Declarará el 30 de abril
El presidente de UM, Miquel Nadal, que ayer fue citado a declarar el próximo 30 de abril como imputado dentro del caso Can Domenge, deberá comparecer por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, revelación de secretos oficiales y prevaricación, que figuran en la querella interpuesta por la empresa Núñez y Navarro a principios de 2007 contra una veintena de cargos de UM y PP que en la pasada legislatura votaron a favor de la adjudicación de estos solares. No obstante, ninguno de estos delitos figura en la imputación de Miquel Nadal.
Fuentes judiciales señalan que Nadal, quien será asistido por el abogado Eduardo Valdivia, declarará así ante la magistrada del juzgado de instrucción número 12, Mari Carmen González, para ofrecer explicaciones sobre su supuesta implicación en torno al concurso convocado en 2006 por el Consell de Mallorca para enajenar los terrenos de Can Domenge, del que resultó ganadora la UTE formada por Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur por un precio muy inferior a su valor de mercado.
Pese a que Núñez y Navarro participó en la convocatoria ofreciendo 60 millones de euros, el solar fue adjudicado finalmente a Sacresa-Ferrà-Tur por la mitad (30 millones). Es por ello que el empresario Josep Lluís Núñez, propietario de la empresa y personado en la causa como acusación popular, presentó una querella contra el anterior equipo de gobierno insular, liderado por Maria Antònia Munar, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales.
Respecto a la comparecencia del próximo 30 de abril, Nadal se ha mostrado convencido de su "inocencia" en este caso, y ha expresado su "máximo interés" en resolver este asunto "cuanto antes". Asimismo, añadió que no tiene "ningún impedimento" en prestar declaración y lo hará "las veces que sea necesario", al tiempo que mostró su total disposición a colaborar con la justicia. Junto a Nadal, otros cargos que también se encuentran imputados, entre otros políticos, el diputado del Grupo Mixto en el Parlament y ex vicepresidente del Consell, Bartomeu Vicens, y el portavoz de UM en la Institución Insular, Miquel Àngel Flaquer.
El pasado mes de enero la presidenta del Consell, Francina Armengol, firmó el decreto de resolución del contrato firmado en 2006 entre la Institución Insular, presidida entonces por Munar, y la UTE adjudicataria del concurso de enajenación, que contemplaba la construcción de 600 viviendas de alto estanding. La máxima responsable del Consell adoptó esta decisión tras tener conocimiento del contenido del informe externo que encargó el Consell al letrado Miguel Coca, que en un documento de 34 páginas concluía que lo más oportuno era rescindir el contrato a la UTE tras el incumplimiento flagrante de los plazos en la ejecución de las obras de construcción de las viviendas previstas en dicho solar.
ELMUNDO.ES
El presidente de UM, Miquel Nadal, que ayer fue citado a declarar el próximo 30 de abril como imputado dentro del caso Can Domenge, deberá comparecer por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, revelación de secretos oficiales y prevaricación, que figuran en la querella interpuesta por la empresa Núñez y Navarro a principios de 2007 contra una veintena de cargos de UM y PP que en la pasada legislatura votaron a favor de la adjudicación de estos solares. No obstante, ninguno de estos delitos figura en la imputación de Miquel Nadal.
Fuentes judiciales señalan que Nadal, quien será asistido por el abogado Eduardo Valdivia, declarará así ante la magistrada del juzgado de instrucción número 12, Mari Carmen González, para ofrecer explicaciones sobre su supuesta implicación en torno al concurso convocado en 2006 por el Consell de Mallorca para enajenar los terrenos de Can Domenge, del que resultó ganadora la UTE formada por Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur por un precio muy inferior a su valor de mercado.
Pese a que Núñez y Navarro participó en la convocatoria ofreciendo 60 millones de euros, el solar fue adjudicado finalmente a Sacresa-Ferrà-Tur por la mitad (30 millones). Es por ello que el empresario Josep Lluís Núñez, propietario de la empresa y personado en la causa como acusación popular, presentó una querella contra el anterior equipo de gobierno insular, liderado por Maria Antònia Munar, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales.
Respecto a la comparecencia del próximo 30 de abril, Nadal se ha mostrado convencido de su "inocencia" en este caso, y ha expresado su "máximo interés" en resolver este asunto "cuanto antes". Asimismo, añadió que no tiene "ningún impedimento" en prestar declaración y lo hará "las veces que sea necesario", al tiempo que mostró su total disposición a colaborar con la justicia. Junto a Nadal, otros cargos que también se encuentran imputados, entre otros políticos, el diputado del Grupo Mixto en el Parlament y ex vicepresidente del Consell, Bartomeu Vicens, y el portavoz de UM en la Institución Insular, Miquel Àngel Flaquer.
El pasado mes de enero la presidenta del Consell, Francina Armengol, firmó el decreto de resolución del contrato firmado en 2006 entre la Institución Insular, presidida entonces por Munar, y la UTE adjudicataria del concurso de enajenación, que contemplaba la construcción de 600 viviendas de alto estanding. La máxima responsable del Consell adoptó esta decisión tras tener conocimiento del contenido del informe externo que encargó el Consell al letrado Miguel Coca, que en un documento de 34 páginas concluía que lo más oportuno era rescindir el contrato a la UTE tras el incumplimiento flagrante de los plazos en la ejecución de las obras de construcción de las viviendas previstas en dicho solar.
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