sábado, 12 de septiembre de 2009

LA PERMISIVIDAD DEL AYUNTAMIENTO FACILITÓ EL DESCONTROL EN MERCASEVILLA

CASO MERCASEVILLA | Investigación de supuestas comisiones ilegales

Francisco Javier Recio | Sevilla

El gobierno local presidido por Alfredo Sánchez Monteseirín dio manga ancha al ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, para hacer y deshacer y, durante años, ni siquiera le reclamó información documentada en torno a los gastos e inversiones realizados a cuenta de las arcas de la empresa pública, propiedad en un 51 por ciento de su capital del Ayuntamiento de Sevilla. El informe elaborado por la consultora Deloitte el pasado junio, después de estallar el escándalo por el presunto cobro de comisiones a empresarios, revela una casi absoluta ausencia de control contable en la empresa pública con la anuencia del gobierno municipal, que en ningún momento puso cortapisas a Mellet pese a que éste superaba con frecuencia los límites de gasto para los que estaba autorizado.

El informe –elaborado a partir de un muestreo de expedientes, por lo que sus resultados no son exhaustivos– desvela, por ejemplo, que en Mercasevilla nadie ha estado controlando las desviaciones entre los presupuestos anuales aprobados en el consejo de administración y los gastos e inversiones ejecutados realmente. Tampoco se ha estado controlando el desarrollo efectivo de los presupuestos en la Fundación Mercasevilla, en los que ni siquiera se detallaban los ingresos y gastos previstos.

Los auditores llaman la atención sobre la inexistencia de un Manual de Procedimientos, que Mercasevilla estaba obligada a aprobar por mandato legal. Sin ese reglamento, la única limitación de gastos que tenía el director general era la que marcaba el apoderamiento genérico otorgado por el consejo de administración, en el que tiene mayoría el Ayuntamiento de Sevilla.

Mellet no informaba sobre las desviaciones de los gastos. Tampoco nadie se lo reclamó

Con algunas excepciones, el director general no podía afrontar por su cuenta pagos de más de 60.000 euros y, en cualquier caso, debía dar cuenta de ellos a la comisión ejecutiva de la empresa, de la que forma parte el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU).

Ésa era la teoría. El informe revela que entre enero de 2007 y febrero de 2009 sólo pasaron por los órganos de gobierno de Mercasevilla cuatro asuntos relacionados con contrataciones, y en la mitad de ellos ni siquiera se dejó constancia del coste de los proyectos. Otro tanto ocurría en la Fundación Mercasevilla.

Además, Mellet afrontó gastos muy por encima del límite de 60.000 euros que tenía autorizado sin que el gobierno local se lo impidiera. Así ocurrió en dos casos muy significativos.

Por un lado, la contratación de la consultora Maginae Solutions –propiedad del cuñado del ex sindicalista Juan Lanzas– para la negociación del último expediente de regulación de empleo. A esta sociedad se le abonaron 157.000 euros (IVA aparte), de los que 106.000 se le pagaron en 2007.

Por otro, la contratación del estudio Urbanismo y Arquitectura López-Bermúdez por un importe de 170.000 euros en 2008 para la elaboración de un proyecto relacionado con el futuro traslado de las instalaciones.

A la vista de estos datos, los auditores concluyen que en Mercasevilla y su fundación «no existe una efectiva aprobación de gastos e inversiones por encima del nivel de Gerencia [Mellet], bien porque no se han establecido unos límites cuantitativos (en el caso de la fundación) o porque los mismos no han sido aplicados (Mercasevilla)». Asimismo, «no consta la existencia de un efectivo control del desempeño de la dirección a través del análisis de la ejecución del presupuesto previamente aprobado».

Los jefes intermedios decidían las compras, elegían al proveedor y revisaban el material

El informe revela, asimismo, que el proceso de selección de proveedores, que se dejó en manos de los jefes de departamento, no contemplaba la solicitud de distintas ofertas ni generaba prácticamente documentación oficial alguna, con excepción del departamento de Informática. Existía, además, una confusión de funciones en este proceso, dándose el caso de que un mismo jefe seleccionaba a sus proveedores, tramitaba la compra, recepcionaba la mercancía y autorizaba el pago mediante cheque.

¿Cuáles eran las consecuencias de esta falta de control? Los auditores de Deloitte sugieren algunas de ellas: posibilidad de un mal uso de los recursos financieros de las entidades; contratación de compras en condiciones de precio y calidad no óptimos; falta de información a la dirección, en primera instancia, y a los órganos de gobierno, en segunda instancia, sobre las circunstancias económicas del mercado central y su fundación; y, en el caso concreto de la fundación, un uso indebido de las subvenciones de otras entidades que deriven en la obligación de devolver los fondos a las entidades colaboradoras.

Sólo unas semanas antes de estallar públicamente el escándalo, a principios de este año, la dirección de la empresa modificó el procedimiento. Se empezaron a utilizar ‘hojas de pedido’, que debían cumplimentar los departamentos y ser rubricados por el jefe del departamento y la dirección. Se creó, además, un listado de proveedores habituales con el objetivo de crear, en el futuro, una lista de proveedores homologados; por último, se realizó una estimación y justificación de los gastos previstos para el ejercicio 2009 en cada departamento, tarea que el pasado junio, cuando se elaboró el informe de Deloitte, no estaba concluida.

Además
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