La Audiencia de Barcelona declara que el partido de Duran se lucró con 38.900 euros de subvenciones públicas.
Los jueces dicen que un acusado, dirigente de Unió, actuó "procurando un beneficio para el partido".
Pere Ríos Barcelona
La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona ha declarado la responsabilidad civil, en calidad de partícipe a título lucrativo, de Unió Democrática de Cataluña (UDC) en el caso Pallerols al constatar que hubo "aportaciones directas al partido", según se indica en la sentencia que se ha hecho pública esta mañana.
En concreto, la resolución indica que el partido de Josep Antoni Duran Lleida deberá responder del perjuicio económico de 388.483 euros causado a las arcas públicas por los acusados. Uno de ellos es Vicenç Gavaldà, que era secretario de organización y relaciones institucionales cuando ocurrieron los hechos, entre 1994 y 1999. En esos años las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols cobraron más de ocho millones de euros para cursos de formación de parados procedentes de la Unión Euroea.
La sentencia relata que los ausados pactaron el desvío del 10 % de las subvenciones “a fines ajenos a las actividades formativas” y que en esa actuación jugó un papel decisivo, Vicenç Gavaldà, secretario de organización de Unió.
El presidente de UDC ha pedido perdón después de que se haya conocido la sentencia, pero ha dejado claro que no dimitirá. "Reitero, no hay financiación irregular, que es aquello que en su día dije yo. Si hubiera financiación irregular, yo debería pedir perdón y yo debería dimitir. Yo pido perdón porque (...) soy muy consciente de que daña la credibilidad de la política ante la sociedad", ha afirmado Duran en Santiago de Chile. Duran Lleida ha agregado que la actitud del partido "fue ejemplar" una vez "conoció lo que conoció", informa Efe.
La justicia declara que el partido se benefició de 158.306 euros, en concepto de nóminas de empleados que fueron abonadas con cantidades desviadas de las subvenciones y de otros 38.978 euros que se emplearon para la compra de material de oficina e informática en las sedes de Unió. Los jueces explican que no se ha podido probar que terceras personas que gestionaron o aprovecharon el dinero "tuvieran cabal conocimiento de que la aportación que les hacía el acusado Pallerols procediera de las subvenciones públicas y fuera fruto del acuerdo alcanzado entre los acusados".
Sin embargo, al principio de la sentencia se dice que Vicenç Gavadà, actuó "procurando un beneficio para el partido y alguno de sus miembros". La Audiencia de Barcelona destaca que Gavaldà ocupaba "dos de los más destacados cargos en la estructura organizativa del partido" y que por eso actuó “procurando vías de financiación para las actividades y gastos de Unió.”.
En relación al empresario Fidel Pallerols, que también era militante de Unió, se dice que se encargó de “la negoaiación de los importes de las subvenciones, contactos y concierto con los demás acusados del Departament de Treball y del partido Unió Democrática, presentación y tramitación de solicitudes", así como el "desvío de parte de las subvenciones”.
También se relata que Pallerols “colaboraba, al menos de forma ocasional, en actividades de Unió….dándose la circunstancia de que las subvenciones que percibían sus empresas se tramitaban y decidían el Departamento de Treball y especialmente en la Dirección General de Ocupación, cuyos máximos cargos de dirección eran ocupados en aquellas fechas por militantes y responsables del mismo partido UDC”.
La sentencia hecha pública hoy es el reflejo del pacto alcanzado entre la fiscalía y las defensas de los acusados con el fin de evitar el juicio que debía iniciarse el pasado 7 de enero y en el que debía declarar como testigo Duran Lleida.
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