F. M. - Madrid
Los constructores Antonio y Fidel San Román han sido imputados en el caso de corrupción contra los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos (Madrid) Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, a raíz de un informe del fiscal anticorrupción que lleva el caso. Ambos aparecen vinculados a dos firmas, Sanedi y Edificaciones Tifán, que supuestamente hicieron pagos ilegales a empresas de la trama que, según el fiscal, los ex regidores utilizaron para la percepción de comisiones por sus gestiones urbanísticas. El apellido San Román ya se había visto salpicado por otra operación contra la corrupción, la Operación Malaya, que tuvo como escenario el Ayuntamiento de Marbella.
En concreto, la línea acusatoria del fiscal vincula a ambas sociedades de los San Román con pagos a la firma Urbanges del imputado Francisco Marazuela, intermediario inmobiliario y personaje considerado clave para el pago de sobornos a los ex alcaldes. Su sociedad, al menos, recibió 266.000 euros de ventas a Edificaciones Tifán; una cantidad idéntica de Sanedi y otros 115.034 euros de una firma que el fiscal vincula con ambas, Bitango Promociones.
Estas empresas figuran detrás de otro negocio inmobiliario que realizó la firma Format Consulting, que los ex regidores usaron para la apertura de su cuenta en Andorra, y que cobró casi 168.000 euros de Promociones Kimuso, a la que el fiscal vincula con las empresas de los San Román, dado que las empresas de éstos eran sus principales clientes (Bitango Promociones, Sanedi y Edificaciones Tifán).
Aguirre fichó al juez
Este escándalo que salpicaba al PSOE fue asumido e investigado por la Fiscalía Anticorrupción en plena precampaña de las últimas elecciones autonómicas. Pero el PP denunció la pasividad de la fiscalía. Sin embargo, el juez del caso, Agustín Carretero, fue fichado por Esperanza Aguirre para su Gobierno tras ganar las elecciones. Cuando dejó el caso, la investigación estaba absolutamente empantanada, una vez demostrado que nunca se pagó una comisión de 40 millones de euros, como apuntaba el falso contrato que los ex alcaldes enviaron por fax a Andorra para justificar la apertura de una cuenta donde ingresaron un millón de euros.
La paciencia del fiscal anticorrupción y de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) ha logrado acreditar por qué vías y en qué cuantía los ex regidores sí recibieron pagos o presuntos sobornos de constructoras con intereses locales.
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