictado una sentencia por la que suspende de cargo público al ex edil durante tres años y le impone una sanción de 73.000 euros, el doble de lo que pedía la Fiscalía. El magistrado del caso considera que había que aplicarle la sentencia en el máximo de tiempo y con una cantidad acorde con sus posibilidades económicas y con el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios públicos” que cometió durante su mandato.
Su empresa compró el terreno
La sentencia recuerda que en julio de 2004, ya como edil del PP, Montoya autorizó la compra de un terreno propiedad de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logrono que estaba calificada en el Plan General Municipal como suelo dotacional para la construcción de una residencia de ancianos. La compra la realizó la empresa Ribera del Oja Mercantil, de la que el propio ex alcalde era administrador solidario. En septiembre del mismo año, la compañía solicitó un cambio en el Plan Municipal para convertir el suelo en terreno residencial, algo que se autorizó en enero de 2005.
Rápida recalificación
Según el auto, Montoya, en su calidad de alcalde, sabía que Diócesis había solicitado en numerosas ocasiones el cambio de la calificación del suelo, una petición que el Ayuntamiento que él regía no atendió durante cuatro años. Sin embargo, cuando fue su empresa la que adquirió el terreno, la modificación se produjo inmediatamente.
También constructor
Otra empresa también propiedad de Montoya se encargó de construir en la zona una promoción de 47 viviendas, entre edificios unifamiliares y apartamentos, además de locales comerciales, un complejo deportivo y un garaje.
Negociaciones prohibidas a funcionarios públicos
La sentencia apunta que aunque la modificación urbanística “siguió el cauce formal correcto” en una actuación “usual en todos los municipios”, no se puede olvidar la “triple condición” de Montoya como alcalde, promotor y constructor de las viviendas, una condición que le hace haber incurrido en el citado delito de negociaciones prohibidas.
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Durante doce años (cuatro con el Partido Riojano y ocho con el PP) gobernó Jesús Montoya el municipio de Santurde (La Rioja). En 2007 dejó la alcaldía y ahora tendrá que rendir cuentas con la Justicia por su mala actuación en sus años de mandato. El juzgado de lo Penal número 1 de La Rioja ha dictado una sentencia por la que suspende de cargo público al ex edil durante tres años y le impone una sanción de 73.000 euros, el doble de lo que pedía la Fiscalía. El magistrado del caso considera que había que aplicarle la sentencia en el máximo de tiempo y con una cantidad acorde con sus posibilidades económicas y con el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios públicos” que cometió durante su mandato.
Su empresa compró el terreno
La sentencia recuerda que en julio de 2004, ya como edil del PP, Montoya autorizó la compra de un terreno propiedad de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logrono que estaba calificada en el Plan General Municipal como suelo dotacional para la construcción de una residencia de ancianos. La compra la realizó la empresa Ribera del Oja Mercantil, de la que el propio ex alcalde era administrador solidario. En septiembre del mismo año, la compañía solicitó un cambio en el Plan Municipal para convertir el suelo en terreno residencial, algo que se autorizó en enero de 2005.
Rápida recalificación
Según el auto, Montoya, en su calidad de alcalde, sabía que Diócesis había solicitado en numerosas ocasiones el cambio de la calificación del suelo, una petición que el Ayuntamiento que él regía no atendió durante cuatro años. Sin embargo, cuando fue su empresa la que adquirió el terreno, la modificación se produjo inmediatamente.
También constructor
Otra empresa también propiedad de Montoya se encargó de construir en la zona una promoción de 47 viviendas, entre edificios unifamiliares y apartamentos, además de locales comerciales, un complejo deportivo y un garaje.
Negociaciones prohibidas a funcionarios públicos
La sentencia apunta que aunque la modificación urbanística “siguió el cauce formal correcto” en una actuación “usual en todos los municipios”, no se puede olvidar la “triple condición” de Montoya como alcalde, promotor y constructor de las viviendas, una condición que le hace haber incurrido en el citado delito de negociaciones prohibidas.
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