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| Miguel Prim, en el centro de la imagen. | ELMUNDO.es |
TRIBUNALES | Por presunto delito de tráfico de influencias
Castellón
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules (Castellón) ha impuesto una fianza por responsabilidad civil de 800.000 euros al ex senador del PP Miguel Vicente Prim Tomás, por un presunto delito de tráfico de influencias en la misma causa abierta contra el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La Audiencia Provincial de Castellón ordenó al juez de Nules imputar al que fuera entonces senador por el Partido Popular, Miguel Prim, con posterioridad, en el mismo caso Fabra que investigaba cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal al presidente del PP, su ex mujer María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar y la ex mujer de éste, Montserrat Vives.
Ante el auto de apertura de juicio oral del caso Fabra que decretó el juez de Nules el pasado 20 de enero, el titular impone una fianza por posibles responsabilidades civiles de 800.000 euros a Prim.
Caber recordar que al ex presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP de Castellón le impuso ya una fianza de 4.270.859,60 euros al imputarle varios delitos fiscales, tráfico de influencias y cohecho. Su ex mujer, María Amparo Fernández, responde con 1.718.192,80 euros y el empresario Vilar y su ex mujer, con 800.000 euros cada uno.
Prim, en su condición de senador por Castellón, habría presionado a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura para que agilizasen la concesión de licencias a los productos fitosanitarios, entre ellos los de las empresas del ex socio de Carlos Fabra, Vicente Vilar y Montserrat Vives.
Carlos Fabra presentó una lista de bienes para su embargo a fin de cubrir la fianza y se mostró convencido ante los periodistas de que sería absuelto.
Antecedentes del caso Fabra
En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer la causa contra Fabra y su ex esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales, supuestamente cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito.
Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa por delitos fiscales contra el dirigente popular y su ex mujer, una medida que Fabra ha recurrido ante el Constitucional.
El noveno titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules desde que se abrió esta causa, Jacobo Pin, ha decretado la apertura de juicio oral tras concluir el pasado 23 de diciembre la instrucción de la investigación abierta en 2003 contra Fabra, tras dos querellas presentadas contra él por el empresario Vicente Vilar.
El juez considera que hay indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.
Vilar era administrador de la empresa Naranjax, dedicada a productos fitosanitarios que eran a su vez sintetizados por la mercantil Arcavi, cuya titular era su esposa entonces, Monserrat Vives, quien habría pedido a su amiga Amparo Fernández que Carlos Fabra mediara para conseguir la aprobación de los productos, según el relato del magistrado.
A raíz de estas actuaciones Fabra se habría reunido con varios altos cargos, entre ellos el entonces senador Miguel Prim para tratar sobre los retrasos en la concesión de licencias para los fitosanitarios y poco después se aprobó la autorización para uno de estos productos.
Además la causa recoge que entre 1999 y 2004 Fabra y su mujer defraudaron a Hacienda más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 euros por parte de su esposa.
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