La Fiscalía cree que la trama de cooperación afectó a más departamentos
Jaime Prats Valencia
La policía judicial se ha personado en los últimos días en la Consejería de Sanidad para entregar citaciones a funcionarios y altos cargos para que testifiquen sobre los contratos adjudicados por el siete veces consejero y diputado autonómico Rafael Blasco —procesado por el presunto desvío de fondos de cooperación— durante su etapa al frente de Sanidad (2006-2007).
El objeto de la investigación sobre los años de Blasco al frente de Sanidad tiene que ver con las presuntas vinculaciones que podrían existir entre la concesión de contratos en esta etapa —en especial, en el área de informática— y la trama mafiosa que saqueó dinero público destinado al Tercer Mundo. Se ha citado a declarar como testigo al actual secretario autonómico, Manuel Escolano y, al menos, a otras cuatro personas más.
Algunas fuentes han trasladado a este diario que la policía ha llegado incluso a recabar contratos concedidos bajo el mandato de Rafael Blasco. En junio de 2007 se concedieron tres concursos especialmente polémicos por un valor conjunto de cinco millones de euros, en un momento en el que Blasco ejercía el cargo de consejero en funciones, y en el que se consideraba muy poco probable que repitiera al frente de la consejería, como finalmente así fue.
Estas adjudicaciones se encontraron con la negativa del que, por entonces era el responsable del departamento de informática de la consejería, Alfonso Jiménez. La oposición a avalar estos contratos, que acabó en un enfrentamiento abierto con Blasco, derivó en la salida de Jiménez, que fue sustituido por uno de los personajes clave de la presunta agrupación mafiosa responsable del fraude en los fondos de cooperación: Marc Llinares, que se encuentra imputado junto al propio Blasco.
Ya con Llinares al frente de informática se firmaron los contratos. Meses antes, trascendió una reunión en la Consejería de Sanidad entre Rafael Blasco y Augusto César Tauroni, presunto cerebro de la trama de cooperación junto al propio Blasco. Tauroni es el único encarcelado por el caso y ha sido adjudicatario de contratos otorgados por consejerías por las que pasó Blasco.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la práctica de obtener subvenciones y concursos públicos utilizando entramados empresariales como los que que se empleó para defraudar fondos de cooperación se extendió a lo largo de la trayectoria política de Blasco por las diversas consejerías que dirigió desde 1999. Siempre, en colaboración con Tauroni.
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