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| Ángel Acebes (segundo por la izquierda), Costa, Camps y tras él, Luis Bárcenas, en abril de 2008. / CARLES FRANCESC |
El juez llama a declarar a Cristóbal Páez en la causa de financiación ilegal
María Fabra Castellón
El caso Gürtel vuelve a salpicar a la dirección general del PP. Es otra vez a través de quien vigilaba las cuentas desde la sede de la calle Génova pero, en esta ocasión, por alguien que entró designado por el entonces ya presidente del partido, Mariano Rajoy. El juez que instruye una de las piezas del caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha imputado por un presunto delito electoral a Cristóbal Páez, administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008. Páez formó parte del equipo del entonces tesorero del PP Luis Bárcenas, también imputado en la causa general del caso Gürtel. Ejercía de administrador general, pero con el cese de Bárcenas, Páez pasó a hacerse cargo de la gerencia, aupado por la secretaria general, Dolores de Cospedal. Sin embargo, apenas unos meses después, el ahora imputado fue cesado de su cargo ante presiones internas.
La causa que investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tiene tres partes: la de financiación irregular del PP valenciano, la del delito electoral y la contratación irregular de la Generalitat Valenciana con empresas de la trama Gürtel. El juez imputa a Cristóbal Páez un presunto delito electoral ante los indicios de haber “falseado las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables”, tal como recoge la ley. Los hechos se habrían cometido durante las elecciones generales de 2008, uno de los dos períodos electorales que investiga el juez, que también indaga sobre las elecciones autonómicas de 2007.
Los indicios indican que varios empresarios pagaron, a través de Orange Market, actos electorales del PP valenciano que, además, ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros. Así lo reflejaba un informe del Hacienda que sostiene que Orange Market facturó con el PP de Valencia, entonces liderado por Francisco Camps, muchos más servicios de los “declarados contable y fiscalmente” y que pueden, además, “encubrir realmente servicios” al PP valenciano “en el marco de las elecciones autonómicas y locales del 2007”.
El juez señala a otro empresario como fuente de financiación ilegal
Por ello, entre los imputados ya se encontraban varios empresarios, un total de ocho, a los que el juez ha sumado otro más —del grupo empresarial Cyes— después de que la policía lo identificara como una de las fuentes de dicha financiación ilegal.
Aunque la investigación lleva en el TSJ valenciano desde mayo, no ha sido hasta ahora cuando el instructor ha comenzado a practicar diligencias. Así, entre el 25 de abril y el 30 de mayo serán interrogados un total de 19 cargos y excargos de la cúpula del PP valenciano y de la administración autonómica. Entre ellos, se encuentran seis diputados del PP que ocupan actualmente escaños en las Cortes Valencianas.
El 29 de mayo será interrogado el exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, imputado en las tres partes de la causa. Los días 8 y 30, tocará a las exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such, responsables de las adjudicaciones a la trama corrupta del expositor de la Comunidad Valenciana en la feria Fitur durante cinco años y por un importe de cerca de cinco millones de euros. También declarará Ricardo Costa, el día 25, por su supuesta implicación en la financiación ilegal. Y los que eran responsables de las cuentas del PP, tanto en Madrid (Bárcenas y Páez) como en Valencia (David Serra, Yolanda García y Cristina Ibáñez).
Seis parlamentarios declararán en el Tribunal Superior de Valencia
Los interrogatorios se extienden también a los responsables de la red Gürtel. Así, habrán de acudir al juzgado el cabecilla de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo y el contable de la red, José Luis Izquierdo. También lo harán los directivos de Orange Market, la filial en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, y Cándido Herrero.
La causa de la financiación ilegal de los populares valencianos cumplirá, con estas declaraciones, uno de los trámites de su instrucción. El juez dispone ya de informes que atestiguan los indicios sobre la operativa que se utilizaba: el PP sumaba deuda a Orange Market por actos electorales celebrados, pero esta era abonada por las empresas a través de facturas falsas. También cuenta con informes sobre la forma de proceder en la contratación de los expositores de Fitur e incluso con un informe del PP en el que señala el funcionamiento para auditar y controlar sus cuentas. Sin embargo, el procedimiento se prevé largo —aún más— por la cantidad de imputados y la cantidad de recursos que se auguran en una causa en la que el PP aún no está personado ya que, para ello, debe señalar a los presuntos responsables de los delitos y relatar los hechos que se les imputan, es decir, señalar a algunos de sus dirigentes.
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