Veintidós alcaldes enfrentan causas judiciales por delitos urbanísticos, prevaricación o falsedad documental
CECILIA GUZMÁN
Veintidós alcaldes o ex alcaldes de la Comunitat Valenciana se enfrentan a acusaciones por delitos urbanísticos, prevaricación o falsedad en documento público, según denuncia el diario Levante, que detalla y argumenta cada uno de los casos.
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Dénia es posiblemente la ciudad valenciana con más políticos implicados en procesos judiciales en la actualidad, en total son 13 los imputados, 11 de ellos son concejales o ex concejales y 2, técnicos municipales. La ex alcaldesa Paqui Viciano (PSPV) enfrenta tres cargos, mientras que la actual, la popular Ana Kringe, tampoco escapa a la justicia con dos acusaciones, una de ellas por presunta prevaricación, tras haber ejercido durante un año el cargo de gerente del Patronato Provincial de Turismo, sin contar con la titulación necesaria.
Benitatxell
El ex alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, que pertenecía a un grupo independiente con gran apoyo de residentes extranjeros, está imputado por un delito de cohecho. Cardona supuestamente pidió a un constructor 50.000 euros a cambio de que sus terrenos siguieran siendo urbanizables en el nuevo PGOU. La edil austriaca, que era primera teniente de alcalde cuando se produjeron los hechos, también está acusada. Ambos fueron detenidos el pasado mes de julio cuando trascendió el presunto chantaje.
Pego y Vall del Laguar
En Pego, está imputado el alcalde, el independiente Carmelo Ortolà, y todo su equipo de gobierno (Ciutadans per Pego, PSOE y Bloc) por prevaricación. Otro responsable de gobierno procesado y cuyo juicio se aplazó esta misma semana, al extraviarse una importante prueba, es el alcalde de Vall del Laguar, Juan José Puchol, del PSPV. Se le acusa de falsedad documental por presuntamente cambiar el trazado de un vial que pasaba por un terreno de su propiedad.
Calpe
El alcalde de Calpe, el popular Juan Roselló, quien también es diputado provincial, está acusado de contratar a una empresa de su cuñado, durante su etapa de consejero de la entidad Aguas de Calpe, con un sobrecoste de 1,1 millones de euros, según revela Levante.
Oropesa
El alcalde de Oropesa, el popular Rafael Albert, lleva a cuestas dos imputaciones por presuntos delitos de prevaricación. Una tiene que ver con el intento del PP de legalizar dos bloques de 600 apartamentos, conocidos como Edificios Mar, construidos sobre suelo no urbanizable. La otra acusación está relacionada con la posible aprobación de la venta de suelo público en Balcó del monte Renegà a un precio ridículamente menor que el establecido por el mercado (seis euros por metro cuadrado).
Moncofa
Otro de los alcaldes con causas abiertas en los juzgados de la Comunicat Valenciana es el de Moncofa, José Vicente Isach, del PSPV, al que se le atribuye un presunto delito de prevaricación por otorgar licencias de obras en el PAI Camí de Cabres, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por carecer de una publicación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Alcalà de Xivert
En Alcalà de Xivert, municipio del Baix Maestrat, están actualmente imputados el alcalde, el popular Francisco Juan Mars, también diputado provincial, y su concejala de Hacienda, Cristina Pinilla, en la investigación que se sigue en los juzgados de Vinaròs sobre el destino de un millón de euros que debían haberse invertido en patrimonio municipal de suelo.
Zarra
El alcalde de Zarra, Juan José Rubio, es uno de los casos más sonoros, según Levante, porque autorizó la construcción masiva de viviendas en terrenos rústicos. Rubio dio el visto bueno a licencias para casas con aperos agrícolas, donde finalmente se construyeron 73 chalés. Veinte de esas autorizaciones se otorgaron a la empresa de su hijo.
Otras ciudades
Alcaldes o ex alcaldes de otras ciudades valencianas, citadas por el diario Levante, también enfrentan causas judiciales. Entre estas localidades se encuentran: Xàbia, Burriana, Alzira, Cullera, Benimodo, Tous, Montserrat, Ribaroja, Olocau, A’Alcora y Sagunt Veintidós alcaldes enfrentan causas judiciales por delitos urbanísticos, prevaricación o falsedad documental
ELPLURAL.COM
CECILIA GUZMÁN
Veintidós alcaldes o ex alcaldes de la Comunitat Valenciana se enfrentan a acusaciones por delitos urbanísticos, prevaricación o falsedad en documento público, según denuncia el diario Levante, que detalla y argumenta cada uno de los casos.
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Dénia es posiblemente la ciudad valenciana con más políticos implicados en procesos judiciales en la actualidad, en total son 13 los imputados, 11 de ellos son concejales o ex concejales y 2, técnicos municipales. La ex alcaldesa Paqui Viciano (PSPV) enfrenta tres cargos, mientras que la actual, la popular Ana Kringe, tampoco escapa a la justicia con dos acusaciones, una de ellas por presunta prevaricación, tras haber ejercido durante un año el cargo de gerente del Patronato Provincial de Turismo, sin contar con la titulación necesaria.
Benitatxell
El ex alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, que pertenecía a un grupo independiente con gran apoyo de residentes extranjeros, está imputado por un delito de cohecho. Cardona supuestamente pidió a un constructor 50.000 euros a cambio de que sus terrenos siguieran siendo urbanizables en el nuevo PGOU. La edil austriaca, que era primera teniente de alcalde cuando se produjeron los hechos, también está acusada. Ambos fueron detenidos el pasado mes de julio cuando trascendió el presunto chantaje.
Pego y Vall del Laguar
En Pego, está imputado el alcalde, el independiente Carmelo Ortolà, y todo su equipo de gobierno (Ciutadans per Pego, PSOE y Bloc) por prevaricación. Otro responsable de gobierno procesado y cuyo juicio se aplazó esta misma semana, al extraviarse una importante prueba, es el alcalde de Vall del Laguar, Juan José Puchol, del PSPV. Se le acusa de falsedad documental por presuntamente cambiar el trazado de un vial que pasaba por un terreno de su propiedad.
Calpe
El alcalde de Calpe, el popular Juan Roselló, quien también es diputado provincial, está acusado de contratar a una empresa de su cuñado, durante su etapa de consejero de la entidad Aguas de Calpe, con un sobrecoste de 1,1 millones de euros, según revela Levante.
Oropesa
El alcalde de Oropesa, el popular Rafael Albert, lleva a cuestas dos imputaciones por presuntos delitos de prevaricación. Una tiene que ver con el intento del PP de legalizar dos bloques de 600 apartamentos, conocidos como Edificios Mar, construidos sobre suelo no urbanizable. La otra acusación está relacionada con la posible aprobación de la venta de suelo público en Balcó del monte Renegà a un precio ridículamente menor que el establecido por el mercado (seis euros por metro cuadrado).
Moncofa
Otro de los alcaldes con causas abiertas en los juzgados de la Comunicat Valenciana es el de Moncofa, José Vicente Isach, del PSPV, al que se le atribuye un presunto delito de prevaricación por otorgar licencias de obras en el PAI Camí de Cabres, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por carecer de una publicación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Alcalà de Xivert
En Alcalà de Xivert, municipio del Baix Maestrat, están actualmente imputados el alcalde, el popular Francisco Juan Mars, también diputado provincial, y su concejala de Hacienda, Cristina Pinilla, en la investigación que se sigue en los juzgados de Vinaròs sobre el destino de un millón de euros que debían haberse invertido en patrimonio municipal de suelo.
Zarra
El alcalde de Zarra, Juan José Rubio, es uno de los casos más sonoros, según Levante, porque autorizó la construcción masiva de viviendas en terrenos rústicos. Rubio dio el visto bueno a licencias para casas con aperos agrícolas, donde finalmente se construyeron 73 chalés. Veinte de esas autorizaciones se otorgaron a la empresa de su hijo.
Otras ciudades
Alcaldes o ex alcaldes de otras ciudades valencianas, citadas por el diario Levante, también enfrentan causas judiciales. Entre estas localidades se encuentran: Xàbia, Burriana, Alzira, Cullera, Benimodo, Tous, Montserrat, Ribaroja, Olocau, A’Alcora y Sagunt Veintidós alcaldes enfrentan causas judiciales por delitos urbanísticos, prevaricación o falsedad documental
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