LA EX ALCALDESA DE JEREZ CONTRATÓ A DEDO A DOS DE LAS EMPRESAS DE LA TRAMA CORRUPTA

La larga mano de Correa llega al PP de Jerez

La trama de corrupción vinculada a instituciones gobernadas por el PP que investiga Baltasar Garzón, se amplia en Andalucía. Jerez se une a Granada y Estepona como ciudades donde empresas vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, obtuvieron contratos. Según ha adelantado la Cadena SER, la ex alcaldesa de Jerez de la Frontera adjudicó en 2004 a dos de las empresas investigadas por Garzón, Easy Concept y Special Events, un contrato para la participación de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Lo hizo por el procedimiento de urgencia para saltarse el concurso público.

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María José García Pelayo -en la foto-, hoy portavoz de la oposición en el ayuntamiento jerezano y diputada en el Parlamento andaluz, firmó adjudicaciones por procedimiento de urgencia y sin publicidad por valor de 202.172 euros a las empresas Special Events y Down Town Consulting. Como en otras localidades donde operaba la supuesta trama de corrupción ligada al PP, se utilizó el mismo sistema, es decir fórmula de contratación por urgencia y sin publicidad, eufemismo de adjudicación de contrato a dedo. También el objeto contratado era idéntico a otros “clientes” municipales: adjudicar los servicios de Fitur para el ayuntamiento, en esta ocasión en la edición de 2004.

Firma de imputados
En los contratos de Jerez, junto a la firma de la alcaldesa aparecen las rúbricas de Pablo Crespo (ahora ingresado en prisión), como consejero delegado y representante de la empresa Special Events, S.L.; así como las de Isabel Jordán y de Javier Nombela, ambos en representación de la firma Down Town Consulting, S.L. e imputados en la actualidad. Crespo, fue secretario de organización del PP en Galicia y Javier Nombela, asesor de un concejal del PP del Ayuntamiento de Madrid y que fue destituido por Gallardón la semana pasada.

Informe en contra
Según informa hoy El País, la adjudicación se produjo incurriendo en varias anomalías administrativas. Al parecer la alcaldesa entonces, hizo caso omiso de un informe de la interventora municipal en el que se advertía de que el órgano competente para la adjudicación de los trabajos era el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC). A pesar de ello, la ex regidora adjudicó las obras una semana después, el 15 de enero, por resolución de alcaldía, sin dar cuenta al IPDC hasta dos meses después de que finalizara la feria.

Varias irregularidades
Además de esta irregularidad, García Pelayo como presidenta del IPDC, utilizó un procedimiento excepcional y urgente para la tramitación de los expedientes, y así pudo obviar el concurso público y la publicidad de las adjudicaciones a pesar de que la organización de Fitur es un evento previsible desde un año antes de la organización de la siguiente edición. Aunque se contrate con este sistema, se exige a los ayuntamientos la participación en la convocatoria contractual de al menos tres empresas distintas para adjudicar el servicio. Algo que también se soslayó, ya que en el expediente administrativo, tan sólo aparecen estas empresas, finalmente adjudicatarias

355.000 euros
El Ayuntamiento firmó con Special Events por importe de 162.806 euros la gestión del stand de Jerez en Fitur. Con Teleanuncio contrató 141.364 euros, para la publicidad y propaganda del stand. El contrato con Down Town fue de 39.366 euros para organizar el espectáculo ecuestre de la Plaza del Caballo y otro de 11.855 euros para el acondicionamiento del pabellón Cecilio Rodríguez para este espectáculo. En total los tres contratos firmados con las mencionadas empresas ascienden a 355.392 euros.

Acciones legales del PP
Desde el PP jerezano alegan que las relaciones del IPDC con las empresas de la trama "siempre fueron técnicas" y que García Pelayo "respetó la legislación vigente". Los populares anuncian que presentarán "de inmediato" las acciones civiles o penales que correspondan.

Pagos al PP, según Correa
Se da la circunstancia de que Correa, en las reuniones de su empresa, citaba la existencia de pagos directo al PP a cambio de adjudicaciones de contratos. En las grabaciones de conversaciones privadas de Correa aportadas al sumario hay al menos dos referencias a la supuesta financiación ilegal del partido.

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