miércoles, 15 de junio de 2011

EL ALCALDE DE BENIDORM, IMPUTADO POR LA CONTRATA DE LA GRÚA

Está acusado de un delito de prevaricación continuada

Archivado en: Política, Alicante, Benidorm, Grúa municipal, PrevaricaciónTribunales

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha imputado al alcalde de la ciudad, Agustín Navarro, y al exedil de Movilidad José Bañuls un presunto “delito continuado de prevaricación” en relación con la decisión del Gobierno local de resolver el contrato con la concesionaria de la zona azul y la grúa, ParkControl.

La juez ha tomado esta decisión en el marco de las diligencias previas abiertas a raíz de la querella presentada por los portavoces del grupo municipal del PP en la que estos sostienen que la actuación de Navarro y Bañuls podría ser constitutiva de delito.

Según la providencia, Navarro y Bañuls deberán declarar “como imputados” ante la juez el próximo 17 de octubre. Bañuls indicó a Efe que en cuanto se les notifique esta providencia “la valoraremos”. Los implicados recordaron que declarar “es un trámite normal” puesto que “ya han declarado” ante la juez los querellantes y diversos testigos. El exedil de Movilidad se mostró “tranquilo” e insistió en que espera que la juez “investigue el fondo” de la resolución del contrato con la concesionaria que se aprobó en pleno el 31 de mayo de 2010.

El PP sostiene en su querella que esta decisión se adoptó sin los informes “preceptivos” de las áreas de Intervención y Secretaría, y que los técnicos advirtieron en el pleno a Navarro y Bañuls de esta circunstancia.

La nueva providencia llega semanas después de que la juez emitiera otra solicitando a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) que investigue los hechos relacionados con las actuaciones que se siguen sobre este caso. Además, se ha decretado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.

El origen de la denuncia se remonta al 1 de junio del pasado año cuando el Ayuntamiento de Benidorm aprobó en pleno, con los votos del equipo de gobierno, resolver el contrato administrativo con la mercantil ParkControl 2000, SL, para la gestión de la zona azul y la retirada de vehículos. El exconcejal de Movilidad José Bañuls pedirá que declaren ante la juez “todos los funcionarios que han participado” en el expediente de resolución del contrato de la zona azul, ya que se aprobó su rescisión por “las numerosas infracciones” cometidas.


elpaís.com

"CASO BRUGAL"; ANTICORRUPCIÓN RECURRIRÁ EL AUTO DEL JUEZ DE ORIHUELA QUE ANULA PARTE DE LAS GRABACIONES

Afectan al Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja

El Ministerio Público pide que se amplíe el periodo para presentar alegaciones

Agencias | Alicante

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante recurrirá ante la Audiencia Provincial el auto del juzgado de instrucción y primera instancia número 3 de Orihuela (Alicante) que ha anulado algunas de las grabaciones del caso Brugal, que afectan a la investigación de presuntas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según fuentes judiciales.

El Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, está preparando el recurso de apelación que presentará contra la decisión tomada por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que anula algunos de los autos que autorizaron la intervención de las comunicaciones del presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, de su mujer, así como del empresario alicantino, Enrique Ortiz, por entenderlos faltos de motivación.

La decisión acordada por Carlos San Martín, en un auto fechado el 13 de junio de 2011, tiene un plazo de cinco días para ser recurrida ante el juzgado de instrucción y primera instancia número 3 de Orihuela y para la Audiencia Provincial de Alicante, aunque el Ministerio Fiscal ha solicitado ampliar a 10 este plazo.

El auto conocido este martes puede suponer un vuelco en el caso Brugal ya que la investigación sobre las supuestas ilegalidades se basan en las intervenciones telefónicas.

La operación se inició hace cinco años a partir de un presunto caso de cohecho en la adjudicación del contrato de basuras de la ciudad de Orihuela, aunque las escuchas practicadas ampliaron a casi una veintena de piezas separadas de la operación.

Entre ellas está la que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, por la que se imputó al presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y al constructor Enrique Ortiz.

Otra de las ramas del Brugal es la relativa a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, donde también figura como imputado Ortiz por recibir un presunto trato de favor por parte de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP.

Además

elmundo.es

"OPERACIÓN POSEIDÓN"; SIGUEN EN LOS CALABOZOS EL DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA Y UN ANTIGUO FUNCIONARIO

Dos policías con una caja llena de documentación. | C. Cladera
Detenidos ayer

Serán interrogados en la Jefatura Superior a lo largo de esta mañana

Europa Press | Palma

El director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Ángel Matías, y el ingeniero y antiguo funcionario de este organismo público, Justo Aguado, permanecen arrestados en los calabozos de la Policía Nacional después de que este martes fuesen detenidos en el marco de la segunda fase del caso Mar Blau, y está previsto que a lo largo de esta mañana sean interrogados en la Jefatura Superior en presencia de los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán.

Así lo han señalado fuentes policiales, que han apuntado que ambos son los únicos que han pasado la noche en comisaría mientras que un tercer detenido, el empresario catalán J.L.C.E., fue la pasada jornada puesto en libertad con cargos. Las mismas fuentes han señalado que no se prevén nuevas detenciones. En concreto, los delitos que se investigan dentro de esta nueva fase, cuyas pesquisas se encuentran bajo secreto, son los de malversación de caudales públicos, cohecho y fraude.

Durante este martes se llevaron a cabo tres registros por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, que se practicaron en la vivienda de Matías, en la de Aguado y un tercero en Barcelona. De forma paralela, agentes del grupo de delincuencia económica de la Policía se trasladaron hasta la sede de la APB para buscar nueva documentación.

Aguado, funcionario ya jubilado de la APB, ya declaró ante el juez como imputado y en su comparecencia afirmó que asesoró en el concurso de amarres de Ibiza Nueva aunque negó que se hubieran producido presiones para que resultara favorecida la empresa Semar-Trapsayates. Se trata de uno de los procesos investigados dentro de este caso por haberse producido un presunto trato de favor a sociedades vinculadas a los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.

El otro de los procesos fue el concurso para la explotación de amarres del puerto de Mahón, sobre el que se indaga el acuerdo que Teinver -perteneciente a Trapsa- habría alcanzado un acuerdo con el Club Marítimo de Maó para que éste, pese a haber quedado segundo en la convocatoria, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación, a cambio de ceder a Trapsa -si renunciaba a la concesión- tres amarres de tres metros de eslora y 13.526 euros más IVA.


elmundo.es

IMPUTAN A 21 PERSONAS MÁS EN EL "CASO ASTAPA" CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ESTEPONA

La causa suma ahora 94 imputados

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha acordado este miércoles la imputación de 21 personas más en el marco de la investigación del denominado caso 'Astapa', contra la presunta corrupción en el Ayuntamiento de la localidad esteponera, según han informado fuentes judiciales.

Los delitos que se investigan son malversación, prevaricación, cohecho y falsedad. Según han precisado las mismas fuentes, durante los próximos meses los nuevos imputados irán al juzgado para prestar declaración en esta causa, que suma ahora 94 personas imputadas, entre políticos, empresarios y técnicos municipales.

La operación se inició el 17 de junio de 2008 tras la denuncia presentada por los ediles socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez. Se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" y "enriquecerse personalmente".

Las personas detenidas que ingresaron en prisión fueron el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete José Flores, los ediles del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico municipal Javier Wittmeur. Salvo este último, el resto permaneció en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre seis meses.

Barrientos negó en su primera declaración ante la instructora de esta causa que existiera en el Ayuntamiento un sistema de doble o triple contabilidad y afirmó que no recibió dinero en metálico en sus dependencias particulares y que una empresa no le pagó estancias en el extranjero.

En meses pasados, el instructor informó a las partes personadas de la imposibilidad de levantar el secreto que pesa sobre parte de las actuaciones, ya que se estaban gestando nuevos informes y "pesquisas de variada índole", quedando pendientes al menos tres diligencias de investigación añadidas.

Este levantamiento se ha ido denegando al incidir el magistrado en que la actividad policial e instructora "es incesante" en una causa "muy compleja" por la naturaleza jurídica de los hechos, por "innumerables flecos de la investigación conexos unos con otros" y por el amplio número de imputados.

El primer levantamiento parcial del secreto sumarial se produjo en junio de 2009, tras lo que se prorrogó esta medida hasta septiembre del mismo año. En febrero y en mayo de 2010 se produjeron nuevos levantamientos parciales de las actuaciones, para continuar con el secreto hasta octubre de 2010, cuando se acordó el levantamiento de 10 tomos de la parte principal y 12 de las piezas documentales.


elmundo.es

martes, 14 de junio de 2011

EL JUEZ ANULA PARTE DE LAS ESCUCHAS DEL "CASO BRUGAL" POR "INSUFICIENTE MOTIVACIÓN"

* Se refiere a las escuchas del origen del caso, sobre la recogida de basuras
* A partir de ellas se conocieron las presuntas irregularidades de Castedo
* Acepta recursos presentados contra el pinchazo a la esposa de Ripoll
* También se dejan sin efecto escuchas policiales al constructor Enrique Ortiz

Europa Press | Alicante

El titular del juzgado de instrucción y primera instancia número 3 de Orihuela (Alicante), Carlos San Martín, que investiga la parte del 'caso Brugal' relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, ha anulado algunas de las grabaciones de la causa por falta de motivación o escasa motivación de los autos que las acordaron, que afectan a conversaciones mantenidas por el presidente de la Diputación alicantina, José Joaquín Ripoll, su mujer y los empresarios Enrique Ortiz, Rafael Gregory, Ángel Fenoll y su hijo. De este último que obtuvieron conversaciones que afectarían a los ex ediles de Orihuela Ginés Sánchez y Manuel Abadía.

En un auto de 162 páginas, contra el que cabe recurso, el titular del juzgado ha dado respuesta a numerosos recursos planteados por las defensas de los imputados en la causa, muchos de los cuales solicitaban la nulidad de las intervenciones telefónicas acordadas por distintos jueces a lo largo de la instrucción.

De este modo, el juzgado ha decidido estimar parcialmente el recurso planteado por el presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, y ha declarado "parcialmente nulas" las diligencias practicadas sobre el teléfono de la mujer del dirigente del PP alicantino desde el auto de 11 de agosto, puesto que "ni el informe policial ni la propia resolución exponen los indicios objetivos" de la participación de esta persona "en actividad presuntamente delictiva alguna".

Asimismo, San Martín ha anulado para la esposa de José Joaquín Ripoll el auto de intervención telefónica de 7 de octubre de 2009, por incurrir "en idéntico vicio de nulidad". También anula el juez el auto de 30 de noviembre de 2009 que prorroga la intervención de las comunicaciones de José Joaquín Ripoll, su esposa, y del empresario Enrique Ortiz, al considerarlo "nula de pleno derecho" y "paradigma de resolución estereotipada, carente de la más absoluta motivación".

Además, el juzgado de Orihuela ha estimado parcialmente el recurso planteado por el empresario oriolano, Ángel Fenoll, en el que plantea la nulidad de escuchas, de manera que ha declarado "nulas las diligencias practicadas sobre el recurrente desde el auto de 16 de mayo de 2008" por estimarlas "nulas de motivación fáctica".

La nulidad de los autos de intervención telefónica para Ángel Fenoll a partir del fechado el 16 de mayo de 2008, -que incluye también el auto de 23 de mayo de 2008- implica también la nulidad de los que autorizan las escuchas a Rafael Gregory Fernández -de 13 y 23 de mayo de 2008-.

Asimismo, la nulidad del auto de 16 y 23 de mayo para Ángel Fenoll también se aplica para su hijo, Antonio Ángel Fenoll, puesto que "si la resolución es nula para la intervención de las comunicaciones de uno de los imputados, lo será también para las intervenciones en la misma resolución acordadas".

Respecto al recurso planteado por Antonio Ángel Fenoll también se pronuncia el juzgado y declara nulo "por falta de motivación" al auto de 15 de enero de 2008 que autorizaba la intervención de las comunicaciones de éste, y del que se obtuvieron conversaciones que derivaron en la intervención telefónica de los ex concejales del Ayuntamiento de Orihuela, Manuel Abadía Martínez, y Ginés Sánchez Larrosa, en virtud de un auto fechado el 25 de enero de 2008.

"CASO IBATUR"; UN EMPRESARIO FACTURÓ 30.000 EUROS FRACCIONADOS POR 2.000 DISCOS DE LOS VALLDEMOSA

Declaración judicial

* Lo hizo fraccionando la cantidad en varios contratos menores
* Así se evitó la convocatoria de un concurso público

Europa Press | Palma

El propietario de una editorial discográfica que ha prestado declaración en calidad de imputado en el marco del caso Ibatur, ha reconocido ante el juez que facturó del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) 30.000 euros en tres facturas distintas a cambio de 2.000 CD's del grupo mallorquín de los años sesenta Los Valldemosa, de forma que al ser fraccionada la cantidad en contratos menores se evitó la convocatoria de un concurso público.

Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, Miguel Brunet ha recordado que mantuvo dos encuentros en el Ibatur para ver si les interesaba aprovechar el repertorio de Los Valldemosa para su difusión. Así, en la primera se reunió con el ex director general de Promoción Turística, Eduardo Gamero, y "en algún momento se llamó" al entonces gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, mientras que en la segunda también estaba presente Gamero.

Tal y como ha explicado el empresario, defendido por el abogado Miguel Ángel Mas, lo que se hizo fue valorar cuántas unidades tendrían que venderse "para que se justificase todo" y se estableció un precio de 15 euros por cada uno de los 2.000 CD que posteriormente el Ibatur regaló en las ferias turísticas. Al ascender la cantidad global a 30.000 euros, se hicieron tres facturas si bien ha precisado que él estaba involucrado "en la parte creativa y no en la administrativa".

"No recuerdo cómo se facturó y por qué se hizo de esa manera", ha asegurado el encausado, quien ha manifestado que se limitó a seguir instrucciones del Ibatur ya que "normalmente es la institución la que nos hace la indicación sobre la factura". Es más, ha asegurado no recordar que en la segunda reunión le transmitiesen que "tenían que ser facturas inferiores a 12.000 euros" y que entonces "no conocía los requisitos de la Ley de Contratos, aunque ahora sí".

Brunet ha sido uno de los cuatro empresarios que han sido interrogados este martes por el instructor del caso Ibatur. En total declararán quince imputados que presuntamente se vieron favorecidos durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) de contratos adjudicados 'a dedo' al haber sido fraccionados en partidas menores de 12.000 euros, a fin de evitar la convocatoria de un concurso público. Entre ellos se encuentra el ex conseller de Economía Alejandro Forcades, citado para el día 20.

En concreto, tal y como consta en una providencia, este miércoles comparecerán el profesional autónomo David Salvat, el empresario de CIAK Publicidad Konrad Tollokzo; la empresaria vitivinícola Lucía Gómez del Pulgar e Iván Marcos Terrasa; el jueves la presidenta de la Casa Balear en Berlín, Enriqueta Castelló, la administradora de Gráficas Planisi, Juana Planisi, el empresario gráfico José García y María José Losantos; y el día 20 José María Aldazabal, Antonio Mir y el propio Forcades.

Lope Sola acordó citarles después de que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional remitiese al caso un informe en el que atribuye a estos y otros proveedores haberse concertado con los responsables del Ibatur a fin de resultar beneficiados de contratos fraccionados, una práctica fraudulenta al margen de los procedimientos de contratación.

Así, en el caso de quien fuese conseller bajo el mandato del ex presidente del Govern Gabriel Cañellas (PP) y actual presidente del Círculo de Economía de Mallorca, los investigadores apuntan a que mediante la anterior fórmula habría percibido numerosos contratos menores a través de la empresa SM2, dedicada a las nuevas tecnologías de la información, aspecto que Forcades, defendido por Gabriel Garcías, negó al ser interrogado en dependencias de la Policía Nacional.

Tal y como reflejan diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa, el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.

Las investigaciones revelan que era "práctica habitual" de la empresa pública fraccionar contratos y hacerlo de dos formas diferenciadas, es decir, por un lado una sola mercantil facturaba varios contratos menores por un único evento diversificando los conceptos, mientras que por otro se aprecian supuestos de fraccionamiento de contratos cuyo origen es sustancialmente idéntico.

Cabe recordar que esta compleja causa permaneció bajo secreto durante más de año y medio, y en sus distintas fases policiales fueron detenidas hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión-, y el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet.


elmundo.es

·CASO GÜRTEL"; UN IMPUTADO INTENTA NO DECLARAR TRAS LA INHIBICIÓN DEL JUEZ A FAVOR DE LA AUDIENCIA

Ya se negó el pasado 18 de mayo

Efe | Madrid

El consejero delegado de la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, imputado en el "caso Gürtel", ha pedido al juez instructor que anule su declaración de mañana por haberse inhibido a favor de la Audiencia Nacional, pero el magistrado la ha mantenido.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha señalado que "no ha lugar" a la suspensión de la declaración de Caballero.

Frente a la resolución de Pedreira el imputado puede presentar recursos en plazos de tres a cinco días, explica el propio magistrado en su providencia fechada de este martes.

Caballero, que ya el pasado 18 de mayo alegó que tenía que ser intervenido quirúrgicamente para no prestar declaración ese mismo día ante Pedreira, ha argumentado ahora que su citación para mañana debe suspenderse porque el magistrado se ha inhibido de la causa y ha acordado su devolución al Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid.

Según la defensa de Caballero, su declaración debería producirse ante el nuevo juez del procedimiento, que será el que pueda acordar con posterioridad a la declaración y a la práctica de diligencias el sobreseimiento parcial de la causa respecto a este imputado.

La declaración de Fernández Caballero fue solicitada por la acusación particular en el "caso Gürtel" ejercida por el PSOE, que remitió a Pedreira un escrito donde se señalaba que la sociedad que el imputado presidía realiza "desde hace años, las operaciones y contratos más importantes" de esta localidad madrileña.

En un escrito fechado el pasado 8 de marzo, la acusación particular recordaba un informe realizado en mayo de 2009 por la Intervención General de la Administración del Estado en el que se concluía que la sociedad del imputado fraccionaba el gasto en varios contratos para adjudicarlos de manera directa a empresas de la "trama Gürtel", que eran las únicas a las que se pedían ofertas.

"En relación con los contratos de adjudicaciones de obras realizadas por la entidad Sociedad Fomento y Desarrollo Municipal S.L. destacan las llevadas a cabo a favor de Teconsa -cubrición de la piscina de La Poveda- y Constructora Hispánica -circunvalación de la AR30-", señalaba el PSOE.

Fernández Caballero sustituyó en el puesto de consejero delegado de esta sociedad municipal el 2 de octubre de 2007 a Benjamín Martín Vasco, uno de los tres diputados autonómicos del PP imputados que renunciaron a su escaño en la Asamblea de Madrid el pasado 28 de abril.

"OPERACIÓN POSEIDÓN"; AL MENOS TRES DETENIDOS EN LOS NUEVOS REGISTROS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA

Reactivan el caso Mar Blau

Uno de los arrestados es Ángel Matías, director técnico
El otro es un empresario cuya identidad aún no ha trascendido
El caso fue destapado por ELMUNDO.es hace más de dos años

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial han vuelto a registrar las dependencias de la Autoridad Portuaria, en el marco de una nueva operación denominada Poseidón. Se reactiva de esta forma el caso de corrupción llamado Mar Blau. Durante la operación ha habido al menos tresdetenidos, uno de ellos es Ángel Matías, director técnico de la Autoridad, y otro el ingeniero Justo Aguado. Éste último ha sido arrestado en el aeropuerto. Todavía no ha trascendido la identidad del tercer arrestado.

Durante esta nueva operación se han efectuado tres registros por orden del Juzgado de Instrucción número 8.

El caso investiga supuestos amaños a favor de la empresa Trapsa Yates -propiedad de Teinver- para la concesión de concursos de amarres por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). El caso fue destapado por ELMUNDO.es hace más de dos años.

Uno de los aspectos que se investigan es un contrato de 2005 entre el Club Marítimo de Mahón y Teinver por el que esta última empresa recibía tres amarres valorados en 4 millones y medio de euros y 13.000 euros a cambio de asesoramiento jurídico, legal y fiscal para el caso en que el club resultara adjudicatario del concurso de amarres en el Muelle de Levante del puerto de Mahón.

La Fiscalía sospecha que este contrato era, sin embargo, una pantalla para ocultar otro objetivo: que Trapsa Yates se retirara del concurso, al que también optaba el Club Marítimo con menos posibilidades de obtenerlo.

Finalmente, la Autoridad Portuaria de Baleares adjudicó este concurso en 2008 a Trapsa Yates a pesar de este acuerdo con el Club, y luego también concedió otros dos concursos en Ibiza y Palma al grupo empresarial de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.


elmundo.es

LA FISCAL DEL "CASO RENEDO" "YA ESTÁ EN CONDICIONES DE EJERCER LA ACUSACIÓN"

Gerardo Herrero señala que aún hay diligencias abiertas para analizar la documentación «de varias empresas y diferentes consejerías»

O. SUÁREZ / R. MUÑIZ | GIJÓN.

El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, detalló ayer el estado en el que se encuentra la instrucción del 'caso Renedo'. «Existen aún unas diligencias abiertas, en las que se está analizando documentación de varias empresas, así como la relación con diferentes consejerías». En lo tocante a los cinco imputados que hay hasta ahora (José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Marta Renedo, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez), «la fiscal tiene ya prácticamente finalizado el relato de los hechos; si no se producen novedades, está en condiciones de ejercer la acusación».

El Ministerio Fiscal sigue pendiente de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre una de las primeras medidas adoptadas por el magistrado que instruye el caso desde que pasara a Oviedo: imponer un secreto sobre el sumario que incluía al fiscal. «No es legal», entiende el fiscal. La semana pasada, el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla, autorizó el inicio del análisis de los documentos ocupados a Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo), empresa de la que es accionista Víctor Manuel Muñiz.

El miércoles que viene, además, tiene citados a B. F. S. y V. H. M., dos funcionarios que pasaron por la Secretaría General Técnica de Educación. Durante la etapa de Riopedre, la de Educación fue la consejería con mayor rotación en este puesto, llamado a fiscalizar las contrataciones. El día 20 les siguen P. R. P., del mismo departamento, y Alberto Pérez Cueto, director general de Modernización en funciones, y superior inmediato de Marta Renedo. Todos responderán a las preguntas del magistrado y de las partes personadas, incluidas las acusaciones populares, ejercidas por el Bloque por Asturies y la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall).

Sorando acaba de solicitar que el Principado remita el expediente de las obras de cableado informático en el centro cultural de La Fresneda (Siero). En junio de 2006, la Consejería de Cultura, de la que era titular Ana Rosa Migoya, anunció las obras por 66.500 euros. Dos meses antes, un expediente autorizado por la consejera, ordenaba el pago de 26.500 euros por la instalación de un programa informático en el mismo centro a Oxiplans, una tapadera que presuntamente usaba Renedo para desviar fondos a sus bolsillos.


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elcomercio.es

lunes, 13 de junio de 2011

UNA JUEZ INVESTIGA SI EXCARGOS DEL PP CANARIO AMAÑARON UN MACROCONCURSO

La mujer del fiscal jefe de Las Palmas dirigió la adjudicación sanitaria

FRANCISCO MERCADO - Madrid 

La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado número 8 de Las Palmas -de oficio- investigan la adjudicación en octubre de 2010 de un concurso para realizar hemodiálisis para los hospitales doctor Negrín y doctor José Molina Orosa de más de 31 millones -ampliables a 124,7- por la sanidad canaria. La investigación judicial -basada en indicios de malversación, prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias- intenta aclarar el papel en dicha concesión por Lourdes Quesada, secretaria general técnica de la consejería de Salud cuando ocurrieron los hechos y esposa del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco.

Anticorrupción entró para evitar sospechas sobre la neutralidad fiscal

La denuncia, presentada ante Anticorrupción de Las Palmas por asociaciones vecinales y colectivos sindicales, acusa a Quesada de forzar la adjudicación a una empresa sin experiencia. Según los acusadores, Quesada "modificó el borrador preparado por los técnicos suprimiendo la cláusula por la que se exigía experiencia a los licitadores y modificando a la baja la cláusula que exigía solvencia financiera, requiriendo solo una póliza de tres millones de euros para un contrato global de casi 125 millones". La investigación posee ya pruebas de la supuesta manipulación del proceso.

Quesada, según la denuncia, presidió la mesa que adjudicó el concurso a Lifeblood el 14 de octubre de 2010. Seis días después, el PP, partido de la consejera de Salud, Mercedes Roldós, rompió el pacto con CC, que anularía el contrato. La denuncia ve sospechoso que tuviera una "mínima incidencia en las bases aprobadas por la Mesa de Contratación de la propuesta económica, 10 puntos sobre 100, porcentaje inusual"; y que se valorara especialmente en Lifeblood la oferta de la creación de un tercer centro de hemodiálisis, algo que "no aparecía en las bases del concurso". Sospechan que tuvo información privilegiada Lifeblood. Ninguna otra empresa ofreció esa guinda. Y se dio "la máxima puntuación posible a los criterios subjetivos frente a los objetivos: 49 versus 51".

¿Cuál era la solvencia y experiencia de una empresa merecedora de ganar un concurso para 15 años por casi 125 millones? Basta con leer sus últimas cuentas: "La sociedad en este ejercicio no ha realizado actividad por lo que no hay resultado a distribuir"; "la sociedad no posee inmovilizado material"; "la sociedad no posee bienes de inmovilizado inmaterial"; "la sociedad no tiene ningún tipo de inversión". Todo su capital asciende a 3.000 euros. Ni un empleado. No tiene teléfono de oficina, sino el móvil y el correo electrónico de su administrador, Francisco Jorcano.

Por tanto, la empresa adjudicataria del macroconcurso tenía nula experiencia en sanidad o en cualquier área, dado que no había tenido ninguna actividad en los años previos. ¿Y su gestor? Tampoco. Jorcano es un hombre vinculado al sector inmobiliario (Iniciativas y Promociones Canarias, Iniciativas de Viviendas Canarias, Frontón Las Palmas) y transporte (Olsen Shipping Agent). Hay informes oficiales de dicha consejería que dan verosimilitud a la denuncia. Uno de ellos está dirigido a la exconsejera de Sanidad canaria el 16 de noviembre de 2010.

Lo rubrican la responsable del servicio encargado de la redacción de las bases del concurso y un jefe de dicha unidad. El escrito revela que en el primer borrador figuraban las exigencias de solvencia económica y financiera y que "desaparecieron" en el borrador que aportó la secretaria general técnica. "Nuestro servicio mostró en todo momento su discrepancia por la modificación de determinados aspectos técnicos y, sobre todo, por la retirada de los criterios de experiencia mínima, en cuanto a la solvencia técnica, y por los criterios de adjudicación establecidos, que encontrábamos demasiado subjetivos. Estas discrepancias han quedado registradas en los numerosos correos electrónicos intercambiados entre los funcionarios actuantes, así como con la secretaria general, cuyas copias impresas se adjuntan. Pese a esas discrepancias los pliegos fueron aprobados sin esas exigencias".García Panasco es miembro de la Asociación de Fiscales, del Consejo Fiscal y desde 2008 fiscal jefe de Las Palmas. Anticorrupción entró en este asunto para evitar toda sospecha de que pudiera favorecer a su esposa.


elpaís.com

"CASO BRUGAL"; ORTIZ ADMITE QUE LA FINANCIACIÓN ILEGAL ES HABITUAL Y BUSCA ENSUCIAR AL PSOE

El empresario, encausado en Brugal y Gürtel, ayudó al PP contra los socialistas

* “Los empresarios tenemos que echarnos una mano y poner el ventilador en marcha”
* “Necesito empresas que hayan pagado algún evento del PSOE”
* La alcaldesa a Ortiz: “¿Hiciste obras a Luna en La Chicharra?”

Santiago Navarro Alicante

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* Escuchas telefónicas
  
El empresario Enrique Ortiz, el mayor propietario de suelo en Alicante, promotor inmobiliario, contratista de Administraciones Públicas y constructor, ayudó durante meses al Partido Popular a buscar facturas con las que tratar de demostrar la financiación ilegal del PSOE, según las conversaciones telefónicas grabadas por orden judicial dentro de la investigación del denominado caso Brugal, cuyo sumario indaga una trama vinculada a la contrata de basuras y el urbanismo en la provincia de Alicante.

El empresario diseñó junto al PP una estrategia para atacar al PSOE

El intento de Ortiz de ensuciar a los socialistas para justificar su implicación en la financiación irregular del PP es una de las novedades que contiene el sumario del caso. El promotor está imputado por un doble cohecho. Por un lado, enriqueció supuestamente al líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la contrata de la basura de la Vega Baja (sur de Alicante) y, por otro, sobornó presuntamente a los alcaldes de Alicante Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi, ambos del PP, por información privilegiada del Plan General de la ciudad. El promotor también está implicado en la financiación ilegal del PP vinculada al caso Gürtel. Según la investigación, las sociedades de Francisco Correa facturaron muchos gastos de actos electorales del PP de Francisco Camps a empresas contratistas de la Comunidad Valenciana, entre ellas la de Enrique Ortiz.

Cuando, en julio de 2009, trascendió el informe policial que probaba con documentos de la red corrupta que la empresa de Enrique Ortiz, entre otras, había colaborado en financiar actos electorales del PP, el empresario, en contacto con la alcaldesa de Alicante y el vicesecretario general del PP valenciano, David Serra, diseñó una estrategia para atacar al PSOE.

Los socialistas, tras comprobar como el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había despreciado el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales argumentando falta de competencia, decidieron presentar una querella en los tribunales contra las empresas implicadas en la financiación ilegal del PP. Desde entonces, Ortiz y el PP se afanaron en buscar pruebas de que el PSOE también se financiaba ilegalmente.

Las grabaciones del sumario Brugal demuestran cómo Ortiz llamó a otros empresarios y les pidió facturas que probasen la financiación ilegal del PSOE. A uno de ellos llega a decirle: “Pregúntale a ese empresario si ha puesto carpas para el PSOE que hayan pagado otras empresas, porque eso es habitual”.

Tan habitual como lo que, según el sumario del caso Gürtel, hacía Enrique Ortiz con el PP de la Comunidad Valenciana.

Enrique Ortiz al PP: “Aquí está la manita de Zaplana detrás, ¿eh?”

El vicesecretario general, David Serra, cuyas conversaciones se incluyen en el sumario del caso Brugal, intentando buscar el dinero para pagar las deudas a la red Gürtel, llamó preocupado al empresario Ortiz en varias ocasiones a raíz de que se hiciera público el informe policial sobre financiación ilegal del PP.

“Tened atado todo lo de las facturas”, le advirtió en una ocasión. El informe aludía al de “las magdalenas” o “galletas”, en referencia a una persona que pagaría las deudas del PP. En el segundo informe, depositado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en septiembre de 2009, la policía profundizaba sobre algunos de los nombres en clave y vinculó los apelativos “galletas” y “magdalenas” al empresario Enrique Ortiz, al asociarse su apellido con una conocida marca de repostería.

La charla de David Serra del 27 de septiembre con Enrique Ortiz transcurre así:

Ortiz está imputado por cohecho y delito fiscal en Brugal y Gürtel

Enrique Ortiz. Aquí estamos luchando, aguantando marea, la madre que nos parió.

David Serra. Como todos.

E. O. Hijos de puta.

D. S. Sí sí, sin ningún escrúpulo, les da todo igual. Son unos caraduras.

E. O. Esta semanita me voy yo en busca de angelito [supuestamente Ángel Luna, el socialista que denunció la financiación ilegal del PP] a ver qué pasa, he estado fuera y no me he enterado de la película.

D. S. Y ¿has visto?

E. O. Mi mujer tampoco me quería dar disgustos, he estado fuera, he estado en México.

D. S. Sí, yo te he llamado un día.

E. O. Ya, pero no pudimos hablar, estando aquí me salen números desconocidos, sabes.

David Serra a Enrique Ortiz: “Tened atado todo lo de las facturas”

D. S. Es un escándalo.

E. O. Qué jeta tienen, y hoy el Información lo he leído y es para meterle una querella.

D. S. Es muy fuerte.

E. O. Es muy... Tienen una jeta, esto la manita de Zaplanita con su amigo está detrás también ¿eh?

D. S. Seguro.

E. O. Seguro, seguro, seguro, seguro, que jeta tienen, yo mañana voy a tener una reunión para ver, porque sabes que hablaron estos, y dijeron que no querían salir contestando, han hecho un comunicado de prensa, pero yo, me parece muy pobre eso.

D. S. Mañana con quién tienes...

E. O. Yo voy a reunirme con mi gente, con la que me lleva el gabinete de prensa, que por cierto es la mujer de Juan Ramón Gil (...) es que es de risa, y basta que se ensañan, les das de comer y se ensañan los cabrones. Voy a hablar con ellos a ver lo que opinan, pero me gustaría hablar con alguno de vosotros, para ver si podemos salir y decir, “pero oiga, es que esto de estar callados parece que estuviésemos reconociendo algo coño” y hay que salir diciendo la verdad, oye este señor nos ha hecho unos trabajos, le hemos pagado y a tomar por culo pero, es que no querer entrar en el juego de los medios de comunicación...

D. S. Hablaste, han hablado los abogados los que tenían que hablar.

E. O. Sí, sí, sí.

D. S. Vale vale, habla con Vicente también, llámale.

E. O. Sí, sí he estado hablando con él, pero Vicente es partidario de que no quieren calentarse la cabeza, que han hecho un comunicado y bye bye, el tema es que os van a dar hostias por un tubo como no salgamos nosotros diciendo que esto es así y defendiendo el tema. Habrá que ver el informe ese al que se refieren, si es un policía afiliado al PSOE y mandado del PSOE, porque esto no es normal.

D. S. Es un escándalo Enrique.

E. O. Pero bueno, quien calla otorga y eso no puede ser.

D. S. Nosotros estamos respondiendo.

E. O. Pero nosotros tendríamos que salir... Vamos mi opinión, no lo sé. Pero esto de qué va, ustedes saben que los partidos no se financian así, los partidos se financian de otras maneras y si quieren solucionarlo, no metan a los empresarios por el medio que no tenemos nada que ver, esto este trabajo que se ha hecho y punto.

La estrategia puesta en marcha por Ortiz y el PP —la conversación entre Ortiz y Serra solo se había difundido parcialmente—, también apuntó directamente a la cabeza de Ángel Luna, el portavoz parlamentario socialista que preguntaba al presidente Francisco Camps en cada sesión de control por las corruptelas del caso Gürtel.

Sonia Castedo, como ya informó este periódico, llegó a pedirle a Ortiz facturas de obras realizadas en la casa particular de Luna, pero el empresario negó que las tuviera. Pese a ello, el PP presentó una denuncia el 20 de septiembre de 2010 por un supuesto cohecho. La querella del PP sostenía que Luna realizó en 1997 obras de reforma en su casa que fueron costeadas por Ortiz. El PP presentó la denuncia con la complicidad del empresario, quien confesó en privado que él no había pagado la reforma de la casa de Luna. La denuncia fue archivada. Castedo ha asumido que “puede parecer poco ético” este capítulo.

elpaís.com

"CASO IBATUR"; EL JUEZ INTERROGA A 15 EMPRESARIOS FAVORECIDOS CON CONTRATOS FRACCIONADOS

A partir del martes

Europa Press | Palma

El juez instructor del caso Ibatur, Juan Ignacio Lope Sola, interrogará como imputados a partir de este martes y hasta el día 20 a una quincena de empresarios que presuntamente se vieron favorecidos durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) de contratos adjudicados 'a dedo' al haber sido fraccionados en partidas menores de 12.000 euros, a fin de evitar la convocatoria de un concurso público. Entre ellos se encuentra el ex conseller de Economía Alejandro Forcades, citado para el día 20.

En concreto, tal y como consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, este martes han sido emplazados a declarar el promotor audiovisual y administrador de Ona Digital, Miguel Brunet, y las empresarias Magdalena Jaume, Catalina Sampol y Mercedes Estarellas.

Mientras tanto, un día después comparecerán el profesional autónomo David Salvat, el empresario de CIAK Publicidad Konrad Tollokzo; la empresaria vitivinícola Lucía Gómez del Pulgar e Iván Marcos Terrasa; el jueves la presidenta de la Casa Balear en Berlín, Enriqueta Castelló, la administradora de Gráficas Planisi, Juana Planisi, el empresario gráfico José García y María José Losantos; y el día 20 José María Aldazabal, Antonio Mir y el propio Forcades.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 acordó citarles después de que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional remitiese al caso un informe en el que atribuye a estos y otros proveedores haberse concertado con los responsables del Ibatur a fin de resultar beneficiados de contratos fraccionados, una práctica fraudulenta al margen de los procedimientos de contratación.

Así, en el caso de quien fuese conseller bajo el mandato del ex presidente del Govern Gabriel Cañellas (PP) y actual presidente del Círculo de Economía de Mallorca, los investigadores apuntan a que mediante la anterior fórmula habría percibido numerosos contratos menores a través de la empresa SM2, dedicada a las nuevas tecnologías de la información, aspecto que Forcades, defendido por Gabriel Garcías, negó al ser interrogado en dependencias de la Policía Nacional.

Tal y como reflejan diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa, el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.

Las investigaciones revelan que era "práctica habitual" de la empresa pública fraccionar contratos y hacerlo de dos formas diferenciadas, es decir, por un lado una sola mercantil facturaba varios contratos menores por un único evento diversificando los conceptos, mientras que por otro se aprecian supuestos de fraccionamiento de contratos cuyo origen es sustancialmente idéntico.

Cabe recordar que esta compleja causa permaneció bajo secreto durante más de año y medio, y en sus distintas fases policiales fueron detenidas hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión-, y el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet.


elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL PRESIDENTE DE MARTINSA DECLARARÁ COMO IMPUTADO EL PRÓXIMO 30 DE JUNIO

Efe | Madrid

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar el próximo 30 de junio al presidente de la empresa Martinsa, Fernando Martín, al que imputa los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Según las investigaciones que obran en el sumario, el exalcalde de Arganda del Rey Benjamín Martín Vasco, uno de los imputados en el caso Gürtel, intermedió para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos para Martinsa, sociedad que habría pagado comisiones al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, para lograr los contratos.

Antes de que Fernando Martín declare ante Pedreira, este próximo miércoles lo hará también como imputado el consejero delegado de la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, que estaba citado el pasado 18 de mayo, pero no acudió a declarar alegando que iba a ser intervenido quirúrgicamente ese mismo día.

La declaración de Fernández Caballero fue solicitada por la acusación particular ejercida por el PSOE, que remitió al magistrado un escrito donde se señalaba que la sociedad que el imputado presidía realiza "desde hace años, las operaciones y contratos más importantes" de esta localidad madrileña.

En un escrito fechado el pasado 8 de marzo, la acusación particular recordaba un informe realizado en mayo de 2009 por la Intervención General de la Administración del Estado en el que se concluía que la sociedad del imputado fraccionaba el gasto en varios contratos para adjudicarlos de manera directa a empresas de la "trama Gürtel", que eran las únicas a las que se pedían ofertas.

"En relación con los contratos de adjudicaciones de obras realizadas por la entidad Sociedad Fomento y Desarrollo Municipal S.L. destacan las llevadas a cabo a favor de Teconsa -cubrición de la piscina de La Poveda- y Constructora Hispánica -circunvalación de la AR30-", señalaba el PSOE.

Fernández Caballero sustituyó en el puesto de consejero delegado de esta sociedad municipal el 2 de octubre de 2007 a Benjamín Martín Vasco, uno de los tres diputados autonómicos del PP imputados que renunciaron a su escaño en la Asamblea de Madrid el pasado 28 de abril.


elmundo.es

domingo, 12 de junio de 2011

REPORTAJE: "CASO BRUGAL" ; TÚ MANDAS


Las últimas revelaciones del 'caso Brugal' ratifican el control que ejerce el promotor Enrique Ortiz sobre Alicante: habla frecuentemente con la alcaldesa, da instrucciones a los funcionarios, organiza reuniones con los altos cargos... y a todos procura regalos

JOSEP TORRENT 

En los últimos cinco años, los ciudadanos de Alicante contemplan estupefactos cómo se suceden los escándalos en su provincia. El caso Brugal, que empezó como una revancha entre empresarios por la concesión de unas contratas de basuras, se ha convertido en un sumario con más de 30.000 folios. El levantamiento del secreto de este sumario, el pasado 3 de junio, confirma las salpicaduras a promotores inmobiliarios, políticos y empresarios que llevan años en el negocio de los residuos. Los jueces han imputado a 26 personas, y la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha acusado a otras 80 personas. La mayoría de los imputados son cargos públicos del PP, pero ni Mariano Rajoy, presidente de los populares, ni Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, han abierto la boca sobre este escándalo. Al contrario, dos de los principales implicados, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, alcaldesa y exalcalde, respectivamente, de Alicante, tomaron posesión de sus escaños en el Parlamento autonómico el pasado jueves. Ahora están aforados, y su futuro pasa por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Un tercer imputado, el todavía presidente de la Diputación provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, cuenta con muchas posibilidades de seguir en el cargo.

Ortiz le pagó un viaje a Creta al exalcalde y a una concejala en el 'jet' privado de la empresa de Vicente Cotino

El presidente de la Diputación, según la policía, recibió dos pisos valorados entre 800.000 y un millón de euros

Enrique Ortiz a una funcionaria del área de urbanismo: "Bueno, cariño, cúrramelo, trabaja para mí un poco"

El empresario Ángel Fenoll denunció la adjudicación de la contrata de basuras en la ciudad de Orihuela

En las grabaciones policiales hay más de 1.700 referencias a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo

El caso Brugal tiene dos derivadas. Una de ellas se centra en la concesión de la contrata de basuras de Orihuela y en la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos en la comarca alicantina de la Vega Baja. La otra investiga la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. Cuando se levantó el secreto del sumario de esta segunda parte del caso, la pestilencia de la corrupción y del dinero sucio llenaron la ciudad y las páginas de los periódicos. Las conversaciones mantenidas entre los personajes de esta trama salieron a la luz al conocerse las transcripciones de las grabaciones efectuadas por la policía, por orden del juez. Unas conversaciones en las que queda clara la complicidad existente entre el mayor promotor inmobiliario de Alicante, Enrique Ortiz; la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el exalcalde Luis Díaz Alperi, ambos del PP.

El 28 de junio de 2008, el poder político, empresarial y financiero de Alicante intercambiaba numerosa información sobre el futuro planeamiento urbano de la ciudad. A lo largo de ese día, Enrique Ortiz, promotor inmobiliario que controla directa o indirectamente el 70% del suelo urbanizable de Alicante; máximo accionista del Hércules CF; presidente del grupo Cívica, que gestiona diversas contratas municipales que van desde la recogida de basuras hasta la limpieza viaria, llama por teléfono a Quesada, responsable del equipo multidisciplinar que redactaba el nuevo PGOU, para hablar del proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez. La conversación cuenta con el visto bueno del entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, y de Sonia Castedo, concejala de Urbanismo en aquellos momentos y que pocos meses después, en septiembre, sería elegida alcaldesa tras la dimisión de aquel.

Finalizada la conversación, el constructor Ortiz informa al abogado urbanista Ricardo Sala del contenido de la misma, reclamándole confidencialidad. Poco después, la concejala Castedo llama al promotor autorizándole a reunirse al día siguiente con Quesada en la sede de Cívica. Más tarde, en el domicilio de Vicente Sala, presidente de la Caja del Mediterráneo (CAM), conversan Ortiz, otro promotor apellidado Caravaca y Jesús Muñoz, de la inmobiliaria Alicante Urbana. La jornada concluye con una fiesta en el yate de Enrique Ortiz a la que acuden Díaz Alperi y varios concejales del PP. El motivo: celebrar el archivo de una denuncia contra el alcalde, un concejal y el promotor por prevaricación, malversación de caudales y falsificación de documento público.

El retrato tóxico que hiciera Dashiel Hammett de Poisonville en Cosecha roja queda trasladado al Mediterráneo a través de un sumario en lo que ya venía conociéndose como caso Brugal, un escándalo que había estallado dos años antes en la comarca alicantina de la Vega Baja por la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela y del plan de tratamiento de residuos. Desde entonces, el promotor tiene pinchado el teléfono por orden del magistrado titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín. La policía encargada del seguimiento redacta una nota con lo sucedido ese 28 de junio: "Llamada Ortiz-Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio proyecto remodelación estadio Rico Pérez con la anuencia de

Alperi y Sonia Castedo. Llamada Ortiz-Ricardo Sala en la que Ortiz le informa confidencialidad reunión con Jesús Quesada. Conversación Sonia Castedo-Ortiz concediendo permiso para que Jesús Quesada se reúna al día siguiente en sede de Cívica. Reunión Ortiz-Jesús Muñoz-Caravaca-Vicente Sala en el domicilio del último. Reunión-celebración de Ortiz-Alperi-concejales de confianza en yate de Ortiz".

La redacción policial venía a confirmar las sospechas de un presunto trato de favor por parte del Ayuntamiento de Alicante hacia el promotor Enrique Ortiz. La Brigada de Blanqueo de Capitales mantuvo pinchado el teléfono del promotor hasta el 23 de enero de 2010, controlando todos sus movimientos. La investigación concluyó con una denuncia contra 21 personas por parte del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. A Ortiz, Alperi y Castedo les acusó de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El reciente levantamiento del secreto del sumario reveló el nivel de compadreo existente entre responsables políticos, municipales y autonómicos, financieros y empresariales. Alicante, a tenor de las conversaciones intervenidas, se había convertido en un gran solar a reparcelar a gusto de un promotor que no dudaba en presionar a políticos y técnicos municipales o halagarles con regalos si mejor convenía a sus intereses. Ortiz confiaba en dar un pelotazo de 120 millones de euros.

Pero el caso Brugal no solo estaba relacionado con el urbanismo de la ciudad de Alicante. Dos años antes, en marzo de 2006, Ángel Fenoll, un empresario viejo conocido del PP en la comarca alicantina de la Vega Baja (fue condenado por comprar votos para los populares), destapa la caja de los truenos al depositar ante el fiscal Briones una grabación con un concejal en la que se hablaba de un intento de soborno al entonces alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, y a otros tres ediles de esa ciudad. Fenoll actuó por despecho, enfadado porque, primero el Ayuntamiento orcelitano y después la Diputación de Alicante, le habían dejado sin el contrato de recogida de basuras en Orihuela y sin la gestión del tratamiento de residuos en la comarca, que, con un presupuesto de 380 millones de euros, le había sido adjudicado, qué casualidad, a Enrique Ortiz. El incendio que comenzó Fenoll le abrasó primero a él, que acabó en la cárcel -en el DVD que entregó a la fiscalía anticorrupción se autoinculpaba-, y después al presidente de la Diputación y del PP provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, que fue arrestado durante 12 horas junto a tres concejales del PP de Orihuela y siete empresarios. El motivo: la adjudicación irregular de la planta de basuras, sin que se haya descartado aún la posibilidad de blanqueo de dinero y financiación irregular de partidos políticos en la Vega Baja.

Enrique Ortiz se libró de pasar unas largas horas en comisaría porque se encontraba en los Sanfermines de Pamplona; pero su relación con el presidente de la Diputación y las jornadas estivales pasadas juntos a bordo de su yate fueron pronto conocidas. Una tercera persona, Rafael Gregori, amigo íntimo de Ripoll, desempeñó un papel destacado en una oscura operación en la que, según concluye la policía, participó Ortiz al hacerse cargo del pago de parte de unos pisos con que se compensaría al presidente del PP alicantino por haber decantado la balanza a favor del promotor. Gregori y Ripoll hablan sobre la contraprestación:

Rafael Gregori. Oye, vamos a ver, me hace falta que me digas las letras de los pisos que queréis.

Joaquín Ripoll. Espérate que te lo mire y te lo digo.

R. G. Míralo y me lo dices.

J. R. Espérate que lo tengo aquí al lado

R. G. Porque había varios quintos, ¿no?

J. R. Sí. Yo creo que eran, a ver...

R. G. Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no?

J. R. Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E.

R. G. El D y el E, ¿no?

J. R. El D y el E, sí.

R. G. Vale. El cinco D y cinco E.

J. R. Cinco D y cinco E. D de dedo y E de España.

R. G. Muy bien. Venga, pues yo te los dejo guardados.

Ambas viviendas están valoradas entre 800.000 y un millón de euros. Ripoll fue imputado por los presuntos delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El juez imputó a Ortiz por fraude y cohecho; a Rafael Gregori, por fraude, cohecho y tráfico de influencias, y a Ángel Fenoll, por cohecho, tráfico de influencias, fraude y delito fiscal.

Enrique Ortiz recuerda en sus comportamientos al protagonista de la película de Francesco Rosi I mani sulla città (Las manos sobre la ciudad). Un constructor inmobiliario, obsesionado por construir edificios, bloques y más bloques de viviendas. En la película hay corrupción, soborno, recalificación fraudulenta de terrenos, favoritismos... El promotor corrupto acaba convirtiéndose en el concejal de Urbanismo, a pesar del pacto entre el resto de los partidos para que no se ocupe esa delegación municipal. Ortiz no necesita ser elegido concejal de Alicante, le va mejor así. Las conversaciones grabadas en el caso Brugal revelan el poder que tiene sobre el área de Urbanismo de Alicante. El informe policial concluye que era "patente el continuo contacto del entorno del empresario con el personal de la gerencia de Urbanismo", y especialmente con Isabel Campos, jefa del servicio jurídico administrativo de ese departamento. La soltura con que se maneja el promotor llega a extremos como el de pedir a un empleado suyo que redacte un informe sobre un determinado proyecto urbanístico para que lo envíe a la jefa de la oficina téc- nica "que lo tiene que hacer como suyo".

Las conversaciones entre Ortiz y la funcionaria son frecuentes, lo que, para la policía, demuestra "la colaboración de los responsables de Urbanismo con el empresario". En una conversación intervenida, Ortiz habla con la funcionaria para que el Ayuntamiento apruebe el proyecto refundido del Plan Rabassa, que contempla la construcción de 13.505 viviendas. "Tiene que ir al próximo pleno", dice, a lo que responde Isabel Campos: "¿Tiene que ir al próximo pleno?, pues tendremos que correr". La conversación concluye de la siguiente manera:

Enrique Ortiz. "Bueno, cariño mío, pero cúrramelo, trabaja para mí un poco".

Isabel Campos. Bueno, ya veremos, eh...

E. O. Sí, trabaja para mí.

I. C. Que era de coña, que era de coña.

Ortiz termina: "Ya lo sé, ya lo sé".

Las relaciones entre Campos, la asesora jurídica de la Gerencia de Urbanismo, y el empresario Ortiz son frecuentes. Este le regala por Navidad un bolso, e Isabel le llama para darle las gracias:

I. C. Nada, que era para darte las gracias por el bolso, bueno, eso es, Maleles

[la esposa de Enrique Ortiz].

E. O. Qué bonito.

I. C. Hombre..., está bien, está bien.

E. O. ¿Te ha gustado?

I. C. Sí, sí.

E. O. Bueno, ¿cuándo vamos a comer juntos?

I. C. Cuando quieras.

E. O. Que te eche un poco los tejos.

I. C. Cuando tú quieras [riéndose].

E. O. En sentido profesional, los tejos profesionales.

I. C. Ya lo sé, ya lo sé.

La obsesión por el control del planeamiento urbano de Alicante guía la mayoría de las acciones de Enrique Ortiz. En junio de 2008 habla con Sonia Castedo y le dice: "Intenta tener el planito y me lo enseñas". A lo que la entonces concejal de Urbanismo responde: "Sí, sí, sí, mañana, mañana, nos vemos entonces". Un mes después, el empresario habla con un empleado de confianza suyo, Javier Llorens, y le dice: "Si te pregunta alguien si tienes el plano, le dices que no". A lo que este responde: "Ya lo sé". Ortiz le da más instrucciones: "Mírate ahora con el plano los suelos nuestros en qué situación se encuentran. Todos, incluso toma nota de los de la Cerámica, la Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten de verde, de azul... De lo que tú me digas para que nos den los aprovechamientos en otro lado. Míralo a ver dónde están que creo que los han pintado de gris y eso es nada". Ese mismo día, en otra conversación, Llorens le dice: "Otra cosa, del plan general hay un trozo, el más importante, pero falta otro: el de Aguamarga". Un Ortiz convincente responde: "Ya lo sé, me lo darán. Ya te lo daré". En julio de 2010, la policía registró las oficinas del promotor y encontró un pen drive propiedad de Javier Llorens que contenía los planos de la revisión del PGOU de Alicante.

Ortiz siempre ha pasado por ser un hombre con un poder extraordinario en el Ayuntamiento de Alicante, lo que ha provocado algún que otro encontronazo con la justicia a cuenta de algunas obras civiles y sus correspondientes modificaciones. Hasta la fecha, ha salido bien librado de los tribunales; pero ahora mismo se encuentra imputado en tres sumarios. Por el caso Brugal, en sus dos ramas principales: la basura de la Vega Baja y la revisión del PGOU de Alicante. Los delitos que se le atribuyen son tráfico de influencias, cohecho, fraude y uso de información privilegiada. El promotor también está imputado por el caso Gürtel, por la presunta financiación irregular del PP.

En diciembre de 2006, Ortiz aseguraba: "Por desgracia, no mando nada", y ya entonces era famoso por su control de la casa consistorial. En realidad, sus empresas, inicialmente dedicadas a la obra civil, comenzaron a despegar con la llegada de Díaz Alperi a la alcaldía de Alicante; sus relaciones fueron tan estrechas que la primera persona en enterarse de que este dimitía fue el promotor, como fue el primero en saber oficialmente que Sonia Castedo iba a ser la alcaldesa. Alperi le llamó en presencia de Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, desde el mismo restaurante en que se decidió la alternancia en el sillón municipal. Ortiz fue el primero en felicitar a Sonia Castedo. De hecho, muchos políticos de Alicante comen de su mano. Su relación con el poder es excelente.

Ortiz sabe cómo tratar a los políticos. "Les regalo un detalle", dijo un día a su mujer, "y los tengo a mi disposición". Una táctica que le sirvió a Álvaro Pérez El Bigotes en Valencia y al promotor en Alicante. Aunque algunos regalos de Ortiz son claramente el pago de un soborno, a tenor de lo que narra la policía. El patrimonio familiar de José Joaquín Ripoll se incrementó entre enero de 2008 y junio de 2010 en cerca de 1.300.000 euros. La policía asegura que el grueso de ese incremento corresponde a dos pisos situados en el ensanche de la ciudad o a su equivalente en metálico. Por lo que respecta a Luis Díaz Alperi, la policía está convencida de que el promotor le pagó un viaje a Creta a él y a la concejal Sonia Alegría en el jet privado de la empresa de Vicente Cotino con un coste de 37.500 euros. La investigación se extiende a tres bungalós en los que residen los hijos de Alperi. La hipótesis policial apunta a una empresa interpuesta y a un presunto falseamiento contable. Ortiz también puso 30.000 euros para que un hijo de Alperi entrara como socio en una nueva empresa de publicidad. Los agentes creen que las dádivas a Sonia Castedo, en forma de viajes vacacionales con gastos pagados, coinciden en el tiempo con gestiones efectuadas a favor del promotor durante la redacción del plan general.

Regalos recibieron, siempre según la policía, el consejero de Infraestructuras, Mario Flores: un reloj valorado en 2.000 euros que fue devuelto; el exalcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, también recibió otro reloj, valorado este en 20.000 euros, que habría sido pagado a medias por Ortiz y Antonio Solana, otro promotor con intereses en Benidorm. Hubo también otros regalos de menor cuantía, bolsos diversos para las concejalas del PP del Ayuntamiento de Alicante, la esposa del consejero Mario Flores y la consejera de Turismo, Belén Juste.

"Cómo le voy a decir que no a un político", se preguntaba Enrique Ortiz en este periódico allá por noviembre del año pasado. Cómo le podía decir que no Sonia Castedo, primero como concejala de Urbanismo y después como alcaldesa de Alicante, a un empresario a quien conoce desde hace 17 años -"cuando yo no era nadie"- y que ve perfectamente normal que, durante 21 meses, tanto responsables políticos como técnicos del Ayuntamiento de Alicante mantuvieran no menos de 21 reuniones en despachos oficiales o en domicilios privados con el principal promotor de viviendas de la ciudad. "Lo que ocurre", dice la alcaldesa Sonia Castedo, "es que de un tiempo a esta parte estamos convirtiendo en anormal lo que siempre ha sido normal".

La alcaldesa ve "normal" que su hermano trabaje para el despacho de abogados que asesora jurídicamente al responsable de la redacción del plan general porque "cuando se adjudicó a Jesús Quesada la redacción del PGOU, ese bufete estaba incorporado a la propuesta y en aquellas fechas mi hermano no trabajaba para ese despacho", y no le parece extraño mantener un contacto casi diario durante cuatro años con el promotor. Sí le molesta, aunque con matices, el tufo que despierta tanto compadreo, tanto regalo y tantos viajes. "Ahora que conozco esas conversaciones, sí, me molesta; pero si no las conociera, yo diría que habría sido una situación digamos que, entre comillas, bastante normal. Hay mucha hipocresía social y mediática porque ahora mucha gente parece que no conoce a Enrique Ortiz".

Pero en las conversaciones hay cosas que no parecen muy normales. En mayo de 2008, siendo concejala de Urbanismo, Ortiz llama a Castedo "para pensar qué hago, marcarme mi estrategia de todo", y le propone una entrevista en su despacho, pero la edil se niega: "No quiero que vayas al despacho, prefiero ir yo al tuyo, fíjate". Respuesta: "¡Ah! Que lo que quieres es que no me vean allí". Cierre: "No, no quiero que te vean allí, claro". Las cintas recogen la estrecha relación entre la actual alcaldesa y el promotor. Hablan sobre el proyecto de reforma del Rico Pérez, sobre la instalación de la multinacional Ikea en la zona de Rabassa, del malestar que tiene el empresario porque la redacción del plan general no discurre según sus intereses. En las grabaciones policiales hay más de 1.700 referencias a Sonia Castedo en las que expresiones como "te lo tiene que confirmar Sonia", "fue lo que nos dijo Sonia", "la Sonia va a ser el crack de la Comunidad", "Enrique nos diría si puede cuadrar o no puede cuadrar en función de lo que diga Sonia", "voy a hablar con Sonia y con lo que sea te llamo", "y si tienes que hablar con Sonia, te vas a hablar con Sonia".

El 22 de mayo, Sonia Castedo logró el mejor resultado en la historia de Alicante para el PP, pasando de 15 a 18 concejales. Sumó 15.000 votos más. El caso Brugal seguro que le ha afectado a su imagen, pero no le ha pasado ninguna factura en las urnas.

"Alperi va a reunirse con esta gente para decirles que lo tienen que arreglar y os dejen contentos"

El promotor Enrique Ortiz habla con José Cortina, director general de Bancaja y director del área de negocio nacional. El constructor, según las grabaciones de la policía, reitera que el alcalde Luis Díaz Alperi se va a reunir con los encargados de confeccionar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante para decirles que "lo tienen que arreglar" y dejar contentos a los de Bancaja.

Ortiz. En resumen, que va a reunirse con esta gente para decirles que lo tienen que arreglar y que os dejen contentos

Cortina. Vale, entonces, ¿la edificabilidad es la original que teníamos?

Ortiz. Le he dicho que os iban a bajar la edificabilidad, que tal y que cual, que estéis tranquilos que ha dicho que va a tomar él cartas en el asunto. No me ha dicho más porque no conoce al detalle el tema, pero que va a tener una reunión con esta gente del PGOU y me dirá algo, pero su voluntad es arreglarlo. Ya te tendré yo al día.

Cortina. Mañana te llamaré y te digo a qué hora hemos quedado con Domingo.

[Según la policía, estos intereses podrían estar relacionados con las actuaciones urbanísticas del PAU 3 de Alicante. El 29 de mayo de 2008 hablan Ortiz y el entonces alcalde, Luis Diaz Alperi, interesado en agradar al constructor].

Alperi. Una cosa que me interesa saber: ¿a ti perder la condición de urbanizador del APA-9 es una cosa que te preocupa?

Ortiz. Me puede preocupar relativamente, pero no cierres todavía nada.

Alperi. Pero ¿es algo que te preocupa o no?

Ortiz. Lo que pasa, que si las ventajas son importantes... si por un lado gano tres y por otro pierdo uno, pues bien.

Alperi. Vale, vale, es que yo necesitaba saberlo; vamos, que si lo pierdes tampoco pierdes nada.

Ortiz. Si gano económicamente, no pasa nada.

Ortiz a Sonia Castedo: "Tengo que hablar contigo para marcarme mi estrategia de todo"

En la recta final de la redacción del PGOU de Alicante, entre mayo de 2008 y junio de 2010, las conversaciones entre Enrique Ortiz y Sonia Castedo, entonces concejal de Urbanismo y meses más tarde alcaldesa de Alicante (septiembre de 2008), fueron casi diarias. Una trascripción del 12 de mayo de 2008 revela los primeros contactos.

Ortiz. ¿Qué quieres que hagamos?

Castedo. Pues lo que tú quieras. Dime cómo te va mejor (...). Tú no estás aún citado por mí, ¿verdad?

Ortiz. ¡Qué va!, si pasas de mí que te cagas.

Castedo. No, no, de manera oficial.

Ortiz. ¡Noooooooo!

Castedo. Vale, vale, perfecto (...).

Ortiz. ¿Quieres que vaya a la una? ¿A qué hora llegas tú al despacho?

Castedo. No quiero que vayas al despacho, prefiero ir yo al tuyo, fíjate.

Ortiz. Ah, que lo que no quieres es que me vean allí.

Castedo. No, no quiero que te vean allí, claro. (...)

Ortiz. Yo es que quiero irme contigo ya, porque tengo un montón, tengo que hablar contigo para pensar qué hago, marcarme mi estrategia de todo.

Castedo. Bueno, o me puedo acercar a tu casa, o te puedes acercar a mi casa.

Días después hablan medio en clave de unos documentos.

Ortiz. Eres la tía más lista que he conocido en la vida.

Castedo. ¿Por qué?

Ortiz. Me has dado un tebeo del Coyote.

Castedo. No sé lo que va dentro. ¿Qué va dentro?

Ortiz. Eres Ia hostia, eres la tía más grande que he conocido en la vida.

Castedo. Porque, ¿qué va dentro?

Ortiz. Es el mismo que tengo antes de la modificación.

Castedo. No puede ser, si es el último.

Ortiz. Eres un crack.

Castedo. Es el mismo que tengo yo.

Ortiz. Pues si es el mismo es porque no ha variado. Ha tenido que variar porque había un montón de suelo de la Generalitat.

Castedo. Pues lo mismo no aparece ahí, porque el cambio fue antes de... Yo hablo con él.

Regalos de Navidad de 2008 / 1: "A los del Ayuntamiento hay que tenerlos contentos"

El 18 de diciembre de 2008 hablan el empresario Enrique Ortiz y Manuela Carratalá, su mujer.

Manuela. Escúchame, Enrique, ¿por qué no le compramos un buen regalo a Sonia [Castedo] y pasamos de las concejalas? ¿Te vas a gastar 3.000 euros en las concejalas? Hay un montón de regalos... Es que lo veo... O le regalo una mierda o... un bolso de Carolina vale 400 euros.

Ortiz. No, algo más sencillito, ¿qué?

Manuela. Más sencillito es una mierda, Enrique. Yo lo que tú quieras, pero yo lo veo fuera de lugar comprarle a todas las concejalas. Una cosa es que tú le quieras hacer un regalo especial a una secretaria por lo que quieras, pero a todas las concejalas de Alicante, lo veo...

Ortiz. No, a todas las concejalas de Alicante no, del PP, no puede haber 14, si en total son 13.

Manuela. No he contado. Te digo quién aparte de Sonia [Castedo]. Marta García Romeu, Oti, Isabel Campos, la secretaria de Manises.

Ortiz. No es la secretaria de Manises, es la concejala.

Manuela. Vale, Mercedes, de Elche, la secretaria de Mario Flores, Mamen Román (...), Asunción Sánchez Zaplana, Isabel Fernández, Laura Chorro, Sonia Alegría, que no es concejala, pero... Y Mari Ángeles Goita...

Ortiz. Goita, sí.

Manuela. Esas son las concejalas.

Ortiz. ¿Cuántas hay?

Manuela. Pues hay 13. (...)

Ortiz. A los del Ayuntamiento de Alicante hay que tenerlos contentos porque hay un huevo de cosas, me tienen intereses, hay que hacerlo. Oye, un bolso, 200 euros, no pasa nada. (...) Que quede bien. Mira Mercedes Gallego, creo que es Mercedes Alonso, la de Elche, va a ser la próxima alcaldesa de Elche, manda un huevo en el partido. Mira, hay que hacer... Belén, la consejera de Industria...

Manuela. Más regalos ¿no?

Ortiz. (...) Mira a Belén Juste. Hay que hacer un regalo que esté bien, un bolso de Carolina Herrera o alguna de esas, que es la consejera de Industria.

Regalos de Navidad de 2008 / 2: "Ten delicadeza por Ricardo Costa, ¿me entiendes?"

Enrique Ortiz dice que se va a bajar a Alicante a comprar regalos para los consejeros.

Ortiz. Escucha, a la concejala, a Marta, mejor regalo que a los demás, y a Mercedes Alonso también, que es una persona de confianza de Paco Camps.

Manuela. De Ripoll te encargas tú.

Ortiz. Vale, me encargo yo, y a su secretaria nada, y a la secretaria de Mario Flores una tontería, un detalle.

Manuela. Un pañuelo o unos guantes de Carolina Herrera está bien.

Ortiz. Vale, y a la consejera bien.

Manuela. Vale, te digo, Oti, nada, una chorrada.

Ortiz. No, una chorrada no, un detallito de 150 o 100 euros, a la consejera una cosa que esté bien. (...) A Laura Chorro algo que esté bien, ten delicadeza por Ricardo Costa, ¿me entiendes?

[Discuten sobre el precio de los bolsos y están de acuerdo en que el regalo de Sonia Castedo es aparte.

En diciembre de 2008 hablan el empresario y Sergio, de CEPSA].

Sergio. Oye, que yo todavía no he enviado ningún regalo, ni a Nino (Andrés Llorens, concejal del PP), ni a la alcaldesa, ni a nadie.

Ortiz. No, por eso ¿qué piensas hacer?

Sergio. No sé, me lo van a decir ellos. Ya yo les he dicho que no sé los gustos que tienen, si les gusta el champán o les gusta el jamón. ¿Me entiendes? Por decirte algo, lo que sí va a regalar al alcalde lo de todos los años. Ya que está este año...

Ortiz. ¿A?

Sergio. A Luis [Alperi].

Ortiz. ¿Qué le hemos regalado todos los años? Ya no sé.

Sergio. Un Dom Pérignon.

Ortiz. ¿Una botella?

Sergio. No, no, no.

Ortiz. Una caja de Dom Pérignon.

Sergio. Si, más o menos. Sí, cuatro botellas.

Ortiz. Sí.

Sergio. Vale. Y luego, a Pablo Suárez, dos.

Ortiz. Y a Pablo Suárez ¿vamos a regalarle este año?

Sergio. Sí, porque siempre se ha portado muy bien y son dos botellas.

viernes, 10 de junio de 2011

EL BAZAR DE BRUGAL

ALICANTE | Los regalos de la presunta trama corrupta

La esposa de Enrique Ortiz llegó a comprar 13 bolsos de Purificación García
El conseller Mario Flores recibió un reloj de lujo, que devolvió a Ortiz
Sonia Castedo cambió su cazadora de Carolina Herrera por tres prendas
Cuatro botellas de Dom Perignon fue el regalo para el alcalde de Alicante

Daniel Moltó | Alicante

El reciente levantamiento del secreto de sumario de la pieza separada del Caso Brugal, una de las veinte en las que se divide la investigación y que está relacionada con las presuntas irregularidades cometidas durante la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, revela la "generosidad" con la que Enrique Ortiz (constructor y supuestamente máximo beneficiario de esta trama corrupta)trataba a la clase política, especialmente a aquellos cargos que pudieran influir en la consecución de sus proyectos.

Según el sumario Ortiz gestionó personalmente o bien a través de su personal de confianza y de su esposa Manuela Carratalá (Maleles) la compra de los regalos que enviaba a concejales del ayuntamiento, consellers y altos cargos en Navidad. Su estrecha amistad con algunos de los investigados, como el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi o la entonces concejal de Urbanismo y actual regidora Sonia Castedo, le llevó también a proporcionarles vacaciones en destinos como Andorra, Creta o Ibiza. Estos son algunos de los regalos o dádivas que aparecen reflejeados en el sumario del Caso Brugal.

Cazadoras de Carolina Herrera
Sonia Castedo recibió dos iguales. Como una ya la tenía, la cambió por otras tres prendas de la misma tienda: Un jersey una camisa y una gabardina. La propia Castedo reconoció haber recibido estos obsequios, algo que considera "normal", según ella mismo afirmaba este miércoles en su llegada a Las Cortes. Allí, la regidora reiteró que considera "normal" que se hagan estos obsequios, "como los tienen los periodistas en Navidad", aunque "ahora parece que es un delito".

Relojes de lujo
El conseller Mario Flores recibió un reloj valorado en 2.000 euros, que devolvió, según atestigua el propio dirigente 'popular' con un recibo de la mensajería. En una de las conversaciones del sumario, Flores rechaza personalmente el reloj, que considera "excesivo" y alude a otros regalos similares en las navidades pasadas.

El ahora portavoz 'popular' de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, también pudo haber recibido un reloj de alta gama cuando era alcalde del municipio. El propio edil asegura que "una vez me regalaron un reloj", que devolvió "sin saber ni preocuparse de lo que valía". Según el sumario, este reloj estaría valorado en 24.000 euros.

Bolso de Purificación García
Es el regalo más profuso en la lista que recoge el sumario del 'Caso Brugal'. Las conversaciones intervenidas reflejan que la mujer de Ortiz pudo haber comprado hasta 13 de estos complementos, valorados en 150 euros cada uno de ellos.

Los bolsos fueron enviados a la entonces consellera de Industria, Belén Juste; a las ediles del PP en Alicante Marta García Romeu, Asunción Balaguer, María Isabel Fernández, Mari Carmen Román, Mari Ángeles Goitia, Oti García y Sonia Alegría; a la entonces portavoz del PP en Elche y actual alcaldesa electa, Mercedes Alonso; a Celia Lledó, hasta ahora alcaldesa de Villena; y a Amparo Valdecabres, edil de Manises.

La mujer del conseller Mario Flores también recibió uno de estos bolsos, que en principio iba dirigido a la secretaria del Conseller, pero que por error fue entregado en el domicilio familiar de Flores.

Dom Perignon
Cuatro botellas de este champán francés, sinónimo de exquisitez y lujo, fueron enviadas en 2008 al exalcalde Luis Díaz Alperi. Al parecer era el regalo que acostumbraban a regalarle todos los años al edil, ya que, según recuerda Ortiz a un empleado suyo "a Luis nada de relojes y cosas de esas". Su interlocutor contesta "nada, nada, a Luis, Dom Perignon". El coste de dos botellas asciende a 200 euros y deciden regalarle una caja, que contiene cuatro botellas. otras dos llegaron a manos de Pablo Suárez, ex edil del PP.

Veleros y viajes
El exconcejal del PSOE, Blas Bernal se benefició durante dos semanas de un velero para pasar unas vacaciones en alta mar financiado por Ortiz. Fue justo después de que el edil prestara su apoyo en el Pleno municipal para aprobar el mayor programa urbanístico de la capital.

También pasó una temporada estival con el constructor el exalcalde Luis Díaz Alperi, que navegó junto a Ortiz por las Islas Baleares durante semanas. También se benefició presuntamente de un viaje a Creta en el jet privado de Ortiz.

Por otra parte, el sumario también señala el alojamiento y transporte brindado por Ortiz a Sonia Castedo, su familia y sus amigos para disfrutar de las vacaciones invernales en Andorra durante al menos los años 2008 y 2009, así como un viaje a Ibiza con yate para la regidora "popular" y su entorno.

Mini-Cooper
Según el informe del fiscal, entre las dádivas que podría haber recibido la alcaldesa de Alicante destaca "un turismo de la marca mini-cooper para una persona de confianza de Sonia Castedo, a petición de ésta última". También a este respecto, la edil y parlamentaria 'popular' reiteró que ya ha enseñado las facturas de este coche y que volverá a enseñarlas "las veces que sea necesario"

elmundo.es.

EL TSJCV CONFIRMA QUE NO JUZGARÁ A LOS CABECILLAS DE LA TRAMA GÜRTEL JUNTO A CAMPS

Ha rechazado los recursos presentados por los socialistas y la Fiscalía

Efe | Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado los recursos presentados por el PSPV y la Fiscalía contra la decisión de no investigar a la cúpula de la trama Gürtel en la causa abierta contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos por haber recibido supuestamente regalos de la trama.

En un auto hecho público este viernes por el TSJCV, la Sala de lo Civil y lo Penal rechaza los recursos de queja que anunciaron el entonces portavoz del grupo socialista en Les Corts, Ángel Luna, y el Ministerio Fiscal sobre el auto del 16 de mayo del instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors.

El magistrado decidió rechazar la inhibición parcial en la que el instructor del Gürtel en el TSJ madrileño, Antonio Pedreira, solicitaba que, por "razones de conexidad", fuera el Tribunal Superior valenciano quien investigara a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "el Bigotes" en la citada causa.

Flors instruye la causa abierta contra Camps, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, por un delito de cohecho pasivo por supuestamente haber recibido prendas de vestir pagadas por la trama.

El auto de este viernes, firme y redactado por Juan Montero, rechaza ambos recursos apuntando, entre otros argumentos legislativos, tradiciones sociales -"especialmente en las comunidades pequeñas"- y doctrinas del Tribunal Supremo al respecto, que en torno a la interpretación del cohecho "las cosas no siempre se han presentado con meridiana claridad".

Según señala el magistrado, los cambios legislativos y su aplicación "no han ayudado a lograr una tipificación muy precisa" ni concreta, "al menos en algunas de las conductas incorporadas al delito de cohecho, en particular a la del cohecho activo impropio", al tiempo que recuerda que el Supremo se viene decantando por la no tipificación de este último delito.

Asimismo, Montero se refiere a la posibilidad de que esta causa se acumulara con la otra relacionada con el caso Gürtel que afecta a la posible financiación ilegal del PPCV y un supuesto delito de prevaricación por parte de la Generalitat, y que "con esa acumulación todo se alterara".

Frente a esa posibilidad, el ponente remarca que "los ciudadanos tienen derecho a que se aclare su situación procesal penal lo antes que sea posible legalmente y sin estar a la espera de futurible alguno".

En este sentido, el auto recuerda que los hechos de esta causa han sido calificados, también por el fiscal, como constitutivos de un delito de cohecho impropio "por lo que debemos estar al momento de resolver la presente al estado y objeto procesal que presenta la causa sin perjuicio de lo que ulteriormente procesa resolver sobre la acumulación".

La resolución que ha dado lugar a ambos recursos de queja llegó después de que el pasado 26 de abril la misma Sala aceptara la inhibición de Pedreira, la cual se rechazaba por parte de Flors al resultar "penalmente atípica", y señalaba que el objetivo de estos obsequios era contar con "la gratitud" de estas personas, pero sin pretender "una determinada contraprestación".

En este sentido, Flors explicaba que la consideración aislada de la "singular conducta" de Correa, Crespo y Pérez, "únicamente con referencia al obsequio de las prendas de vestir de que se trata en el presente procedimiento, resultaría de muy difícil encaje" en el Código Penal anterior a la última reforma.

Flors rechazaba así que la actuación de quienes dirigirían la trama corrupta "pudiera constituir un delito de cohecho activo que fuera el reverso necesario del posible delito de cohecho pasivo impropio", cuya comisión se ha atribuido a Camps, Costa, Campos y Betoret.

elmundo.es