Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, en la entrada del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. / carles francesc |
La alcaldesa de Alicante seguirá declarando hoy ante el TSJ como imputada en el 'caso Brugal'
Federico Simón / Santiago Navarro Valencia / Alicante
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Caso Brugal
Sonia Castedo
Corrupción política
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pugna estos días en la sede en Valencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana por darle la vuelta al sentido literal de contundentes frases telefónicas intervenidas por orden judicial en las que se evidencia un presunto trato de favor al mayor constructor de la ciudad, Enrique Ortiz, que a su vez es el mayor propietario de suelo del municipio. Después de declarar toda la jornada del viernes negando todas las acusaciones, en la sesión de ayer, la regidora reconoció que proporcionó al constructor un sobre con planos sobre un plan logístico auspiciado por la Generalitat, aunque negó que se tratara de datos referidos al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
“Es que nadie ha podido demostrar que el señor Ortiz esté barajando planos del Plan General”, aseguró ayer, a la salida del Palacio de Justicia, la regidora imputada en el caso Brugal por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho por proporcionar presuntamente información del PGOU al empresario. Ortiz presumía ante un colaborador en otras grabaciones, también escuchadas ayer, de su influencia en el Ayuntamiento: “Mírate ahora con el plano los suelos nuestros en qué situación se encuentran, todos, incluso los de Cerámica, La Florida, los de fuera, puedo hacer que los pinten de verde, de azul... de lo que tú me digas para que nos den aprovechamiento en otro lado”.
No obstante, a esa justificación, a que proporcionó planos pero de ninguna manera información del PGOU, se agarra ahora la regidora. Pero Castedo insiste en negar que Ortiz tuviera acceso a los planos del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.
En la sesión de ayer ante el magistrado Juan Climent, que instruye la causa después de que el TSJ asumiera el caso por la condición de aforados de Castedo y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ambos diputados de las Cortes Valencianas, la regidora declaró durante toda la mañana. Cuatro horas y media que se suman a las casi nueve que duró el interrogatorio el pasado viernes en la primera comparecencia de la imputada. Y eso que hasta ahora solo ha respondido a preguntas de la fiscalía.
Cabe recordar que Castedo se mostró en septiembre pasado impaciente por comparecer ante el TSJ: “Espero y deseo que llegue la imputación, porque eso significa que me puedo sentar delante de un juez acompañada de un abogado para poder defenderme”, y aseguró que tardaba apenas “10 minutos” en demostrar su inocencia. Pero parece claro que la regidora necesitará mucho más que 10 minutos para convencer a los tribunales de sus argumentos.
Según la letrada de la acusación popular que ejerce EU, las declaraciones de ayer de la regidora se produjeron a raíz de una pregunta del fiscal Anticorrupción sobre una de las escuchas del sumario, que recoge una conversación entre Castedo y Ortiz. La grabación fue realizada el día 3 del julio de 2008 (dos meses antes de asumir la alcaldía) en la que la entonces concejal de Urbanismo mantiene una conversación con Ortiz. La conversación interceptada por la policía transcurrió así:
Ortiz: Eres la tía más lista que he conocido en la vida.
Castedo. ¿Por qué?
O: Me has dado un tebeo del Coyote.
C: No sé lo que va dentro. ¿Qué va dentro?
O: Eres la hostia, eres la tía más grande que he conocido en la vida
C: ¿Por qué, qué va dentro?
O: Es el mismo que antes de la modificación
C: No puede ser, si es el último
O: Eres un crack.
C: Es el mismo que tengo yo.
O: Pues si es el mismo es porque no ha variado. Ha tenido que variar porque había un montón de suelo de la Generalitat…
Castedo, según las mencionadas fuentes jurídicas, reconoció que dio planos a Ortiz en un sobre cerrado y aclaró al juez que el promotor había ido días antes a la Gerencia de Urbanismo a interesarse por proyecto del Plan Logístico de la Generalitat porque le afectaba a sus terrenos en el Plan Rabassa, pero que le dijeron que no los tenían aún disponibles y que pasara más tarde. La alcaldesa admitió que Ortiz le pidió que le recogiera el sobre y se lo entregara y que así lo hizo, “pero no eran planos del PGOU”, recalcó Castedo, aunque al mismo tiempo aseguró que desconocía lo que había dentro del sobre. Pese a que no fuera información del PGOU sorprende el trato de favor y la familiaridad que otorgaba la concejal de Urbanismo al constructor.
El grueso del interrogatorio del fiscal a la alcaldesa pivotó ayer en torno a la supuesta recalificación del estadio de fútbol Rico Pérez, propiedad del promotor. La alcaldesa aclaró que ninguna de las operaciones planteadas cuajó posteriormente y que el terreno sigue teniendo la misma calificación que en el PGOU vigente, que data de 1987, es decir suelo dotacional.
No obstante, según la letrada de EU, Castedo no aclaró dos cuestiones. La primera es por qué el Ayuntamiento no ha devuelto a Ortiz el aval de 4,2 millones para la reforma del estadio si las obras ya están realizadas como mantiene Ortiz y la propia alcaldesa. Castedo respondió que lo ignoraba y que era una cuestión del departamento de Patrimonio o Hacienda. En el convenio de recompra del estadio por Ortiz al Ayuntamiento por 7,2 millones el empresario se comprometió a invertir 4,2 en un arreglo previo del campo antes de la llegada del nuevo estadio.
El proyecto para construir un nuevo Rico Pérez, a la postre frustrado, también centró parte del interrogatorio. Una de las alternativas que planteó Castedo era financiar la instalación con las plusvalías del suelo urbano de Torres de la Huertas, donde Ortiz es el propietario hegemónico. El juez Climent le advirtió de que esas plusvalías eran en todo caso privadas y preguntó a la regidora cómo iba a controlarlas desde el Ayuntamiento. Castedo respondió que presumiblemente mediante un convenio.
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