Autorizó el pago 'sin contrastar absolutamente nada'
El imputado niega que tuviera participación en los hechos
Señala a la empresaria como responsable de la intrusa
Sostiene que Vitalia se dedicaba sólo a hacer cálculos actuariales
Efe | Sevilla
Antonio Albarracín, ex directivo de la consultora Vitalia imputado por los ERE irregulares, dice en un escrito que la culpable de la "intrusa" aparecida en el restaurante sevillano Río Grande fue la empresaria, que firmó la póliza, y la Junta por autorizar el pago "sin contrastar absolutamente nada".
En un escrito entregado al juzgado de instrucción 6, el abogado de Albarracín afirma que Vitalia actuaba como "consultora", por lo que niega la acusación de que no estaba autorizada como correduría de seguros, según ha certificado la dirección general de Seguros.
Vitalia no entraba en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuando la empresa decidía desprenderse de trabajadores ni cuando negociaba las ayudas de la Administración, sino posteriormente, cuando ya estaba decidida la subvención, según la defensa.
Es entonces cuando llevaba a cabo los "cálculos actuariales" para calcular la prestación pública, el desempleo, las cotizaciones a la Seguridad Social o la pensión a cada prejubilado.
"La intervención de Vitalia en ningún caso es la de asegurar o correr el seguro, sino la de realizar los cálculos contables que luego se considerarán para cerrar la operación", añade.
En dicho escrito, el abogado de Albarracín pide el archivo de la causa respecto a su cliente, que la juez Mercedes Alaya ha rechazado porque otro imputado declaró hace dos semanas que este directivo le entregó en dos ocasiones sobres con dinero a modo de soborno para Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta encarcelado desde el pasado 9 de marzo.
En el caso de Río Grande, la defensa afirma que el jefe comercial de Vitalia en Andalucía, el también imputado Jesús Bordallo, se limitó a recoger los datos "y de manera inmediata enviarlos a las oficinas de Vitalia en Barcelona, que es donde realizan todas las operaciones".
"La información en ningún caso pasa por Madrid", oficina donde desarrollaba sus actividades Albarracín.
La defensa también niega la acusación de la juez de que Vitalia cobraba por su mediación hasta un 15 por ciento por encima de la media de mercado, ya que su empresa, "como consultora de previsión social, tan solo cobra sus honorarios conforme al servicio que presta, que es el cálculo actuarial".
Albarracín, que figura entre el medio centenar de imputados por la juez Alaya, ha sido acusado por el ERE para 13 personas en el restaurante sevillano Río Grande, donde fue incluida Carmen Fontela, una pensionista de 67 años que nunca trabajó en la empresa, y una amiga de la dueña que fue contratada tres meses antes de cumplir la edad de jubilación y seis meses antes del ERE.
Sobre Fontela, su escrito afirma que "está claro que aquí el responsable" de las irregularidades "es la empresa que firma por triplicado el certificado, la Junta que autoriza dicha persona y su coste, sin contrastar absolutamente nada, y las personas imputadas que la incluyen".
El imputado no tuvo nada que ver con los cobros de las compañías de seguros, pues se trataba de un trabajador por cuenta ajena que nunca percibió "a título personal comisión alguna en relación con las pólizas", afirma en otra parte de su escrito.
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