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| Rogelio Martínez, en mayo de 2009 al salir de declarar en el juzgado de Ribadavia. / NACHO GÓMEZ |
Tras ocho años de procedimiento, el juez cita a nuevos testigos
Cristina Huete Ourense
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El procedimiento judicial contra el delegado de la Xunta en Ourense, el exalcalde de Arnoia Rogelio Martínez (imputado por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsedad en documento público en relación con las subvenciones de fondos comunitarios que cobró para obras que supuestamente no se realizaron) vuelve a empezar. Tras siete años de demoras propiciadas por un constantemente interrumpido proceso que el titular del Juzgado de Ribadavia archivó inicialmente al no encontrar indicios delictivos en la actuación, el hombre de confianza de Feijóo en Ourense aún no será juzgado.
El juez de Ribadavia tuvo que reabrir la causa en 2009 por orden de la Audiencia Provincial y después de que en ese mismo año Martínez ya fuera condenado en firme por la Audiencia de Madrid que consideró probado que había “certificado obras inexistentes con cargo a partidas europeas” y lo obligó (a él y a sus socios, la mayoría de su grupo de gobierno municipal) a devolver más de 50.000 euros ingresados irregularmente por la asociación que presidía el actual delegado.
Cuando el procedimiento parecía llegar a su fin con la convocatoria de un juicio en el que se debe decidir si el imputado representante del Gobierno gallego en Ourense es culpable o no de apropiarse de la subvención de los fondos comunitarios, el juez ha decidido llamar a declarar a nuevos testigos. Una nueva dilación.
El juicio estaba fijado para el pasado 7 de enero pero el titular del juzgado de Ribadavia cita para el 28 de ese mismo mes a nuevos testigos. La defensa de Martínez pide, además, un nuevo aplazamiento: le va mal esa última fecha porque el abogado del imputado tiene que presentarse ese mismo día en otro juicio en Verín. El abogado del PSOE, partido personado como acusación en el juicio contra el delegado, ya ha presentado recurso contra el nuevo auto judicial.
La nueva prórroga se produce después de que en abril del año pasado el Juzgado de Instrucción de Ribadavia hubiera puesto, finalmente, fecha para la vista. Pero el juez dejaba en manos de un tribunal popular la decisión sobre la actuación del superdelegado. Los socialistas recurrieron ese auto judicial. No les parecía acertado que un imputado con la influencia del representante de la Xunta fuese juzgado por sus vecinos. Pero, además, el titular del Juzgado de Ribadavia eximía al acusado de los delitos de prevaricación y fraude, de los que está acusado, y este último no está incluido en la Ley del Tribunal del Juzgado, por lo que el letrado del PSOE reclamó entonces que se siguiera el “curso abreviado”. Esto es, que el superdelegado de la Xunta fuese juzgado por magistrados. La reclamación fue aceptada.
El BNG de Arnoia denunció a Rogelio Martínez en septiembre de 2006 por la supuesta apropiación de fondos comunitarios concedidos a la asociación Ceivam que entonces presidía en su condición de alcalde de Arnoia. Los nacionalistas documentaban que la solicitud firmada por Martínez para la construcción de instalaciones municipales no se destinó a ellas porque “ya existían”. Según la denuncia, el entonces regidor certificó el final de algunas obras que “nunca se ejecutaron” y percibió igualmente el importe de la subvención que no fue invertida. Pero la defensa del exalcalde y el fiscal pidieron el sobreseimiento aduciendo que los hechos denunciados habían prescrito. Y el juez desestimó la denuncia de los nacionalistas. El BNG recurrió el sobreseimiento argumentando que los hechos denunciados, los supuestos delitos, no se produjeron al pedir Martínez la ayuda a la UE, sino años más tarde, al certificar, en septiembre de 2001, el final de unas obras “que no se realizaron, pero que sí se cobraron”. En enero de 2009, la Audiencia de Ourense, ante la que los denunciantes recurrieron, ordenó al juzgado de Ribadavia que reabriera la investigación.
La denuncia del BNG no se refiere solo a la supuesta apropiación de la subvención de la UE. Según la documentación que aportó el grupo municipal en su demanda, en 1999 la sociedad Actuar, SL (Actividades Culturales y Turísticas de Arnoia) en la que Rogelio Martínez era también en su condición de alcalde socio mayoritario, pidió una subvención para construir una planta de biomasa. Dos meses después, el exalcalde adquirió la cesión de uso de unos terrenos municipales propiedad de la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) O Carballo por 1,2 millones de pesetas.
La Audiencia ourensana ordenó en 2009 al juzgado de Ribadavia la reapertura de las diligencias necesarias para “determinar y depurar quiénes participaron en los actos falsarios que se imputan y con qué carácter público o particular medió la necesaria intervención y en especial la que pueda atribuirse a los miembros del grupo de acción local Ceivam” que presidía el hombre de Feijóo en Ourense.
La contradicción del PP
¿Dos varas de medir? La dirección del PP gallego ha mantenido hasta la
fecha un clamoroso silencio respecto a la imputación, que dura ya siete
años, de su máximo representante en Ourense, Rogelio Martínez, a quien
el presidente del partido en Galicia y de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, renovó en su cargo hace apenas unas semanas, tras formar nuevo
gobierno.
Frente a ello, el portavoz paralamentario del PP gallego, Pedro Puy,
pidió el lunes pasado a la justicia que “actúe con la celeridad
suficiente” en la investigación sobre el expresidente del PP de Ourense y
de la Diputación, José Luis Baltar, imputado por un supuesto delito de
prevaricación por la contratación de más de un centenar de personas para
la Diputación en las vísperas del congreso provincial del PP que ganó
su hijo frente al candidato de Feijóo. El exbarón del PP gallego es en
este momento un jubilado a quien una condena supondría solo un escarnio
personal sin consecuencias penales, en el caso de que no se demuestre
que la supuesta prevaricación incluye además un delito de malversación
por haber realizado los contratos con dinero público. Puy hizo la
demanda de celeridad en el caso de Baltar apelando a la necesidad de
evitar “juicios mediáticos y políticos” que en lo que respecta a
Martínez, hombre de confianza de Feijóo en Ourense, el PP no ha
reclamado hasta la fecha.
El jubilado Baltar presentó el jueves pasado su renuncia a la militancia
del partido que durante más de dos décadas presidió en Ourense, hasta
que se resuelva su situación. El PP, que la acogió valorándola
positivamente, no se la ha exigido hasta la fecha a Rogelio Martínez.
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