@Alberto Mendoza.
José Luis Ulibarri. (Efe)
La onda expansiva del caso Gürtel derribó ayer al empresario leonés José Martínez Núñez. Su constructora, Tecnología de la Construcción (Teconsa) solicitó concurso voluntario de acreedores con un volumen de impagos de 30 millones de euros. La suspensión de pagos llega tras el fracaso de la negociación para refinanciar la deuda con diversas entidades bancarias. Teconsa venía tambaleándose desde que el juez Garzón la relacionó en marzo con adjudicaciones fraudulentas llevadas a cabo a través de la trama de Francisco Correa.
Pero Teconsa no es un caso aislado. La ramificación del caso Gürtel en Castilla y León ha cambiado el panorama del poder empresarial en esta comunidad. Martínez Núñez y su principal rival, José Luis Ulibarri, también implicado en Gürtel, han pasado de ser los reyes de la construcción, la obra pública, los medios de comunicación y las influencias políticas a convertirse en unos “apestados con los que nadie quiere retratarse”, según fuentes cercanas al ámbito empresarial y político leonés.
A la preocupación existente en Castilla y León por el futuro de Teconsa y sus 650 empleados se suma el “morbo” de que los dos empresarios estrella de la comunidad, adversarios acérrimos, se hallen en dificultades económicas y salpicados por el caso de corrupción más relevante de España. Martínez Núñez es conocido por su carácter autoritario, que a lo largo de su carrera como empresario ha sido acusado de asuntos tan rocambolescos como el de estar detrás del intento de asesinato, en el año 2000, del consejero gallego José Cuiña.
Quienes han estado a las órdenes de Martínez Núñez califican de “dictatorial” su modo de gestionar sus negocios, pero también destacan su habilidad para conseguir los favores de los políticos castellanoleoneses. Este constructor formó parte en los años 80 del Consejo de Administración del Diario de León, donde trató de imponer una cerrada línea editorial. Al no conseguirlo, apostó por La Crónica de León, medio que utiliza para reforzar sus intereses empresariales y como método de persuasión ante la clase política. Sin embargo, tras la ruptura de su alianza con El Mundo, en 2007, La Crónica ha perdido buena parte de sus lectores, un anticipo de lo que sucedería con el resto de su negocio.
Relaciones con la trama de Correa
De acuerdo con la instrucción de Gürtel, Teconsa consiguió que la Junta de Castilla y León le adjudicara la variante de la carretera de Olleros de Alba por 2,15 millones gracias a la intermediación de la trama corrupta. De ese importe, 73.650 euros habrían ido a parar a manos de Correa, “que los distribuyó entre personas que hicieron posible la adjudicación”.
El ex consejero de Fomento y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, hoy diputado del PP por Segovia, está siendo investigado por el Tribunal Supremo en el marco de Gürtel. Esta misma semana, el Congreso comenzó a tramitar el suplicatorio por el que el Parlamento retirará el privilegio de aforado a Merino, permitiendo así la investigación del imputado Merino.
Por otra parte, Garzón señaló en sus diligencias que, según la investigación policial, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas habría sido una de los intermediarios. Además, el también imputado Ramón Blanco, presuntamente encargado del blanqueo de capital de la trama, formaba parte de los órganos de administración la empresa de Martínez Núñez. Blanco, ex consejero delegado de Repsol e íntimo amigo de José María Aznar, sirvió a Correa también para convencer a relevantes empresarios de que participaran en el fondo inmobiliario Real State Equity Portfolio S.L. El responsable de esta sociedad, junto a Correa, no era otro que Jacobo Gordon, ex socio de Alejando Agag, y también imputado en la trama.
ELCONFIDENCIAL.COM
Pero Teconsa no es un caso aislado. La ramificación del caso Gürtel en Castilla y León ha cambiado el panorama del poder empresarial en esta comunidad. Martínez Núñez y su principal rival, José Luis Ulibarri, también implicado en Gürtel, han pasado de ser los reyes de la construcción, la obra pública, los medios de comunicación y las influencias políticas a convertirse en unos “apestados con los que nadie quiere retratarse”, según fuentes cercanas al ámbito empresarial y político leonés.
A la preocupación existente en Castilla y León por el futuro de Teconsa y sus 650 empleados se suma el “morbo” de que los dos empresarios estrella de la comunidad, adversarios acérrimos, se hallen en dificultades económicas y salpicados por el caso de corrupción más relevante de España. Martínez Núñez es conocido por su carácter autoritario, que a lo largo de su carrera como empresario ha sido acusado de asuntos tan rocambolescos como el de estar detrás del intento de asesinato, en el año 2000, del consejero gallego José Cuiña.
Quienes han estado a las órdenes de Martínez Núñez califican de “dictatorial” su modo de gestionar sus negocios, pero también destacan su habilidad para conseguir los favores de los políticos castellanoleoneses. Este constructor formó parte en los años 80 del Consejo de Administración del Diario de León, donde trató de imponer una cerrada línea editorial. Al no conseguirlo, apostó por La Crónica de León, medio que utiliza para reforzar sus intereses empresariales y como método de persuasión ante la clase política. Sin embargo, tras la ruptura de su alianza con El Mundo, en 2007, La Crónica ha perdido buena parte de sus lectores, un anticipo de lo que sucedería con el resto de su negocio.
Relaciones con la trama de Correa
De acuerdo con la instrucción de Gürtel, Teconsa consiguió que la Junta de Castilla y León le adjudicara la variante de la carretera de Olleros de Alba por 2,15 millones gracias a la intermediación de la trama corrupta. De ese importe, 73.650 euros habrían ido a parar a manos de Correa, “que los distribuyó entre personas que hicieron posible la adjudicación”.
El ex consejero de Fomento y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, hoy diputado del PP por Segovia, está siendo investigado por el Tribunal Supremo en el marco de Gürtel. Esta misma semana, el Congreso comenzó a tramitar el suplicatorio por el que el Parlamento retirará el privilegio de aforado a Merino, permitiendo así la investigación del imputado Merino.
Por otra parte, Garzón señaló en sus diligencias que, según la investigación policial, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas habría sido una de los intermediarios. Además, el también imputado Ramón Blanco, presuntamente encargado del blanqueo de capital de la trama, formaba parte de los órganos de administración la empresa de Martínez Núñez. Blanco, ex consejero delegado de Repsol e íntimo amigo de José María Aznar, sirvió a Correa también para convencer a relevantes empresarios de que participaran en el fondo inmobiliario Real State Equity Portfolio S.L. El responsable de esta sociedad, junto a Correa, no era otro que Jacobo Gordon, ex socio de Alejando Agag, y también imputado en la trama.
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