TRIBUNALES
La testigo define al alcalde como un hombre 'meticuloso' con los documentos
Hernández Mateo dijo en una sesión anterior 'él firmó decretos sin leer'
Derivó gran parte de responsabilidad al técnico municipal, ya fallecido
Juan Nieto | Valencia
Continúa este lunes en el TSJ de Valencia el juicio contra el ex alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por el conocido como '»Caso de las basuras»'. Un proceso que investiga el supuesto amaño del servicio de recogida de basuras en esta ciudad de la Vega Baja. Se trata de un contrato por el que el ayuntamiento paga a la firma que adjudico más de 9 millones de euros cada año durante diez años y que ahora esta bajo sospecha judicial.
La investigación apunta que el también diputado del PP se inventó que pedía asesoramiento a tres empresas para disfrazar la legalidad de la adjudicación. Y lo hizo pese a que la secretaria, el interventor y el arquitecto no apoyaron dar el concurso a la UTE que finalmente se hizo con el. Sólo el aparejador, padre de un concejal del PP, dio su visto bueno.
En la jornada de este lunes los testigos de ambas partes serán los protagonistas. La sesión ha arrancado con la declaración de la oficial mayor de Torrevieja, María Pilar García, que en su día estuvo imputada en la causa. La alta funcionaria ha desmontado las coartadas del ex alcalde y ha asegurado ante el tribunal que Hernández Mateo era una persona meticulosa que revisaba la documentación de los expedientes.
«Él no firmaba los decretos sin leer y muchas veces venían con correcciones a mano para que cambiásemos cosas». Además, mantiene que el diputado la llamó por teléfono para pedirle expresamente que incluyera que se había consultado a otros despachos legales. Algo inusual, según la testigo, en este consistorio.
La defensa del ex alcalde ha basado su intervención en incidir en las lagunas de esta testigo, aunque ninguna de sus afirmaciones ha girado en torno al punto en el que la técnico aseguraba que el alcalde la telefoneó para que incluyera en su decreto que habían consultado a otros despachos.
Al testimonio de esta testigo se han sumado las declaraciones de varios técnicos municipales, que han corroborado su versión sobre la "meticulosidad" del ex alcalde y su atención al detalle en todos los documentos que firmaba.
Apariencia de legalidad
Otra de las comparecencias que han dejado al descubierto contradicciones en la justificación de Hernández Mateo ha sido el del abogado de una de las empresas que supuestamente fueron invitadas por el Ayuntamiento después de que el alcalde, tal y como ha asegurado en su declaración, requiriera a tres consultoras externas la emisión de informes sobre el concurso de basuras.
Este testigo ha rechazado que el consistorio cursara invitación alguna a su empresa para emitir ningún tipo de informe y ha añadido que no sabía dónde está Torrevieja y que ha tenido conocimiento del asunto que se trataba en este juicio a través de los medios de comunicación.
Descarga de responsabilidades
En su declaración del viernes, Hernández Mateo, a preguntas del fiscal, admitió el rechazo de los técnicos a la adjudicación, pero aseguró que no se inventó la petición de asesoramiento. El diputado puntualizó que él propuso la consulta, pero que fueron los técnicos los que se encargaron de tramitarla. En concreto descargó la mayor parte de responsabilidad sobre un aparejador municipal, ya fallecido.
Finamente el ayuntamiento pagó 12.000 euros a un despacho para que asesorara al ayuntamiento (son los abogados que tradicionalmente trabajan para la UTE que se llevó el contrato millonario)
El dirigente alicantino también explico el viernes que el proceso se hizo «con toda la buena voluntad del mundo», aunque no recuerda muchas partes del contrato de las basuras y el del asesoramiento.
A Hernández Mateo se le imputan los presuntos delitos de prevaricación en la adjudicación del contrato de recogida de residuos sólidos y de la consultoría de informes externos; y falsedad documental en la propuesta y en el decreto de adjudicación del contrato de consultoría.
Por el primero de los delitos, la Fiscalía ha solicitado su inhabilitación para ejercer cargo público durante ocho años, mientras que por el segundo exige tres años de prisión y 20 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros.
No obstante, la acusación popular eleva la petición de pena a un total a 5 años de prisión y 14 años de inhabilitación (cinco de los cuales sería de carácter especial) y una multa diaria de 10 euros durante 20 meses.
Además
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