El grupo socialista calcula que hay desviaciones de presupuesto de 10 millones
JERÓNIMO ANDREU - Arganda del Rey
Las raíces del caso Gürtel en Madrid son cada vez más profundas. Hasta ahora se consideraba probada la existencia de negocios a partir de 2003 entre implicados en la presunta trama de corrupción y varios ayuntamientos madrileños (Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla y Arganda). Ayer los socialistas de Arganda del Rey revelaron que el Consistorio ha firmado desde 1996 contratos por valor de 50 millones de euros con empresas involucradas en el sumario judicial. Además, calculan, 10 millones responden a desviaciones del presupuesto inicial.
El alcalde Pablo Rodríguez recalca que sus actuaciones están en orden
El primer rastro de la relación entre el Ayuntamiento de Arganda y Francisco Correa, principal imputado en la supuesta trama de corrupción que salpica al PP, se encuentra en 1996. Ese año, Formación Comunicación y Servicios (FCS), una de las 23 empresas del conglomerado dirigido por Correa, se ocupó de la ofrenda floral de las fiestas patronales de Arganda a cambio de 11.800 euros. Desde entonces, la compañía ha realizado servicios para el Ayuntamiento que suman 187.000 euros, y que aparecen despiezados en pequeñas contratas, todas por debajo de los 12.000 euros, la cantidad a partir de la cual las concesiones públicas tenían que estar sometidas a concurso, según la anterior ley de adjudicaciones.
Ése es el patrón que se observa en el informe presentado por el partido socialista y que recoge los nexos entre las empresas del caso Gürtel y el Ayuntamiento en manos del PP: los primeros contratos no eran muy cuantiosos (siempre por debajo de 50.000 euros); es a partir de la segunda legislatura popular (2003-2007; el PSOE gobernó en 1999) cuando las empresas relacionadas de alguna forma con Correa obtienen contratos millonarios.
Los más jugosos, para constructoras que supuestamente contaron con Correa como intermediario: obtienen obras y trabajos de mantenimiento por más de 32,8 millones de euros. Es el caso de Teconsa e Hispánica. Los socialistas calculan que "se han desviado 10 millones de euros de los presupuestos iniciales", establece el informe. En total, colaboran con el Ayuntamiento ocho firmas con las que se relaciona con alguno de los implicados en el sumario judicial. Entre ellas, figuran algunas que son propiedad de imputados, como Special Events y Easy Concept (de Correa), o Begar (de José Luis Ulibarri y que recibe un millón de euros por la limpieza de edificios municipales, que aún efectúa).
El documento se basa en licitaciones públicas, expedientes, decretos y resoluciones conservados en el archivo y la secretaría municipales. La portavoz socialista en Arganda, Victoria Moreno, asegura que su grupo se personará como acusación particular en el caso.
El informe señala al actual alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero (PP), como firmante de algunos de los contratos (tanto en su época de concejal como de regidor, cargo que desempeña desde marzo). Sardinero admite, por ejemplo, haber autorizado la ampliación en 600.000 euros del presupuesto para el recubrimiento de una piscina a cargo de la constructora Teconsa, sospechosa de pagar comisiones a Correa para lograr contratos en administraciones dirigidas por el PP. Teconsa tiene más contratos con el Ayuntamiento, como la construcción de un tramo de la vía de circunvalación AR-30, que pasó de un coste previsto de 2.800.000 euros a 8.115.000.
El alcalde recalcó ayer que sus actuaciones están en orden y han sido supervisadas por los técnicos municipales. Sobre el resto de acusaciones se considera incapaz de emitir un juicio hasta que no regrese de sus vacaciones. También recordó que el PSOE gobernó en la localidad en fechas en las que estaban vigentes algunos de los contratos sospechosos. Su antecesor en el cargo, el popular Ginés López, dimitió en marzo cuando fue imputado por su relación con la trama.
ELPAÍS.COM
El alcalde Pablo Rodríguez recalca que sus actuaciones están en orden
El primer rastro de la relación entre el Ayuntamiento de Arganda y Francisco Correa, principal imputado en la supuesta trama de corrupción que salpica al PP, se encuentra en 1996. Ese año, Formación Comunicación y Servicios (FCS), una de las 23 empresas del conglomerado dirigido por Correa, se ocupó de la ofrenda floral de las fiestas patronales de Arganda a cambio de 11.800 euros. Desde entonces, la compañía ha realizado servicios para el Ayuntamiento que suman 187.000 euros, y que aparecen despiezados en pequeñas contratas, todas por debajo de los 12.000 euros, la cantidad a partir de la cual las concesiones públicas tenían que estar sometidas a concurso, según la anterior ley de adjudicaciones.
Ése es el patrón que se observa en el informe presentado por el partido socialista y que recoge los nexos entre las empresas del caso Gürtel y el Ayuntamiento en manos del PP: los primeros contratos no eran muy cuantiosos (siempre por debajo de 50.000 euros); es a partir de la segunda legislatura popular (2003-2007; el PSOE gobernó en 1999) cuando las empresas relacionadas de alguna forma con Correa obtienen contratos millonarios.
Los más jugosos, para constructoras que supuestamente contaron con Correa como intermediario: obtienen obras y trabajos de mantenimiento por más de 32,8 millones de euros. Es el caso de Teconsa e Hispánica. Los socialistas calculan que "se han desviado 10 millones de euros de los presupuestos iniciales", establece el informe. En total, colaboran con el Ayuntamiento ocho firmas con las que se relaciona con alguno de los implicados en el sumario judicial. Entre ellas, figuran algunas que son propiedad de imputados, como Special Events y Easy Concept (de Correa), o Begar (de José Luis Ulibarri y que recibe un millón de euros por la limpieza de edificios municipales, que aún efectúa).
El documento se basa en licitaciones públicas, expedientes, decretos y resoluciones conservados en el archivo y la secretaría municipales. La portavoz socialista en Arganda, Victoria Moreno, asegura que su grupo se personará como acusación particular en el caso.
El informe señala al actual alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero (PP), como firmante de algunos de los contratos (tanto en su época de concejal como de regidor, cargo que desempeña desde marzo). Sardinero admite, por ejemplo, haber autorizado la ampliación en 600.000 euros del presupuesto para el recubrimiento de una piscina a cargo de la constructora Teconsa, sospechosa de pagar comisiones a Correa para lograr contratos en administraciones dirigidas por el PP. Teconsa tiene más contratos con el Ayuntamiento, como la construcción de un tramo de la vía de circunvalación AR-30, que pasó de un coste previsto de 2.800.000 euros a 8.115.000.
El alcalde recalcó ayer que sus actuaciones están en orden y han sido supervisadas por los técnicos municipales. Sobre el resto de acusaciones se considera incapaz de emitir un juicio hasta que no regrese de sus vacaciones. También recordó que el PSOE gobernó en la localidad en fechas en las que estaban vigentes algunos de los contratos sospechosos. Su antecesor en el cargo, el popular Ginés López, dimitió en marzo cuando fue imputado por su relación con la trama.
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