Pablo Suárez
A ambos se les acusa de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude. Según el nuevo auto del juez García Gutiérrez, hubo irregularidades en la contratación de un millar de personas en los planes de empleo del año 2008. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla imputó en la jornada de ayer a dos ex delegados del Gobierno de la ciudad autónoma, ambos del Partido Socialista (PSOE), José Fernández Chacón y Gregorio Escobar, quien además es el actual secretario general dicha formación a nivel local, por su supuesta relación con la trama de compra de votos efectuada durante las elecciones generales del año 2008.
Según el nuevo auto dictado por el juez Miguel Ángel García Gutiérrez, a Fernández Chacón se le imputa por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude.
Estos mismos delitos se les imputan también al actual líder del PSOE de Melilla, Gregorio Escobar, a los que se le añaden los de obstrucción a la justicia y falsedad documental, los mismos que al entonces director del Servicio Público de Empleo Estatal, Joaquín Arana, y a la directora de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla.
Hay que recordar que el proceso surgió a partir del envío a los ciudadanos de unas “cartas falsas” con motivo de los comicios generales de marzo del 2008, a los que el PSOE concurrió en alianza con Coalición por Melilla (CpM), en las que se hacían supuestas promesas de trabajo en los planes de empleo que se iban a poner en marcha.
El delegado del Gobierno en aquel entonces era Chacón, mientras que Escobar fue el candidato socialista al Congreso en dichos comicios generales, tras los cuales fue nombrado delegado del Ejecutivo central en Melilla, en sustitución de Chacón, que ocupó el mismo cargo, pero en Ceuta.
El juez considera que existen indicios de un entramado conformado por diversas personas que pretendían la “obtención ilegítima” de votos a favor de la coalición ente cepemistas y socialistas, incumpliendo los trámites establecidos para el voto por correo.
En este mismo procedimiento, ya habían sido imputadas 31 personas, la mayor de ellas miembros de PSOE y CpM, entre ellos el ex secretario general socialista y actual diputado en la Asamblea local Dionisio Muñoz y el líder cepemista, Mustafa Aberchán.
A ambos se les cita nuevamente como imputados por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude, así como al ex director de Promoción de Empleo, Felipe Gismera, y al ex subdirector de Políticas Activas de Empleo, Javier Alfaya.
Según el juez, los organizadores de la trama delictiva supuestamente tuvieron que comenzar a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento de alguna manera a la multitud de promesas que habían realizado a la ciudadanía, iniciando para ello la última fase de la red delictiva.
El proceso, paso a paso
Esta última fase debía comenzar con la solicitud por los cauces legales de la subvención correspondiente para la adjudicación económica necesaria para llevar a cabo los planes de empleo, debiendo tanto Muñoz como Aberchán “influir” sobre el delegado del Gobierno.
El auto detalla que en el Plan de Empleo del año 2008 fue Chacón el que redactó el proyecto de solicitud de subvención, solicitando el 50% de la contratación directa, que iba dirigida a la Subdirección General de Promoción de Empleo, cuyo máximo dirigente era en aquel entonces Gismera, también imputado por su implicación en el caso. Según el auto, éste último, en connivencia con los promotores de la trama habría acordado que se autorizaría la contratación de un 35% del total de trabajadores.
Para poder realizar dicha autorización, tuvo que aplicar una legislación derogada, pues de haber hecho lo propio con la que en ese momento se encontraba en vigor le hubiera sido imposible llevar a cabo dicha gestión. Asimismo, indicó como grupo de mayor preferencia unos supuestos colectivos en riesgo de exclusión social, maniobra que también se encuentra fuera de la legalidad, según el texto judicial al que ha tenido acceso este periódico.
Los mismos trámites se llevaron a cabo en los planes de empleo extraordinarios de los años 2008 y 2009, con la salvedad de que en aquel entonces el delegado del Gobierno era Escobar y quien realizó la autorización ilícita de la contratación directa Alfaya Hurtado, ex subdirector general de Políticas Activas de Empleo.
Una vez que la contratación directa fue autorizada por los correspondientes subdirectores generales, había que crear más grupos de exclusión social, ya que los que se encontraban ilegalmente autorizados no eran suficientes para poder englobar en ellos a la gran parte de la ciudadanía melillense que había votado por correo, según reza el auto judicial.
Así pues, se llevaron a cabo una serie de reuniones inter e institucionales en las que “Escobar llevaba la voz cantante” y en los que se inventaron más grupos de exclusión social, los cuales no se encontraban recogidos en ninguna legislación.
Como órgano gestor de los planes de empleo, fue misión de Mansilla, ex directora de la Unidad de Promoción y Desarrollo, la recopilación de las necesidades laborales de las diferentes empresas y organismos que se adhirieron a la subvención de los planes, para realizar la petición de trabajadores al SPEE, dirigido por Arana.
Con la única intención de que el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) seleccionara de forma automática a las personas que iban a ser contratadas de manera genérica, supuestamente se realizaron búsquedas en dicho programa para códigos ocupacionales distintos a los que iban a ser contratados, siendo seleccionados de esta forma, los trabajadores a los que desde el SPEE habían cambiado los códigos ocupacionales para que fueran elegidos de manera ‘automática’.
Para la contratación directa, supuestamente bastó con que desde el SPEE se propusiera como seleccionados a las personas que iban a cubrir los grupos de exclusión social correspondientes, sin perjuicio de las propuestas que se hicieran desde otros organismos.
Una vez preseleccionados los trabajadores que iban a ser contratados, era misión de Mansilla comprobar que dichas personas cumplían los requisitos exigidos para cada uno de los puestos de trabajo que iban a ocupar, evidenciándose “una clara ilegalidad en estos hechos”, al haberse comprobado cómo existieron multitud de contrataciones de personas que incumplían claramente los requisitos exigidos.
Un millar de irregularidades
El auto asegura que, de los 1.388 trabajadores contratados directamente en los planes de empleo, 300 no cumplen los requisitos mínimos exigidos, además de otros 239 que no se pueden verificar, al no contar con la documentación necesaria. Asimismo, de 1.000 que requieren documentación académica, sólo la acreditan 589.
El juez ha citado a los nuevos imputados para que declaren a partir del 19 abril en el Juzgado de la ciudad autónoma.
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